La llegada al poder de Xiomara Castro en enero de 2022 generó esperanzas ante la posibilidad de que Honduras pudiera salir de la crisis de derechos humanos en la que se había hundido el país desde el golpe de Estado en junio de 2009. Durante los primeros meses hubo importantes pasos en esa dirección. Estos incluyeron la invitación de la presidenta a Naciones Unidas para establecer un mecanismo anticorrupción, la aceptación de la responsabilidad del Estado en un caso histórico de violación a derechos LGBTIQ+ y la derogación de la llamada “Ley de los Secretos” y de la Ley ZEDES, que codificó una forma extrema de control de los inversionistas sobre los territorios hondureños. Aunque estas acciones marcan un precedente importante, no es suficiente. La administración de Castro debe acelerar el paso para cumplir sus promesas de campaña de establecer un mecanismo anticorrupción y proteger los derechos de las y los defensores de derechos humanos y de las comunidades en riesgo.
A diez meses de la inauguración de Xiomara Castro, el panorama se ha complicado. Mientras las negociaciones entre el Gobierno y la ONU están en curso, y un equipo exploratorio visitó el país en mayo de 2022, los desacuerdos sobre los poderes del mecanismo y quién debe nombrar su liderazgo parecen estar retrasando el acuerdo. La diputada Xiomara Zelaya Castro del Partido Libre presentó una propuesta de reforma constitucional que podría retrasar la creación del mecanismo. La representante de la ONU en Honduras Alice Shackelford señaló el pasado 3 de noviembre, en cambio, que tal reforma no es una condición necesaria para dar luz verde.
Ahora mismo, toda la atención se ha fijado en la selección de la Corte Suprema, ya que se busca una corte no corrupta y despolitizada para establecer una nueva trayectoria en términos de justicia y del fin de la impunidad. Si bien se mejoró el proceso de nominación de nuevos miembros de la Corte Suprema, con mayor transparencia y un papel más amplio para los representantes de la sociedad civil, activistas anticorrupción me han confesado que temen por los acuerdos a los que puedan llegar los nominados con el Congreso a puerta cerrada ahora que la elección depende del Legislativo. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y otras organizaciones han elaborado recomendaciones medidas para asegurar la transparencia en estas discusiones legislativas.
Por eso es tan importante que se tomen, cuanto antes, las medidas necesarias para permitir que una misión de la ONU con mandato suficiente y liderazgo independiente pueda empezar sus funciones en el país. El Gobierno y la legislatura deben calmar las ansias de sus ciudadanos, ciudadanas y de la comunidad internacional y dar pasos concretos para enfrentar la corrupción en todas sus manifestaciones.
Pero quizá lo más decepcionante hasta ahora ha sido la falta de avances en la protección de los derechos de los y las defensoras de derechos humanos, derechos ambientales y territoriales. Algunos activistas me comentaron que “Por lo menos no nos lanzan gases lacrimógenos ni nos disparan”, un avance en comparación a los dos mandatos de Juan Orlando Hernández, cuya represión brutal tuvo consecuencias mortales. La Ley de Amnistía aprobada por la legislatura, aunque criticada por permitir que algunos políticos corruptos escapen a la justicia, ha beneficiado a docenas de activistas procesados injustamente bajo los gobiernos anteriores por acciones de protesta y movilización social Sin embargo, el Gobierno no ha priorizado o ha sido incapaz de impedir que el poder judicial acose legalmente a los defensores de derechos humanos, los campesinos, los ambientalistas y los líderes de comunidades originarias. Decenas de líderes garífunas están siendo investigados actualmente y, el 7 de noviembre, la Policía y los militares se movilizaron para desalojar violentamente a la comunidad en Punta Gorda.
Es cierto que el poder del Ejecutivo para influir en el poder Judicial es limitado en Honduras y que el gobierno de Xiomara Castro tiene la tarea titánica de deshacer una docena de años de leyes y precedentes excluyentes establecidos después del golpe. Sin embargo, el Gobierno debe encontrar la manera de alentar a las autoridades judiciales a respetar los derechos de los y las defensores de derechos humanos, sobre todo de quienes defienden el ambiente y los territorios. En última instancia, esto requerirá reformas legales para garantizar procesos de consulta para las comunidades afectadas por industrias extractivas, cambios en la Ley de minería y en el proceso de otorgamiento de concesiones. También requerirá revocar las disposiciones del Código Penal introducidas durante administraciones anteriores que restringen la capacidad de las comunidades y los y las activistas para proteger los derechos. El Gobierno debe promover la titulación de las tierras colectivas e individuales para proteger los derechos a la tierra de las comunidades indígenas, garífunas y campesinas.
Esto debe ir acompañado por el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores judiciales, así como el reforzamiento del rol de los defensores de derechos humanos en la supervisión de este mecanismo. La oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) necesita convertirse en una voz más fuerte en la protección de los defensores y las comunidades a nivel nacional y local.
Más allá de estos pasos, la administración de Castro debería comenzar a abordar las reformas de las fuerzas de seguridad que prometió, incluyendo la transformación de la Policía en una de orientación comunitaria y desmilitarizada. Esto debe incluir, finalmente, la disolución de la Policía Militar de Orden Público, que ha codificado un enfoque militarizado para las funciones de la institución, y disciplinar y enjuiciar a los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen abusos, incluso al servicio de negocios corruptos y del crimen organizado.
El enfoque contradictorio de Estados Unidos hacia Honduras no contribuye a mejorar la situación. La administración Biden comenzó bien: envió a la vicepresidenta Kamala Harris a la inauguración y buscó formas de colaborar con el nuevo gobierno sobre preocupaciones comunes. La solicitud de extradición del Departamento de Justicia para Juan Orlando Hernández representó un cambio importante en la política estadounidense hacia Honduras, quien había sido tratado como aliado estadounidense durante las presidencias de Obama y Trump. Recientemente, la decisión de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una buena parte de los hondureños residentes en Estados Unidos protege a miles de familias y asegura que las remesas que ayudan a la economía hondureña sigan ingresando al país. Sin embargo, la administración Biden debe buscar soluciones más permanentes para los tepesianos.
Ha habido otras ocasiones, no obstante, en las que este mensaje equilibrado se ha perdido en el intenso enfoque de la embajadora de EE. UU. en la protección de los derechos de los inversores en Honduras, generando tensiones con el nueva administración. Los anteriores gobiernos hondureños favorecieron a los inversionistas corruptos de la industria extractiva que han pisoteado los derechos de comunidades y han puesto en riesgo a los activistas, como lo reveló el asesinato de Berta Cáceres. Fue particularmente preocupante ver a la embajadora Laura F. Dogu en una reunión reciente con inversionistas de las ZEDES. La Ley derogada constituía un marco extremo que permitiría a las empresas construir “ciudades modelo” en territorios hondureños dónde las leyes nacionales relacionadas a los derechos laborales, ambientales y de derechos humanos no se aplican y donde los inversionistas pueden crear sus propias fuerzas policiales y sistemas judiciales. Algunos de estos inversores amenazan ahora con demandar al gobierno hondureño.
La administración Biden debería instar y apoyar al gobierno de Xiomara Castro a actuar más rápido para establecer un mecanismo anticorrupción, mejorar el sistema judicial y fortalecer la protección de los derechos humanos, incluso para activistas ambientales y de la tierra. Al mismo tiempo, el gobierno de EE. UU debe evitar viejas formas de promover un “clima para la inversión” que pisoteen los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos de las comunidades vulnerables en Honduras.
*Lisa Haugaard es directora de Latin America Working Group (LAWG), una organización de sociedad civil con sede en Washington, DC.
