Andrés salió del penal de Izalco el 29 de mayo de 2023 con la espalda llena de granos. La enfermedad que padece se llama escabiosis, conocida como sarna humana, provocada por la humedad y la suciedad. Durante los cinco meses que Andrés estuvo en el penal no recibió ningún medicamento contra la escabiosis ni contra otras enfermedades que padeció durante su encierro.
Andrés, desesperado, lloraba por la picazón. Cuando los granitos rojos se extendían por su espalda y cuello, apenas había cumplido cinco meses de edad.
El recién nacido es inocente con toda la literalidad de esa palabra. Como es obvio, no fue capturado ni procesado por el régimen de excepción, pero fue víctima de la represiva política carcelaria que impidió sus controles médicos antes y después de nacer. Le limitaron los artículos de higiene que su familia le llevaba en los paquetes, y Centros Penales le negó los medicamentos para curar la escabiosis o las fiebres que padeció en la granja penitenciaria de Izalco. Aún hoy, el cuerpo de Andrés muestra las secuelas de aquel padecimiento cuando estuvo en prisión.
Y no fue el único inocente sometido a esos vejámenes. Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, Centros Penales aisló a una treintena de recién nacidos por un contagio de hongos en la granja penitenciaria de Izalco. Así lo cuenta una mujer a la que llamaremos Flor, la madre de Andrés, capturada durante el régimen de excepción por el delito de organizaciones terroristas, pero liberada unos meses después por falta de pruebas.
Ella, según el Estado mismo, no está relacionada con ninguna pandilla ni sus tatuajes son alusivos a esos grupos. Sin embargo, pasó trece meses encarcelada por el régimen de excepción. La Policía la capturó por organizaciones terroristas el 17 de abril de 2022, pero documentos del Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel detallan que fue procesada por agrupaciones ilícitas, sin pruebas contundentes hasta el momento. “Por este medio se le ordena poner inmediatamente en libertad de no existir delito pendiente”, dice un escrito que el juzgado envió al penal de Izalco el 17 de mayo de 2023.
“Eran como unos 30 niños aislados por escabiosis, todos bebés. Aislaron a esos primeros, porque aislaron a un grupo, y supuestamente no les dieron medicamentos, solo los aislaron por aislarlos. Ahí lo que hacían las mamás era a las cremas combinadas que se pasaban le echaban antibióticos, cosas así, para que las ronchitas se le quitaran a los niños. O bañarlos con lejía y Rinso (detergente en polvo) porque no había de otra, no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños y sí, se les quitaban las ronchitas”.
—¿Las autoridades sabían que bañaban a los niños con lejía y Rinso? —preguntó El Faro a Flor, el cinco de junio de 2023, durante una entrevista que duró más de una hora y media.
—No, pero era la única medicina, porque como ellos no daban medicamento, a uno no le daban para poder echar en las ronchitas a los niños. Yo nunca bañé a mi niño así (con lejía), porque me daba miedo, pero las mamás que se atrevían… con tal de ver a su niños mejor… porque ellos (Centros Penales) no se preocupaban por darles medicamento.
Flor se rehúso a bañar a su bebé con lejía o detergente en polvo y elaboró su propia medicina. Primero negoció con sus compañeras de prisión pastillas con propiedades antibióticas. Luego, como alquimista, pulverizó las pastillas y las mezcló con sus cremas vaginales. Por último, con agua y sal improvisó una especie de suero con el que bañaba a Andrés todos los días. El bebé mejoró un poco.
Flor aún no entiende por qué su hijo y los otros bebés se contagiaron de escabiosis. Ella describe la prisión como un lugar con suficiente ventilación, con un regular servicio de agua potable y con unos baños limpios. “Lo que tratamos ahí las internas es de mantener bien aseado, pero ni aún... siempre se llenaban los niños de ronchas. Supuestamente nos decían de que era por ácaros que habían en las colchonetas”.
