En Guatemala el Cacif es a la vez una organización y un concepto. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras es la gran gremial de gremiales, vocera histórica del sector privado en uno de los países más desiguales y excluyentes del mundo. Pero sobre todo simboliza el enorme poder económico e influencia política de muchos de sus dirigentes.
Un poder a menudo corruptor en un país que no ha depurado la complicidad de empresarios en el genocidio, y en el que los partidos políticos nacen y mueren campaña a campaña dependiendo de quién los financia. Un poder que fue clave para la expulsión en 2019 de la Cicig y que se resiste a condenar la actual persecución de fiscales, jueces y periodistas independientes en el país.
Ignacio Lejárraga es banquero y preside la organización desde hace apenas unos meses. Quien le conoce dice que es un buen hombre, honesto. En esta entrevista se esfuerza tanto por no tomar postura en temas cruciales, por evitar cualquier polémica, por no nombrar culpables o reconocer inocentes en la crisis democrática del país, que al final resulta difícil saber si las ideas que defiende son del todo suyas o aquellas que, por el cargo, se permite expresar.
Antes de que se encienda la grabadora aclara que el Cacif es una suma de organizaciones y a veces, cuando no se pronuncia, no es porque no tenga qué decir sino porque no hay acuerdo entre todas sus cámaras. La suma de todos los silencios y equilibrios que vienen a continuación pueden deberse a eso, a que el sector privado guatemalteco está dividido —quién sabe si enfrentado—, no solo por la campaña electoral sino porque los niveles de descomposición institucional del país empiezan a alarmar incluso en las filas conservadoras.
Otra posibilidad es que sean silencios de debilidad y desconcierto. Las equidistancias de una gremial que no quiere ganarse enemigos mientras pierde terreno frente a otros capitales, frente a nuevos actores políticos y financieros más agresivos aún, más salvajes.
¿Qué le parece la democracia guatemalteca?
Para empezar hay democracia, lo que a mi criterio es importante. Tienes en el poder a una persona que fue electa y estamos en un proceso de cambio que surtirá efectos en enero de 2024. Desde ese punto de vista, Guatemala continúa en democracia.
Desde el punto de vista electoral.
Así es. La democracia son dos cosas: una, que los tres poderes sean independientes uno del otro, y la segunda es la alternancia, o al menos un proceso de elección cada cierto tiempo. En el caso de Guatemala no puede repetir un mismo presidente, aunque sí un mismo partido, cosa que nunca ha sucedido. Del segundo elemento, el de la alternancia, te diría que estamos en la lucha por que el proceso esté bien.
Luego volveremos al tema electoral. ¿Usted cree que en este momento hay independencia de poderes en Guatemala? ¿El sistema de Justicia es independiente?
El sistema de Justicia necesitaría tener el cambio de autoridades, que ya tocaba hace un tiempo y no ha podido tenerlo. Eso es importante. Y a ver, nos toca respetar la Constitución: es el poder legislativo el que escoge las nuevas autoridades y en el Congreso no han logrado todavía ponerse de acuerdo todos, o no han querido. No te puedo decir por qué, no lo sé ni tengo una opinión, pero no lo han hecho.
Se está centrando en lo procedimental, pero a la falta de renovación de la Corte Suprema y los cuestionamientos al proceso de selección de la de Constitucionalidad podemos añadir las acusaciones de corrupción contra la Fiscalía y el proceso de criminalización de fiscales y jueces. ¿Usted cree que la justicia en Guatemala actúa con independencia del poder político?
Sinceramente, no podría responder. Lo que sí puedo decir es que a la justicia en este país le falta muchísimo para funcionar. Eso es una realidad. En lo personal, me tocó estar nueve años en medio de un proceso que se tendría que haber resuelto en un plazo muy corto. Es un reflejo de que las cosas no funcionan. ¿Que puede además haber jueces a los que puedes ofrecer [sobornos]? Nunca he estado ahí para decírtelo, pero es posible. ¿Que haya una influencia del Congreso y para muchas de las autorizaciones, aprobaciones y demás podríamos decir que éste está de acuerdo con el Ejecutivo en algún sentido? No podemos negar eso. Si estás en el Ejecutivo y tienes mayoría en el Congreso ya tienes de alguna manera dos de los poderes amarrados. Pasa también en Estados Unidos. Pasa en todos lados. Y si tienes bastante poder en el Congreso puedes tener algún poder sobre el organismo judicial.
Me sigue hablando de la teoría, pero sabe perfectamente que no hablo de eso. En Guatemala, en los últimos 15 o 20 años se investigaron y en algunos casos judicializaron esquemas de corrupción mediante los cuales actores políticos o económicos tomaban control del sistema de Justicia y hacían que respondiera a intereses privados. Y buena parte de los fiscales y jueces que llevaron esos casos ahora están en el exilio o enfrentan procesos judiciales. ¿A usted y al Cacif les preocupa?
