El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha inscrito a los binomios de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de 22 partidos, pero ha rechazado la inscripción en dos casos, para las elecciones generales del próximo 25 de junio. Un cuarto binomio está en la cuerda floja a la espera de saber si prospera una denuncia en su contra por campaña anticipada. Las razones para rechazar o revocar las inscripciones de dos binomios son cuestionables porque atienden criterios no aplicados a otros que sí fueron inscritos. Así ha sido posible bloquear a alguien por un supuesto delito administrativo que ni siquiera le ha sido comunicado, pero inscribir a candidatos que han sido investigados por narcotráfico o que están a la espera de antejuicios por corrupción. Otro partido quedó fuera por campaña anticipada, cuando a otros les han perdonado multas de hasta $75,000 por pegar propaganda en postes en la vía pública.
El caso más emblemático es el de Thelma Cabrera, precandidata a la presidencia, y de Jordán Rodas, precandidato a la vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), cuya inscripción fue rechazada porque Rodas supuestamente cometió un delito administrativo cuando era titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). El exprocurador, que ni siquiera sabe cuál es ese delito porque no se lo han notificado, asegura que cumplió con todos los procedimientos legales. Por añadidura, el tribunal también rechazó la inscripción de Cabrera, activista y representante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una mujer maya Mam originaria de Retalhuleu (costa sur), y la única presidenciable indígena que además quedó en cuarto lugar en las elecciones de 2019, entre 19 candidatos. No obstante, el TSE ha inscrito a otros candidatos a diferentes cargos que tienen procesos penales en curso o solicitudes de retiro de inmunidad para ser investigados.
La inscripción del binomio de Roberto Arzú, que repite en sus aspiraciones presidenciales, y su vicepresidenciable David Pineda, del partido Podemos, fue rechazada por campaña anticipada, aunque el partido oficial Vamos ya ha colocado en varias zonas de la capital vallas con anuncios sin ser sancionado, pese a que la campaña electoral antes del 27 de marzo está prohibida. Por aparte, hay reportes de que el TSE ha archivado la mayoría de las denuncias y perdonado multas por campaña anticipada contra varios partidos.
“Creo que ambas decisiones son del poder político del país”, dijo el abogado constitucionalista Alejandro Balsells a El Faro, refiriéndose al rechazo de las inscripciones de los binomios presidenciales del MLP y Podemos. “El TSE es obediente y la opacidad es evidente. En el país vemos que existe un claro veto desde el Ejecutivo y determinados grupos políticos, y ciertos jueces, entre quienes sobresalen los del TSE, simplemente obedecen”.
El 3 de marzo, Mirador Electoral (una misión local de observación) dijo que el TSE y otros órganos jurisdiccionales, “aceptaron dócilmente los argumentos insustanciales y tendenciosos que impiden participar a los binomios del MLP y Podemos, dejando como saldo un proceso severamente cuestionado en su integridad y legitimidad”. El mismo día, Balsells declaró a la prensa que los binomios fueron “víctimas de una exclusión totalmente arbitraria”.
El 28 de enero pasado, el Registro de Ciudadanos del TSE anunció que la “Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos” (o finiquito) que la Contraloría General de Cuentas extendió a Rodas no es válida porque tiene una denuncia y “le aparecen cargos jurídicos”. Rodas obtuvo el finiquito el 20 de diciembre, y la PDH lo denunció en enero. Esta es la misma razón por la que un tercer binomio quedó afuera durante cinco días desde el pasado 20 de marzo, el del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo). El partido aseguró que no tenía ningún cargo judicial en contra, y con un recurso de nulidad consiguió que el TSE lo inscribiera en las últimas horas del último día para inscribir candidatos. El MLP también presentó un recurso de nulidad, pero el TSE lo rechazó.
El otro binomio en problemas podría ser el de Edmond Mulet y Max Santa Cruz, presidenciable y vicepresidenciable del partido Cabal, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señala de interferir en un proceso contra José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, acusándolos de conspiración para obstruir la justicia. El 20 de marzo pasado, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, solicitó que se le retire la inmunidad a Mulet, segundo con intención de voto entre los candidatos inscritos, según una encuesta de la segunda semana de este mes, por presuntamente también incurrir en obstrucción de la justicia. El fiscal dice que incurrió en tal obstrucción cuando presentó una querella contra el juez Jimi Bremer, quien ordenó que fueran investigados nueve periodistas y columnistas vinculados a ElPeriódico, como lo solicitó la FECI.
