Han pasado casi cuatro meses desde que la Asamblea aprobó la reforma al sistema de pensiones. La medida ha sido innegablemente beneficiosa para una gran parte de las personas jubiladas y eso respalda su popularidad, el problema es que la reforma se concentró en incrementar las pensiones sin ofrecer evidencia suficiente o garantías de su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Una reciente encuesta de FUNDAUNGO, publicada en marzo de 2023, abordó el nivel de aprobación ciudadana en torno a la reforma al sistema de pensiones. En general, aproximadamente 7 de cada 10 salvadoreñas y salvadoreños entrevistados consideró que las medidas aprobadas son muy positivas o positivas; solo para un 14 % son negativas o muy negativas. Por su parte, el 1.9 % las consideró como regulares y el 15.7 % decidió no contestar a la interrogante.
En otras palabras, el sondeo muestra que la reforma es altamente popular, especialmente entre las personas de 18 a 29 años (cerca de 80 %). Sin embargo, es relevante reflexionar sobre qué tanto conocimiento tiene la población sobre el funcionamiento del actual sistema de pensiones, el contenido de la reforma y la disponibilidad de información para que la población defina una postura sustentada.
La encuesta antes citada consultó a las personas si conocían, por ejemplo, el porcentaje de cotización a cargo de la persona empleada, que desde la reforma de 2017 es 7.25 %. Los resultados mostraron que solo 1.4 % conocía tal indicador y apenas un 4.7 % brindó una respuesta cercana a la tasa correcta. La gran mayoría, 7 de cada 10 personas (69.8 %), declaró no saber la respuesta o decidió mejor no contestar a la interrogante.
Al consultar a la población su nivel de conocimiento sobre el contenido de las modificaciones implementadas al sistema de pensiones con la reforma de 2022, el 32.1 % dijo conocer poco y más de la mitad (53.4 %) declaró no saber absolutamente nada del contenido de la reforma. En otras palabras, la mayoría de personas desconoce cómo funciona el sistema de pensiones y las medidas puntuales implementadas en la reforma de 2022.
Acá vale la pena preguntarse por qué la reforma al sistema de pensiones es tan aceptada por una amplia mayoría de las personas encuestadas, pese a que la mayoría de la población desconoce el funcionamiento y contenido de la reforma recién aprobada.
Una posible hipótesis tras esta paradoja, desde una arista previsional, radica en los bajos niveles de cobertura: solo la cuarta parte de la población trabajadora y la sexta parte de la población adulta mayor cuenta con cobertura previsional. Al ser un tema de nación que, en esencia, excluye a la mayoría de las personas, es esperado que muchas personas desconozcan el funcionamiento del sistema de pensiones y que no les interesen estas discusiones. Por esto es tan importante establecer medidas para extender la cobertura del sistema de pensiones, aspecto que estuvo totalmente ausente de la actual reforma. No hay reforma integral sin medidas explícitas para ampliar la cobertura.
Por otro lado, cualquier reforma así de compleja requiere su respaldo mediante estudios actuariales, los cuales permiten verificar que los montos de pensión que ofrece el sistema son financieramente sostenibles en el futuro, para que posteriormente puedan ser interpretados por analistas que traduzcan sus hallazgos en mensajes sencillos a la población. Un estudio de Mesa-Lago y Rivera, publicado en 2020 por la CEPAL, señala no solo la necesidad de realizar análisis actuariales, sino que “estos estudios deben hacerse públicos, difundirse y simplificar sus conclusiones y recomendaciones, para que puedan ser entendidos por la población y ser discutidos, como condición legalmente obligatoria antes de cualquier reforma del sistema”. Sin embargo, la Superintendencia del Sistema Financiero declaró estos estudios como información reservada el 15 de diciembre de 2022, cinco días antes de la aprobación de la ley.
Es importante conocer los escenarios financieros que plantean estos estudios actuariales, porque permiten medir qué tan sostenible es el aumento de las pensiones en el largo plazo. Si no existe sostenibilidad financiera garantizada, las pensiones de las próximas generaciones –la de los millennials o personas que nacieron entre 1980 y 1996– podrían verse perjudicadas y el Estado tendría que intervenir en un futuro no tan lejano, posiblemente mediante la inyección de ingresos públicos que están conformados, en su mayoría, por aportes de personas que jamás han cotizado al sistema de pensiones.
Por tal razón, es imprescindible que los estudios actuariales se pongan a escrutinio público. Si no disponemos de esta y otra información será imposible que como ciudadanía podamos dar seguimiento a los desafíos y oportunidades del sistema de pensiones. Y, para desempeñar este seguimiento, resulta imperante la educación previsional que debe ser liderada por el Gobierno y apoyada por instituciones expertas que conocen de esta problemática.
No puede haber una reforma integral sin educación previsional. Sin ella corremos el riesgo de que el sistema de pensiones continúe con su carácter excluyente y que la bomba de tiempo enquistada en su sostenibilidad financiera explote más pronto de lo esperado.
*Carlos Eduardo Argueta es máster en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Estadística Aplicada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Desde 2015 es investigador en temas económicos y sociales.
