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Juzgado ordena liberar a panadero capturado durante el Régimen, pero Centros Penales desobedece

El 27 de septiembre de 2022, Edenilson Vladimir Barrera Cruz, un joven detenido durante el Régimen de Excepción, recibió su carta de libertad condicional, pero ya han pasado 70 días y la Dirección de Centros Penales no cumple con la orden judicial.

Víctor Peña
Víctor Peña

Miércoles, 7 de diciembre de 2022
Efren Lemus

Un juzgado especializado de San Salvador ordenó la libertad condicional de Edenilson Vladimir Barrera Cruz, un joven de 22 años detenido durante el Régimen de Excepción, pero la Dirección General de Centros Penales se ha negado a cumplir durante más de 70 días con esa orden judicial.

El 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Especializado de Instrucción A-3 de San Salvador, creado para procesar a miles de detenidos por el Régimen de Excepción, giró un oficio al director del centro penal de Izalco en el que ordena la inmediata liberación de Barrera Cruz. “Atentamente solicito a usted, poner en inmediata libertad, al imputado (...) a quien junto a otros, se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas”, consigna el documento.

El director del penal de Izalco recibió la orden judicial al siguiente día, el 28 de septiembre de 2022, a las 08:50 de la mañana. “Cuando llegué con la carta de libertad no me la quisieron recibir. Yo ya venía de regreso para mi casa, pero un policía que estaba afuera me orientó y me dijo que insistiera, que me la tenían que recibir. Entonces, regresé y hasta la segunda vez me la recibieron”, cuenta la madre del detenido.

El 24 de agosto, el juzgado realizó una audiencia especial y un mes después ordenó la libertad condicional de Edenilson Vladimir Barrera Cruz. Centros Penales no ha cumplido esta orden,
El 24 de agosto, el juzgado realizó una audiencia especial y un mes después ordenó la libertad condicional de Edenilson Vladimir Barrera Cruz. Centros Penales no ha cumplido esta orden,

Barrera Cruz fue capturado el 10 de mayo de 2022. Ese día, la Policía llegó a una panadería en Ciudad Delgado y lo capturó por el delito de agrupaciones ilícitas. Los policías buscaban a otro hombre de nombre distinto y por presuntos vínculos con una pandilla, pero no lo encontraron. Ante la ausencia de esa persona, los policías capturaron a Barrera Cruz, quien estaba en su jornada de trabajo. Los documentos del proceso judicial no explican por qué lo capturaron.

El Régimen de Excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, el 27 de marzo de 2022, tras la jornada más homicida del siglo, provocada por el quiebre de las negociaciones secretas entre el gobierno y las tres principales pandillas del país. Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, hasta el cuatro de noviembre, se habían capturado a 56,700 personas. Las autoridades aseguran que las capturas son resultado de una investigación, pero los mismos documentos oficiales confirman que cientos de personas han sido capturadas por criterios ambiguos como parecer “sospechosos” o “nerviosos”.

Durante la audiencia de revisión de medidas realizada el 24 de agosto de 2022, el juzgado determinó que Barrera Cruz no es pandillero, que no tiene antecedentes penales y que sus tatuajes son artísticos. Él y otros siete procesados (capturados en lugares y circunstancias distintas, pero procesados en la misma causa judicial) se les concedió libertad condicional: tienen que firmar cada 15 días en el juzgado, y tienen prohibido salir del país, cambiar de domicilio y tener vínculos con personas relacionadas a pandillas o al proceso.

Algunas de las personas beneficiadas en aquella audiencia ya están en libertad condicional. Carlos Vidal Flores Renderos fue liberado el 28 de octubre; mientras que Kevin Armando Mejía Deras estuvo detenido hasta el 17 de noviembre pasado, según informó en redes sociales el Movimiento de Víctimas del Régimen.

“Yo he ido como cinco veces al penal y no me dan respuesta. Es bien difícil porque hay que gastar y me tengo que levantar a las tres y media de la mañana para ir hasta allá. Una vez me dijeron que fuera a la Delegación de la Policía en Sonsonate, pero ahí me dijeron que no lo tenían y tuve que regresar a buscarlo al penal. Él está en el sector tres”, dice la madre de Barrera Cruz.

Consultados sobre este caso, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) explicó que cuando un detenido recibe la carta de libertad, Centros Penales verifica si esa persona tiene otros procesos pendientes en la Policía o Juzgados. 'Este es un problema que viene antes del Régimen de Excepción: no hay forma de controlar si se están haciendo esas averiguaciones. Antes del Régimen de Excepción ese proceso tardaba entre tres o cinco días'. 

Uno de los abogados del IDHUCA consideró que detener durante 70 días o más a alguien que no tiene un proceso judicial pendiente es 'ilegal', y que las leyes salvadoreñas consideran esa situación como un delito: privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública. 'Cualquier privación de libertad de una persona, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo', establece el Código Penal.

 

Policías trasladan a un hombre detenido en el mes de abril de 2022 durante el Régimen de Excepción. Lo presentan ante un defensor público de la Procuraduría General de la República para que este lo represente a lo largo del proceso judicial. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
Policías trasladan a un hombre detenido en el mes de abril de 2022 durante el Régimen de Excepción. Lo presentan ante un defensor público de la Procuraduría General de la República para que este lo represente a lo largo del proceso judicial. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

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