En tiempos de autoritarismos y de intentos por violentar las garantías básicas de los seres humanos, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos independiente y con fuerza, se vuelve cada vez menos negociable. Asegurar que las personas que integren la CIDH sean idóneas para ocupar ese cargo tan importante es de interés general de todos los habitantes de las Américas, ya que es la entidad encargada de defender las garantías básicas. Si hay represión, si cierran un medio, si asesinan periodistas o defensores, si capturan a personas sin respetarles sus derechos, ahí debe estar la CIDH para salvaguardar los intereses de todas las personas.
El próximo mes de junio se elegirán a 4 de 7 comisionados y comisionadas que integran la CIDH. En las circunstancias actuales que vive la región en cuanto a creciente totalitarismo, cierre de espacios cívicos, falta de independencia judicial, necesidad de incluir a comunidades relegadas, se vuelve importante voltear la mirada hacia la posible conformación de este ente supranacional. Todos los Estados miembros de la OEA votan en esta elección que se realizará durante la Asamblea General, a celebrarse este año en Washington D.C., del 21 al 23 de junio. Cada Estado tiene derecho a proponer candidaturas y actualmente siete personas están nominadas para ocupar los cuatro escaños que quedarán vacantes en diciembre de 2023.
Esta elección ha sido particular porque cuatro candidaturas fueron retiradas de forma inmotivada y sin explicación por los países que las propusieron. Estas fueron: James Cavallaro, de Estados Unidos; Fabio Balestro, de Brasil; Joaquín Mejía, de Honduras; y Julissa Mantilla (actual presidenta de la Comisión), de Perú. Esto dificulta una mayor deliberación sobre la idoneidad de los candidatos y candidatas y sugiere un mayor criterio político –en lugar de la visión técnica– para definir los puestos finales, ya que se eligirá a cuatro personas de entre seis aspirantes. Los candidatos y candidatas actuales son: Andrea Pochak, de Argentina; Christopher Arif Vulkan, de Guyana; Lidia Casas, de Chile; Gloria de Mees, de Suriname, Pier Pigozzi, de Ecuador; y Stuardo Ralón, de Guatemala. Las consideraciones sobre cada uno de los candidatos y candidatas pueden leerse aquí.
La Comisión nació en 1959 como un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de las Américas. Su primer presidente –la figura que se utilizaba en ese entonces– fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos, y desde entonces ha conducido miles de casos para proteger los derechos de los y las habitantes del hemisferio. Ha sido una tarea noble y complicada, pero que ha permitido que se amplíe la conciencia por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. La CIDH fue fundamental durante las dictaduras latinoamericanas, otorgando medidas cautelares, viajando a los países para realizar visitas temáticas en aras de salvar vidas; también ha logrado trazar criterios de estándares de libertad de expresión, de formas en que deben comportarse las fuerzas de seguridad en las protestas, en requisitos para elegir a jueces y juezas, entre miles de acciones para proteger a habitantes del hemisferio.
Desde 2015, para promover procesos transparentes y participativos, se estableció el Panel Independiente de Expertos y Expertas para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ya ha emitido cinco informes en igual número de elecciones, tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este Panel está conformado por personas que nos hemos dedicado a la defensa y la promoción de los derechos humanos ejerciendo funciones en el Sistema Interamericano, academia, organizaciones y en nuestros países. La intención ha sido mejorar los procesos de selección. Los criterios de evaluación del Panel son básicamente los que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: alta autoridad moral; reconocida versación en derechos humanos; independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés; aporte a la integración representativa y balanceada del organismo; y proceso de nominación a nivel nacional.
Garantizar el cumplimiento de estos requisitos permitirá que la CIDH sea un órgano independiente y no un apéndice de las cancillerías; se necesita que lleguen los y las mejores juristas de la región para exponer sus experiencias y conocimientos en pos de los derechos humanos; el gran riesgo de que no lleguen personas con estos requisitos es que la Comisión adopte lógicas regresivas que busquen disminuir el reconocimiento de derechos en lugar de ampliarlos y veamos entonces cómo los totalitarismos pueden llegar a ser legitimados por la misma CIDH. El Panel estudia las hojas de vida, elabora un cuestionario, se organizan entrevistas, se recibe información de la sociedad civil y la academia, y se elabora un informe final que fue presentado en la American University, en Washington DC, este 31 de mayo.
Será importante toda la información enviada por la sociedad civil respecto a las candidaturas. Estos insumos son valiosos, ya que el trabajo del Panel busca contar con los mayores elementos para hacer una calificación rigurosa de cada candidato y candidata. Esta elección es fundamental para el futuro de las Américas porque representa la integración del órgano encargado para poder defender a cada habitante de que no le sean atropellados sus derechos y su dignidad humana.
*Mariclaire Acosta es académica mexicana, activista, especialista en temas relacionados con la defensa y promoción de derechos humanos. Fue presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Estudió sociología en la UNAM y se especializó en temas de política y gobierno en América Latina en la Universidad de Essex. Fue Embajadora Especial de Derechos Humanos y Democracia y Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Carlos Ayala es abogado venezolano. Vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesor titular y jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica “Andrés Bello”, en la University of Oxford (UK), en Georgetown University, la University of Washington School of Law (USA), entre otras.
Ambos integran el Panel Independiente de Expertos y Expertas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
