La tarde del cinco de abril de 2022, una decena de soldados y policías llegaron dos veces a la casa de José Alfredo Grande Martínez, un albañil de 45 años que vivía en la comunidad Emanuel de Santa Ana, un territorio que controlaba la Mara Salvatrucha (MS-13). La primera vez que llegaron solo le pidieron su documento de identidad, le dijeron que todo estaba bien y se fueron. Unas horas más tarde, cuando él sacaba brillo a un piso de cerámica que recién había instalado en su casa, los soldados y policías regresaron, le ordenaron que saliera a la calle, lo hincaron y le pidieron su celular antes de esposarlo.
“'Vení, le dijeron, dame tu celular'. Pero él no tiene celular porque no puede escribir”, recuerda Gloria sobre el momento de la captura de su esposo. “'Dame tu celular, ¿Cómo crees que en este tiempo no vas a tener celular?', le insistieron. 'No -les dije yo-, él no usa celular', porque ante Dios él no usa celular. Agarré mi teléfono y se los di a ellos. Lo agarraron y se lo llevaron para la pared, lo empujaron y lo pusieron ahí (frente a su casa). 'Dicen que vos sos colaborador'. '¿Yo? Yo no', les dijo él. 'Ahí nos acaban de decir que sos colaborador'”.
El albañil fue capturado por colaborar presuntamente con la 37 Locos Salvatruchos (37LS), una clica de la pandilla MS-13. Lo llevaron a las bartolinas del 911 en Santa Ana y al siguiente día, el seis de abril, lo trasladaron al penal de Izalco.
“El soldado me devolvió el teléfono y lo esposó a él. '¿Por qué lo van a esposar?' 'Porque nos lo vamos a llevar', me dijeron. Yo me puse a llorar por los nervios porque dos veces me ha caído derrame cerebral”, cuenta Gloria. Dos hijas de Grande Martínez rogaron también sin éxito por la libertad de su padre. Luego, comenzaron a denunciar en redes sociales lo que había sucedido y el caso se volvió viral.
“Por no tener celular los srs agentes se lo llevaron sin importar que el es una persona trabajadora es el sostén de la casa no tiene delitos ni tatuajes, tiene diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca y urge llevarle los medicamentos @nayibbukele (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el nueve de abril de 2022 Kathy, una de las hijas del albañil, intentando llamar la atención del presidente Nayib Bukele.
La publicación tuvo tal impacto en redes sociales que el ministro de justicia y seguridad, Gustavo Villatoro, se pronunció al respecto. “Este caso que ha circulado en las últimas horas, aclaro a los salvadoreños que la captura se debe a que este sujeto escondía a los pandilleros en su casa cuando la policía patrullaba la zona él junto a seis pandilleros estaba siendo investigado tras varias denuncias ciudadanas (Sic) ”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter, el 10 de abril de 2022.
“Un mal procedimiento de detención”
La captura del albañil José Alfredo Grande Martínez fue arbitraria. Lo dice la misma Policía.
Al menos esa es la conclusión a la que llegó la Unidad de Control de la Policía Nacional Civil (PNC) en Santa Ana, un ente interno que corroboró que los policías captores consignaron información falsa en el acta de detención, omitieron datos importantes sobre cómo sucedieron los hechos y usaron una fuente “no calificada” para capturar a Grande Martínez por el delito de agrupaciones ilícitas.
Estas conclusiones están consignadas en una presentación Power Point titulada “Casos de supuestas detenciones ilegales o arbitrarias”, que circuló de forma interna entre la Unidad de Control de Santa Ana y la sede central de la Unidad de Control de la Policía, en cruces de correos institucionales que incluían a la Unidad de Control de Análisis de la PNC.
El Faro tuvo acceso a este documento interno de la Policía gracias a una filtración de miles de documentos oficiales en poder de la organización de transparencia DDoSecrets, que los recibió de un grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya. Este periódico contrastó la información con testigos de la detención y fuentes con acceso al proceso penal que el albañil enfrenta desde hace diez meses en el Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana.
Una fuente con acceso a los expedientes del Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana confirmó que Grande Martínez es procesado junto a otras 300 personas por agrupaciones ilícitas. El caso tiene reserva total, pero este periódico confirmó que según el expediente judicial el albañil estaba reunido con otras personas y una fuente los acusó de pertenecer a una pandilla.
La investigación interna de la Policía descalifica a esa fuente anónima. “Existen incongruencias en cuanto al procedimiento desarrollado con base a una fuente que no está calificada, ni registrada como tal por el personal especializado en dicha materia (…) resultando que pudo haberse vulnerado otros derechos ciudadanos al detenido, aún tomando en consideración el Decreto Legislativo 333 vigente”. El decreto legislativo 333 fue aprobado el 27 de marzo de 2022 y comprende el régimen de excepción, “cuya finalidad es proporcionar las herramientas y mecanismos jurídicos” para que la Policía y la Fuerza Armada “reestablezcan el orden y la seguridad ciudadana”.
