Hasta hace muy poco tiempo la identidad sexual empezó a cobrar relevancia en las candidaturas. La enunciación a la existencia específica de la población a la cual se pertenece ha cobrado vital importancia en un contexto que reclama el carácter diverso de la humanidad. La disputa se centra en tener una representación sustantiva en los cargos de representación popular que beneficie directamente a los grupos marginados históricamente.
Los últimos años de la década de 1960 y toda la década de 1970 fueron testigos de la acción colectiva de diversas poblaciones excluidas del modelo de ciudadanía liberal. Mujeres, personas indígenas, personas negras, personas en condición de discapacidad y personas LGBT+, principalmente, irrumpieron en el espacio público para demandar el reconocimiento de su existencia política a partir de la especificidad de sus identidades corpóreas y trayectorias de vida.
Durante siglos la condición ciudadana ha tenido sesgos marcados por estéticas específicas que determinaron quiénes pueden habitar o no el espacio público. El capacitismo, el acento andrógino, la clase media, la condición racial blanca, la heterosexualidad y el cissexismo se convirtieron en los estándares necesarios para ser sujetos de derechos. El cissexismo es el orden que ha determinado la existencia de cuerpos verdaderos a partir de los genitales: los cuerpos que nacen con pene son machos que se convertirán en hombres y los cuerpos con vulva son hembras que se convertirán en mujeres. Y esos cuerpos que desarrollan trayectorias de vida a partir del binarismo de género son los más legítimos, lo más auténticos.
Bajo este orden social opresivo, las poblaciones LGBT+ se han organizado, desde el siglo pasado, para reclamar derechos civiles, políticos y sociales sin la necesidad de renunciar a su orientación sexual o identidad de género, disruptivas de la hetero y la cisnorma, resistiéndose a colocarse en la neutralidad de identidad cero, ese reclamo que hace el modelo de ciudadanía liberal de que las personas se abstraigan de sus cuerpos, sus identidades y sólo se enuncien como personas ciudadanas.
Muchos de estos activismos forjados en la década de 1970 consideraron a los partidos políticos como espacios importantes para hacerse visibles frente a gobiernos que se negaban a reconocer su existencia, pero también con la intención de conseguir cargos de representación popular para colocar agendas a favor de las poblaciones no hetero ni cisgénero, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, tipificación de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, política pública orientada a estas poblaciones, entre otras muchas más.
En América Latina, los partidos políticos de izquierda fueron la zona de refugio de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género, lo que hizo posible las primeras candidaturas LGBT+ dentro de las organizaciones partidarias. México registró sus primeras cuatro candidaturas de este tipo en 1982. En Colombia sucedió lo mismo en 1997 y en Brasil fue hasta el 2014.
Desde 1982, cuando surgieron las primeras candidaturas abiertamente homosexuales y lésbicas, a 2007, cuando surgieron los Principios de Yogyakarta, el primer instrumento internacional de derechos humanos que reconocía la orientación sexual y la identidad de género como componentes esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona, se identifican 16 candidaturas entre Colombia y México. En Colombia ocho de hombres gay y una mujer trans; y en México cuatro de estas fueron de mujeres lesbianas, cuatro de hombres gay y una mujer trans.
El principio 25 de Yogyakarta habla sobre el derecho a participar en la vida pública. Ahí se destaca que todas las personas ciudadanas tienen el derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos de representación popular sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Este instrumento fue un hito que hizo posible el avance de los derechos de las personas LGBT+ y se convirtió en el referente para demandar derechos político-electorales de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género.
Tras estos principios y el incremento de las movilizaciones de las poblaciones LGBT+ para demandar una vida digna, que implicaron mayor visibilización y, por ende, la formación de sujetos políticos con aspiraciones a ocupar cargos electivos, se empieza a dar un incremento paulatino de candidaturas de este tipo en Brasil, Colombia y México. Si bien Brasil llegó muy tarde en la postulación de candidaturas LGBT+, cuando lo hizo rebasó en número a México y Colombia. Desde 2009 a 2021, México ha tenido 199 candidaturas LGBT+; mientras que Colombia ha registrado 146 desde 2008 a 2022. Brasil, por su parte, saca la delantera con 468 candidaturas de 2014 a 2020. Los años de mayor registro de candidaturas han sido 2021 para México, con 161; 2019 en Colombia, con 80 y 2020 en Brasil, con 310.
Es decir, el auge sostenido de candidaturas que se enuncian abiertamente dentro de alguna identidad que pertenece a la diversidad sexual o de género se ha incrementado de manera estridente a partir de 2019, hace apenas cuatro años. Sin lugar a duda, los Principios de Yogyakarta, con el tiempo, han ido cobrando fuerza para exigir derechos en materia político-electoral que se han conseguido materializar en acciones concretas que han tenido que emprender, principalmente, por sentencias de los Tribunales electorales que han ordenado a los organismos electorales acciones afirmativas, lo que ha redituado en el incremento de candidaturas LGBT+.
Brasil en 2018 tuvo un avance importante en el reconocimiento de las candidaturas trans. El Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño decidió que el término “sexo”, en la Ley que regula que cada partido o coalición debe tener el mínimo de 30 % y el máximo 70 % para aplicaciones de cada sexo, no se refiere al sexo biológico sino al género. Por tanto, hombres, mujeres, transexuales y travestis pueden ser contabilizados en las respectivas cuotas de candidatura masculina o femenina. Esta decisión permitió que las personas trans se registraran de acuerdo con su identidad de género, y no con base a su sexo biológico.
México, por su parte, en 2021 estableció acciones afirmativas para candidaturas a favor de las personas LGBT+. Tras una sentencia dictada el 29 de diciembre del 2020 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que creara acciones afirmativas dirigidas a los partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral federal 2020-2021 en el registro de candidaturas a diputaciones federales, tanto para personas propietarias como suplentes por los principios de Mayoría Relativa (MR) y de Representación Proporcional (RP) para las poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, poblaciones afromexicanas y personas de la diversidad sexual.
La construcción de candidaturas LGBT+ se ha ido consiguiendo con base en acciones colectivas que le han ido regateando a la estructura político-electoral, cimentada en andamiajes heterosexuales y cissexistas, espacios de reconocimiento no sólo de candidaturas, sino incluso del derecho al voto, en el caso de las personas trans. La disputa por habitar espacios dignos dentro de conducción de asuntos públicos se centra en la demanda de desmontar la exigencia velada de que la ciudadanía debe abstraerse de sus especificidades materiales corpóreas, neutralizando así de manera violenta y discriminatoria la diversidad humana.
*Ericka López Sánchez es doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato; así como investigadora miembro consultor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirle en twitter como @ErickaEliberte y en @ReformasLATAM
