Según estudios de opinión, como el Barómetro de las Américas (LAPOP) y el Latinobarómetro, la ciudadanía está cada vez más dispuesta a tolerar iniciativas autocráticas que gobiernen al margen de la ley y el Estado de Derecho con tal que se superen circunstancias de crisis o inseguridad. Un ejemplo de lo anterior es El Salvador, que recientemente entró a la lista de países con gobiernos autocráticos bajo la gestión de Nayib Bukele, un joven político (41 años) que llegó y se mantiene en el poder con amplio apoyo ciudadano, con mayoría en el órgano Legislativo, con respaldo en las altas cortes y en organismos que le podrían hacer control, cuestión que le ha permitido gobernar con importantes licencias y medidas de excepción para el combate a la criminalidad y la violencia de las pandillas que caracterizaba al país centroamericano. Esta oferta de seguridad y superación de las crisis económicas, políticas o sociales a cualquier costo es popular, pero un mal ejemplo peligroso.
Estas medidas han sido efectivas en términos de reducción de criminalidad y homicidios, ya que El Salvador pasó de tener una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a 17.6 en 2021 y en enero de 2023 llegó a 2 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, las medidas que han permitido llegar hasta ahí han sido bastante cuestionadas por su discrecionalidad, por fracturar el Estado de Derecho, anular las garantías al debido proceso y las denuncias de violación a los derechos humanos por las detenciones arbitrarias de presuntos pandilleros que casi llegan a 70 mil en un año.
Este relativo éxito en la reducción de la criminalidad ha llamado la atención en otros países de la región y el mundo, causando admiración en algunos sectores que lo ven como un ejemplo a seguir, desde luego, sin reflexionar en los altos costos en términos de garantías de protección de derechos humanos que conllevan estos resultados.
En días recientes, la Revista Semana (un reconocido medio de comunicación en Colombia), que ha mostrado distancia con el actual gobierno de orientación progresista, publicaba en su portada la imagen del presidente Nayib Bukele con el titular resaltado “El Milagro Bukele”, haciendo referencia a su alta popularidad y logros en el campo de la seguridad en El Salvador. Este titular de prensa llega en un momento en que las tensiones en redes sociales entre Bukele y el presidente de Colombia Gustavo Petro son cada vez más enconadas, hecho que la oposición de derecha colombiana ha aprovechado para manifestar su apoyo y admiración al proyecto bukelista.
Se debe recordar que Colombia es un país que se ha caracterizado por una tradición democrático-electoral estable; pero, en simultánea, ha convivido el conflicto interno armado, también estable y prolongado en el tiempo. Esto, de alguna manera, ha moldeado algunas posturas políticas conservadoras y la derechización del voto, que parece llegar a un punto de desgaste, ya que por primera vez en toda la vida republicana de Colombia llegó al poder Ejecutivo una propuesta política de centro-izquierda, encabezada por Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez.
De alguna manera, la amenaza constante a la seguridad ciudadana, derivada del prolongado conflicto interno, explica el apoyo de un amplio sector político y social en Colombia hacia Bukele y sus políticas que dan muestras de eficiencia en términos de seguridad; el problema es que nunca se repara en los métodos. Esto no es nuevo ni de extrañar, así como hoy se escuchan voces de admiración a Bukele, en el pasado también se hizo lo propio con Alberto Fujimori quien, entre 1990 y 2000, hizo a Perú transitar por el mismo camino autocrático.
En los años noventa y principio de los dos mil, Colombia pasó por una fuerte lucha contra los carteles de la droga y, posteriormente, padeció el fortalecimiento de las guerrillas y grupos paramilitares que deterioraba los indicadores de seguridad. Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fujimori en Perú destacaba por sus resultados en la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso, que también estuvo acompañado por denuncias de violación a los derechos humanos. En una visita que el expresidente peruano realizó a Colombia, con ocasión de la XIV cumbre de jefes de Estado del Grupo de Río en junio de 2020, recibió la admiración de una parte de asistentes al evento que le decían “Fujimori, te necesitamos” o “Aquí necesitamos un hombre como Fujimori”.
