Morena Herrera y Sara García encarnan el feminismo transgeneracional de El Salvador. La primera, guerrillera en los 80, fundó dos años antes de que se firmara la paz la organización que lideró el feminismo de posguerra: Las Dignas. En su escuela de debate inició su formación García, 26 años menor, hoy una de las cabezas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. En uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo, ambas trabajan juntas para promover reformas y garantizar la defensa legal de decenas de mujeres condenadas hasta a 30 años de cárcel por sufrir emergencias obstétricas.
Las dos son además representantes legales de la familia de Beatriz, una joven que en 2013 fue obligada por el Estado salvadoreño a dar a luz pese a que el feto era anencefálico —no tenía cerebro—, la salud de la madre peligraba porque padecía lupus, y los médicos del sistema público recomendaban interrumpir su embarazo. Diez años después, en El Salvador, el personal de salud sigue atado de manos al tratar casos similares.
Beatriz murió en 2017, pero su familia mantiene una demanda contra El Salvador por poner en riesgo su vida, que irá a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los días 22 y 23 de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estableció hace un año que el trato dado a Beatriz fue “cruel, inhumano y degradante”.
Herrera y García estuvieron hace pocos días en Washington para participar en un encuentro de la llamada “Ola verde de las Américas”, que por primera vez incluyó a organizaciones estadounidenses. Los pañuelos verdes, que del feminismo argentino saltaron en 2018 a toda Latinoamérica, empezaron a verse en Estados Unidos hace un año, cuando se filtró que la Corte Suprema planeaba revertir el fallo Roe vs Wade y terminar así con 50 años de protección del aborto legal a nivel federal.
En esta entrevista insisten en el valor ejemplar del caso de Beatriz, alertan de que en El Salvador siguen muriendo mujeres por la negativa a practicarles un aborto y denuncian que el presidente Nayib Bukele, que siendo candidato se pronunció a favor de legalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo para la vida de la madre, ha terminado aliándose con grupos internacionales ultraconservadores que se oponen a cualquier forma de aborto legal
Esos mismos grupos han activado una campaña alertando de que el fallo de la Corte Interamericana en el caso Beatriz puede convertirse en un nuevo Roe. Tal vez sea lo único en lo que coinciden con ellos los movimientos feministas, que aspiran a que esta resolución siente precedente y fuerce a revisar la legalización en El Salvador y otros países de la región.
Ustedes han convertido a Beatriz en un símbolo.
Morena Herrera: Es que lo es. En 2013, un día que fuimos al hospital, el médico que atendía a Beatriz me dijo: “Morena, tengo en este momento en la sala a 49 mujeres en situación de salud similar o peor que la suya, pero en el caso de Beatriz hay dos diferencias: una, que ella se decidió a hablar y mantuvo su petición de que se interrumpa el embarazo, y la segunda, que ustedes la apoyan y eso le da fuerza”.
La amenazaban y presionaban para que desistiera. Un día recibió una llamada de una integrante de la junta directiva de la organización Sí a la vida, y la puso en altavoz para que yo escuchara. Le dijeron: “si desistís de tu petición te ofrecemos llevarte a un hospital que va a ser como un hotel, para que tengas a tu niño ahí; te ofrecemos una casa; y te ofrecemos empleo para tu marido”. Tocaban necesidades esenciales: una casa y el empleo para su pareja, que era agricultor jornalero y ni siquiera trabajaba en su propia tierra. Pero ella dijo: “yo quiero vivir, no voy a desistir”.
¿Por qué creen que la familia ha seguido impulsando el caso incluso después de la muerte de Beatriz en 2017?
MH: Cuando le preguntamos a Beatriz qué esperaba del proceso nos dijo: “quiero atención a mi salud y a la de mi niño”, pero también dijo: “quiero que ninguna otra mujer viva lo que yo pasé”. La mamá estaba allí. Tiene la claridad de que Beatriz quería seguir.
Sara García: Y vivió todo lo que pasó en carne propia. El primer contacto que nosotras tuvimos con Beatriz fue en la comunidad donde ella vivía, y les preguntamos a ella y a su mamá si estaban de acuerdo con la recomendación de los médicos. Ambas dijeron que sí. Era el segundo embarazo de Beatriz, y ya en el primero estuvo a punto de morir, así que creo que la segunda vez todos los miedos avivaron. La mamá llegó a dar una conferencia de prensa para pedir que a su hija se le hiciera la interrupción.
