Los comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron formalmente este viernes 17 de marzo a los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica que usen “su voz y su voto” como accionistas y miembros fundadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para evitar que éste siga “perpetuando la consolidación de la dictadura nicaragüense”.
La solicitud se hizo mediante una carta oficial enviada por separado a Alejandro Giammattei, Xiomara Castro, Nayib Bukele y Rodrigo Chaves. En ella se les hace ver que el BCIE ha aprobado durante los últimos años “cerca de 3,500 millones de dólares de financiamiento para iniciativas implementadas bajo el régimen Ortega-Murillo”, y se afirma que ese financiamiento “provee un salvavidas al régimen de Ortega y Murillo en un momento en el que crece la condena global a las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua”. Al igual que los países a los que se dirige la carta, Nicaragua es socio fundador y miembro del directorio del BCIE.
A inicios de marzo un grupo de especialistas nombrado expresamente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación en Nicaragua emitió un informe de 300 páginas en el que se acusa al Gobierno de Ortega de cometer “violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad”, y habla de un “ataque sistemático” contra civiles “por razones políticas” que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. El informe considera que hay pruebas suficientes para considerar a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, responsables últimos de estos crímenes. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”, dijo el presidente del equipo de expertos, el abogado alemán Jan-Michael Simon.
Los comités de Relaciones Exteriores hacen referencia a este informe, y enfatizan en su carta la comparación que los expertos de la ONU hicieron entre los crímenes del gobierno orteguista y los del régimen nazi en Alemania, retomada solo una semana después por el Papa Francisco que asemejó la dictadura nicaragüense con la de Hitler. “Estas impactantes comparaciones de la situación en Nicaragua remarcan la urgencia de terminar con el enfoque business as usual en las relaciones con el régimen de Ortega y Murillo”, dicen los senadores y congresistas estadounidenses.
La brutalidad del régimen de Ortega, junto con el crecimiento constante del aporte del BCIE, que financió el 47% de toda la inversión pública de Nicaragua el año pasado, obraron el milagro de que este pronunciamiento haya sido bicameral y bipartidista. En las últimas elecciones los demócratas conservaron el control del Senado, desde enero de este año la Cámara de Representantes está bajo mayoría republicana y su comité de Relaciones Exteriores encabezado por el republicano de Texas Michael McCaul. Él y el demócrata de Nueva York Bob Menéndez, que preside el comité en el Senado, firman la carta en representación del resto de integrantes.
Menéndez ha sido en los últimos años uno de los políticos estadounidenses más agresivos en sus críticas al régimen de Ortega y al retroceso democrático en otros países centroamericanos. En diciembre de 2021, durante una audiencia pública en el Senado, pidió públicamente a la administración de Joe Biden que analizara la suspensión de Nicaragua y El Salvador del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR). Fue también uno de los principales impulsores de la ley RENACER , que amplió el régimen de sanciones contra el entorno de Ortega que ya recogía la NICA Act de 2017 y otorgó a la Casa Blanca nuevos poderes para tratar de “restringir los préstamos [a Nicaragua] en bancos multilaterales y para atajar la corrupción del régimen”.
La carta hace de hecho referencia a que, desde la aprobación de RENACER en noviembre de 2021, Estados Unidos ha aumentado su presión para que toda cooperación multilateral con Nicaragua se haga a través de entidades “totalmente independientes del gobierno nicaragüense en el aspecto técnico, administrativo y financiero”, y “urge” a los gobiernos de los cuatro países a aplicar políticas similares al financiamiento del BCIE.
“Hasta que Daniel Ortega y Rosario Murillo acepten participar en negociaciones que restauren la gobernanza democrática, el respeto por los derechos humanos, y una hoja de ruta hacia elecciones libres y justas, urgimos a su gobierno a dar pasos para incrementar la transparencia y el escritinio de los préstamos del BCIE al gobierno de Nicaragua”, dice el texto. “En el caso de que Ortega y Murillo no permitan una apertura política será imperativo que su gobierno use su voz y su voto para suspender el financiamiento a su régimen criminal”.
Un asesor del Capitolio aseguró a El Faro que la carta a los presidentes centroamericanos se firmó “después de meses de estar monitoreando la situación y a partir de una amplia preocupación sobre la relación entre en BCIE y Nicaragua”. Es irónico, sin embargo, que se haya enviado apenas 24 horas después de que el presidente del banco, Dante Mossi, visitara el jueves Washington para participar en un evento público en el tanque de pensamiento Diálogo Interamericano, en el que trató con poca suerte de responder a las críticas por el financiamiento al régimen de Ortega.
En varios momentos de la conversación, Mossi insistió en que el banco centroamericano “no tiene cláusulas de Derechos Humanos”, y atribuyó toda decisión final sobre la aprobación de préstamos a los miembros de su directorio, que representan a los países de la región. “Yo trabajo para todos, porque ellos son los dueños del banco”, llegó a decir.
Cuando añadió más tarde que para cualquier revisión de las políticas de asignación de fondos “la clave es el modelo de gobernanza del BCIE”, la moderadora, la periodista de CNN Gabriela Frías, le preguntó si lo que insinuaba es que la presión para un cambio de rumbo en el banco debía ir dirigida a los países socios, y no a él. “Así es”, respondió Mossi.
