Columnas / Transparencia
La gobernanza electoral de Guatemala y El Salvador está bajo la lupa
Tanto El Salvador como Guatemala están afrontando contextos en donde la autonomía de sus organismos electorales es más importante que nunca.

Fecha inválida
Karen Estrada

El calendario electoral en Guatemala (2023) y El Salvador (2024) vuelve a evidenciar la importancia de los organismos de administración electoral para el desarrollo de los procesos electorales. El contexto particular que se presenta en estas coyunturas, las posibles dudas de la ciudadanía con respecto a procesos de elección y la veracidad de la información vertida se suma a la vorágine discursiva de las campañas de las candidaturas contendientes. Tanto El Salvador como Guatemala están afrontando contextos en donde la democracia se enfrenta a retos como la creciente tendencia a la centralización del poder y la falta de transparencia, convirtiéndose en elementos determinantes para el desarrollo y la credibilidad de las próximas elecciones. La autonomía de estos organismos es más importante que nunca.

El catedrático alemán Dieter Nohlen señala que las elecciones se conciben como democráticas cuando cuentan con propuestas electorales, procesos libres y competitivos; competencia entre candidaturas alrededor de posiciones y programas políticos diversos; la igualdad de oportunidades entre las personas candidatas en la contienda; la libertad de elección y el voto secreto; un sistema electoral que garantice la conversión de votos en escaños; y la decisión electoral limitada en el tiempo para un periodo electoral. Es aquí donde el árbitro electoral, es decir, los organismos de administración electoral, juegan un papel preponderante en hacer posible la implementación de las reglas que permiten esos ejercicios electorales.

En las elecciones presidenciales de Brasil, por ejemplo, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue clave para evitar la desinformación y los discursos de odio, ante un escenario de polarización afectiva en torno a las candidaturas de Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. En todo momento, se procuró el resguardo de la legitimidad del organismo electoral en un contexto particularmente proclive a su detrimento. Esta experiencia reciente da cuenta de la relevancia de los organismos electorales como árbitros de la contienda y como actores claves en la generación de certeza, transparencia y legitimidad de las democracias. 

Guatemala enfrenta retos como el fortalecimiento de la gobernanza electoral. Entre las innovaciones al proceso, se busca la modernización del sistema de transmisión de resultados mediante un sistema informático. En este sentido, en las últimas semanas se ha reflejado la desconfianza en la ciudadanía y varios partidos políticos que entrarían en la contienda, ante la falta de transparencia en términos de presupuesto y luego en el proceso de adjudicación del sistema tecnológico que serviría para la digitalización de actas, transmisión de los datos de estas y el reconocimiento biométrico de las personas votantes. Varias organizaciones como Asíes, Primero Guatemala y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), han manifestado abiertamente su preocupación. 

En relación a las elecciones de 2024 en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral debe enfrentar también retos relacionados con el hecho de garantizar y transmitir confianza al electorado ante un escenario crítico. Uno de estos retos es la implementación del voto en el exterior, aprobado recientemente y que se ha planteado que se realice por medio de voto electrónico. Aún falta especificar qué modalidad de este tipo de voto se adoptará y analizar el impacto para las elecciones legislativas que implicaría la inscripción de las personas votantes con domicilio en el exterior a la circunscripción de San Salvador, que aporta el mayor número de escaños. Así como el abordaje del anuncio del presidente Bukele, en el que expresó sus intenciones de correr para la reelección presidencial. Este anuncio se respalda en la sentencia 1-2021, emitida por la Sala de lo Constitucional en septiembre de 2021, en la que se hace una reinterpretación del Art. 152 de la Constitución de la República. La sentencia abre la ventana hacia la reelección presidencial aun cuando, en otros artículos de la carta magna, se estipula que la reelección no es posible en virtud de garantizar el principio de alternancia en el poder.

En ambos países lo que ha persistido es el silencio o poca transparencia de los organismos de la administración electoral en relación a esos temas. Ante las dudas de la ciudadanía o de los contendientes, el tema de la legitimidad de estos organismos se pone en entredicho en los procesos que ejecuta o implementará. Esto no es una cuestión menor. En todos estos puntos es válido recordar la necesidad de procedimientos justos y técnicamente sólidos para la garantía de elecciones democráticas. En el caso guatemalteco, el reto se vislumbra en la transparencia de los procesos, el uso de los fondos públicos y en las adjudicaciones que garanticen que los votos realmente se traduzcan en los escaños votados.

En El Salvador se evidencia el reto de comunicar y transparentar la postura del Tribunal Supremo Electoral con respecto a la modalidad del voto en el exterior y sobre la posibilidad de la reelección abierta por la Sala de lo Constitucional. En septiembre del 2021 el mismo Tribunal dijo que acataría bajo el argumento de que las sentencias emitidas por la Sala son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, después de concretarse la intención de Bukele de correr por la reelección, el Tribunal ha guardado silencio. En este sentido, Dieter Nohlen plantea la discusión sobre las posibles disyuntivas entre la interrelación entre las Cortes y los organismos de administración electoral por la producción de una creciente y contradictoria diversidad de normas y su interpretación realizada acorde con la coyuntura política. La pregunta que surge es si el Tribunal Supremo Electoral será capaz de mantener su independencia y su legitimidad en este contexto.

La experiencia de las últimas cuatro décadas da cuenta de que los organismos de administración electoral en América Latina han desempeñado satisfactoriamente sus tareas para organizar elecciones democráticas, cumpliendo con los requisitos básicos de hacer elecciones libres, limpias, competitivas y transparentes. Sin embargo, el reto actual se encuentra en cómo se perciben estos organismos y su desempeño. La experiencia evidencia cada vez que una mayor profesionalización y autonomía organizativa de los órganos electorales en los países de la región ha sido necesaria para garantizar en una mayor institucionalización democrática. Por lo que, en el caso de Guatemala y El Salvador, el logro de unas elecciones libres, limpias, competitivas y transparentes dependerá del grado de compromiso con la democracia y de la actuación independiente de ambos organismos de administración electoral. Es su papel resguardar la claridad de las reglas y los procesos; de asegurar que los procedimientos se respeten y de dar certidumbre a los resultados.


 

* Karen Estrada Romero es politóloga e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirla en Twitter como @KanenEstrada y en @ReformasLATAM

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