Desde su llegada al poder, Bukele consiguió mantener cifras muy bajas de homicidios gracias a un acuerdo alcanzado con las tres principales organizaciones criminales del país: la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios. Pero el último fin de semana de marzo de 2022 algo se rompió y la venganza de la Mara Salvatrucha le costó la vida a 87 salvadoreños.
El motivo de la ruptura del pacto entre el gobierno y las pandillas aún no está claro y ningún vocero oficial se ha pronunciado al respecto.
Aquel domingo 27 de marzo el país amaneció militarizado: la Policía y el Ejército se desplegaron en algunos de los barrios donde las pandillas ejercían mayor control y, desde las redes sociales, las autoridades anunciaban cómo la cifra de detenidos pasó en cuestión de horas de cientos a miles. El régimen de excepción suspende derechos constitucionales básicos y, en la práctica, un policía o soldado puede detener a cualquiera por cualquier motivo y mantenerlo incomunicado durante 15 días –sin derecho a la asistencia de un abogado– antes de presentarlo ante un juez. Ingresaron, además, a viviendas sin orden judicial (aunque esto no estuviera contemplado en el decreto), intervinieron en una primera etapa las telecomunicaciones, también sin orden legal, y ordenaron a cualquier ciudadano que les entregaran sus teléfonos desbloqueados, algo que siguen haciendo en muchos casos.
Durante los primeros 13 días, las personas capturadas llegaron a 8,000 y la cifra no paró de crecer día tras día. También se multiplicaron las denuncias de capturas arbitrarias, de torturas, de tratos humillantes, de falta de información sobre el destino de los detenidos y la absoluta ausencia de explicaciones sobre los cargos que se les imputaban. El Movimiento de Trabajadores de la Policía denunció que los oficiales imponían al personal una meta diaria de capturas y los amenazaban con sanciones si no la alcanzaban. Las cuentas de Twitter de la Policía publicaban fotos de personas recién capturadas y anunciaban el número de años de condena que esa persona obtendría, 15 días antes de que esa persona iniciara cualquier proceso judicial en su contra.
Desde el oficialismo se siguió la narrativa impuesta por el presidente: cualquiera que cuestione la medida o señale violaciones de derechos humanos es un aliado de las pandillas.
Puesto que la Constitución establece que el período de duración de un régimen de excepción es de sólo 30 días, desde aquel momento, los diputados lo han renovado 14 veces hasta el momento en que se escribe esta nota. Es decir que El Salvador lleva ya un año y dos meses con las garantías constitucionales suspendidas.
En este tiempo, las autoridades aseguran haber capturado a alrededor de 69,000 personas y de haber liberado apenas a 5,000 que consideraron inocentes. Ninguna de estas cifras puede ser verificada de forma independiente y las únicas fuentes de datos son las publicaciones gubernamentales en redes sociales o declaraciones de funcionarios en entrevistas con medios gubernamentales. No existe, pues, ningún informe oficial al respecto o al menos no es público.
Todos los procesos judiciales tienen reserva total y no puede conocerse el detalle de las acusaciones. Sin embargo, este periódico obtuvo los expedientes fiscales con los que se acusó de pandilleros a 690 personas capturadas durante el régimen. En gran parte de los casos, la acusación se basaba en la consignación policial de que la persona mostró “nerviosismo” o en fichas policiales elaboradas sin ningún control incluso después de la captura.
Gracias a los testimonios de aquellos que salieron de las cárceles del régimen, la oenegé Cristosal elaboró el informe más completo y documentado que se ha hecho hasta el momento. En su estudio, Cristosal denuncia una colección de horrores: apaleamientos, golpizas, uso de choques eléctricos, falta de atención médica y privación de medicamentos, limitación de alimentos, hacinamiento e incluso documentaron 139 muertes de personas en custodia del Estado. Sin embargo, la organización advierte que sus cifras no representan la totalidad de casos de abuso, torturas y muertes, sino que sus datos representan apenas una pequeña fracción de lo ocurrido y que ha verificado que algunos fallecidos son enterrados en fosas comunes sin notificar a sus familiares.
El fiscal general, Rodolfo Delgado –que fue impuesto por el oficialismo, luego de la destitución de su antecesor– ha asegurado que la Fiscalía ha investigado 142 muertes de personas bajo custodia del Estado y capturadas bajo el régimen de excepción y que ha llegado a la conclusión de que todas ellas fueron muertes “naturales” y que por lo tanto se han archivado todas las investigaciones.
Es imposible tener información oficial sobre los delitos por los que han sido acusadas las casi 69,000 personas capturadas; tampoco hay ninguna pista sobre las personas que perpetraron la masacre de marzo: no se han individualizado responsabilidades, ni se ha hecho pública ninguna información al respecto. Al igual que los juicios relacionados a las capturas del régimen, toda la información relacionada a la construcción de la mega cárcel con capacidad para 40,000 personas, según lo dicho por las autoridades, es también secreta.
A pesar de que la medida ha sido rodeada de una poderosa inversión en publicidad (que también es secreta), jamás han sido mostrados los líderes de las pandillas, es decir, las personas que fueron las contrapartes en el acuerdo entre el gobierno y las organizaciones criminales. Por lo pronto sabemos que, al menos una de esas personas, Elmer Canales, alias Crook de Hollywood, fue liberada de forma ilegal y conducido a Guatemala en un vehículo oficial por un funcionario público, a pesar de deber décadas de condena en El Salvador y de estar solicitado en extradición por los Estados Unidos, que lo acusan de ser líder de una organización terrorista transnacional.
El esfuerzo que presentamos en este especial busca dar voz a las víctimas del régimen de excepción, dejar un registro de lo ocurrido y aportar elementos que arrojen un poco de luz en medio de tanta oscuridad.
