El pasado 23 de febrero, la fiscal Virginia Laparra cumplió un año de estar en prisión. En este tiempo, en el que ha compartido cárcel con militares, políticos y empresarios que ella ayudó a enjuiciar, la fiscalía y los juzgados se han aliado para negarle la posibilidad de arresto domiciliar y de recibir tratamiento médico por una enfermedad uterina severa. Laparra, al igual que el periodista José Rubén Zamora, han sido chivos expiatorios de un sistema judicial que ha expulsado al exilio a más de treinta jueces y fiscales, así como periodistas y activistas por intimidaciones y denuncias espurias presentadas por quienes ahora se enseñorean en las audiencias y en las redes sociales con absoluto descaro promoviendo una cacería contra quienes han querido limpiar el sistema justicia.
Esta fiscal tiene a actores muy poderosos en su contra que han logrado manipular las leyes para mantenerla en prisión. Estas personas actúan con una energía virulenta para lograr aplausos de quienes alguna vez pisaron la cárcel a causa de la lucha anticorrupción, entre 2015 y 2018. Buscan distorsionar los hechos para tratar de hacer quedar mal a la CICIG y a sus aliados y decir que “también” eran corruptos. No se sabe qué pasará con Laparra, porque un segundo caso que le hicieron público camina lento; sin embargo, lo más preocupante ahora es su salud, que parece no importarle al Estado.
El 17 de diciembre del año pasado, Laparra fue sentenciada a cuatro años por el delito de abuso de autoridad. Los hechos por los que se le acusa fue presentar denuncias administrativas contra el juez Lesther Castellanos, por presuntamente haberle revelado información a su amigo, el abogado Omar Barrios. Plantear este tipo de denuncias son actividades comunes desempeñadas por los fiscales y que jamás, en ningún otro momento, se han considerado delitos, aunque estas hayan sido rechazadas. Pero, por medio de una tergiversación de las normas, la fiscalía y los jueces insisten en que ella no tenía facultades para presentar estas acciones legales.
El día que inició el primer juicio contra Laparra, el 28 de noviembre de 2022, Amnistía Internacional la declaró presa de consciencia. Esto significa que esta organización investigó, detectó anomalías en la investigación y consideró el caso como una fabricación por el rol que Laparra ha jugado en promoción de la justicia. El día que se cumplió un año de su detención, el órgano Judicial impidió a Amnistía Internacional ingresar a la cárcel a visitarla. A pesar de que fue condenada a una pena menor a cinco años, que permite pagar para salir de la cárcel, los jueces interpretaron la ley de manera particular, argumentando que hasta que la condena estuviera firme, luego de que se resolvieran las apelaciones –cosa que podría durar varios años– no le permitirían salir de prisión.
Desde que fue capturada en febrero de 2022, fue tratada con saña por parte de sus acusadores y por cuentas sin nombre en las redes sociales, quienes buscaban a toda costa doblegarla emocionalmente para que aceptara un delito que no había cometido. Su encierro ha sido en una pieza pequeña donde a penas la dejan salir una hora para recibir la luz del sol, mientras otras personas en la prisión presumen beneficios como utilizar teléfono celular, tener visitas sin restricciones, mejores condiciones en su celda.
Desde diciembre, su equipo jurídico pide que sea sometida a una cirugía por una enfermedad uterina que desarrolló durante el encierro, lo que le ha generado hemorragias complicadas. Pero el sistema penitenciario y el de justicia se trasladan la responsabilidad entre sí para demorar la autorización, por lo que no ha podido acudir a un centro asistencial. Para mientras, recibe medicamentos para atenuar sus padecimientos, pero no ha podido ser intervenida quirúrgicamente.
La intención es tenerla encerrada de forma indefinida. En junio de 2022, cuando su defensa legal pidió que le otorgaran arresto domiciliar, el juez Sergio Mena se sacó de la manga una argumentación diciendo que las entrevistas que ella dio a medios de comunicación y la subsecuente publicación de artículos periodísticos sobre su estancia en prisión obstaculizaban la investigación y que eso justificaba su permanencia en la cárcel. No solo se le violaron sus derechos humanos, sino que el juez arremetió contra la libertad de expresión al mandar a investigar a periodistas que habían ingresado a la prisión para hablar con ella. El juez Mena ha tenido otras actuaciones cuestionadas; por ejemplo, anuló una orden de captura contra la jueza Coralia Contreras que se encontraba acusada de inventar órdenes de libertad falsas en beneficio de narcotraficantes.
Otro ejemplo de que el Ministerio Público actúa con inquina para anular cualquier posibilidad de que Laparra salga de prisión se dio el 19 de octubre de 2022, cuando se iba a discutir de nuevo la solicitud para que la exfiscal tuviera su casa por cárcel. Ese día, el Ministerio Público anunció otro caso en su contra por supuesta revelación de información. De este expediente se desconocen detalles porque se encuentra en reserva, una práctica común de la fiscalía para que la opinión pública no se entere de la debilidad de las investigaciones. Aunque la jueza le hubiera concedido la medida sustitutiva en octubre, la fiscal no hubiera podido salir libre porque ya contaba con otra orden de detención; de hecho, los policías la esperaban afuera de la audiencia para notificarle del nuevo proceso.