El 17 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele aprobó la Ley Nacer con Cariño para “garantizar los derechos de la mujer desde el embarazo, así como los derechos de las niñas y niños desde la gestación, durante el nacimiento y la etapa del recién nacido”. Pese a que la ley prioriza el derecho a la salud de la madre y su bebé, para Andrés no hubo control prenatal en el penal. La clínica penitenciaria no dio medicina para curar las enfermedades de la madre y su bebé, y Centros Penales tampoco entregó los medicamentos que su abuela llevaba en los paquetes. “Ahora que salí me doy cuenta que mi mamá me pasaba medicamentos, vitaminas y a mí nunca me dieron nada de eso”, dice Flor.
Andrés no se benefició de la Ley Nacer con Cariño. Él nació en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate y tres días depués fue trasladado a la granja penitenciaria de Izalco. Su bienvenida al mundo fue el régimen de excepción, una política estatal que, según testimonios de presos liberados e informes de derechos humanos, ha normalizado la tortura de reos, en algunos casos hasta la muerte. También son constantes la incomunicación con familiares y abogados, una dieta de hambre y la suspensión de tratamientos médicos y falta de medicina para los privados de libertad que padecen enfermedades.
Desde finales de enero de este año, El Faro ha solicitado en repetidas ocasiones a empleados de Prensa de Centros Penales, Policía, Fiscalía y Ministerio de Seguridad, que gestionen una entrevista con los responsables de esas instituciones o con algún vocero designado. Se ha intentado por medio de cartas que se han dejado en esas oficinas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas. No se ha concedido ni un espacio para hablar de las detenciones arbitrarias del régimen. Esto no solo ocurre con el área de seguridad del Gobierno, sino que es ya un patrón en cualquier institución pública ante las solicitudes de este medio.
“Antecedentes, ese fue mi delito”
El 19 de mayo de 2019, la Policía capturó a un hombre que transportaba diez paquetes de marihuana y una porción de cocaína en el baúl de un carro. Al detenido lo acompañaba Flor, procesada y condenada a trabajos de utilidad pública por el hecho.
El 17 de abril de 2022, ella estaba en su casa bajo libertad condicional, trabajaba junto a su madre en un negocio de venta de jugos y estaba a la espera de que el sistema judicial le dijera en qué institución iba a cumplir con el trabajo de utilidad pública. Sin embargo, a las dos de la tarde de ese día, cuando se alistaba para ir a comprar naranjas con su madre a San Miguel, la Policía llegó a su casa y la llevó a un puesto policial.
“Me dijo que los iba a acompañar y le pregunté: ‘¿por qué?’ Él dijo que no sabía. Les pregunté si andaba orden de captura y dijo que no, que solo los iba acompañar. En la delegación, me dijo que me detenían por agrupaciones terroristas. ‘¿Por qué?’, le dije, ‘yo nunca he matado a nadie’. Cuando fui a la Procuraduría, el licenciado me dijo que a toda la gente la estaban capturando por tener antecedentes penales”.
El artículo 11 de la Constitución de la República establece que nadie “puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa”. La Policía ha violado esta disposición constitucional y ha utilizado casos juzgados en el pasado para realizar detenciones durante el régimen de excepción. Este es el caso de Flor, quien esperaba la orden judicial para cumplir una condena. El Faro también ha documentado casos donde el delito de los detenidos fue haber sido declarados inocentes en el pasado, como en el caso de Don Paco, un comerciante de La Reina, en Chalatenango, quien murió en Mariona con señales de una golpiza.
Luego de su captura, Flor fue trasladada a la bartolina de Osicala. Al siguiente día, el 18 de abril, la llevaron al penal de Ilopango y así inició para ella un proceso judicial surrealista. “La Fiscalía dijo que no podía decirnos el delito de cada uno, por la cantidad que éramos, pero de que a todos nos acusaba de agrupaciones ilícitas. Éramos como unas 50 personas, personas que yo ni conocía”. Diversas organizaciones humanitarias han denunciado procedimientos judiciales masivos durante el régimen, donde los jueces envían a prisión a decenas e incluso cientos de acusados tras una breve audiencia donde no se presenta ninguna prueba que individualice las participaciones en los supuestos delitos.