La versión oficial asegura que los policías recibieron información de una “fuente” que señaló a Grande Martínez como colaborador de una pandilla. Luego de recibir esa información, los policías dicen que observaron que el albañil estaba reunido con otros pandilleros frente a una tienda de su propiedad, ubicada sobre la calle principal de la comunidad Emanuel, y que al observar a la autoridad intentaron escapar.
El acta de detención omitió consignar que soldados y policías ya habían pedido el DUI del albañil, ya habían revisado su casa y no encontraron nada ilícito. El Faro tiene los testimonios de tres familiares que coinciden en señalar que el albañil estaba trabajando al interior de su casa cuando los soldados lo sacaron hacia la calle. Los familiares dicen que Grande Martínez no estaba reunido con nadie y que una fotografía que las autoridades difundieron sobre el supuesto grupo con el que estaba el albañil, en realidad eran personas que ya estaban detenidas en el 911 de Santa Ana, algunos de los cuales no son ni de esa comunidad.
La investigación interna de la Policía confirma que los policías plasmaron información falsa en los documentos de captura. “En el primer documento señalaron que observaron a varios sujetos y que estos al ver la presencia policial intentaron darse a la fuga; sin embargo, los captores en la entrevista brindada, externaron que encontraron a un señor (Grande Martínez) en la calle frente a la tienda que posee”.
Además, la Unidad de Control de Santa Ana advierte que en el acta de detención no se mencionó a los verdaderos captores de Grande Martínez ni en el relato de los hechos se hace referencia a ellos. El documento atribuye la captura al cabo Fonseca Alemán y a los agentes Martínez Noyola y Rodríguez Sandoval, asignados a la sección táctica operativa de Santa Ana. Ellos, en realidad, no participaron en esa captura y la información consignada en el acta también es falsa.
En agosto de 2022, El Faro publicó el reportaje: Los expedientes ocultos del Régimen: cientos de arresto por “nerviosismo“ y “ficha policial”, en el cual una fuente de la División de Investigaciones de la Policía advertía sobre procedimientos irregulares como una práctica cotidiana del régimen de excepción. “El problema que tenemos es que quien elabora los perfiles delincuenciales de los detenidos no aparece en ningún documento, bajo la figura que son inteligencia policial. Algunas personas jamás habían sido fichados como pandilleros, pero ellos han elaborado que sí y ahí han aplicado el decreto. En un futuro, en una investigación, los procesados serán los agentes captores que aparecen firmando el acta (y no quienes elaboraron el perfil delictivo)”, dijo la fuente.
El caso de Grande Martínez encaja en esta práctica. El acta está firmada por tres policías que no participaron en la detención, pero lo más grave es que el documento consigna más información falsa. El documento asegura que los policías consultaron en el sistema de disposiciones judiciales y que todos los capturados “presentaban antecedentes por diversos delitos y que eran miembros activos de la MS”. La constancia de Centros Penales consigna que Grande Martínez no tiene antecedentes penales y no estaba fichado como pandillero o colaborador.
La Unidad de Control de la Policía también solicitó información al Departamento de Áreas Especializadas (DAEO) de la Delegación de Santa Ana para determinar cuáles son las instrucciones que recibieron los agentes para realizar capturas durante el régimen de excepción. El inspector Julio Enrique Pineda Monterrosa, jefe de la DAEO, respondió que la instrucciones eran capturar a personas que tuvieran tatuajes alusivos a organizaciones terroristas, que ya estuvieran perfilados con antecedentes por ser integrantes de grupos terroristas; y que se les encontrara evidencia tanto en sus viviendas como en sus teléfonos celulares que colaboran con grupos terroristas. “Se omitieron dichas instrucciones al detener a una persona que no cumplía con esos parámetros”, concluye la investigación policial.
La tarde del 15 de febrero, El Faro llamó a los encargados de prensa de la Policía y del Ministerio de Justicia y Seguridad para concederles su derecho de respuesta, pero hasta el cierre de esta nota no atendieron las llamadas telefónicas a los números oficiales de esos despachos. Es ya una constante que, aún cuando atiendan las llamadas, la Policía no conceda ninguna entrevista o reacción oficial a este medio.
El equipo verificador de la Unidad de Control recomendó remitir el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Inspectoría General de Seguridad Pública por las irregularidades encontradas en el caso. “Como equipo verificador se recomienda que la presente diligencia preliminar deberá ser enviada a la Fiscalía, ya que es la institución encargada del monopolio de la investigación penal y valoren iniciar una investigación penal, debido a que preliminarmente se ha encontrado indicios de un supuesto mal procedimiento de detención en contra del señor José Alfredo Grande Martínez”.