Luego del fracaso de uno de los intentos de diálogo con la guerrilla de las FARC (entre 1998 y 2002) y por el flagelo del conflicto interno, la admiración a este tipo de iniciativas llevó a las y los colombianos a elegir la opción política de “Mano firme, corazón grande”, encarnada en el expresidente Álvaro Uribe (en los períodos 2002-2006 y 2006-2010) que gozó de altos niveles de popularidad. También presentó la política de “seguridad democrática”, que consistió en la intensificación del combate militar contra la guerrilla, con importantes resultados en el debilitamiento de estos grupos armados.
Esto, a su vez, coincidió con el fortalecimiento de los grupos paramilitares en todo el territorio, los vínculos probados de estos con la clase política tradicional –conocido como el fenómeno de la parapolítica– y el incremento de violaciones de derechos humanos contra la población por parte de todos los actores en disputa. Estas violaciones a derechos humanos incluyeron la ejecución extrajudicial de miles de jóvenes, las cuales hicieron pasar por bajas en combate para obtener beneficios al interior de las fuerzas armadas y la sensación de ventaja en la lucha contra-insurgente (se conocieron como falsos positivos); hasta ahora se encuentran sin resolver.
La inseguridad, la violencia y la inestabilidad política son algunos de los grandes flagelos que aquejan a varios países de América Latina. Para una parte importante de la población y sectores políticos la solución está en las ofertas de liderazgos con discursos fuertes, firmes y que están dispuestos a todo para conseguir logros relevantes en estas áreas. Si bien bajar los niveles de violencia y criminalidad son deseables en la gestión de cualquier gobierno, el problema es lograrlo con métodos que se encuentren en los límites o desborden el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la protección a los derechos humanos de la población.
Seguramente frases como “importan más los derechos de la gente honrada que los derechos de los delincuentes” pueden ser bastante llamativas y tener un amplio respaldo en la ciudadanía, pero la concentración del poder, la violación de derechos humanos y la violencia estatal dejan una división persistente en las sociedades entre quienes se asumen beneficiarios de las mejoras en indicadores de seguridad y quienes terminan siendo vulnerados por esas mejoras a costa cualquier precio. Estas heridas son profundas y tardan mucho en sanar en los países que han optado por este camino.
Llama la atención que Perú, que no hace mucho pasó por una historia autocrática, se encuentra dividido entre quienes mantienen el apoyo a la figura de Fujimori –y su familia– y quienes ven la necesidad de pasar la página y superar esa parte de la historia política reciente del país. Aún hay voces que ante la presente inestabilidad política reclaman el retorno de liderazgos autocráticos afirmando que “Urge un Bukele para poner orden en Perú”.
El conflicto interno en Colombia ha dejado millones de víctimas por la violencia ejercida por diferentes grupos armados, incluido el Estado –con especial incremento en el periodo de la seguridad democrática—. Es en ese contexto en el que la población está dividida entre quienes añoran la figura del expresidente Uribe y su política de seguridad, y sectores contrarios a esa perspectiva; es probable que las odas y admiración a figuras autoritarias en otros países provengan de los primeros.
Vivimos en tiempos desafiantes para la democracia en América Latina y el mundo, y la insatisfacción con esta se ha convertido en un fenómeno extendido. La proporción de población que vive en autocracia en el mundo es muy grande y, lo peor, es que en muchos lugares se ha llegado a escenarios autocráticos con amplia aprobación y apoyo en las urnas de buena parte de la ciudadanía a liderazgos carismáticos como Bukele, Fujimori, Uribe, entre muchos otros en la región y el mundo, que presentan una oferta de seguridad y superación de las crisis económicas, políticas o sociales, a cualquier costo.
*Fabián Alejandro Acuña Villarraga es doctor en investigación en ciencias sociales en Flacso-México. Es investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirle en twitter como @acuna_fabian y en @ReformasLATAM