Además del Ministerio Público, Laparra tiene tres acusadores particulares. Uno es el juez Lesther Castellanos, cuyo hermano fue candidato a diputado por el partido UCN, catalogado con “ideología de narco” por la embajada de Estados Unidos en 2007; el excandidato presidencial de este partido, Mario Estrada, fue condenado por narcotráfico en Nueva York en 2020. Poco después de promover la acusación contra Laparra, Castellanos fue nombrado Relator para la Tortura de la Región de Occidente por el Congreso de la República, controlado por el presidente Alejandro Giammattei. Esta oficina ha sido señalada de despilfarrar fondos y de, contrario a su mandato, promover la prisión preventiva sin justificación. En redes sociales Castellanos parece haber olvidado su envestidura de juez y ha dicho que quienes protestan en favor de Laparra cometen delitos, escribe con ironía y fanatismo contra la fiscal que él acusa, y a quien lo critica le llama “izquierdista”.
Otro acusador es el abogado Omar Barrios, quien además de haber sido asesor presidencial de los últimos dos gobiernos, es presidente de la Comisión Portuaria y defendió a varias personas acusadas por la CICIG. Impulsado por Giammattei, Barrios intentó ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pero no obtuvo los votos suficientes en la Universidad de San Carlos.
El tercer acusador es la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror), entidad que se ha convertido en la fuerza de choque de las redes que buscan venganza, cuestión que no ocultan; es más, se ufanan de promover casos contra fiscales, jueces, periodistas y activistas que no estén aliados a los militares violadores de derechos humanos, empresarios poderosos ni a los acusados de corrupción. Sus líderes fueron sancionados el 1 de julio de 2021 por Estados Unidos por considerarlos actores antidemocráticos, pero cada vez gozan de mayor influencia en el sistema de justicia y cometen una serie de arbitrariedades que los jueces apañan. En sus escritos de denuncias hablan rimbombantemente de conspiraciones para convertir al país en “comunista” y cuestiones así. Se autodenominan extremistas y a cualquiera que no simpatice con ellos lo catalogan de “izquierda radical”.
Sin duda, reciben dinero de empresarios adinerados para poder mantener al equipo legal en todos los casos que llevan. En 2013, el abogado Moisés Galindo, parte de la Fundaterror, le dijo a Plaza Pública: “Diga que aquí están escondidos todos los oligarcas, todos los azucareros”. La influencia de esta Fundación parecería ir en ascenso, sobre todo alrededor de la candidatura de Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien lidera las encuestas para las elecciones de junio, a pesar de tener prohibición constitucional para correr para la presidencia. Las principales figuras de la Fundación han tuiteado en favor de Ríos Sosa; el presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, fue candidato a alcalde con el FRG, el antiguo partido de Ríos Montt. Estas personas, las mismas que organizaron el “Jueves Negro”, una protesta que sembró terror en la ciudad de Guatemala en 2004 para forzar la candidatura de Ríos Montt, acudieron en 2017 al Congreso a rechazar las reformas constitucionales que pretendían mejorar el sistema de justicia en el país.
Esta misma Fundación empuja el caso contra el periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien cumplió siete meses en prisión. Le aplicaron la misma estratagema que a Laparra: luego del primer caso contra Zamora, le endilgaron otro proceso cuando capturaron a su anterior abogado, alegando obstrucción de justicia. Luego, en una audiencia el 28 de febrero de 2023, el juez Jimi Bremer aceptó la petición de la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a otros columnistas y periodistas de elPeriódico que habían escrito de ella, del juez o del caso bajo el mismo razonamiento del caso de Laparra: que escribir artículos sobre el proceso obstaculizaba la justicia.
En el último año la criminalización contra operadores de justicia se ha agravado. Las personas que enfrentaron procesos por gran corrupción o violaciones a los derechos humanos quieren obligar a las personas a exiliarse, aunque no las capturen, ya que tener presos políticos es un desgaste para el Gobierno. Lo cierto es que han sembrado zozobra, pues todas las denuncias que estos grupos promueven son admitidas en los juzgados, se les da prioridad, dictan reserva del caso y niegan las medidas sustitutivas, aunque los casos no tengan pies ni cabeza.
*Álvaro Montenegro es periodista, licenciado en Ciencias jurídicas y sociales. Ha cofundado plataformas de sociedad civil en Guatemala vinculadas a la lucha contra la impunidad. Ha escrito libros de ficción. Actualmente cursa una maestría en Derecho (LL.M) en la American University en Washington D.C., Estados Unidos.
