Este 28 de febrero, el juez Jimi Bremer abrió un nuevo proceso judicial en contra de José Rubén Zamora, presidente del diario guatemalteco elPeriódico, investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Además, este mismo juez autorizó, a pedido del Ministerio Público (MP), que se inicie una investigación de 9 periodistas y columnistas por su supuesta participación en “intentar coaccionar a miembros del Organismo Judicial, MP, auxiliares de administración de justicia y otros sujetos procesales”, en relación con el caso de Zamora. La resolución también incluye la investigación de medios de comunicación que hayan publicado notas del caso que puedan calificar en esta categoría.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) abrió este caso contra Zamora a partir de una grabación de agosto de 2021, que proporcionó el testigo principal del caso Ronald García Navarijo, en la que aparecen los entonces abogados de Zamora, Mario Castañeda y Romeo Montoya; la exgerente financiera del diario, Flora Silva, Zamora y el testigo, y conversan acerca de cómo ingresar a la contabilidad del diario un cheque por Q200,000 (US$25,000).
El periodista aseguró haber recibido el cheque como pago adelantado en concepto de publicidad de un ejecutivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab) en 2013. Para la FECI, ese cheque provenía de una transacción ilícita, y los participantes en la reunión grabada conspiraron para intentar ocultar el origen hasta ocho años después cuando el jefe de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval, fue despedido y el fiscal Rafael Curruchiche fue nombrado en el puesto. Zamora declaró que, en la época de Sandoval, ya había sido citado a la FECI para declarar al respecto. En este proceso, Silva y Castañeda aceptaron los cargos y recibieron penas mínimas conmutables. Montoya tiene orden de captura.
Zamora está detenido desde el 29 de julio de 2022, en otro proceso por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, aunque los diferentes abogados que lo han defendido señalan que la evidencia en este proceso, así como el segundo proceso iniciado ayer, fue obtenida de forma ilegal por el MP y no respalda los señalamientos. El primer caso surgió a raíz de una denuncia de García Navarijo, quien señaló al periodista de haberlo chantajeado con publicar información comprometedora acerca de él, si no ingresaba un cheque por Q300,000 (US$37,500) a una de sus empresas y le entregaba un cheque a cambio, para depositar en la cuenta bancaria de elPeriódico.
El periodista dijo en agosto de 2022, durante su audiencia de primera declaración por el caso de lavado de dinero, que no podía depositar el dinero en efectivo en el banco porque le fue entregado por dos financistas del diario que no querían ser identificados como tal públicamente. Zamora habría tenido que revelar el origen del dinero si hubiera hecho el depósito en efectivo, debido al monto. Ramón Zamora, hijo del periodista, ha dicho que los financistas y anunciantes han sido objeto de presiones para que retiren su apoyo a elPeriódico.
Los periodistas señalados
La investigación de los periodistas y columnistas es un proceso preliminar que autoriza a la FECI reunir evidencias que podrían respaldar otras acciones legales. La solicitud de una orden de captura es sólo una de ellas. Es lo que esta fiscalía hizo en las 72 horas transcurridas entre la denuncia de García Navarijo, el 26 de julio de 2022, y el 29 de julio, cuando obtuvieron la orden de captura contra Zamora y lo detuvieron. El testigo era gerente del Bantrab, y tiene libertad condicional. El MP lo señala de integrar una estructura que saqueó el patrimonio del banco y de los accionistas en los casos Bantrab, Negocio de Familia, y Arca, relacionado con este primero.
En cuanto a esta investigación preliminar de los periodistas y los medios de comunicación, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana dijo al diario local Prensa Libre que “se está tratando de forzar o distorsionar un delito de acción personal sobre la base de un delito de obstrucción de la justicia”. Orellana resaltó que la irrestricta libertad de emisión del pensamiento garantizada por la Constitución Política de la República “incluye opiniones y criterios de información”, como los que abarcan las publicaciones del caso. El abogado indicó que si se trata de un tema de difamación contra particulares o funcionarios públicos, hay otras instancias legales por medio de las cuales se puede dirimir el caso, y que son específicas a los procesos que involucren periodistas.
Los 9 columnistas y periodistas mencionados en la audiencia de ayer son Edgar Gutiérrez (analista político y canciller en 2001), Gonzalo Marroquín Godoy (columnista de elPeriódico, y primo de Zamora), Julia Corado (directora de elPeriódico), Manfredo Marroquín (columnista y director de Acción Ciudadana, el capítulo de Guatemala para Transparencia Internacional), y los periodistas Gerson Ortiz, Cristian Véliz, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar. Ortiz y Valdéz están entre el 80% del personal que el medio debió despedir derivado del impacto económico para el diario que supuso la captura de Zamora.
Manfredo Marroquín también es la persona que acompañaba a Zamora en su residencia, en la última semana de junio de 2022, cuando según el periodista lo visitó García Navarijo para decirle que la FECI lo presionaba para que “quemara a otros personajes molestos para el Ministerio Público y el régimen de turno”, y que Curruchiche le ofreció descongelar Q33 millones (US$4.4 millones) a cambio de un 15% del monto. El actual jefe de la FECI negó ese extremo a El Faro el 5 de agosto pasado, agregando que el dinero estaba en cuentas “embargadas desde 2016 [que] llevan un proceso de extinción de dominio”. El mismo día, el diario Soy502 publicó que el dinero no estaba en un juzgado de extinción de dominio, y el 8 de agosto publicó que otro juez había levantado el embargo sobre el dinero, pero que la resolución no estaba firme. La FECI luego dijo a ese medio que había varios procesos de embargo sobre los fondos, uno de los cuales lo inició esa fiscalía.
El juez Bremer anunció la resolución de ayer a pedido de la agente fiscal Cynthia Edelmira Monterroso, de la FECI, “contra quien resulte responsable por la posible comisión de algún ilícito según lo manifestado por el MP”. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó la petición de la fiscal, y la resolución del juez, como un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión, pues señala a Zamora de haber contado con la complicidad de otros periodistas y medios de comunicación para coaccionar a operadores de justicia y sujetos procesales, como García Navarijo, por medio de las publicaciones del caso.
“La APG considera que esta nueva acción del MP y algunos jueces se encuadra en la figura del prevaricato, un delito que se sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley”, anunció la asociación en un comunicado que emitió después de la audiencia del segundo caso contra Zamora, por el cual la FECI lo investigará durante tres meses. Por el caso de lavado, el periodista va a juicio el 2 de mayo próximo.