Además, Curruchiche dice que, cuando Mulet se pronunció en favor de los nueve periodistas y columnistas a quien la FECI pidió investigar en el contexto del caso Zamora, el candidato incurrió en campaña anticipada porque fue divulgado el nombre del partido y obtuvo publicidad, motivo por el cual también lo denunció. El TSE todavía debe pronunciarse, aunque este tribunal no ha sancionado al partido Vamos, y ha perdonado multas a otros partidos por la misma razón.
La selectiva severidad del MP
En el caso de Cabrera y Rodas, fue el sucesor de éste en la PDH, José Alejandro Córdova, quien lo denunció el 6 de enero de 2023 ante el Ministerio Público (MP) de cometer un delito administrativo. El MP, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, recibió la denuncia y declaró el caso en reserva, supuestamente iniciando un proceso. Dos meses y dos semanas después de presentada la denuncia, el MP no ha enviado ninguna notificación a Rodas, quien todavía desconoce exactamente por qué lo denunció la PDH.
“El Procurador es incapaz de señalar qué hice”, dijo Rodas a El Faro. La existencia de esa denuncia es la justificación que el TSE usó el 27 de enero para rechazar la inscripción del binomio del MLP, que conlleva la salida de la contienda de Thelma Cabrera.
Ningún otro candidato presidencial fue inscrito teniendo una denuncia de por medio ante el MP. No obstante, existe el antecedente del año electoral 2019, cuando el MP tenía, no sólo una denuncia (como en el caso de Rodas), sino todo un expediente de investigación por financiamiento electoral ilícito contra Sandra Torres (hoy presidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE). En ese momento, la fiscalía podía abrirle un proceso porque Torres no se había inscrito y, al carecer de una candidatura oficial, no gozaba de inmunidad (como ocurrió con Rodas).
Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras (en el cargo desde 2018) retrasó la revisión del expediente de Torres para esperar que fuera inscrita como candidata presidencial y no pudiera ser procesada sin un antejuicio previo (una investigación preliminar), según el entonces fiscal Andrei González (en el exilio desde 2019), quien participó en la investigación en la FECI. Cuando Torres ya estaba inscrita como candidata, la FECI solicitó el antejuicio en su contra, pero la CSJ se negó a retirarle la inmunidad.
En la segunda vuelta, Torres perdió la presidencia, su estatus de candidata y su inmunidad, y fue capturada y procesada. En 2020, le otorgaron arresto domiciliario. En diciembre de 2022, y sin mayor oposición de la FECI (dirigida por Curruchiche desde agosto de 2021), su caso fue cerrado un mes antes de la inscripción de candidatos. En 2023, Torres es presidenciable de nuevo, un estatus que tiene en parte por las medidas dilatorias que—según González—Porras ofreció a Torres.
Delito administrativo versus denuncia penal
El TSE también ha inscrito candidatos a diputados y alcaldes con procesos penales en curso, y solicitudes de antejuicio pendientes de resolver. Esto contrasta con el delito administrativo que le achacan a Rodas y que ni siquiera le han notificado. Según el exprocurador, la Constitución de la República ordena que todos los conflictos laborales se deben resolver en una jurisdicción privativa, y no en un contexto de derecho penal, por lo que la denuncia en su contra ante el MP nunca debió ocurrir.
El 3 de marzo, la CIDH recordó al Estado de Guatemala que este había reconocido que un funcionario público recibe un finiquito preliminar de la Contraloría General de Cuentas “una vez no existan reclamaciones o juicio pendiente contra la persona que lo solicite”. Rodas recibió su finiquito 17 días antes de que la PDH lo denunciara, y desde entonces no ha recibido ninguna notificación del MP, no ha sido acusado formalmente, ni le ha sido emitida “una sentencia judicial condenatoria” que defina sus “responsabilidades administrativas, penales o civiles”. La Comisión también dijo que las autoridades tenían la obligación de propiciar las condiciones y mecanismos para que los guatemaltecos puedan ejercer sus derechos políticos “en forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”.
El 13 de marzo, el TSE inscribió como candidato a diputado del partido Cambio a Manuel Baldizón, aunque enfrenta dos procesos penales (los casos TransUrbano y Odebrecht) y además es un exconvicto en Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero. El tribunal se retractó 24 horas después, y rechazó la inscripción de Baldizón, quien intenta revertir la medida con varias acciones legales.
La primera semana de marzo, el TSE también inscribió al diputado Jorge de Jesús García Silva, por el partido Popular Guatemalteco, aunque tiene un antejuicio pendiente de resolver para ser investigado por un caso de corrupción.