Cualquier proceso que no se apegue a la ley nos afecta. Tan simple como eso. Igual que nos puede afectar que un representante del sector empresarial en una autónoma se pase seis u ocho años en la cárcel, como ha pasado, o que le pase a un juez, o que una persona haya hecho denuncias y no se resuelvan sus casos. El problema de fondo es que el judicial es un poder que no necesariamente está trabajando con los requerimientos que en Guatemala se tienen. Y cuanto menos funcional sea, más probable es que haya influencia de alguien para que el sistema obre de manera diferente. Pero esto no es contra unas personas u otras.
Yo diría que es el poder más débil de los tres, en términos institucionales. Y cuando un poder es débil, es permeable. Es al que más habría que meterle el hombro para que salga. Pero volvemos a lo mismo: si no escoges un buen Congreso va a ser difícil que arregles el tema judicial.
¿En Guatemala se está luchando más o menos contra la corrupción que hace cinco años?
El término corrupción ha tenido muchas connotaciones. Se volvió bandera de algunas personas. Yo creo que sigue habiendo corrupción en Guatemala, definitivamente.
Esa no es la pregunta. Le pregunto si cree que ahora, en el sistema de Justicia hay más capacidad, interés, voluntad de luchar contra la corrupción. Si en la práctica se está persiguiendo la corrupción más o menos.
Yo creo que hay una persecución diferente de la que pudo haber hace algunos años. Así lo dejaría.
¿Diferente? ¿En qué sentido?
Es diferente a quién se está buscando, a quién se está persiguiendo y de qué manera. No sé si se persigue la corrupción menos o más.
Está queriendo lavarse las manos. Es evidente que quienes hace unos años eran perseguidos por la justicia están logrando que ahora el sistema de justicia persiga a quienes les perseguían.
En cualquier caso en el que alguien pueda influir en un juez para que dicte de una manera u otra, y no acorde a justicia, ahí estamos mal. Si ahora son los del Barça los que están jugando con esa pelota y mañana los del Real Madrid, ambos están mal.
¿Quiere decir que hace cinco años la justicia estaba instrumentalizada por unos y ahora por otros?
Sí. Y cualquier uso, para un lado o para otro, está mal.
Volvamos a las elecciones. ¿Confía en este Tribunal Supremo Electoral (TSE)?
Hay varios niveles. Que tengas un TSE que esté buscando un fraude, eso no lo veo. Veo un TSE que tiene buenas intenciones. Ahora, sí es una realidad que desde que empezamos con nuestros procesos democráticos en los años 80s para acá, siempre tuviste en el TSE a personas fuertes que supieron transmitir el conocimiento a la siguiente generación que llegó al tribunal, y ahora tienes un TSE bastante nuevo, con magistrados que, en muchos casos o en todos, no han estado en procesos de este tipo. Yo espero que no nos encontremos en una situación en la que ,por falta de conocimiento o capacidad, la gente quede con dudas del proceso.
Habla del día de la votación.
Sí. Ahora, hay otros temas importantes: uno, el de los candidatos. Nosotros desde el primer día hemos pedido que los procesos se resolvieran rápido, porque a la larga en este país todos deberían poder correr para ser electos. Es la única forma en la que puedes manejar la democracia. Nosotros hemos insistido y volveremos a insistir en que la judicialización de un proceso electoral es delicada. No me importa el color del candidato, me da igual. Si una persona cumple los requisitos para correr por un puesto, debe poder correr.
¿El CACIF no ha hecho un análisis jurídico de los casos en los que se han excluido candidaturas?
Sí, hacemos análisis jurídicos de los casos, pero no somos autoridad. Por eso no podemos entrar hasta que el asunto llega a la Corte de Constitucionalidad, que es donde todos los guatemaltecos tenemos derecho a expresar nuestra opinión.
Derecho a expresar su opinión tienen en cualquier momento.
Pero no lo vamos a hacer cuando sea un juez el que esté dictaminando.
¿Por qué?
Porque tiene que tener libertad de poder hacer su trabajo.
¿Insinúa que la opinión el CACIF...?
Si un juez dictamina algo que a nuestro criterio no está conforme a la ley, ¿que tenemos que hacer? Voltearnos a la Corte de Constitucionalidad. Por eso ves que cada cierto tiempo Cacif pone amparos sobre cosas que, a nuestro criterio, no están bien.
Hay una diferencia enorme entre opinar y tomar una acción legal.
Ahí es donde tomamos acción.
Lo que le preguntaba es, con base en los análisis jurídicos hechos por el Cacif, su opinión sobre las exclusiones de candidaturas.
