La persecución a José Rubén Zamora por el gobierno de Alejandro Giammattei, quien lanzó las instituciones del Estado contra el periodista, culminó este 14 de junio con una sentencia de seis años de cárcel por el delito de lavado de dinero. El Gobierno y sus aliados han hecho todo lo posible por confundir y revestir de legitimidad este proceso injusto, pero nada de lo que ha ocurrido ha sido como lo han contado, sino como lo han hecho los periodistas perseguidos. Nunca hubo un caso fundamentado contra Zamora, con una trayectoria histórica de denuncia de la corrupción y las violaciones de derechos humanos, sino una persecución.
Hay que recordar los principales detalles del caso en un contexto general de represión y poner a Giammattei y a sus colaboradores, en el último tramo de la presidencia, frente al espejo. También a la comunidad internacional, incapaz de responder al desafío, atrapada en cálculos diplomáticos y estratégicos que no llevan a ninguna parte mientras Guatemala –la principal economía de América Central– y la región, en general, afrontan desafíos existenciales que demandan una prensa libre que fiscalice al poder y exponga la cruda realidad sin adornos.
El caso contra Zamora se montó en apenas 72 horas, entre el 26 y el 29 de julio de 2022, según publicó El Faro. La acusación se fundamenta en el testimonio de una antigua fuente del periodista, acusada de lavado de dinero y otros delitos, y a partir de pruebas confusas e insuficientes. Tras una primera vista caótica en la que se presentaron como evidencia unos archivos de audio inaudibles, el juez ordenó investigarlo por presuntos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias (fue absuelto de estos dos últimos).
El aparente proceso legal que siguió fue una farsa. Mientras el Gobierno pregonaba un supuesto estado de derecho, el fundador de elPeriódico se quedó sin abogado en ocho ocasiones después de que varios de sus defensores sufrieran persecución penal o renunciaran después de recibir presiones. Zamora ha estado todo este tiempo en prisión preventiva en la prisión militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, una medida injustificable salvo para hostigarlo a él y a su familia. Despojada de cualquier máscara, la fiscalía abrió un segundo caso contra él (y un tercero relacionado con formularios de aduanas) y amplió la investigación a otros ocho periodistas de elPeriódico por sus coberturas periodísticas.
El acoso a Zamora y al periodismo se ha sustentado sobre cargos espurios y las obedientes acciones de la fiscal general, María Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, incluidos en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha subrayado en un informe las violaciones al proceso incurridas por el Gobierno. La persecución es también contra jueces, fiscales y políticos de la oposición a través del control férreo de la justicia y el desmantelamiento de lo que queda del estado de derecho.
Quizá estén satisfechos Giammattei y sus colaboradores: han encarcelado a Zamora, han logrado el cierre de elPeriódico y han lanzado un mensaje amedrentador a los periodistas guatemaltecos. A su paso dejaron un páramo. Al menos 20 periodistas guatemaltecos se fueron al exilio. Como consecuencia del boicot financiero auspiciado por el Gobierno, en mayo elPeriódico anunció el cierre, dejando un vacío fundamental en la prensa del país.
Lo que les debe esperar ahora a Giammattei y sus colaboradores es la larga sombra de la justicia internacional y la necesaria reacción de la comunidad internacional tras los comicios de junio.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos tienen que asegurarse de que el actual presidente de Guatemala, cuando abandone el poder, no pueda pasear por Madrid, como hizo hace unos meses, o cualquier otra ciudad sin el temor de que la justicia lo ponga frente a un juez por detención arbitraria y vulnerar derechos humanos fundamentales de Zamora, como ha hecho también con jueces y fiscales. Lo mismo debe ocurrir con sus colaboradores. No puede haber escapatoria para quienes encarcelan a reporteros. La justicia internacional es el camino, como muestran precedentes recientes en Alemania, Francia y Estados Unidos.
En una región donde la criminalización del periodismo es parte de la estrategia política, de Ortega en Nicaragua a Bukele en El Salvador, la comunidad internacional y donante debe rectificar su tímida respuesta y exigir al nuevo Gobierno que restituya la libertad de prensa, sin cálculos obsoletos que mandan un mensaje erróneo a los líderes de la región.
El encarcelamiento de Zamora es un triste ejemplo de lo rápido que se ha deteriorado la libertad de prensa y el colapso democrático en Centroamérica. Es también del coraje de sus periodistas, que siguen desenmascarando la corrupción y exponiendo la cruda realidad de sus países contra viento y marea. Esta injusta sentencia contra un periodista intachable debe ser un momento decisivo para revertir este declive y responder con firmeza a los líderes regionales de que sin periodismo no hay futuro.
*Carlos Martínez de la Serna es director de Programas en el Comité para la Protección de los Periodistas.