¿Qué han pedido a la Corte Interamericana?
MH: Que se reconozca que se violaron los derechos de Beatriz. Y hemos trabajado con la familia una petición de reparación económica por los días que no trabajaron para apoyarla, y por algunos daños de salud y emocionales. Pero lo que la mamá quiere es que se escuche la petición de su hija de que esto no les pase a otras mujeres.
Si la Corte resuelve a favor de la demanda, ¿esperan que ordene algún cambio de legislación?
MH: Tiene competencia para hacerlo. Nosotras aspiramos a que sus indicaciones sean lo más amplias y específicas posible, porque el Estado salvadoreño es muy evasivo a la hora de cumplir con este tipo de responsabilidades. Por ejemplo, en su sentencia de noviembre de 2021 sobre el caso Manuela , la Corte ordena al Estado salvadoreño implementar un programa de educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos. El gobierno dice que en 2022 han entrado a un proceso de “introspección”, para revisar los contenidos de esa formación, cuando en la práctica, por presiones de grupos que no apoyan los derechos de las mujeres, han eliminado todo lo que había en educación integral en sexualidad. Incluso han quitado de los indicadores de avance en los programas lectivos el hecho de que las niñas y los niños conozcan las distintas partes de su cuerpo.
¿Tras la sentencia ha habido retrocesos?
MH: En ese punto, El Salvador ha retrocedido.
En casos como el de Beatriz, uno de los argumentos del Estado es que su prioridad es salvar las dos vidas. ¿Creen que se repetirá ese argumento ante la Corte Interamericana?
MH: Nosotras insistimos en que el esfuerzo de salvar las dos vidas debe hacerse siempre cuando eso sea lo que quiere la mujer, pero exigimos que en el caso de que la mujer diga que quiere salvaguardar su vida, su salud, se escuche esa voz. Y el Estado también argumenta que en El Salvador no hay penalización absoluta del aborto porque el artículo 27 en el Código Penal reconoce la defensa propia, pero saben perfectamente que eso no aplica a los casos de aborto porque la intervención requiere una autorización previa. Dicen también que Beatriz no estaba en riesgo inminente de muerte. Y hay una manipulación aún mayor, porque dicen además que la demanda contra el Estado es por haber dejado nacer a su hija.
SG: El Estado tergiversa. Tratan de presentar la anencefalia como una discapacidad, al sugerir que se pedía la interrupción del embarazo de Beatriz porque el feto era discapacitado. Pero ya hubo por parte de la misma Corte Interamericana un reconocimiento de la violación de sus derechos, con las medidas cautelares y las medidas provisionales que se ordenaron en 2013. Es un reconocimiento de que lo que vivió Beatriz es violencia y es necesario generar medidas de no repetición. Aunque el Estado diga que a Beatriz se le dio la atención idónea durante los 81 días que estuvo hospitalizada.
¿No fue así?
MH: Hay una manipulación de cómo ocurrieron las cosas. El Estado dice que incluso le dieron permiso para salir del hospital a ver a su pareja y a su hijo algunos fines de semana, pero eso no fue iniciativa del gobierno. Ella decía “yo voy a salir sea como sea”, y los médicos le exigían firmar un alta voluntaria para descargarse de responsabilidad, así que fuimos nosotras a hablar con la entonces ministra de Salud, María Isabel Rodríguez. Ella decía, “¿Por qué los médicos no la dejan salir?”, y le explicamos que en El Salvador no existe la figura del permiso temporal a los pacientes que estén en condiciones de recibirlos. Y dijo, “Esta tarde voy a indicar que le den ese permiso, con la condición de que acuda al hospital más cercano si se encuentra mal”. Así se hizo. Ahora ellos lo presentan como ejemplo de la atención emocional que dieron a Beatriz.
Parece que en materia de aborto el Estado Salvadoreño, incluso el gobierno de aquel momento, tuviera múltiples personalidades.
