La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 comienza esta semana como el campeonato de la poderosa FIFA que más críticas ha recibido por las violaciones del país anfitrión a los derechos humanos y en particular durante el multimillonario desarrollo de las infraestructuras.

El tamaño de las nuevas edificaciones en esta economía petrolera del Golfo Pérsico no alcanzan a disimular los reproches de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, pero también de personajes del fútbol como el exjugador francés Eric Cantona y o el alemán Philipp Lahm, e incluso de la selección de Dinamarca participante en el Mundial, que han denunciado a Qatar por sus transgresiones a los derechos laborales, el maltrato a migrantes, la discriminación de la mujer y la penalización de las personas no heterosexuales.

Métodos modernos de esclavitud han permitido a la monarquía qatarí presentar las fastuosas obras preparadas en la última década, después de que el presidente de FIFA en 2010, Sepp Blatter, anunciara a Qatar como sede de esta copa, lo que esta semana, faltando solo horas para que ruede la pelota, admitió como un error, aunque por razones más logísticas que humanitarias.

Desde 2013 el periódico inglés Guardian denunciaba las condiciones precarias de los trabajadores en Qatar y proyectaba que morirían 4.000 migrantes antes de inaugurar la Copa Mundial, pero sus registros en 2020 indicaban que ya habían fallecido 6.500, según los reportes de los gobiernos obtenidos de los países de origen. La cifra puede ser mayor si se suman víctimas filipinas o kenianas, advirtió el periódico. La mayoría de muertes se anotaron como “naturales”, asociadas a colapsos cardiacos o respiratorios.

“Están siendo explotados. Algunos son objeto de trabajo forzado. No pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios”, señalaba Amnistía Internacional en un informe titulado “Qatar, la Copa Mundial de la vergüenza”.

La construcción de estadios, carreteras, hoteles y un aeropuerto se desarrolló en gran medida mediante un método llamado ‘kafala’, en el cual los trabajadores necesitados en países del sur de Asia (Nepal, Pakistán, Sri Lanka, India y Bangladesh) pagaban hasta $4.000 por contratos para laborar en Qatar, renunciando a las garantías mínimas internacionales.

Amnistía documentó en las remodelaciones del estadio Jalifa o el ‘Aspire Zone’ una moderna ciudad deportiva de 250 hectáreas, casos de trabajadores que pagaron elevadas comisiones de contratación sin saber que llegarían a vivir hacinados por meses y con un salario inferior al prometido de $220 mensuales. Además, atrasos en el sueldo, limitaciones para salir de los campamentos e imposibilidad de cambiar de patrono o devolverse a su país, pues tendrían los pasaportes confiscados. También sufrieron falta de acceso a agua potable, incluso en meses donde las temperaturas superaban los 40 grados. Frecuentes amenazas y situaciones de trabajo forzado vivió una parte de los casi dos millones de trabajadores, más del 90% de la mano de obra.

La FIFA no quiere que se hable de estos temas y ha pedido a las delegaciones, “que se centren en la pelota, en los valores deportivos” para que no se moleste al señor de la casa. Mejor no levanten la mirada a las graderías para que no se pregunten cómo las construyeron. Nada sobre el maltrato a migrantes, sobre democracia occidental, la factura petrolera sobre el clima mundial ni menos aún sobre la ley local que criminaliza la homosexualidad.

El control es total. FIFA regula hasta los uniformes de entrenamiento. A una semana del inicio de la Copa, emitió la prohibición a los futbolistas daneses de entrenarse en Qatar con camisetas que exhibieran el logo “Derechos Humanos para todos”, en alusión a migrantes y población LGBTI. El plan era colocar el lema en la camiseta, en los espacios que dos patrocinadores cedieron. La marca del uniforme, Hummel, disimuló su logotipo en el diseño, como protesta contra Qatar por su desbalance en derechos humanos. El anuncio recibió tal difusión en el mundo que hubo quienes le criticaron por pretender obtener réditos de marketing.

“Sabemos que hay muchos desafíos relacionados con los derechos humanos. No es solo en Qatar, ¡mira Rusia! Hicimos mucha actividad allí, particularmente en relación con los derechos LGBT, de pie en el estadio de Moscú, formando una bandera del arcoíris”, dijo en octubre el dueño de Hummel, Christian Stadil, al medio deportivo The Athletic. La empresa ha sido socia comercial de clubes qataríes, pero en el futuro se lo pensará, dijo; la sobre exposición del poderío de Qatar implica también el riesgo de despertar la atención sobre las debilidades que por años han estado ahí.

La desigualdad grosera entre hombres es otro ejemplo. Las mujeres siguen sujetas a la ley que las obliga a tener como tutor a su padre, un hermano o el esposo para poder tomar decisiones de vida como el matrimonio, recibir una beca del Estado, trabajar en puestos de gobierno o recibir atenciones de salud reproductiva, apuntó Amnistía. Pueden divorciarse, pero pierden la tutela de sus hijos.

Ha habido progresos y habrá más, defienden voces que conceden méritos a las autoridades qataríes. En las calles dos personas del mismo sexo pueden tomarse del dedo meñique, aunque no más que eso, so pena de cárcel por violar artículos de la ley que prohiben “conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación” e “inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales”, según Amnistía.

En octubre, la organización Human Rights Watch documentó al menos seis casos de detenciones, golpizas y abusos de la policía qatarí contra personas de la comunidad LGBT entre 2019 y 2022. Una mujer transgénero qatarí contó que la golpearon hasta que le hicieron sangrar nariz y labios, le patearon el vientre mientras uno de los oficiales decía “ustedes, los gays, son inmorales, así que seremos igual con ustedes”. Había dos lesbianas marroquíes, cuatro gays filipinos y un gay nepalí, dijo a HRW cuando narró que estuvo detenida por tres semanas sin cargos y sin acceso a un abogado, acosada sexualmente y obligada a acudir a sesiones con un psicólogo para una supuesta conversión. A fin de cuentas eso es un “daño mental” dijo semanas atrás el embajador del Mundial, Khalid Salman.

“Las autoridades qataríes deben poner fin a la impunidad de la violencia contra las personas LGBT. El mundo está observando”, dijo Rasha Younes, investigadora de HRW, aunque FIFA quiere que las miradas vayan solo a la pelota.

Las críticas que hacen las organizaciones internacionales no podrían repetirlas con libertad las organizaciones o los residentes en Qatar. Las restricciones a la libre expresión configuran otro de los ángulos de violaciones a derechos humanos en el país gobernado por una monarquía absoluta. El emir Tamim bin Hamad Al Thani en 2020 modificó el Código Penal para poder encarcelar a “cualquiera que emita, publique o reedite rumores, afirmaciones o noticias tendenciosas, o propaganda incendiaria, dentro y fuera del país con la intención de perjudicar los intereses nacionales, agitar la opinión pública o menoscabar el sistema social o el sistema público del Estado”.

La disposición significó un “retroceso”, calificó Amnistía. De poco sirvió la adhesión de Qatar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado de Naciones Unidas por los derechos sociales, culturales y económicos de las personas, como también de poco puede servir la Copa para lavarle la cara al gobierno qatarí.

El efecto, sin embargo, parece hasta ahora adverso. Las transgresiones que por años se han medio disimulado ahora están alumbradas por la brillantez de las obras nuevas, criticadas por gente del fútbol y reportadas por una multitud de medios en el momento más interconectado de la humanidad. En la retina está lo que ha hecho Rusia después de su mundial en 2018. Así es difícil no quitar la mirada de la pelota.