Si bien hay diversas lecturas sobre los resultados de la 27ª conferencia de las partes (conocidas como COP), a finales de noviembre 2022, desde quienes se quejan del proceso mismo (¡27 conferencias y las emisiones siguen en aumento!) hasta quienes catalogan la conferencia como un éxito, desde mi perspectiva –y sin negar el trabajo pendiente– la COP27 marcó un hito definitivo. Por primera vez las negociaciones trascendieron hacia la creación de mecanismos de financiamiento y un fondo para dar respuesta a las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático. Después de años de evitar la conversación, de producir acuerdos que no se traducen necesariamente en acción y que el calentamiento global continúa avanzando a un ritmo acelerado, el solo hecho de que se aceptara el tema de financiamiento para pérdidas y daños como un punto de discusión durante la conferencia fue un avance. La creación del fondo como resultado fue, sin lugar a dudas, un hito, un paso firme hacia la justicia climática.
La conferencia se llevó a cabo en un año en el que se han evidenciado múltiples crisis (además de la climática), tales como la pérdida de biodiversidad, la guerra en Ucrania (y sus efectos en los costos de la energía, afectación en la provisión de alimentos), la inflación, la lenta recuperación económica tras la pandemia de covid-19, entre otras. Pero tal como lo expresa la misma decisión de la COP, el contexto actual “no debe usarse como pretexto para dar marcha atrás, retroceder o quitarle prioridad a la acción climática”.
De esta conferencia se esperaban decisiones que apoyaran la implementación del acuerdo de París (acordado en 2015) y el cual, para evitar mayores impactos y riesgos, establece límites de aumento de temperatura “por debajo de 2º C con respecto a los niveles preindustriales y […] proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5º C con respecto a esos niveles”. Aquí destaco que París estableció límites, no metas. Porque mientras más evitemos alcanzar esos límites, mejor.
En años anteriores, la convención estableció principios que rigen la acción climática, entre ellos: la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Es decir, aquellos países que históricamente han generado el problema (como, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido, entre muchos otros), deben de asumir las responsabilidades, por tanto, deben dar apoyo financiero a aquellos países que no han contribuido tanto al problema, pero que se ven negativamente afectados. Ejemplo de estos últimos son los países los centroamericanos. Cierto es que actualmente China está en la segunda posición de países que más han emitido gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando se miden las emisiones per cápita, China no está ni siquiera en los primeros 20 puestos. Es ante este tipo de situaciones que se habla de responsabilidades históricas.
Sin embargo, después de tres décadas desde la creación de la convención, lejos de disminuir, la temperatura promedio global ha aumentado 1.1º C, comparado a los niveles preindustriales (1850-1900). Este aumento ya ha representado impactos negativos en diversos ecosistemas y sectores en todas las regiones del planeta, a pesar de que aquellas, por sus condiciones de vulnerabilidad, son las que menos han contribuido a la generación del problema, las que se enfrentan a los impactos negativos. Estos impactos negativos son “las pérdidas y daños”, incluido en el Acuerdo de París como el tercer enfoque de las negociaciones climáticas (junto a mitigación y adaptación).
Si bien desde antes de la creación misma de la convención el tema de la creación de un fondo para asumir el impacto del cambio climático ya había sido puesto sobre la mesa por la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), los avances sobre este tema habían sido modestos. Es más, cuando se decidió incluirlo en el Acuerdo de París, en 2015, la condición de los países desarrollados fue incluir la aclaración de que el mismo “no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización”. Por ello, en la COP26, realizada en Glasgow en 2021, se estableció un diálogo para discutir sobre los arreglos financieros. La creación del diálogo fue un resultado modesto, pero fue la base para que en esta edición de la COP se pusiera el tema formalmente en agenda, y como resultado se estableciera el fondo.
La discusión y la creación del fondo confirman las demandas que los países y poblaciones del sur global plantean desde hace décadas: el cambio climático está aquí y los responsables han hecho poco para frenar el problema. Además, la decisión incluye un llamamiento a la revisión de los bancos multilaterales, que muchas veces dan dinero para atender los eventos, pero en forma de créditos. Es decir que la solución ha pasado por hacer que los países pobres se endeuden para enfrentar el problema que no crearon. ¿Es esto justo? ¡No, no lo es!
Pero ojo: si bien el fondo sobre pérdidas y daños es un resultado positivo, este es solo el inicio de un largo camino. Se creó el fondo, pero todavía no hay recursos. En primer lugar, en este año previo a la próxima conferencia, se creará un comité de transición que debe presentar sus recomendaciones para ser consideradas y aprobadas en la COP28. El comité estará conformado por 24 miembros: 10 de países desarrollados y 14 de países en desarrollo (incluyendo 3 de Latinoamérica y el Caribe). Entre sus funciones está la de presentar recomendaciones para operacionalizar el fondo. Entre ellos la identificación de fuentes de financiamiento, así como la definición de los beneficiarios del fondo.
En este contexto, los gobiernos centroamericanos y latinoamericanos, en general, tienen una tarea vital en los próximos meses: desarrollar y presentar una visión consensuada que permitirá que la región sea beneficie de los fondos. Esto es clave, ya que en el ámbito de las negociaciones climáticas nuestros gobiernos presentan sus posiciones y prioridades de manera disgregada. No hay una posición latinoamericana, como sí la hay entre el grupo de países africanos que presentan posiciones conjuntas que ayudan a visibilizar la problemática y las soluciones a la misma que ofrece la región en su conjunto.
Parte de la discusión también debe ser la inclusión de salvaguardas que garanticen que los recursos destinados para pérdidas y daños lleguen a los territorios, a quienes los necesitan. Es crucial que estos recursos no se queden atascados en los laberintos burocráticos, que limita la atención a los afectados y que, en muchos casos, facilita la corrupción.
Pero también está el aspecto menos positivo de los resultados. Y es que la decisión, en términos de mitigación (reducción de las emisiones), no es lo suficientemente ambiciosa. ¿El resultado de esto? Que el 2022 se va perfilando como el 4to año más caliente de los registros.
Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante para garantizar que las decisiones alcanzadas en Sharm el Sheij, Egipto, se implementen. Es innegable que el cambio climático afecta a los ecosistemas, poblaciones, especialmente a las más vulnerables y empobrecidas, en todas las regiones del planeta. Por ello, no se puede seguir postergando la acción climática ambiciosa. Los combustibles fósiles deben de ser cosa del pasado de una vez por todas. Tenemos las tecnologías disponibles para garantizar un futuro limpio y más seguro para nosotros y las generaciones de niños, niñas que no son el futuro, sino nuestro presente. Espero que en estos años hayamos aprendido la lección del “todo está conectado”, por ello es que a mayor mitigación, menores necesidades de adaptación y, por ende, menores pérdidas y daños. La acción climática ambiciosa en el presente es mucho más barata que la que tendremos que tomar en el futuro. Cada dólar que se invierte en acción climática generará 4 dólares de beneficios. Entonces, ¿qué estamos esperando?