Víctimas de las pandillas y de la Policía
José Alfredo Grande Martínez y su familia fueron víctimas de las pandillas y ahora son víctimas de las arbitrariedades del Estado.
Hace catorce años, cuando el albañil trabajaba para una empresa constructora con operaciones en El Salvador, Honduras y Guatemala, la familia de Grande Martínez vivía en Ciudad Arce, lugar del que tuvieron que huir por amenazas de pandilleros. “Vivíamos en otro lugar, pero nos pasó un problema siempre por lo mismo. Querían agarrarme a mi hija mayor, me la querían violar. Dejamos todo, nos venimos con lo que pudimos. Anduvimos rodando hasta que encontramos este pedacito”, cuenta Gloria.
El ”pedacito” es un lote de esquina, ubicado sobre la calle principal de la comunidad Emanuel, en las cercanías del estadio Óscar Alberto Quiteño, de Santa Ana. La familia improvisó una champa y hasta el año pasado construyeron una casa, gracias a la ayuda de unos familiares que viven en los Estados Unidos. La casa está ubicada en un lugar estratégico porque es una de las esquinas en la que convergen las dos entradas de la comunidad, la misma que durante años estuvo bajo el control de la clica 37LS. “Yo busqué trabajo en varias empresas, pero cuando veían la dirección de mi DUI ya no me daban trabajo. Usted mujer de algún marero debe ser”, le decían a Katherin, la otra hija de Grande Martínez.
La pandilla volvió a hostigar a las hijas de Grande Martínez y ellas tuvieron que mudarse a El Palmar, siempre en Santa Ana. “Con él tuvieron un montón de problemas porque a veces unos muchachos le decían: hey gordo ¿Por qué no me regalas a una de tus hijas? No, les decía él. Entonces, te vas atener a las consecuencias. Ellas no podían venir aquí porque a mí me daba miedo, a mi esposo le daba miedo porque mucha pandilla. Y como ellas eran bien bonitas y bichas todavía, solo venían a traer dinero para la comida y se iban. Nosotros vigiábamos que no hubiera nadie y así en la noche ya nos íbamos para donde ellas”, relata Gloria.
En un hilo que publicó en Twitter el 10 de abril de 2022, el ministro Villatoro insistía en los nexos del albañil con la pandilla. “Cuando profundizamos en las investigaciones, se determinó que los pandilleros, a Grande Martínez lo identificaban con el alias El Gordo y como un “paro” (colaborador) de la clica 37LS. Vamos a seguir desarticulando estas estructuras y cualquiera que esté cercano a estas (Sic)”, escribió.
La cercanía que la familia describe con la pandilla es de miedo y de hostigamiento, no una situación de colaboración. Por ejemplo, cuando Grande Martínez dejó de trabajar como albañil por un dolor de rodillas, puso una tienda y los encontronazos con la pandilla no se hicieron esperar. Los pandilleros se reunían en la acera de su casa porque era un lugar estratégico para controlar quién entra y quién sale de la comunidad. Los pandilleros hasta habían puesto una silla que habían rescatado de una chatarrera para sentarse.
“A veces le decían: ¿no te vas a sacar un jugo? No, mira, si a mí me cuesta, les decía él. Yo vengo con carga y nadie me ayuda, porque él en el lomo traía sus cargas. Yo por miedo le decía: dáselos, nos van hacer algo. Ya les daba el jugo, pero él se enojaba. Él no era colaborador. Las autoridades no se ponen a pensar que a uno a veces por eso hasta lo pueden matar”, recuerda Gloria, la esposa del albañil.
El ocho de septiembre del año pasado, el día de su cumpleaños, Grande Martínez fue traslado del penal de Izalco al penal de Santa Ana. Y aunque una investigación interna de la Policía confirma que fue víctima de una captura arbitraria, por el momento su familia desconoce cuándo le harán la audiencia. Lleva más de diez meses detenido.
Su captura ha afectado hasta sus nietas, de 13 y 15 años, quienes perdieron el año escolar el año pasado porque, cuando falleció la madre de las niñas, el abuelo había quedado encargado de llevarlas a la escuela y prepararles la comida. “Me cayó Covid, me dio Julian Barret y tengo Alzhemir, por eso él se encargaba de ellas”, dijo Gloria. “Hubo un tiempo en que yo ya no me podía levantar. Yo me he tomado un capricho y he dicho que no voy a dejarme vencer, no voy a dejar que esa tienda caiga. Cuando él salga, primeramente Dios, él va decir: no botaron la toalla”.
Dos semanas después de esa entrevista, Gloria fue atropellada por un vehículo y se recupera en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana.
