El anuncio del gobierno hondureño de que pretende reformar los incentivos fiscales y exoneraciones para empresas nacionales y extranjeras recibió de la embajadora estadounidense Laura Dogu una respuesta innecesariamente dura. Su condena inmediata y sus afirmaciones de que la presidenta Xiomara Castro 'está enviando a las empresas un mensaje claro de que deben invertir en otros lugares' y 'el Congreso de los Estados Unidos está preocupado por el tratamiento a los inversionistas extranjeros' son desproporcionadas e injustas.
Más recientemente, en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la embajadora expresó su preocupación por que la propuesta de Ley de Justicia Fiscal afecte a la creación de empleo y el crecimiento, alegando que los costos de energía y mano de obra ya eran 'demasiado altos' en el país. Los partidos de oposición le hicieron coro rápidamente atacando las reformas. La bancada del Partido Nacional, por ejemplo, afirmó imprudentemente que la reforma tributaria propuesta pondría en riesgo miles de empleos y posiblemente gravaría las remesas. Los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) calificaron la futura Ley de Justicia Tributaria como peligrosa y una 'masacre contra las empresas del sector privado que crean la mayor cantidad de empleos'.
Son observaciones innecesarias y alarmistas. El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido una revisión de las exenciones fiscales en Honduras. En lugar de sembrar el miedo, Estados Unidos y la oposición hondureña deberían considerar las acciones de la administración Castro muestra de una gestión fiscal sólida y responsable.
También deberían analizar detenidamente los hechos: Honduras tiene una larga historia de otorgar privilegios fiscales a empresas nacionales e internacionales desde la década de los 70 con la ZOLI (Ley de Zonas Francas) en 1976, el RIT (Régimen de Importaciones Temporales) en 1984, y el ZIP (Zonas Industriales de Procesamiento de Exportaciones) en 1987. Hoy en día hay un total de 19 regímenes especiales que cubren varios sectores, nueve de ellos creados después del golpe de estado de 2009. Por lo general, además, cuando expira el plazo de alguno de estos beneficios las empresas pasan a un nuevo régimen de excepción fiscal, o el Congreso reforma los regímenes existentes para extender su duración. Por ejemplo, en 2020 el beneficio para las empresas bajo el régimen ZOLI se amplió por 25 años más, es decir, hasta 2045. La Asociación Hondureña de Maquilas se jacta en su sitio web de que sus empresas no tienen que pagar ningún impuesto sobre la renta, municipal, o de venta, y están exentas de impuestos sobre los combustibles derivados del petróleo utilizados para la producción.
Según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en las últimas décadas Honduras aprobó tratamientos tributarios diferenciados en más de 100 leyes, como resultado de un fuerte cabildeo por parte de un pequeño grupo de personas.
Tanto Estados Unidos como las empresas privadas hondureñas han argumentado que los regímenes fiscales son necesarios para atraer inversiones a fin de crear empleos y aliviar la pobreza. Las exoneraciones fiscales son, sin duda, una herramienta para apoyar a las industrias incubadoras y alcanzar objetivos políticos para el desarrollo. Pero la realidad demuestra que en el caso de Honduras esto no ha ocurrido.
Un análisis sobre exenciones fiscales realizado por el Servicio de Administración de Ingresos (SAR) de Honduras, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el ICEFI, encontró que muchos de los objetivos de desarrollo o empleo detrás de las exenciones nunca se han cumplido. Por ejemplo, las empresas beneficiarias de exenciones fiscales emplearon en 2021 a 246,000 personas, lo que representa solo el 6 % de la población económicamente activa de 4,313,000. Las compañías de energía eléctrica recibieron incentivos para reducir los costos de la producción de este servicio, sin embargo, como señaló recientemente la misma embajadora de Estados Unidos, los costos de energía en Honduras siguen siendo los más altos de la región. Además, combustible importado con exoneración de impuestos fue posteriormente revendido en el mercado negro; el 40 % de las empresas que se benefician de exenciones para los productos destinados a la exportación terminaron vendiendo esos productos en el mercado local, creando prácticas comerciales desleales. Por último, el análisis señala que las empresas cuyas declaraciones muestran un incumplimiento de las normas fiscales no son investigadas ni sancionadas.
Un informe aún más condenatorio, publicado por ICEFI en 2022, encontró que estas exenciones han causado una distorsión que supera el impacto de la corrupción, la evasión fiscal y la debilidad administrativa. Entre 2019 y 2021 solo 25 grupos económicos (13 familias locales y 12 empresas transnacionales) recibieron el 66.8 % de las utilidades de este sistema a través de 142 empresas, un equivalente a 30,791 millones de lempiras ($1,253 millones de dólares). Entre ellas se encuentran compañías como Dinant, propiedad de la rica familia Facussé, Cargill o Chiquita Honduras. El 33 % restante se divide entre 7,000 empresas. Una sola empresa recibe de hecho el 10 % del beneficio total del sistema de exenciones. Para poner el dato en perspectiva, los privilegios fiscales en Honduras, en 2020, representaron un 35 % de la carga tributaria, el porcentaje más alto de toda América Latina, donde el promedio es del 22%.
De aprobarse, la Ley de Justicia Fiscal del gobierno de Castro impondrá un límite de diez años a los regímenes de exención en lugar de permitir vacaciones fiscales para una minoría; revocará los beneficios en diez regímenes de exención de impuestos en los que se han detectado abusos; establecerá marcos regulatorios e institucionales para controlar esos abusos, incluidas auditorías; creará dos nuevos regímenes de exención de impuestos diseñados para desarrollar la industria nacional y atraer inversión extranjera mediante prácticas reconocidas internacionalmente; prevendrá la evasión fiscal legal eliminando la condonación de deudas tributarias; establecerá una mayor transparencia fiscal mediante la ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua de la OCDE; y requerirá que los principales beneficiarios sean nombrados, para evitar que se oculten tras complejas cadenas de propiedad que ocultan las ganancias reales, para así evitar la evasión fiscal.
En paralelo, el Gobierno también está proponiendo una reforma constitucional que haría progresiva la recaudación de impuestos y requeriría que aquellos con los mayores ingresos paguen más, en lugar de colocar la carga tributaria en la mayoría pobre. De aprobarse, se espera que la nueva ley tributaria aumente los ingresos fiscales, proporcionando al Gobierno recursos para financiar programas de desarrollo y satisfacer necesidades sociales, de forma que menos hondureños se vean obligados a migrar en busca de una vida mejor.
Abordar las causas fundamentales de la migración ha sido una política prioritaria de la administración Biden hacia Centroamérica. Un pilar clave de esa estrategia es luchar contra la corrupción, debido a su papel en la erosión de la confianza pública en la democracia y el impacto del robo de las arcas del Gobierno de recursos necesarios para implementar políticas educativas, responder a crisis de salud pública o establecer entornos comerciales equitativos. A través de la propuesta de Ley de Justicia Fiscal, el gobierno hondureño está abordando la corrupción y tratando de poner al país en una base financiera más sólida. Estados Unidos no solo debe aplaudir en voz alta esta iniciativa; la Embajada debería ofrecer asesoría y asistencia técnica para su implementación.
*Vicki Gass es Directora Ejecutiva del Latin America Working Group (LAWG), coalición de organizaciones de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C. Gass vivió en El Salvador y Honduras, y ha desempeñado distintos cargos relacionados con justicia social y económica en Centroamérica desde 1984, entre ellos los de directora del programa de Derechos y Desarrollo en WOLA y el de asesora senior para Centroamérica y México en Oxfam America.
