Nayib Bukele ha mantenido al país en estado de excepción durante 12 meses. Esta situación ha ido acompañada de una serie de reformas legales que marcan graves retrocesos en torno a garantías y derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República y tratados internacionales. El estado de excepción y las reformas realizadas se han convertido en trampas legales que le permiten detener de manera arbitraria y mandar a prisión a decenas de miles de personas, cargadas de un discurso de estigma y presunción de culpabilidad. Cualquiera puede mostrarse con firmeza cuando elimina cada control del Estado, reserva información, reduce la transparencia y rehúye de la rendición de cuentas.
En tres años Bukele acumula ya dos estados de excepción para poder atender los problemas del país. La primera vez durante la pandemia provocada por COVID-19 y luego ante la tercera alza de homicidios provocada por las pandillas durante su gestión. En ambas ocasiones el presidente ha insistido que la única forma de abordar estas emergencias es a través de la instalación de un régimen que restrinja los derechos de toda la población. La Fiscalía, en complicidad con la Policía Nacional Civil, han detenido a miles de personas sin mayor fundamento, basando estas detenciones en denuncias anónimas, antecedentes penales de gente que ya había cumplido su pena, tatuajes o por, simplemente, vivir en zonas empobrecidas.
El presidente vende esta solución como la que no se atrevieron a ejecutar los gobiernos anteriores, por complicidad o negligencia. La supuesta firmeza y mano dura del presidente Bukele, sin embargo, se basa en dos debilidades: primero, su desesperación por ocultar y atender la crisis de violencia que provocó el quiebre de la negociación de su gobierno con las tres principales pandillas en El Salvador, siendo la ruptura de este diálogo lo que generó el alza de homicidios de marzo de 2022. Segundo, su mano dura, como la de Arena y del FMLN, es indiscriminada, represiva, violatoria de derechos humanos y contraria al sistema democrático que parece despreciar tanto.
Francisco Flores detuvo a más de 19 mil personas durante los primeros meses de su Plan Mano Dura y Ley Antimaras en 2003. De manera casi inmediata, se liberaron a más de 17 mil personas luego de unos meses en prisión, ya que ni la Fiscalía ni la Policía había presentado pruebas suficientes en contra de estas personas. La mayoría de las detenciones de estas personas se basaban en prejuicios y estigmas sociales, especialmente de población de zonas afectadas por la pobreza y la exclusión.
Bukele no tiene nuevas ideas, solo repite y agrava las políticas manoduristas más populistas y superficiales de los gobiernos de Arena. Además, como el FMLN, esconde sus negociaciones con líderes pandilleriles que le permitieron adjudicarse el descenso de homicidios durante casi tres años de su gestión.
Si los gobiernos anteriores no aprobaron un estado de excepción y reformaron las leyes para hacer legal lo ilegal fue por falta de cinismo y residuos de vergüenza. Bukele no es un presidente efectivo, es un presidente abusivo y sin controles que basa los resultados de su gobierno en el populismo más profundo de los liderazgos de la región.
Los grandes gestos populistas se sostienen sobre medidas superficiales que generalmente provocan otros problemas. Además, estas medidas tienden a venderse como costos necesarios para un fin mayor: la seguridad que no teníamos. Bukele apuesta a que la población normalice la restricción de derechos y libertades para que pueda alcanzar la tan deseada seguridad, cuando su obligación es construir esa seguridad garantizando los derechos de la gente, no limitándolos.
El presidente ha hecho uso del régimen de excepción no solo para naturalizar la limitación de derechos, sino también para ganar réditos políticos frente a las elecciones de 2024. Las estrategias manoduristas son las políticas populistas por excelencia. ARENA utilizó el Plan Mano Dura para ganar las elecciones de 2004, luego de una pérdida de popularidad y movilizaciones sociales en contra del expresidente Francisco Flores. La campaña de Antonio Saca, donde sobresalía su Plan Super Mano Dura, era una estrategia mediática que buscaba posicionar nuevamente a ARENA como un partido firme y duro que podía enfrentar al enemigo hecho a la medida: las pandillas. El FMLN también aplicó la mano dura ante las pandillas, a finales del gobierno de Mauricio Funes y ante las elecciones de 2014 el Frente cambió de estrategia y abandonó la tregua entre pandillas y el gobierno para optar por la represión, lo cual permitió mejorar la imagen de un gobierno poco popular como el de Sánchez Cerén.
Ahora nos enfrentamos a las elecciones de 2024 en medio de otra guerra contra las pandillas, donde los ensayos populistas de ARENA y el FMLN han sido mejorados en estrategia mediática y profundizados en retrocesos democráticos. El estado de excepción le es útil a Bukele frente a unas elecciones donde debe consolidar el respaldo popular frente a una evidente violación a la constitución cuando este se inscriba como candidato. Necesita el respaldo popular porque su reelección será inconstitucional e ilegal. Vender seguridad y mantener en restricción permanente de derechos a toda la población es parte de la fórmula que le ayudará a sostenerse en dicha ilegalidad.
El personaje de Bukele se ha convertido no solo en el populista por excelencia, el que cuenta con la mayor popularidad registrada en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, también se ha convertido en el modelo a seguir –o bien la excusa perfecta– de los liderazgos de la región para explorar sus facetas autoritarias y dar respuesta rápida y superficial a problemas complejos que son incapaces de resolver. Bukele no solo es una amenaza a la rudimentaria democracia en El Salvador, es un ejemplo para liderazgos populistas de Latinoamérica que no pretenden construir cimientos democráticos ni atender con seriedad los problemas más urgentes y profundos de nuestros países. Todo lo contrario, buscan levantar bases para la acumulación y permanencia en el poder.
El populista es el único puro y honesto que no tiene agenda, más que la del pueblo mismo. El discurso contra los medios, las organizaciones, incluso contra Estados Unidos, se basa en reducir la credibilidad de quienes señalan sus faltas para que estas no sean válidas ni creíbles. La fórmula asocia a estas voces críticas a una agenda oculta que va en contra de los intereses del país.
En ese escenario Bukele explotará las supuestas ventajas del estado de excepción hasta las últimas gotas de beneficio propio que pueda exprimir. Sus replicadores asociarán tantas veces como les sea posible el régimen de excepción con la reducción de delitos y la lucha contra las pandillas, y la población seguirá asentando la idea de que para solucionar la violencia de las pandillas es necesario restringir nuestros derechos, limitar nuestras libertades y acceder a los abusos del Estado-Bukele. Entonces los abusos de la policía se normalizarán, se entienden como parte de su deber. Se acostumbra a tener a militares rodeándonos en conciertos, en la playa, fuera de nuestra casa, alrededor de la escuela. Se explica desde la ausencia ética que las más de 4 mil denuncias de violaciones a derechos humanos son un pequeño margen de error imposible de evitar, que las más de 100 personas muertas bajo custodia del Estado son costos que hay que asumir. Se ayuda a consolidar un Estado abusivo y sin límites que muy probablemente algún día llegue también a nuestra casa y nos convierta en margen de error.
*Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