En el penal de Ilopango, Flor compartió celda con 300 mujeres más. La celda estaba saturada, por lo que en un catre sin colchón dormían cinco personas. Durante las noches, el piso de la celda estaba tan lleno de personas que no se podía caminar. Aquella multitud de detenidas también sufría por la escasez de agua potable: “solo nos daban dos guacaladas de agua para bañarnos”. Entre tanto hacinamiento y penuria, pasó un día, una semana, un mes… cuando ya sumaba un mes y medio de encierro en Ilopango, Flor se enteró de que estaba embarazada.
Los maltratos en Izalco
Flor tenía siete semanas de gestación cuando fue trasladada junto a otras 11 embarazadas más del penal de Ilopango a la granja penitenciaria de Izalco. Al llegar ahí, las custodias le quitaron las pocas cosas que llevaba: una pijama, una cobija, un vaso, una comidera y un uniforme penitenciario. Las custodias tiraron todo eso a la basura.
En la granja penitenciaria de Izalco están recluidas las privadas de libertad que son madres o que están cerca del parto. Aunque ellas necesitan una atención médica y alimentación especial para garantizar la buena salud de sus bebés, en ese lugar son sometidas a maltratos, tal como lo vivió y lo cuenta Flor.
“Las custodias eran bien repugnantes. A todas las embarazadas nos trataban bien feo. Nos sacaban al sol, en el puro sol de las 12 del mediodía. Nos ponían a jalar agua estando embarazadas. Llegaban unas pipas (a la granja penitenciaria de Izalco), porque a veces no llegaba el agua, entonces nos tocaba jalar el agua. Nos tocaba salir a tender ropa de todas las que habíamos en la celda. Habíamos como unas 150 embarazadas”.
Flor identifica a dos custodios como los protagonistas de aquellos maltratos: una custodio a la que conocían con el alias de “Sirena” y un jefe penitenciario al que llamaban “el jefe Shangai”. “El grupo de Sirena era el que nos trataba así y nos sacaban al puro sol. Las demás (custodias) nos consideraban, nos dejaban cinco minutos en el sol y de ahí dejaban que nos sentáramos en la sombra, pero cuando estaba el turno de Sirena todo el rato teníamos que estar en el puro sol. Una vez me sentía bien débil, solo miraba el bulto blanco de mis compañeras, miraba bien borroso”, recuerda.
El jefe Shangai, por su parte, trataba de imponer respeto por medio del maltrato físico y verbal. “A veces llegaba a decirnos que parecíamos prostitutas de la avenida, decía que teníamos que respetarlo como que él era un dios. Teníamos que saludarlo y, si no, nos insultaba, nos iba a poner a pagar (castigar): hacer sentadillas estando así, una embarazada. Yo vi a una embarazada hacer sentadillas. La ilusión de nosotras era que se dieran cuenta (organizaciones de defensa de) los derechos humanos”.
Flor estuvo en el dormitorio uno, sector materno de la granja penitenciaria de Izalco. La granja tiene una clínica que es atendida por dos doctoras. Una de las doctoras, la doctora Córdova, atendió a Flor durante la primera consulta que recibió después de su traslado, a mediados de junio de 2023. De la primera consulta, Flor recuerda que recibió unas pastillas prenatales, hierro y antibióticos, pero se percató de que esos medicamentos estaban vencidos. En los siguientes meses de embarazo, no tuvo ningún control médico.
Las dos doctoras atendían a las 150 embarazadas, a las mujeres que ya habían parido y sus bebés, y a las privadas de libertad en fase de confianza, en su mayoría de la tercera edad. Las dos doctoras no daban abasto.
Un día, durante el octavo mes de embarazo, Flor sintió un terrible dolor en el estómago. La doctora Córdova le dio dos pastillas de omeprazol y la regresó al dormitorio. “Le dije a la doctora que no aguantaba el dolor de la gastritis y ella me dijo: ¿Y qué querés que haga? ¿Que salga afuera, te compre una inyección y te la ponga? Medicamentos aquí no hay, me dijo”.
