El 29 de marzo se cumplen seis años desde que la minería metálica se prohibió en El Salvador. La aprobación unánime de esta ley fue un hito sin precedentes que proscribió una industria que expertos nacionales e internacionales califican como la más contaminante en el mundo y que trae muchos más costos que beneficios para países en vías de desarrollo, como El Salvador. Gracias a esta prohibición se ha evitado la tragedia de un medio ambiente en ruinas, especialmente en el sector hídrico, y la inviabilidad de un país sin suficientes recursos hídricos para responder a las demandas de la ciudadanía causadas por una industria sinónima de precariedad, desigualdad, corrupción, violencia e, irónicamente, pobreza y subdesarrollo.
Un vistazo rápido de la minería metálica a través de los proyectos mineros más emblemáticos en Centroamérica nos da suficientes criterios para seguir diciendo “No” a las intenciones de empresas transnacionales de explotar metales preciosos como oro y plata en El Salvador. La historia siempre es lo mismo donde sea que vaya. La minería metálica destruye los bosques y el suelo de uso agrícola, deja enormes tajos en la madre tierra que durarán cientos de años, profundiza la pobreza y destruye las formas tradicionales de vida de las comunidades más cercanas. Pero lo más preocupante es su impacto en el agua. La minería metálica seca los ríos y nacimientos que abastecen de agua potable a las comunidades cercanas. Contamina las aguas y el suelo con abundantes sustancias tóxicas dejando inviable las actividades tradicionales de siembra, pesca y crianza de animales. Todo esto mientras genera poco empleo, normalmente mal pagado y peligroso.
La minería metálica requiere enormes cantidades de agua en cada paso del proceso, compitiendo con la humanidad por este líquido tan vital para la vida. La mina promedio de Centroamérica utiliza más de un millón de litros de agua por día. La mina Marlín, en el departamento de San Marcos en Guatemala, es una de las más modernas en Centroamérica y utiliza más de seis millones de litros de agua por día; la mina Fénix, en Izabal, utiliza diariamente 13 veces la cantidad de agua requerida por los habitantes de la población cercana de El Estor. Solo en la etapa de exploración, la empresa canadiense Pacific Rim secó entre 2004 y 2007 más de 20 nacimientos naturales de agua en uso por las comunidades de San Isidro, en El Salvador, y nueve años de minería de oro y plata secaron 19 de los 23 ríos de Valle de Siria en Honduras.
La minería metálica, también, contamina el agua con sustancias tóxicas, como cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, arsénico, plomo, cadmio, magnesio y otros metales pesados que se quedan en las aguas miles de años después del cierre de la mina, generando una amenaza permanente a la salud de poblaciones cercanas. El cianuro es un químico que puede matar a un ser humano al consumirlo en cantidades menores a un granito de arroz. Fue utilizado en años anteriores en EE. UU. para ejecutar prisioneros condenados a la cámara de gas y fue utilizado por Hitler en la segunda guerra mundial para asesinar seis millones de judíos. Ha sido responsable por la destrucción en gran escala de la vida acuática en los ríos y lagos cerca de proyectos mineros alrededor del mundo y, aun así, las empresas mineras siguen usándolo en enormes cantidades (miles de galones diarios) para separar el oro de la broza en proyectos mineros.
Aun en países más avanzados, como EE. UU., donde existe una tecnología de lo más moderna con leyes y una institucionalidad fuerte que intentan minimizar el daño causado por esta industria, el mismo gobierno reconoce que la minería metálica contamina más de 30 mil millones de galones de agua dulce de los ríos y lagos en ese país cada año, generando gastos de limpieza permanente de unos $30 mil millones anuales.
El Salvador es un país que ya sufre de una profunda crisis hídrica en términos de calidad y cantidad, dejando al país con la menor disponibilidad de agua per cápita en Centroamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Según el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés), El Salvador está acercándose rápidamente a una situación de estrés hídrico, es decir que no habrá suficiente agua para responder a las necesidades de su ciudadanía. Es por esta razón que 79.5 % de la población encuestada en un sondeo de opinión pública de la UCA en 2015 opinaba que El Salvador no era un país apropiado para la minería metálica y 77 % de la población encuestada pensaba que el Gobierno debe prohibir esta industria.