No voy a ir a casos individuales. Pondremos recursos si los casos llegan a Corte de Constitucionalidad y creemos que se ha hecho algo incorrecto.
¿Entiendo entonces que su análisis jurídico concluye que las exclusiones hechas son legales?
No han llegado a una corte de constitucionalidad
El caso de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, por ejemplo, sí llegó a una resolución de Corte de Constitucionalidad.
No voy a hacer mención de casos individuales.
Es impresionante cómo se normaliza en Guatemala que se supriman candidaturas. ¿Qué impacto tiene eso en la legitimidad del proceso?
Precisamente. Eso no puede ser. Esa es precisamente nuestra lucha. Pero en nuestros comunicados no hemos mencionado ningún nombre, para que no se crea que el candidato del Cacif era Pineda, o es Zury, o es Sandra, o es quien sea.
Usted sabe perfectamente que buena parte del país piensa que la candidata del Cacif es Zury Ríos.
Puede que sea la candidata de miembros del Cacif, pero no del Cacif. Miremos lo que pasó en El Salvador con la Anep, que tomó la decisión de crear su partido político y ¿cuál fue el resultado?
¿Que gobernaron 20 años?
Sí, gobernaron 20 años pero ahora han perdido totalmente su poder. El Cacif tiene 65 años de no ser de ningún partido. Que yo, Ignacio Lejárraga, prefiera a un sombrerudo que dice “con huevos”, eso es cosa mía, y si yo me quiero sacar dinero de la bolsa y darle a ese candidato lo que me dé la gana, lo hago. Eso no se lo puedo yo impedir a ninguno. Y, efectivamente, si miras las encuestas verás que Zury tiene voto principalmente en la capital, no en el interior. Pero al final de las cansadas a nosotros lo que nos toca es seguir teniendo la injerencia que hemos tenido en el gobierno de turno, no podemos tener un candidato. El Cacif no tiene candidato.
Ya que habla de dinero para los candidatos. El financiamiento de los partidos es una de las principales fuentes de corrupción del sistema político, y es llamativo que el Cacif presentara un amparo a la Corte de Constitucionalidad para que se eliminaran los límites de gasto y se facilitara aún más el financiamiento de campañas.
Es que si para financiar un partido tengo que hacer un procedimiento extremadamente complejo, y encima de todo es público... Que está bien, todo lo que es estatal tiene que ser público, pero antes la gente estaba acostumbrada a que le daba a un partido y hasta ahí quedaba.
¿Y no sigue habiendo financiamiento opaco?
De hecho cada día hay más financiamiento opaco. Porque el financiamiento que podría ser cristalino, el de quien quiere cumplir con todo lo que tendría que cumplirse, ese no está dando dinero ahora. ¿Por qué? Porque es difícil. No es fácil ser financista de un partido político hoy por hoy. Lo que tú viste no fue un “libérenlo y hagamos lo que se quiera”, fue un “hagan que este procedimiento sea más simple”. Porque lo que está sucediendo es que nadie está dando dinero, al menos siguiendo el procedimiento como tal. Lo que estás encontrando es que ponen dinero los que les vale madre...
...la ley.
Les vale madre la ley. Al final es eso. De nuevo, no voy a personalizar, pero los que en el pasado podían, digamos, hacer cooperacha para echar una mano a un candidato, eso no lo estás viendo. Un reporte que hizo Cicig hace unos años hablaba de que el financiamiento electoral que venía del sector privado era en torno a un 25%. Ahora hablar de un 5% o un 10% sería exagerado. Y alguien más llenó ese espacio. Alguien que no aparece en el registro electoral.
Es cierto también que han cambiado muchas cosas: las campañas son mucho más cortas, la cantidad de publicidad en medios está regulada y las redes sociales han irrumpido en las campañas. Prueba de ello es que algunos candidatos subieron básicamente porque son buenos manejadores de redes sociales, con un costo menor que el de los medios tradicionales. Pero si tú vas a las municipalidades sigues teniendo mítines políticos, giras donde se da regalos a la gente, y la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar eso es muy pequeña.
Y está entrando más y más el narcotráfico.
Estás viendo que personas que podrían tener lazos con el narcotráfico llegan a cargos, porque les financian. No lo vas a ver tanto en la capital ni en los centros urbanos, pero...
¿Y en el Congreso?
Sí, es posible que se te cuelen congresistas que puedan haber estado financiados por ese tipo de actividades.
¿Teme que el narcotráfico haya estado detrás de alguno de los candidatos a la presidencia?
Han sido 26. Si me preguntas por los 26...
Replanteo la pregunta: ¿Teme que el narcotráfico haya estado detrás de alguno de los candidatos a la presidencia?