Las dos pastillas de omeprazol no hicieron ningún efecto y el dolor se agudizó por la noche. La doctora de turno la revisó de nuevo y la remitió al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, donde le diagnosticaron cálculos en la vesícula. Flor necesitaba una cirugía, pero por su estado de embarazo eso no era posible en ese momento. Entonces, un nutricionista le recetó una dieta. “Yo le dije que la dieta no me la iban a dar ahí (en el penal), que era mentira. Una doctora me dijo: ‘¡Ay Dios, hija, solo con dolor va pasar aquí! Usted necesita dieta’, me dijo. Y cuando llegué al penal, cabal, no me dieron la dieta”.
Un mes después de aquellos insoportables dolores, el 25 de diciembre de 2022, nació Andrés. Era un niño desnutrido, se miraba como “amarillito”, dice su madre. El niño quedó ingresado durante tres días, pero su madre, por protocolo de seguridad, regresó de inmediato al penal de Izalco después del parto. Andrés estuvo los primeros tres días de su vida en el hospital Mazzini sin la compañía de su mamá, pese a que la Ley Nacer con Cariño establece que uno de los derechos del niño es el “apego seguro inmediato, mediante el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento que le permita amamantarlo y cargarlo”.
Tres días después de su nacimiento, Andrés ingresó a la granja penitenciaria de Izalco y tuvo dos controles médicos en el que le aplicaron unas vacunas: el primero a los siete días y el segundo a los 40 días de nacido. Después de eso ya no hubo ningún control o revisión médica para el bebé.
Antes de contagiarse de escabiosis, Andrés padeció gripe y tampoco recibió atención médica, dice su madre. “Le dije a la doctora Córdova que el niño estaba mal, que si me podía regalar una perilla para sacarle los moquitos al niño. ‘¡Yo, perillas no tengo!’, me dijo. y me gritó bien feo, se dio la vuelta y no me dio nada”.
La indiferencia ante las enfermedades de Andrés se repetía con otros recién nacidos y otras embarazadas. Flor recuerda a Daisy, una compañera de prisión, madre de un bebé que lloraba de día y de noche. El bebé lloró tanto que, al final, solo gemía con los ojos cerrados. “La mamá se soltó en llanto al ver que el niño estaba en las últimas. Hasta que les remordió la conciencia (a las custodias) sacaron al niño. Cuando lo llevaron al hospital nos dimos cuenta que el niño estaba en coma porque tenía ácida la sangre y problemas en el hígado”.
Aunque los bebés se enfermaban de escabiosis, gripe, fiebres y vómitos, las privadas de libertad no denunciaban las condiciones precarias porque Centros Penales las amenazaba. “Una vez, llegaron unas que no sé de qué país habían venido y (los del penal) querían tapar el sol con un dedo. Y no, no habían dicho dónde estaban los niños aislados por escabiosis. Y ahí, cuando llegaba una visita, todo era normal. Teníamos que estar bien bañadas y hacer todo lo posible, como hacer pasar de que todo estaba bien. Y si alguien hablaba, lo amenazaban con reportes o que iban a hablar al Conapina para que le quitaran a los bebés”.
El que nada debe…
Durante su embarazo en la granja penitenciaria de Izalco, Flor atestiguó que dos compañeras de prisión, María Isabel y Carmen, perdieron a sus bebés por falta de controles y tratamientos médicos. “Cuando estábamos embarazadas a dos se les vinieron los bebés porque cuando sentían dolor lo que hacían era inyectarles diclofenac. Solo eso hacían, y se les vinieron (los bebés) a dos”, dice.
No existe una cifra oficial de mujeres detenidas por el régimen de excepción que está en vigor desde el 27 de marzo de 2022. De las 68,720 capturadas hasta el 16 de mayo de 2023, Socorro Jurídico Humanitario, una organización de derechos humanos, estima que 11,000 son mujeres. “El cálculo lo hacemos de acuerdo a las organizaciones que nos dan datos y lo que preguntamos a las liberadas”, dice Ingrid Escobar, parte de esa organización. Socorro Jurídico no tiene datos de cuántas de esas mujeres estaban embarazadas.