Por aparte, dos alcaldes para quienes el MP (por medio de la Fiscalía de Narcoactividad) pidió antejuicio en 2021, para así poder procesarlos, también están inscritos. Uno es el alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier Javier, a quien la fiscalía vinculó a un homicidio múltiple relacionado al narcotráfico, y ya está inscrito como candidato a diputado del partido Cambio de Baldizón. El otro es Exadillas Ramos Aguilar, del partido oficial Vamos, inscrito para competir por la reelección en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos (frontera con México), a quien la citada fiscalía también solicitó investigar por narcotráfico.
Mientras tanto, a Rodas y Cabrera le impiden participar por un delito administrativo que ni siquiera le han divulgado al supuesto acusado.
Otros organismos inclinan colador de candidatos
Las cortes y otros organismos han acuerpado el doble estándar del TSE. Tanto el MLP como Podemos están fuera de la contienda electoral después de protestar la medida ante las más altas cortes del país. Creo empezó ese proceso apenas el 22 de marzo protestando ante el TSE, tres días antes de la última fecha para la inscripción de candidatos, y logró entrar en la contienda.
El MLP, por ejemplo, presentó un amparo provisional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la resolución del TSE, pero fue rechazado. Luego apeló la decisión de la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por la denegación del amparo provisional en la CSJ, también sin resultados. La CSJ todavía debía resolver el amparo de fondo en el caso del MLP. En su lugar, esa corte identificó un supuesto error de procedimiento que demoró el proceso.
El 2 de marzo, la CC le indicó a la CSJ que no existía tal error y debía acelerar el trámite. En respuesta, la CSJ le notificó a Rodas que fijaba una audiencia para ese efecto para el lunes 27 de marzo, dos días después de que venza el plazo de inscripción de candidatos. Rodas fue notificado el 15 de marzo. Un día después, los manifestantes se volcaron a las calles en al menos 15 localidades en todo el país, incluyendo la capital, occidente, oriente, norte y costa sur para exigir la inscripción del binomio del MLP y la renuncia de los magistrados del TSE.
Mientras tanto, aunque la CSJ ha rechazado también las peticiones de Podemos contra la resolución del TSE, también ha rechazado amparos de otros partidos contra las candidaturas de Torres y Zury Ríos, presidenciable de la coalición VALOR-Unionista, e hija del general Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013 (aunque la CC dejó sin efecto la sentencia seis días después).
Ríos, por ser hija de un exgobernante defacto, tiene una prohibición constitucional (artículo 186) para ser candidata, razón por la cual la CC le negó participar en 2019. No obstante, la CIDH emitió una resolución en 2022 indicando que a Ríos y a su vicepresidenciable de las elecciones pasadas, Roberto Molina Barreto, les habían violado sus derechos a participar en las elecciones después de haber sido inscritos como candidatos. En 2023, Ríos fue inscrita como candidata presidencial, y como su vicepresidenciable, Héctor Adolfo Cifuentes. Ahora, Molina Barreto es magistrado de la CC, la corte que es el último recurso para apelar las decisiones del TSE o de la CSJ.
La resolución de 2022 de la CIDH fue producto de un acuerdo amistoso con la Procuraduría General de la Nación. El abogado constitucionalista Pablo Bonilla dijo a El Faro que la resolución no indicaba que el Estado de Guatemala y el TSE asumían el compromiso de inscribir a Ríos en un futuro.
El abogado resalta que, en la resolución, el Estado “reconoce el derecho humano de participación política de [los] solicitantes (…) siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular”. Sin embargo, Bonilla también dijo que una prohibición establecida en 1985 (como el artículo 186) podría resultar demasiado restrictiva 38 años después, y es necesario determinar si es proporcional a su objetivo.
Hasta el momento, el TSE no se ha inmutado ante el pronunciamiento de la CIDH respecto al caso de Rodas, quien esperaba que la CSJ adelantara la audiencia que originalmente fijó para el 27 de marzo. Según Rodas, no hay excusas para haber programado la audiencia hasta entonces. Mientras tanto, el plazo para inscripción de candidatos se cerró el 25 de marzo. Esta es una corte cuyos magistrados debieron ser cambiados en 2019, pero el Congreso se rehúsa a hacer una nueva elección. Un tercio de los magistrados (como la fiscal general Porras) están en la lista Engel, de los funcionarios más corruptos en la región, según el Departamento de Estado de los EE. UU.
El 13 de marzo, en una declaración conjunta con Mirador Electoral, el abogado Eddie Cux de Acción Ciudadana dijo que es evidente que el TSE quiere favorecer a unos candidatos y perjudicar a otros, y que este tribunal está forzando al pueblo guatemalteco a “escoger y no a elegir”. Agregó que “se está relegando la decisión del pueblo a una opción preseleccionada por el TSE”.