No me consta. Pero te diría que sí, puede ser factible a través del financiamiento a las campañas de diputados o alcaldes que dan fuerza a la campaña de un candidato. Es muy difícil que los partidos escapen de ese tipo de cuestiones. Ahora, si me preguntas si un candidato es narcotraficante...
La pregunta es si en Guatemala, en esta campaña, el narcotráfico está teniendo más peso que en elecciones anteriores.
Sí. Porque los que financiaban de manera correcta se están saliendo de la jugada. No tienen el peso que tenían y su lugar lo están tomando aquellos a los que no les importa no registrar su financiamiento.
¿Al Cacif no le preocupa que el poder del narcotráfico desplace al sector privado?
El sector privado tiene que ejercer su poder desde otra perspectiva, influir para que las cosas en el país caminen bien. Como hace el periodismo. Nosotros lo que tenemos es una voz, y si se mantiene limpia va a seguir siendo importante, teniendo peso. Si en el pasado tu influencia pudo estar en el financiamiento a partidos, hoy tiene que estar en tu opinión.
En El Salvador, y evidentemente en Nicaragua, el sector privado terminó pagando carísimos su silencio cómplice. ¿Crees que el Cacif va a pagar el precio de sus silencios?
Nuestra labor, la mía en este caso, es justamente que la voz del Cacif siga siendo importante. ¿Y cómo lo logras? Haciendo que valga en los temas que para el país son importantes. Mientras luchemos por que siga habiendo democracia, que haya realmente división de poderes y que nuestra voz se oiga fuerte cada vez que eso entre en riesgo, cumpliremos un papel.
¿No teme que quien está instrumentalizando hoy el sistema de justicia lo use contra ustedes? ¿Que igual que ahora persigue a otros, persiga al sector privado?
Sería importante ver por qué te persiguen. Mientras nosotros mantengamos la línea de lo que tenemos que hacer, deberíamos estar exentos de esa situación. A ver... tenés que trabajar con el Gobierno si querés lograr legislaciones nuevas que hagan avanzar al país. Hay convenios que miembros del sector privado han firmado con el gobierno para desarrollar mejor infraestructura, mejor capital humano... Esa es la chamba que nos toca hacer, con este gobierno o con el que venga.
Pero yo creo que en la medida en que nosotros busquemos que se cumpla la ley, busquemos el desarrollo del país y coordinemos entre nuestros actores, que son los tres principios sobre los que nos movemos, en esa medida espero que no lleguemos a un punto en el que nos vayan a judicializar. ¿Hay riesgos? Sí, lo hemos visto en otros países.
¿Usted cree que José Rubén Zamora está en la cárcel por haber incumplido la ley o por ser periodista?
Es importante separar lo que él pueda haber hecho como persona y como periodista. Nuestro primer comunicado fue en esa línea, y el segundo pedía un debido proceso,
¿Cree que lo ha tenido?
No conozco los detalles del caso. Sí puedo decir que con nuestro sistema de Justicia, cuando llegas a tu audiencia y resulta que no llegó una de las partes y te la vuelven a dejar para dentro de tres meses, cuatro meses, y te pasas nueve años en esas como me pasó a mí, puedes entender que es parte de lo que puede estar pasando con José Rubén. No lo sé. Eso pasa mucho en el sistema judicial de Guatemala. Con él es notorio por ser quien es, pero yo conozco a gente que lleva diez años en juicio y metida en la cárcel. Hoy la ola está sobre una persona pero ha estado sobre muchas otras. Nosotros hemos sido víctima de ese sistema también.
Vuelvo a plantear la pregunta...
No te puedo responder.
¿No tiene opinión sobre si a José Rubén Zamora se le ha juzgado por su trabajo periodístico?
No conozco los detalles del caso como para poder responder. Como institución pedimos un debido proceso, y ese debido proceso, a mi criterio, se está dando con la lentitud con que funcionan las cosas
Aquellos dos comunicados de Cacif cuando Zamora fue detenido parecieron un intento de contentar a todos, de ser equidistantes.
No somos nosotros parte en ese juicio como para poder decir si va por aquí o por allá. No puedo tener opinión sobre un proceso judicial del que no soy parte.
Sus respuestas en esta entrevista se van a entender como otro ejercicio de equidistancia. Organismos internacionales, Naciones Unidas, múltiples embajadas, sociedad civil nacional e internacional, dicen que esto no es un pulso entre posturas iguales. Más allá del caso Zamora, en Guatemala hay actores que trataban de aplicar la ley y ahora están siendo perseguidos. El Cacif está siendo equidistante entre actores legítimos y actores que están haciendo un uso ilegítimo del sistema de Justicia.
Yo tengo que guardar mi distancia con procesos en los que yo no soy parte.