Después de casi dos décadas de lucha social persistente, uniendo amplios sectores de la sociedad y priorizando los intereses de la nación sobre intereses mezquinos, la ciudadanía de El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en todas sus formas a nivel nacional. Esta victoria histórica reconoció que el desarrollo sostenible y la vida misma no eran factibles sin proteger los recursos naturales. Dio a El Salvador el honor de ser el primer país en el mundo de analizar los costos y beneficios de la minería metálica y ejercer su derecho a decir “No”.
Seis años después, este gran proyecto de unidad patriótica para la salvación del país está siendo amenazado por un Gobierno cercano a las empresas mineras transnacionales y en búsqueda desesperada de nuevas fuentes de ingreso para el Estado. Su retórica reconoce la importancia del medio ambiente, pero su práctica se basa en el paradigma de siempre, priorizando los intereses del gran capital con consignas como “el medio ambiente no puede detener el desarrollo”. Hay poco interés en la defensa del agua y de los ecosistemas por parte del Gobierno actual mientras la crisis hídrica sigue profundizándose. Los ríos más importantes se están secando, los acuíferos más estratégicos alrededor del país están agotándose y, según el mismo Ministerio de Medio Ambiente, más de 90 % de las aguas superficiales está gravemente contaminada.
En mayo de 2021, a pesar de tener una ley vigente que prohíbe la minería metálica, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo. En octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. El presupuesto de la nación para 2023 incluye $4.5 millones para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.
El norte de Cabañas ha sido por muchos años un punto de interés para empresas transnacionales para explotar oro y plata. Entre 2000 y 2017, empresas canadienses y australianas se toparon con la feroz oposición de comunidades afectadas hace una década. Por eso no extraña que en enero de este año el Gobierno encarcelara a cinco defensores de agua y opositores de la minería metálica pertenecientes a la ONG de desarrollo comunitario ADES y a la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas. Todos fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco de la guerra civil hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional aprobada el 23 de enero de 1992, una semana después de la firma de los Acuerdos de Paz, que todavía sigue vigente. Todos los capturados tienen una larga historia de lucha por el desarrollo sostenible en Cabañas, en defensa del agua y contra la minería metálica, dejando claro que la motivación real del Gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.
El 4 de marzo recién pasado, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos de la zona central se juntaron en la UCA en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país. El evento fue inaugurado por monseñor Escobar Alas, quien definió la lucha por el medio ambiente y en contra de la minería metálica como “una misión de Dios”. El evento se caracterizó por la unidad y el amplio consenso que siempre ha sido la fortaleza de la lucha antiminera en El Salvador y concluyó con la aseveración de que El Salvador no es un país apropiado para la industria minera y que el Gobierno actual debe respetar la ley de prohibición vigente. Con el intento de dialogar, se invitaron al evento representantes del Gobierno, incluyendo al ministro de Medio Ambiente, el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la procuradora Para la Defensa de los Derechos Humanos, pero ninguno asistió. Otra mala señal para el futuro.
Según un estudio de la PDDH en 2016, El Salvador tiene un futuro como país viable de solo 80 años si no cambiamos nuestra relación con el agua y con el medio ambiente en general. Dada la amenaza que la minería metálica representa para el agua, los bosques, el suelo y la vida misma, nadie que ame de verdad a El Salvador podría soñar con esta industria como vía para el desarrollo sostenible de este país. Nadie que piense seriamente en el futuro y la viabilidad del largo plazo podría optar por esta industria tan dañina para recursos naturales que ya están amenazados por el descuido y el mal manejo ambiental. La defensa vigorosa de los recursos naturales es el único camino hacia la viabilidad y el desarrollo sostenible. Las generaciones por nacer no tienen ni voz ni voto sobre los asuntos en discusión, así que dependen de las generaciones de hoy, especialmente las y los tomadores de decisiones sobre las políticas públicas, para defender su derecho a una vida sana, digna, próspera y sostenible.
Andrés McKinley tiene 50 años de experiencia en temas relacionados con el desarrollo sostenible en EEUU, África y América Latina. Posee una maestría en Administración de Salud y lleva más de dos décadas estudiando proyectos mineros y comunidades afectados por la minería en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Gana, Liberia, Senegal, Mali, Indonesia, Filipinas y EE. UU.