SG: Así es, porque también fue el Estado, a través de sus médicos, el primero que recomendó la interrupción del embarazo de Beatriz. Quince médicos especialistas del sistema público de Salud apoyaron esa decisión.
¿Ha evolucionado la postura del Estado salvadoreño sobre el aborto en los últimos diez años?
MH: Depende de cómo interpretemos el Estado. La mayoría de médicos y médicas están de acuerdo con la demanda de Beatriz, porque enfrentan cada día las limitaciones que les impone la ley para atender adecuadamente a las pacientes. Pero tienen más miedo a expresarlo que antes. Aun así, cuando alguna mujer llega a un hospital con una emergencia obstétrica y es denunciada, muchas nos avisan y ahí corren nuestras compañeras abogadas a defender a esa mujeres.
Pero por otro lado está la cúpula del ministerio de Salud. Yo creo que con la doctora Rodríguez había incluso un compromiso de cambiar la ley. Luego, cuando en 2014 llega la doctora Violeta Menjívar, que siendo diputada había votado en 1998 por la reforma constitucional, eso baja. Pero aún así tuvimos conversaciones francas con ella.
SG: La causal salud la estuvimos estudiando con Menjívar. Y fue bajo su mandato que organizaciones de sociedad civil presentaron propuestas de despenalización del aborto en cuatro o dos causales.
MH: Y nos daban acceso a información. Por ejemplo, en ese periodo comprobamos con datos oficiales que el suicidio era la primera causal de muerte materna en las adolescentes. Con el actual ministro de salud ni siquiera tenemos acceso a información.
¿El Ministerio de Salud les niega información estadística?
MH: Igual que ya no hay acceso a información pública en otros campos. Tampoco hemos podido tener ninguna reunión con el Ministerio, salvo para el cumplimiento de las medidas en reparación y atención médica a la familia de Manuela.
SG: En la Asamblea Legislativa, cuando se presentó la propuesta de reforma legal “Beatriz” , bautizada así para honrar su memoria, dos diputados ―Anabel Belloso, del FMLN, y Johnny Wright, de Nuestro Tiempo― le dieron iniciativa de ley, pero no estuvo ni dos semanas en la Comisión de Legislación y fue archivada con el único argumento de que el artículo uno de la Constitución establece la protección de la vida desde el instante de la concepción. Ni diálogo, ni escuchar... pese a que la reforma retomaba las causales mínimas: razones de salud, riesgo para la vida, violencia sexual...
En los últimos años varias decenas de mujeres han sido liberadas o amnistiadas después de recibir condenas de cárcel bajo la acusación de haber interrumpido su embarazo. ¿Es una señal de que se ha abierto una ventana política u otra contradicción del Estado?
MH: Es el resultado de que hemos explorado todos y cada uno de los caminos posibles para liberar a esas mujeres. Hemos impulsado revisiones de sentencia, conmutaciones de pena, indultos, beneficios penitenciarios, acreditación de días de trabajo mientras estaban encarceladas... Hay quien nos reclama que el indulto y la conmutación de pena no reconocen que esas mujeres no cometieron un delito, pero cuando hablamos con ellas nos dicen que lo que les importa es salir.
Hace tiempo el embajador anterior de la Unión Europea, Andreu Bassols, nos dijo, “El Salvador se conoce fuera del país por dos cosas: uno, las pandillas, y dos, este encarcelamiento de mujeres”. La diferencia, nos dijo, es que el problema de las pandillas es de difícil solución, pero la libertad de las mujeres solo depende de la voluntad política. Yo estoy segura de que habló de ese tema con el presidente. Incluso sabemos que algunos diplomáticos hablaron con el presidente Bukele y él les dijo, “No voy a cambiar la ley, pero sí voy a dar la libertad a las mujeres criminalizadas”.
Percibimos esa voluntad política en conversaciones que tuvimos, después de presionar mucho, con el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Con él empezamos a analizar caso por caso, en reuniones no públicas, y se vio movimiento. Pero al mismo tiempo el Ministerio de Salud no ha transmitido una orden para que no se aprese a las mujeres que llegan a hospitales con complicaciones. Así como hay médicos que nos avisan los hay que las denuncian.