“Muchas de las mujeres detenidas estaban embarazadas al momento de la detención y han dado a luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació y cuál es el estado de salud de ambos”, consigna el informe que Cristosal elaboró durante el primer año de aplicación del régimen de excepción. El documento aporta indicios sobre mujeres que han sido víctimas de abortos provocados por negligencia o abuso de autoridad.
Cristosal cita el testimonio de una mujer que estuvo presa en el penal de Ilopango, conocido como Cárcel de Mujeres. “Muchachas que iban embarazadas y, como no se les dio asistencia médica a tiempo, pues abortaron. Yo vi a una muchacha que a ella se le reventó su apéndice en la celda donde estábamos, la llevaron al hospital, le hicieron el lavado y a los tres días la llevaron nuevamente al piso dónde estábamos. Todos los días tenía que salir caminando ella por todas esas gradas para ir a curación, y cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que la muchacha tenía cuatro meses de embarazo y después que la habían operado del apéndice, la muchacha se agrava nuevamente, la llevan al hospital y se dan cuenta que ella estaba embarazada y le hicieron un legrado”.
Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (MOVIR) han documentado la muerte de cuatro mujeres y dos recién nacidos en el sistema penitenciario. Los bebés fallecieron entre mayo y junio de 2023.
Génesis, una niña de 17 meses de edad, falleció por bronconeumonía bilateral a las 10:40 de la mañana del 17 de mayo de 2023.
La niña ingresó al sistema penitenciario el 24 de agosto de 2022, cuando su madre Marbelly Molina fue arrestada en una colonia de Ahuachapán porque una llamada anónima la acusó de ser pandillera. Génesis tenía ocho meses de edad. Según una publicación de El Diario de Hoy, la abuela suplicó a los policías que le dejaran a la bebé, pero ellos replicaron que en la cárcel “había lugares especiales para los niños y sus madres”.
Tras múltiples peticiones a Centros Penales, la abuela recuperó la custodia de su nieta el 19 de abril de 2023. La bebé pesaba 19 libras y estaba muy enferma en el Hospital Bloom. La familia pagó un tratamiento privado y logró que la niña recuperara las 32 libras de peso, pero un mes después de salir de prisión falleció. Marbelly, la madre, continúa detenida, sin saber que su hija murió.
Cinco meses después de la muerte de Génesis, el 26 de junio de 2023 murió Carlos, un bebé de seis meses que nació en el penal de Izalco.
Centros Penales sacó al bebé del penal el 20 de junio de 2023 y, al entregarlo a su familia, la institución argumentó que padecía gripe. La familia llevó al bebé a un hospital privado de Cojutepeque, donde le diagnosticaron neumonía y escabiosis. Una semana después, pese a tratamientos en el sistema de salud público y privado, el bebé murió por insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática aguda y neumonía debido a otras bacterias. La madre de Carlos, capturada por agrupaciones ilícitas en octubre de 2022, continúa en prisión, según MOVIR.
“Frente a ella le botaron la medicina”
Flor padecía de gastritis y hemorroides desde antes de su captura por el régimen de excepción. Por esa razón, su madre siempre incluía medicina para tratar esas enfermedades en los paquetes, pero el medicamento nunca le fue entregado, según dice. El paquete también incluía cosas para el bebé, pero las mismas eran racionadas por las custodios sin ningún criterio y sin ninguna explicación.
“Una vez vi en la papeleta de que mi mamá me había pasado 100 pampers y a mí solo me entregaron 75 pampers. Lo peor del caso es que según ellos uno no se va a dar cuenta, pero uno se da cuenta porque a veces se fija en la página. Lo que hacen ellos (custodios) es que no le muestran la página a uno sino que la doblan para que uno no vea lo que le han quitado. Mi mamá también le pasó ropa a mi niño y no me la dieron”. Flor tuvo que comprar, con su comida, ropa para su bebé.
Una familia puede llevar a sus detenidos un paquete una vez al mes. Esos paquetes los venden en tiendas que están en los alrededores de los penales y su precio oscila entre los 35 y 175 dólares. Según el precio, el paquete puede incluir papel higiénico, jabón para lavar ropa, jabón de baño, pasta de dientes, crema combinada contra los hongos, ropa interior, galletas, ensure, avena, leche y café. Según Flor y otros testimonios obtenidos por El Faro, Centros Penales no entrega los paquetes y, en algunos casos, entrega solo una parte de los artículos.
