El viernes 25 de marzo, a las 2:30 de la tarde, un vehículo estatal salió del Centro Penal de Zacatecoluca hacia un hospital privado de la capital, llevando a bordo a Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”, uno de los más reconocidos líderes de la Mara Salvatrucha-13. El traslado, que quedó registrado en documentos oficiales a los que El Faro ha tenido acceso, tiene especial relevancia porque, horas antes, había iniciado una masacre perpetrada por la MS-13 en la que fueron asesinados 87 salvadoreños durante un solo fin de semana; y que supuso una ruptura de la negociación con el Gobierno y el inicio del Régimen de Excepción.
Detalles de ese movimiento constan en un informe de inteligencia penitenciaria:“El Diablito” fue trasladado en un vehículo con placa oficial N-7877, conducido por un motorista oficial y dos custodios. Este periódico corroboró que la placa corresponde a un vehículo tipo “panel” marca Ford del año 2013, asignado a la Dirección General de Centros Penales, dirigida por el viceministro Osiris Luna Meza.
Según el informe policial, el vehículo viajó unos 60 kilómetros desde el penal de máxima seguridad hacia el Hospital Bautista, una clínica privada en San Salvador a pocos metros del Hospital Rosales, a pesar de que el municipio de Zacatecoluca cuenta con el Hospital Nacional Santa Teresa, el lugar al que regularmente son trasladados desde el penal de máxima seguridad los reos con afecciones de salud.
El informe, redactado por un policía destacado en esa prisión y enviado al final del día por la Subdelegación de Zacatecoluca a la Subdirección de Áreas Especializadas Operativas (SAEO) de la PNC y al Comando Conjunto del Departamento de La Paz, no registra por qué salió Diablito, si volvió ese día, ni por cuánto tiempo estuvo fuera.
Ese viernes cerró con 14 homicidios, una sacudida brusca para un país que, en lo que iba de año hasta esa fecha, había registrado un promedio de 2.9 asesinatos diarios.
Veinte minutos después de la medianoche, en el mismo vehículo placas N-7877 que había trasladado diez horas antes a Henríquez, personal de Centros Penales condujo a otros tres líderes de la Mara Salvatrucha-13 a “un Hospital Privado” para “pasar consulta de emergencia”: Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snyder” o “Tibi de Pasadena”; Saúl Ángel Turcios, alias “El Trece”, y Carlos Alberto Martínez, alias “Shaggy”. Al menos los dos primeros son miembros de la cúpula pandillera conocida como “Ranfla Histórica”.
Diablito, Snyder y Trece lideraron las negociaciones con el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) conocidas como La Tregua, y se han mantenido en la cima de la estructura criminal por más de una década. Negociaron también apoyo electoral con Arena y el FMLN previo a los comicios presidenciales de 2014, y participaron en negociaciones con el Gobierno de Bukele desde que llegó al poder en junio de 2019, y al menos hasta marzo de 2022, cuando ocurrió la masacre de salvadoreños.
Este segundo movimiento de los tres líderes criminales quedó consignado en dos informes: uno de Inteligencia Penitenciaria elaborado por la Subdelegación de Zacatecoluca y también en uno de los reportes diarios que elabora la SAEO, reproduciendo la información reportada por Inteligencia Penitenciaria.
En los documentos de inteligencia obtenidos por este periódico aparecen los nombres de los motoristas que condujeron tanto a Diablito de Hollywood como el que más tarde condujo a los otros tres líderes pandilleros, pero omitimos sus identidades para protegerlos.
Según el informe de Inteligencia Penitenciaria, estos tres últimos pandilleros volvieron al centro penal a las 3 de la madrugada del sábado 26 de marzo. Ese sábado terminaría con 62 homicidios, el día más violento en las últimas dos décadas en El Salvador.
Ambos informes de inteligencia fueron elaborados y firmados por el sargento Renata Melgar.
El Faro obtuvo los documentos oficiales citados en este reportaje a través de DDoSecrets, -Distributed Denial of Secrets- que los recibió de 'Guacamaya', un grupo de hackers que vulneró los servidores de correo electrónico de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, extrayendo 4,000 gigabytes de información de la PNC y otros 50 gigabytes de la Fuerza Armada.
Guacamaya ha distribuido la filtración a través de dos intermediarios: Enlace Hacktivista y DDoSecrets, que a su vez han dado acceso a la filtración a periodistas de México, Estados Unidos, Chile y Colombia. La única cara visible de DDoSecrets es Emma Best, una periodista de Estados Unidos que es reconocida por defender la transparencia total de la información pública y formó parte de Wikileaks.
