La solución de problemas sociales requiere rutas diferentes y, en muchos casos, específicas y cuidadosas por parte de quienes asumen la dirección de las instancias estatales. Sin embargo, frecuentemente se encuentran decisiones políticas en las que no se reflejan rutas claras de reconocimiento, procesos de diagnóstico y, sobre todo, comprensión de los fenómenos y los problemas. Este parece ser el caso de las violencias contra las mujeres. Que la presencia de los militares en las calles ahora también sea parte del plan para “detener los feminicidios” es prueba de ello. Si bien puede servir de escarmiento, el uso de la fuerza en realidad no soluciona ni hará desaparecer la violencia basada en género. El feminicidio es apenas la expresión más visible de ello.
La reunión del presidente con el gabinete de seguridad para discutir una estrategia contra los feminicidios hace una semana y la reforma aprobada este miércoles 21 de febrero en la Asamblea para eliminar la prescripción del delito de feminicidio hacen parecer que se empieza a reconocer la gravedad de la problemática. Es un paso importante en un país donde la norma ha sido ignorar los hechos de violencia contra las mujeres, pero hay que mirar más allá de las decisiones políticas que se toman. Eliminar el margen de tiempo en el que los feminicidios pueden ser denunciados e investigados tiene que ir acompañado de la reflexión por parte de los y las diputadas de que su rol como legisladores no es sólo procurar la condena y encarcelamiento de feminicidas, eso es apenas la última parte del problema. El verdadero desafío está en identificar qué tipo de medidas se necesitan para evitar que abusen sexualmente de las niñas y que maten a las mujeres. La prevención es mejor cura que el fusil o la cárcel.
En El Salvador nos tomó mucho tiempo que las violencias contra las mujeres se reconocieran como un problema social que debe ser atendido por las instituciones públicas. Han pasado 29 años desde que en 1994 logramos que la Asamblea Legislativa declarara el 25 de noviembre como Día Nacional de No Violencia Contra las Mujeres. Este decreto legislativo fue un primer paso. Evidentemente no significó una comprensión del problema por parte de diputadas y diputados de aquel entonces, pero logramos ser el primer país de América Latina y el Caribe que tuvo ese reconocimiento formal a partir de las propuestas que hicimos las organizaciones feministas.
En años posteriores se debatió en el congreso cómo legislar en ese campo y se logró la aprobación de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (1996). No era la propuesta de las feministas, pero incluía el reconocimiento de dinámicas violentas en el seno de las familias, la igualdad entre los cónyuges, hijas e hijos, se incluyeron procedimientos judiciales, policiales y de procuración, entre otros, para cumplir actividades que garantizarán que “Es obligación del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar…” De la mano de esta Ley nacieron los Tribunales de Familia, que complementan la labor del Ministerio Público y de otras entidades como el ISDEMU.
Nos tomó más de diez años a las activistas feministas generar una propuesta e incidencia persistente para que, por fin, la Asamblea Legislativa aprobara la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV), que es, como hemos dicho en otras ocasiones, la legislación salvadoreña más avanzada en materia de violencia contra las mujeres en este país centroamericano. En un proceso paralelo, desde una perspectiva de solución estructural a la problemática que genera y provoca las violencias contra las mujeres, se impulsó la creación de una normativa complementaria, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres, la cual estableció en el 2011 “Que es obligación del Estado la eliminación de todas las formas de discriminación que de manera directa e indirecta, impiden a las mujeres salvadoreñas el pleno ejercicio de la ciudadanía y el disfrute de los derechos que esta condición admite”. Logramos que se reconociera el feminicidio como delito y, aunque levantó algunas polémicas coyunturales, cobró sentido en la medida que fue desplazando ideas como el “crimen pasional” o el simple “la mató por celos”, poniendo en evidencia el entramado de complicidades machistas e incluso institucionales que han permitido que la mayoría de feminicidios permanezcan en la impunidad.
De esta manera, la sociedad salvadoreña ha ido construyendo un andamiaje conceptual, jurídico, jurisdiccional, procedimental y político para abordar las violencias contra las mujeres, que en la mayor cantidad de casos son violencias basadas en las relaciones de género que son, ante todo, relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
La experiencia también ha mostrado que este tipo de violencias ocurre en espacios y escenarios diferentes a las violencias delincuenciales y al crimen organizado que han azotado a nuestro país por largos períodos, si perder de vista que los entornos violentos y delincuenciales los agudizan y profundizan.
Numerosos cursos, jornadas de formación a personal de diversas instituciones públicas han contado con personal especializado que paulatinamente ha ganado experticia en el tratamiento de las violencias contra las mujeres. Se sabe que las violencias de pareja toman forma de espirales, que acumulan tensiones y momentos de explosión, y que más tarde transcurren por períodos de reconciliación y arrepentimiento, para entrar posteriormente en nuevos momentos de acumulación de tensiones. En algunos casos quienes sufren estas violencias no logran encontrar salida y terminan siendo víctimas de feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Asimismo, las experiencias de acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes, muestran que, pese a la gravedad de su sufrimiento, su respuesta más frecuente es el silencio. Resulta muy doloroso reconocer que muchas veces quien abusa sexualmente de las niñas es una persona cercana, de su confianza, es quien debería protegerle. Por eso es tan importante trabajar en la inclusión de la prevención de la violencia sexual en los programas educativos a todo nivel, en el fortalecimiento de las Unidades Municipales de la Mujer, fortalecer las UNIMUJER en la PNC, etc. para que las mujeres, las niñas y las adolescentes que sufren violencias tengan adonde acudir y para que el silencio producto de la desconfianza y del miedo a la revictimización no siga fomentando impunidad.
Estudios, investigaciones y diagnósticos han demostrado que en una localidad o en un país, el aumento de denuncias no es necesariamente sinónimo de aumento de hechos de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, sino al contrario, ese aumento es derivado de que existen instancias públicas que están capacitadas y entrenadas para escuchar y recibir sus denuncias, es decir que ha aumentado la confianza en las instancias que asumen esta responsabilidad.
En el gobierno central, en el ministerio público, en las municipalidades y en el sistema de justicia existen personas que cuentan con este bagaje y experiencia, ellas y ellos tienen la responsabilidad pública, porque son trabajadores del Estado, de aclarar a quienes toman las decisiones, que los feminicidios y las violencias contra las mujeres no se superan ni se previenen con más soldados y policías armados, desfilando en las calles de los barrios y comunidades.
Las y los expertos en seguridad tienen la responsabilidad de saber que las violencias son de diferente tipo, que tienen diversas causas y cauces, que su prevención, sólo es posible comprendiendo estas dinámicas.
Ciertamente quienes deciden, el presidente de la República y el gabinete de Seguridad Pública, no tienen por qué saberlo todo acerca las violencias contra las mujeres, pero sí es su responsabilidad buscar las asesorías adecuadas para poder tomar las decisiones más eficaces, empezando por comprender las dinámicas, las causas y, sobre todo, las maneras de prevenir.
Como dice Silvia Juárez, feminista salvadoreña, cuál es la apuesta de un Estado, ¿condenar feminicidas o evitar que maten a las mujeres? La respuesta, aunque parece obvia, debe seguirse reforzando: el aumento de las condenas no resuelve ni elimina la violencia contra las mujeres y sus huellas.
*Morena Herrera es activista feminista y defensora de Derechos Humanos, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Centroamérica. Socia fundadora de Las Dignas. integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