Mossi se lava las manos
La actividad del jueves nació de un intercambio de tuits a mediados de febrero entre Mossi y el director del programa para las Américas de CSIS, Ryan Berg. Éste acababa de publicar un artículo en el que proponía, entre otras líneas de acción de Estados Unidos contra el régimen de Ortega, gestiones diplomáticas con España, Corea del Sur o Taiwán ―socios externos del BCIE― para “cortar el financiamiento de éste a Nicaragua, y Mossi le desafió a un debate . El investigador nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Divisas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, ofreció de inmediato servir de sede.
Mossi, un economista hondureño que trabajó por quince años en el Banco Mundial hasta tomar las riendas del BCIE en 2018, y a quien el apoyo de banco regional de desarrollo al régimen de Ortega ha granjeado en ciertos círculos el apodo de “el banquero de los dictadores”, acudió al foro sabiendo estaría acorralado no solo por los críticos sino por los hechos. A los pocos minutos de conversación quiso negar que en una entrevista en julio del año pasado dijo que las sanciones internacionales a funcionarios de Daniel Ortega eran injustas porque “se acusa y se juzga a una persona sin debido proceso” y sin posibilidad de defensa. Frías y Orozco le respondieron casi al unísono leyendo la transcripción literal de su entrevista al medio nicaragüense Canal 12 y ofreciéndole reproducir la grabación de video. Orozco, al que el régimen de Ortega retiró la nacionalidad nicaragüense y expropió cualquier propiedad en su país natal hace tres semanas, mediante un decreto que incluye a una decena de periodistas y a escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, reclamó visiblemente indignado que esa sí fue una acción que Daniel Ortega tomó sin proceso legal alguno.
El presidente del BCIE trató de perfilarse como una simple pieza del engranaje financiero y político internacional y repitió hasta seis veces el argumento de que el BCIE opera bajo los mismos parámetros del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, mientras el Banco Mundial ha restringido cada vez más en los últimos años su apoyo al gobierno de Ortega, el banco regional ha multiplicado su financiamiento a medida que se recrudecían la represión sistemática de opositores y las violaciones de Derechos Humanos. Solo en 2021, año electoral en el que el régimen nicaragüense encarceló a siete candidatos opositores, el BCIE le hizo desembolsos por 455 millones de dólares en concepto de préstamo. En 2022, con casi 300 presos políticos en las cárceles nicaragüenses, el gobierno de Ortega recibió del BCIE 482 millones más, la mayoría destinados a obra pública. Los aportes del banco representan actualmente el 70% de la contribución internacional al país.
Berg le reprochó que se escudase en el argumento de que las decisiones sobre préstamos las toma el directorio, y alegó que toda propuesta pasa antes por un comité técnico que preside el mismo Mossi. “No puedes decir que solo cumples órdenes”, le dijo. “Siento que no sepas cómo funciona el BCIE”, contestó el funcionario. Más tarde, un ex diplomático estadounidense que estaba en la sala comparó las respuestas del banquero con las de los acusados en el juicio de Nuremberg.
Orozco protagonizó otro de los momentos tensos del encuentro al preguntar a Mossi si piensa que Nicaragua es una dictadura. La respuesta del funcionario provocó gritos de protestas en la sala: “No importa lo que yo piense”, dijo. “Mi trabajo no es decir quién es un dictador y y quién no lo es”. Pretendía decir, una vez más, que su opinión no afecta al criterio ―supuestamente técnico― con el que el banco evalúa cada posible préstamo a Nicaragua. Pero su respuesta admite una segunda lectura, consistente con el resto de sus intervenciones en el evento: al BCIE no le importa si los países de la región son democráticos o no, o si cometen violaciones a los Derechos Humanos.
Desde el público, alguien preguntó al banquero si identifica un punto de inflexión a partir del cual el BCIE dejaría de financiar al gobierno de Ortega y Murillo. Él comenzó respondiendo que el banco no financia, por estatutos, armas ni municiones, lo que provocó algunas risas sarcásticas. “Menos mal”, bromeó alguien. Luego, Mossi aterrizó en una referencia a la posibilidad de que se impongan sanciones al país, comparables a las que enfrenta en este momento Rusia por la invasión a Ucrania. A preguntas de periodistas, profundizó después: “Si el régimen de sanciones continua incrementándose, el banco se vería limitado todavía más en lo que puede financiar y, en el caso de sanciones extremas, aplicaría a una licencia de OFAC ―la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos― para poder trabajar en temas estrictamente humanitarios. Ese es nuestro plan”.
Terminado el evento, El Faro volvió a preguntar a Mossi su opinión personal sobre si Nicaragua es o no una dictadura en este momento, al margen de si eso afecta o no a las políticas del BCIE. “No tengo elementos de juicio, yo soy economista”, caracoleó antes de responder: “Yo miro los hechos, y con los que tengo en la mano Nicaragua es un país que ha sido sujeto a una elección que ha sido disputada [cuestionada], pero tenemos que vivir con ella. Según los documentos que tengo delante, es un gobierno legítimo”.
