Los flujos migratorios hacia la frontera sur de los Estados Unidos siguen en aumento y han alcanzado cifras récord en los últimos años. De acuerdo a una publicación del New York Times de diciembre del 2022, los agentes federales de la patrulla fronteriza estadounidense registraron casi 2.4 millones de detenciones a lo largo de toda la frontera sur en un año. Casi siempre los números se reportan en valores absolutos, sin ningún tipo de distinción, invisibilizando a las mujeres, especialmente las que migran del norte de Centroamérica, pese a que representan buena parte de los grupos que a diario llegan hasta la frontera. La mayoría de estas mujeres ya no migran, huyen de situaciones extremas de pobreza y múltiples manifestaciones de violencia, incrementadas por los niveles endémicos de desigualdad, degradación ambiental y sistemas políticos disfuncionales marcados por altos niveles de corrupción e impunidad.
La violencia de género como generador de desplazamiento forzado de la población centroamericana es un factor que no puede seguir siendo ignorado. Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal que no respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas. Donde las mujeres indígenas, las mujeres transgénero y las afrodescendientes son más vulnerables en la cadena de opresión. Investigar y entender su situación resulta imperativo en el contexto actual. El fenómeno de la migración centroamericana está íntimamente relacionado al tema de la violencia de género, y datos recientes lo ponen en evidencia.
En el contexto de llegada masiva de inmigrantes que buscan protección internacional y solicitan asilo, siguen siendo invisibles las mujeres y las causas estructurales que las obligan a migrar de manera forzada. Tengo la oportunidad de trabajar con mujeres centroamericanas que han huido de sus países de origen a causa de múltiples manifestaciones de violencia. La mayoría de ellas están marcadas por el dolor, el trauma no tratado y también la resiliencia, como el caso de Ana, una joven de 13 años que huyó de El Salvador hace un año. Su tía desapareció en su cantón y a los pocos días la encontraron muerta, había sido asesinada de manera violenta. Así lo contó Ana.
El discurso y la manera como se aborda el tema migratorio por diferentes sectores de la sociedad estadounidense, incluyendo una buena parte de la prensa, gobiernos locales, estatales y federales, e incluso algunas organizaciones de sociedad civil, sigue siendo simplista. Se sigue insistiendo en una narrativa que nos dice que la mayoría de las personas migran por razones económicas y vienen en busca de oportunidades. Además, muy poco se investiga y analiza sobre el rol histórico que Estados Unidos ha desempeñado en la región Latinoamericana. De acuerdo a ONU Mujeres, las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas del mundo. Sin embargo, en la mayoría de las estimaciones oficiales sobre el número de indocumentados no se suele hacer distinción de género y queda implícita la idea de que se trata fundamentalmente de hombres.
Según un informe publicado en noviembre del 2022 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 4473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 2021 en 29 países y territorios de la región. Las tasas más elevadas se registraron en Honduras (4.7 por cada 100 000 mujeres), República Dominicana (2.4 por cada 100 000 mujeres) y El Salvador (2.1 por cada 100 000 mujeres).
El mismo informe enfatiza que, a pesar de que los movimientos de mujeres se han encargado de visibilizar más la grave situación de las mujeres, el feminicidio es un problema que continúa afectando a miles de mujeres y niñas cada año en América Latina y el Caribe.
Las mujeres centroamericanas siguen huyendo de manera masiva en busca de protección internacional. La resiliencia de Ana y miles de mujeres que migran a diario seguirá desafiando la narrativa simplista con que se abordan los flujos migratorios en el contexto estadounidense, ya que la migración forzada y sus consecuencias para las mujeres y las niñas es un tema casi invisible en la discusión pública y el debate sobre política migratoria en Estados Unidos.
La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR define la protección internacional como el conjunto de acciones encaminadas a garantizar la igualdad de acceso y el goce de los derechos de las personas en necesidad de protección y refugio. Sin embargo, en la práctica, la protección internacional no está garantizada para la mayoría de personas migrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU. ni durante las distintas etapas del proceso migratorio. En la mayoría de los casos las personas migrantes no reciben orientación en su idioma sobre el derecho legítimo que tienen de solicitar asilo y miles de familias siguen siendo separadas y enviadas a distintos centros de detención.
Estas son solo algunas de las múltiples dimensiones de la manifestación de la violencia estructural que ponen en evidencia que las mujeres, niñas y otras personas migrantes continúan siendo víctimas de discriminación y sus derechos humanos siguen siendo violentados.
Sin duda alguna, tenemos que ir logrando cambios desde los distintos sectores de nuestra sociedad e ir cambiando los patrones machistas y misóginos que condenan no sólo a las mujeres y niñas, sino a hombres, jóvenes y niños más vulnerables a tener que abandonar sus lugares de origen. Es urgente superar el simplismo con el que se aborda el concepto de género dentro de los procesos de movilidad humana y llegar a una comprensión más holística de la migración. Además, profundizar los esfuerzos para superar las limitaciones de las fuentes de información, que por muchos años han mantenido la migración femenina en la invisibilidad.
La feminización de la migración ofrece un argumento para incluir el género en el debate local e internacional orientado a la adopción de buenas prácticas y políticas públicas respetuosas de los derechos humanos y los acuerdos internacionales. Es imperativo que los Estados de la región tengan los elementos que le permitan impulsar la formulación de estrategias y políticas con enfoque de género que garanticen los derechos humanos de las mujeres.
*Patricia Montes es periodista y directora ejecutiva de Centro Presente, una organización comunitaria que aboga por los derechos humanos de migrantes centroamericanos en Boston, Massachusetts. Junto con la organización Lawyers for Civil Rights, Centro Presente lidera una demanda contra la administración Trump por la cancelación del TPS. Forma parte de Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes en los EE.UU.
