Columnas / Migración
Extensión del TPS, una victoria de las comunidades organizadas, no de la diplomacia
Este será un momento clave para constatar si los discursos de apoyo a las personas migrantes serán respaldados por acciones concretas que viabilicen soluciones para los salvadoreños en EE.UU.

Fecha inválida
Óscar Chacón

Casi 194 000 salvadoreños amparados por la Protección Migratoria Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) podrán iniciar el año con la certeza de que su situación migratoria no será un impedimento en el mediano plazo. El anuncio emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el pasado 10 de noviembre es una nueva victoria para la diplomacia ciudadana que ha insistido permanentemente al gobierno estadounidense un trato justo para todas las personas beneficiarias de TPS. Lamentablemente, esta continúa siendo una batalla que se libra desde el abandono. El apoyo diplomático de todos los países involucrados ha sido –sin excepciones– mínimo, aunque eso no les impidió arrogarse como propio un triunfo en el que poco o nada tuvieron que ver.

A partir del 1 de enero de 2023, las personas de Nepal, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador que han sido parte de la demanda legal colectiva, conocida como Ramos vs. Mayorkas, gozarán de una nueva extensión por 18 meses. Si bien se trata de una decisión unilateral del DHS no vinculada con la demanda legal que sigue su curso en las cortes correspondientes, este logro es el resultado del trabajo permanente de un conjunto variado de organizaciones, como Alianza Américas y muchas otras. En el caso de los salvadoreños, la ampliación recién anunciada únicamente protege a las personas que han tenido TPS desde el 2001.

Lo más importante en lo inmediato es que los beneficiarios de esta extensión están ahora protegidos hasta el 30 de junio del 2024. Pero hay, por supuesto, mucho espacio para la mejora. Empezando por hacer que la protección deje de ser temporal y se convierta en permanente.

Las organizaciones ciudadanas hemos sido parte de un esfuerzo colaborativo que ha tenido como hoja de ruta el alcanzar varias metas en nuestro trabajo. En primer lugar, hemos abogado por la urgencia de mantener protegidas a estas personas. En segundo lugar, hemos presionado a favor de la ampliación del TPS por medio de nuevas designaciones de protección. Esto último implicaría abrir los beneficios del TPS a nuevos solicitantes. En tercer lugar, hemos apoyado esfuerzos legislativos destinados a cambiar la ley de inmigración, de forma tal que permita a personas que han vivido por muchos años bajo la protección que otorga el TPS solicitar visas de residencia permanente.

Si bien la extensión automática del TPS recién anunciada es una de carácter unilateral, esto no quiere decir que salió de la nada. La decisión de extender el TPS por 18 meses es el resultado directo de la insistencia de Alianza Américas y los múltiples aliados que hemos venido trabajando juntos, insistiendo en la urgencia de hacer uso de las facultades presidenciales que la Ley del TPS otorga. La administración Biden ha reaccionado, pues, a la presión expresada en múltiples reuniones de intercambio con funcionarios diversos, cartas de presión enviadas al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, y acciones públicas de presión llevadas a cabo a lo largo de los últimos dos años.

En cuanto al rol específico del gobierno de El Salvador, no dudo que han insistido ante el gobierno de los EE.UU. sobre la importancia de mantener protegidos a los y las salvadoreñas beneficiadas por el TPS desde el 2001. Sin embargo, la percepción de las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en el campo de protección de derechos de las poblaciones migrantes es que el tema migratorio no ha sido predominante en las gestiones diplomáticas de la embajada y la cancillería salvadoreña. Es más, el mensaje de que todo va bien en El Salvador y de que el país se ha transformado en un país de prosperidad y oportunidades, contradice nuestro principal argumento de que la permanencia de las y los salvadoreños en los EE.UU merece seguir siendo protegida. Para bien o para mal, los gobiernos nacionales tienden a lucrarse políticamente de momentos como este. Este tipo de conducta ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, independientemente del partido político en el poder. 

Si bien las personas protegidas por el TPS han ganado un margen de tranquilidad valioso, es muy importante entender que queda mucho trabajo por delante. Los tres objetivos que han dirigido el trabajo en torno a las personas beneficiadas por el TPS que organizaciones como Alianza Américas hemos venido impulsando siguen siendo válidos. En lo inmediato, debemos insistir que el caso de las personas que han tenido TPS por tantos años es igual o más meritorio que el caso de los jóvenes inmigrantes que se han beneficiado con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El reinicio de la actividad legislativa federal post elecciones, una jornada conocida como “Lame Duck Session”, ha abierto la posibilidad de impulsar un cambio legislativo antes del fin de este año. Lo que se está considerando es una reforma a la Ley de Inmigración que, de aprobarse, permitiría a personas que se han beneficiado de DACA, como también del TPS, poder solicitar visas de residencia permanente. Desdichadamente, y a razón del predominio que siguen ejerciendo las fuerzas políticas antiinmigrantes, es muy posible que, de concretizarse una reforma legislativa, la misma vendrá cargada de nuevas medidas de restricción y castigo en contra de personas migrantes. Es una posibilidad remota, ya que aprobarla implicaría asegurar el apoyo de 10 senadores Republicanos. Una reforma de este tipo será aún más difícil en el próximo Congreso, dado el rol de partido mayoritario que el Partido Republicano tendrá en la Casa de Representantes.

Los gobiernos nacionales, incluyendo a los gobiernos de El Salvador y de Honduras, deberán sumar sus mejores oficios diplomáticos en el corto y el mediano plazo para insistir en que, de haber una reforma a la Ley de Inmigración, los casos de las personas con TPS deberían ser parte de las personas beneficiadas. Este será un momento clave para constatar si los discursos de apoyo a las personas migrantes serán respaldados por acciones concretas que viabilicen soluciones para los desafíos que enfrenta la población salvadoreña y centroamericana que reside en los EE.UU., sin importar su estatus migratorio.


*Óscar A. Chacón es un salvadoreño que reside en el área de Chicago, Illinois. A lo largo de los últimos 40 años se ha dedicado a organizar comunidades en torno a temas de justicia económica, racial y cultural en los Estados Unidos de América (EUA). Desde el 2007 se ha desempeñado como director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones migrantes latinoamericanas en los EUA, con un enfoque transnacional de trabajo de incidencia.

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