En cuanto al sistema judicial, algunos jueces están demostrando apertura y ya hay fallos que citan la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Manuela y el derecho de las mujeres a que el personal médico guarde secreto profesional [ante episodios en los que el personal del hospital alerta a las autoridades cuando detecta en las pacientes indicios de un aborto]. Por otro lado, la Fiscalía es la institución más draconiana: cuando un juez dice “no tengo razones para mandar a esta mujer a la cárcel”, la Fiscalía apela. Es un juego de contradicciones. Mientras no haya una posición clara por parte de los tres poderes del Estado, no se puede garantizar que no habrá más mujeres condenadas.
Si el Gobierno actual hizo algunos esfuerzos por liberar a esas mujeres, significa que reconoce en parte que se está cometiendo una injusticia. ¿A qué atribuyen entonces que el presidente insista en que no va a cambiar la ley?
MH: A sus alianzas con sectores eclesiásticos, evangélicos y católicos. O a un mal cálculo electoral. Piensa que reformar la ley le restaría votos.
SG: El retroceso en la educación sexual en las escuelas coincidió con la semana en la que la jerarquía de la Iglesia católica mostró su respaldo a la reelección presidencial. Hay una clara vinculación. Esto a pesar de que Nayib, cuando era candidato, defendía la causal de riesgo para la vida de la madre . Luego ha tenido un discurso más restrictivo.
¿Qué creen que pasó con el Bukele que en campaña, e incluso en sus primeras semanas en el poder, se presentaba como feminista y presumió de tener un gobierno paritario?
MH: En su programa electoral, el Plan Cuscatlán, Bukele retomó casi íntegra la plataforma “nada para nosotras sin nosotras” que habíamos elaborado un montón de organizaciones. Fue la primera vez que un candidato a la presidencia con posibilidades reales de ganar retomaba las demandas de las mujeres. Pero era un mecanismo mediático, sin un compromiso real.
Luego llegaron los condicionantes externos. Bukele ha terminado por establecer vínculos con sectores internacionales aún más conservadores de lo que ya era la derecha en El Salvador. Cuando se dio el caso de Beatriz, Bukele tuiteó que quienes se negaron a hacer el procedimiento a Beatriz eran “fanáticos” . Y cuando la Sala de lo Constitucional negó a Beatriz el amparo, Nayib escribió que el único voto disidente, el de Florentín Meléndez, había sido “la voz de la cordura”. Es obvio que se ha movido, en términos políticos.
SG: Esos grupos están impulsando una campaña para deslegitimar a la Corte Interamericana, el más alto tribunal de las Américas. Cuestionan su financiamiento, lo acusan de colonización ideológica, atacan a todo el sistema interamericano diciendo que la Comisión tiene una agenda que quiere cambiar las legislaciones nacionales en materia de aborto.
¿No es ese uno de los posibles efectos de una sentencia favorable en el caso Beatriz?
MH: Las resoluciones de la Corte pueden ser aplicadas en otros países por jurisprudencia, y servir como guía para la legislación en otros países por control de convencionalidad. Así funciona el sistema interamericano de Derechos Humanos. Por eso los grupos antiderechos han lanzado una campaña llamada “No next Roe”, en la que equiparan el caso de Beatriz con el caso Roe vs Wade y lo colocan en un nivel que va más allá de El Salvador. Los jueces y juezas de la Corte están ante una enorme responsabilidad de establecer una sentencia justa para todas las mujeres del continente.
SG: Esa campaña la impulsa un grupo que se autodenomina “Global Center for Human Rights”, que dice que el aborto no es salud y lo considera colonización ideológica. Una dirigente de esa organización participó incluso en una delegación del gobierno de El Salvador en la más reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pero es llamativo que estas organizaciones y el Estado hablan del feto como una vida, pero se refieren poco a los hechos de lo que sucedió en el caso de Beatriz, omiten que era su segundo embarazo, no aterrizan en las irregularidades que en 2013 no solo señalamos las organizaciones, sino sus médicos, la comunidad internacional y el mismo sistema interamericano.
Y tampoco hablan de que aquello sigue pasando. Ahora mismo estamos acompañando legalmente el caso de una mujer con un embarazo ectópico que no recibió la atención idónea y falleció. En El Salvador hay mujeres que siguen muriendo por esta injusticia.
