El Salvador es uno de los países a nivel mundial que, lejos de avanzar en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ha ido en retroceso. El rezago legislativo en esta materia es absoluto y, bajo un supuesto principio de defensa de la vida desde la concepción, ha establecido, persistido y profundizado normativas de criminalización contra las mujeres y personas gestantes que mantienen una situación de clandestinidad y que afecta principalmente a los grupos más vulnerables. La deuda es alta y tan importante como la económica; no puede seguirse ignorando a costa de la tortura de niñas, adolescentes y mujeres.
Este 2 de noviembre se cumplió un año desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador por el Caso Manuela y otros. En ella, la Corte declaró internacionalmente responsable al Estado salvadoreño por la muerte de Manuela, una mujer salvadoreña que fue denunciada por el supuesto delito de aborto y luego condenada injustamente a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Manuela murió en prisión por complicaciones con una enfermedad no diagnosticada que fue la responsable de la pérdida de su bebé. Esto evidenció ante el mundo la fuerte criminalización de las mujeres que han tenido emergencias obstétricas, así como la afectación a la familia de las víctimas.
De acuerdo a lo señalado por la Corte, a Manuela se le violaron sus derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a las garantías judiciales, a la integridad personal y a la igualdad ante la ley; a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la vida privada e igualdad ante la ley; y a la integridad personal de sus familiares.
El fallo, además de marcar un precedente importante, mandataba una serie de medidas de reparación no solo para la familia de Manuela, sino de justicia reproductiva para las mujeres y niñas de El Salvador, principalmente. La Corte ordenó al Estado proteger el derecho de las mujeres a la atención en salud reproductiva (atención integral en casos de emergencias obstétricas), incluido el aborto; diseñar e implementar un programa de educación sexual y reproductiva; regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica “para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por delitos supuestos como el aborto”; y adecuar su regulación relativa a la prisión preventiva en caso de aborto.
Tras este fallo, las organizaciones de mujeres y feministas han tenido más herramientas para lograr la liberación de muchas mujeres que, al igual que Manuela, fueron condenadas injustamente a sentencias de decenas de años en prisión. En los últimos años, entre 2019 y 2022, 70 mujeres han recuperado su libertad, gran parte de ellas por medio de sentencias de la Sala de lo Penal que han conmutado sus penas por buena conducta. Aunque esto ha sido un avance importante, es injusto que, aunque el máximo tribunal reconoce que lo que sufrieron fueron emergencias obstétricas, no sean declaradas inocentes.
El Estado de El Salvador, a más de un año desde la sentencia de la Corte IDH, no ha cumplido nada de lo mandatado por el más alto tribunal de Derechos Humanos, que incluye la publicación del reconocimiento de la inocencia de Manuela en el Diario Oficial, un medio de circulación nacional y los portales web de las instituciones que se vieron involucradas en su caso. La deuda de El Salvador con los derechos sexuales y reproductivos, así como con Manuela y sus familiares, se sigue acumulando y, lejos de intentar saldarla, el gobierno y todas sus instituciones se han hecho de oídos sordos. El ejemplo más reciente es la decisión de retirar los contenidos de Educación Sexual Integral de la currícula de estudios del Ministerio de Educación.
El retroceso en el caso de El Salvador, en referencia a la legislación relativa a la interrupción legal del embarazo, inicia desde la modificación del Código Penal en 1998. Hasta entonces se mantenía vigente la figura del aborto honoris causa para salvar la vida de la mujer, en caso de violación y en caso de malformaciones en el feto.
Aunque el Código Penal no contempla una definición de aborto, se ha discutido ampliamente en la agenda pública sobre mujeres en prisión con penas de hasta 30 años por haber tenido un aborto espontáneo o natural, pues han sido sentenciadas bajo el precepto jurídico de “homicidio agravado”, debido a que se les juzga por “atentar contra la vida humana de un familiar”. En ese sentido, cabe decir que, a partir de febrero de 1999, en su artículo primero, la Constitución de la República de El Salvador se plantea que se “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.
En la actualidad, el aborto está prohibido totalmente en El Salvador, sin ninguna excepción. Esto es grave, puesto que una legislación tan restrictiva pone en riesgo la vida de las mujeres que enfrentan complicaciones en su embarazo o que su salud está siendo afectada por el proceso de gestación. Asimismo, ha generado un ambiente de persecución en los centros de salud en los que, para evitar cualquier tipo de incriminación, el personal inicia procesos policiales y de investigación judicial al atender a cualquier proceso de aborto en curso, aun cuando estos sean espontáneos. Socialmente, esto genera una criminalización moral que persigue a las mujeres y personas gestantes inclusive en detrimento de su salud o su vida. ¿Contradictorio, no?
En muchos de estos casos, las pacientes tienen que probar su inocencia y no tienen los recursos legales o monetarios para enfrentar dichos procesos. En este sentido, El Salvador es uno de los países con las leyes de aborto más duras del mundo. Según el estudio La rigurosa prohibición del aborto en El Salvador: Donde el aborto es un crimen de la Fundación Heinrich Böll para Centroamérica, entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres fueron acusadas de abortar o sufrir un aborto espontáneo.
La sentencia sienta un importante precedente en toda América Latina y el Caribe, porque evidencia cómo la prohibición total de la interrupción del embarazo genera diferentes tipos de violencias hacia las mujeres. Esto tendría que ejercer presión hacia el ámbito legislativo y judicial para ajustar códigos, leyes, reglamentos, políticas y programas en la región. De ahí que es una evidencia del peso del derecho internacional público sobre las reglas nacionales.
Esta sentencia es un claro ejemplo para el mundo sobre la profunda contradicción entre un principio constitucional y social de defensa de la vida que se pretende materializar por medio de normativas absolutamente restrictivas, criminalizadoras y punitivas. Esta legislación atenta contra la vida y salud de las mujeres y personas gestantes; criminalización que no evita que se practique el aborto, sino que provoca su práctica clandestina, la persecución moral y el ataque contra mujeres que enfrentan procesos de aborto espontáneo.
Si cualquier Estado del mundo pretende evitar la práctica del aborto, debe identificar las causas que provocan esta práctica. Fundamentalmente, los embarazos no deseados que, a su vez, son provocado por múltiples causas, entre las cuales está la falta de educación integral en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual. En El Salvador, que persigue un principio de defensa de la vida, no apuesta por políticas públicas que enfrenten estas causas originales. En cambio, promueve discursos represivos que resultan en embarazos y maternidades forzadas.
*Jeraldine del Cid es politóloga e internacionalista guatemalteca. Es doctora y profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso, México. Forma parte del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y la Red de Politólogas. Puedes seguirla en Twitter como @JeraldinedelCid, @FlacsoMx, @ReformasLATAM y @RedPolitologas - #NoSinMujeres