En la misma filtración, la colectiva Guacamaya también extrajo miles de gigabytes de información de los ejércitos de México, Perú, Chile y Colombia. El presidente de México ha confirmado la veracidad del hackeo en ese país, mientras en Chile revelaciones de los correos llevaron a la renuncia en septiembre del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Guacamaya se proclama en contra del “terrorismo” de los Estados-nación poscoloniales del hemisferio y considera que las fuerzas de seguridad son “la garantía de dominio del imperialismo norteamericano (y) de la presencia extractivista del Norte Global”. El año pasado, Guacamaya filtró ocho millones de documentos de la empresa minera Solway en Guatemala, documentando el uso extensivo de sobornos, desinformación y represión policial para que la empresa de capital ruso-suizo mantuviera sus operaciones en El Estor, Izabal, pese al cese de operaciones ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
El Faro también obtuvo un paquete de filtraciones de Guacamaya a través de Hacktivistas, y los comparó con el primer paquete corroborando que se trata de los mismos documentos.
Ni la Dirección General de Centros Penales ni la Policía Nacional Civil contestaron las solicitudes escritas de El Faro enviadas el jueves 6 y viernes 7 de octubre, pidiendo explicaciones oficiales para las salidas de los pandilleros.
El Faro llamó cuatro veces al Hospital Bautista durante distintas horas de esos mismos días y habló con personal del hospital para explicar la circunstancia en la que el hospital aparecería mencionado. Además, este periódico envió por correo electrónico una explicación de los hallazgos pidiendo la postura del hospital. No hubo respuesta.
Salidas de pandilleros sanos a hospitales eran comunes
En noviembre de 2021, La Prensa Gráfica reveló que estos mismos pandilleros —Diablito, Trece, Snyder y Shaggy— salían del penal de Zacatecoluca al menos una vez al mes desde 2019, sin presentar problemas de salud, para reunirse en el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca con el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Otro informe de inteligencia penitenciaria en poder de El Faro, fechado el 30 de septiembre de 2021, registró la salida de Diablito, Trece y Snyder hacia el Hospital Rosales de San Salvador a bordo de un vehículo con placas N-5661.
Los de estos líderes pandilleros no son los únicos movimientos sospechosos justificados en el registro oficial como citas médicas: en enero de 2021, este periódico publicó que la Dirección General de Centros Penales sacó en octubre de 2020 a otro miembro de la Mara Salvatrucha-13: Danilo Antonio Colocho Hernández, alias “Chino Milo”, del Penal Izalco Fase III, hacia el hospital de Zacatecoluca —unos 128 kilómetros de distancia— a pesar de que el médico del penal se había opuesto a este traslado, dejando por escrito un reporte en el que certificaba que el pandillero gozaba de un perfecto estado de salud.
Pero los documentos obtenidos por Guacamaya indican que esas salidas de los cuatro ranfleros ocurrieron en el mismo fin de semana en el que se rompieron las negociaciones entre el Gobierno y la MS-13. En abril de este año, voceros de esa pandilla dijeron a El Faro que ordenaron la masacre en venganza contra el Gobierno de Nayib Bukele por lo que consideraron una 'traición' a los acuerdos sostenidos con el presidente, a quien llamaban “Batman”, al menos desde finales de 2019. Según los voceros de esa estructura criminal, las negociaciones con el Gobierno se rompieron luego de que la Policía detuviera a un grupo de pandilleros que viajaban en un vehículo oficial, conducido por un chofer pagado por el Estado, y que contaban con la protección del director general de centros penales, Osiris Luna Meza.
En mayo El Faro cuestionó a los voceros sobre la identidad de los capturados y los detalles de la operación de su arresto. Estos se limitaron a decir que entre el viernes 25 y el sábado 26 de marzo varios líderes nacionales de su pandilla salieron de prisiones hacia una “clínica privada en Monserrat”.
“En esos días en que pasó eso (la masacre de marzo) mire quiénes llegaron allí (a la clínica privada) y saque sus conclusiones. Mire quiénes bajaron allí y verifique desde qué centro penitenciario bajaron. Ahí va a descubrir todo eso, allí hubo gente de afuera y gente de adentro (de las cárceles). Es una clínica privada. Llegaron gentes de las calles y gente de los centros penales. Ahí van a resolver todas las cosas que están preguntando”. Luego de esa críptica conversación, los representantes de la MS-13 dejaron de tener comunicación con este periódico.
El Hospital Bautista, al que según el informe de inteligencia fue trasladado Diablito, no coincide con la ubicación de la clínica privada en la que, según los pandilleros, se habrían encontrado sus compañeros de pandilla. El resto del operativo sí.
También en mayo, El Faro reveló que el jefe de la dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, intentó, entre viernes 25 y el sábado, mediar entre la MS-13 y el presidente Bukele para que la masacre no rompiera las negociaciones en curso desde el inicio de la actual administración. En los audios que publicó El Faro, grabados en secreto por el pandillero, Marroquín revela que él sirvió de vocero de un ultimátum que la pandilla pretendía imponer al gobierno: la MS-13 exigía la liberación de sus miembros en un plazo máximo de 72 horas, pero, según dice Marroquín al pandillero, Bukele rechazó la exigencia y dio por rotas las negociaciones.
El 27 de marzo, el presidente pidió por Twitter a la Asamblea decretar un Régimen de Excepción, que permite a la Policía capturar a sospechosos sin necesidad de una orden judicial. La Asamblea, de mayoría oficialista, aprobó el régimen esa misma noche, y continúa vigente.