“El paso de los paquetes era si acaso la mitad. Tenemos el caso de un esposo que le lleva a su esposa 12 rollos de papel higiénico, dicen que le están dando 9 de los 12, y 3 van para 'las rusas', que son pandilleras activas, muchas de ellas nadie les entra nada, nadie les lleva paquete”, cuenta Escobar.
Según Socorro Jurídico Humanitario, lo más grave sucede con la medicina que las familias ponen en los paquetes para detenidos con enfermedades graves. “Medicina es casi nula la entrega, eso sí nos lo han dicho. Vemos que alguien tiene un padecimiento renal, que es un tratamiento bien específico, y vía peritaje (de Medicina Legal) dicen que hay que darle tratamiento. Ellos (custodios) los pasan, pero a uno le dicen: ¡no, regrese, no lo aceptamos! Y a otra ahí enfrente de ella se lo han botado. Le han dicho que no, que adentro hay medicina, pero eso es mentira. En la medicina estamos mal en todo el sistema penitenciario, atienden a la gente que de plano ya está para morirse”, relata Escobar.
Luz al final de Izalco
Andrés padeció una fuerte fiebre en mayo de 2023, pero en la granja penitenciaria de Izalco no le dieron medicina. “Solo me lo bajaron para ponerle supositorios”, cuenta Flor. La fiebre siguió y el bebé fue remitido al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate.
El 24 de mayo de 2023, un investigador de la Policía llegó a la granja penitenciaria de Izalco para entrevistar a Flor y a otras detenidas. Después de 13 meses en prisión, el investigador hizo dos preguntas en tono amable: ¿Pertenece a una pandilla? ¿Qué significado tienen los tatuajes? “Me tuve que desnudar para que él viera los tatuajes y que no andaba tatuajes de que pertenecía a pandilla. Que si no me salía otro caso ya iba a salir libre, me dijo”.
Cinco días después de la entrevista, el 29 de mayo de 2023, Flor estaba otra vez en el hospital Mazzini, con grilletes y esposas, en una cama al lado de su hijo. Ese día, Centros Penales le dio una mudada de ropa y la carta de libertad. Flor necesitaba regresar al penal de Izalco porque el hospital era un lugar desconocido para ella, pero las custodias le dijeron que no podían llevarla porque cometerían el delito de privación de libertad. Flor tampoco podía abandonar el hospital porque no tenía DUI. Al final, una muchacha se hizo responsable de su salida, le compró comida, la llevó al penal de Izalco y le prestó el teléfono para que pudiera contactar a su familia por medio del MOVIR.
Flor recuperó su libertad el 29 de mayo de 2023, pero aún le perturban los maltratos que vio y escuchó en Izalco. Frente al lugar donde estuvo recluida, dice, había “un murito”, y al otro lado estaba el penal de los hombres. Todos los días, por las noches, escuchaba gritos: “‘Auxilio, ayúdenme’, decían ellos gritando. Quizás los estaban torturando. Se oía que sí los estaban torturando porque los gritos que daban eran unos gritos de terror”.
La entrevista con Flor concluyó casi a las once y media de la mañana del cinco de junio de 2023 por dos razones: primero, porque Andrés despertó de su siesta; y, segundo, porque Flor debía ir al colegio por su hijo mayor, de cinco años. Andrés ya no llora por la picazón, pero aún tiene marcas de la escabiosis en su pequeña espalda. Ha mejorado mucho gracias a los cuidados de su madre y de su abuela. Flor aún tiene dos procesos judiciales abiertos y así explica por qué concedió la entrevista: “Lo hablo porque yo ya pasé por estas cosas y tal vez esto ayuda para que les ayuden a mis compañeras a salir. O, no sé, para que les ayuden con los bebés. Y con los hombres porque están sufriendo. Y hay muchas personas allá adentro”.
