Las recientes reformas legales en El Salvador, incluyendo una a la Ley Contra el Crimen Organizado, representan una nueva y alarmante amenaza para los derechos humanos en el país. Estas enmiendas, impulsadas por el partido oficialista Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, permitirían juicios colectivos de hasta 900 personas, aumentarían drásticamente las sentencias y pondrían en riesgo el derecho fundamental al debido proceso, intensificando así un ciclo de represión cada vez más peligroso y atentando contra el derecho a la defensa jurídica de decenas de miles de personas detenidas desde que el presidente Nayib Bukele impuso el régimen de excepción en marzo de 2022. Si bien es esencial llevar ante la justicia a aquellos que cometen delitos, defender los principios del debido proceso y de juicio justo no es negociable.
Todos los seres humanos tienen derecho a la defensa, pero esto no se puede hacer de manera efectiva en juicios colectivos. Obligar a las personas a ser juzgadas colectivamente va en contravía de la presunción de inocencia. Los criterios para tales juicios siguen sin estar claros, pero podrían implicar el juicio de personas basándose únicamente en que compartan un lugar de origen o una supuesta afiliación a grupos ilegales. Con una medida como esta se corre el riesgo de impugnar erróneamente a personas inocentes que no tienen conexión alguna con las pandillas. Además, el hecho de que estas reformas permitan utilizar la confesión de una persona para implicar a otras es profundamente preocupante, teniendo en cuenta las denuncias de casos de tortura, testimonios bajo coacción y otras violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estado de emergencia.
Otro aspectos de estas amplias reformas que plante graves preocupaciones sobre la equidad y la integridad del sistema judicial es la decisión de otorgar el control de las investigaciones criminales a la Policía Nacional en lugar de a la Fiscalía. Otorgar un poder ilimitado a la Policía conlleva el riesgo de socavar controles y equilibrios esenciales para un debido proceso. Además, la eliminación del plazo máximo de 24 meses para los procesos penales suscita una gran preocupación y abre la puerta a la posibilidad de que personas sean detenidas indefinidamente sin el debido proceso, lo que podría afectar a miles de ciudadanos más.
Este tipo de reformas dejan al descubierto la insostenibilidad del régimen de excepción y de las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele. Los arrestos y detenciones generalizadas e indiscriminadas —que han resultado en que casi el 2 % de la población adulta del país esté encarcelada— han creado una carga abrumadora para las instituciones judiciales, poniendo en tela de juicio no solo la voluntad del Estado salvadoreño para proteger los derechos, sino también su capacidad para investigar delitos con eficacia y velar por la seguridad de sus ciudadanos.
La urgencia de abordar estos abusos y prevenir un mayor daño es evidente. La dependencia del Gobierno de políticas de seguridad que priorizan la represión y la militarización ha llevado a arrestos y detenciones masivas. Ahora, a medida que los juicios colectivos se institucionalizan, parece que El Salvador está atrapado en un ciclo muy peligroso. Este enfoque, basado en la restricción de derechos humanos, es insostenible y perjudicial para el bienestar de las y los ciudadanos salvadoreños y socava todavía más su democracia.
Esta preocupante situación se desarrolla dentro de un contexto más amplio de erosión del estado de derecho y de múltiples informes de violaciones de derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil han documentado minuciosamente casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, procesos penales viciados y la presunta muerte de más de 150 ciudadanos bajo custodia estatal.
La comunidad internacional debe jugar un papel decisivo en enfrentar y denunciar las violaciones generalizadas de derechos fundamentales que ocurren en El Salvador. Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben monitorear y verificar el cumplimiento del gobierno salvadoreño de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, utilizando sus agencias y respectivos mandatos internacionales para visibilizar la situación actual del país.
El camino a seguir para El Salvador debe priorizar la adopción de políticas sostenibles de seguridad ciudadana que defiendan los derechos humanos, y den prioridad a medidas preventivas. Debe abordar las causas fundamentales de la violencia, reducir la impunidad y fomentar entornos seguros para la población. Solo a través de un esfuerzo colectivo y decidido, tanto a nivel nacional como internacional, podrá emerger un El Salvador más seguro y más justo. El momento de actuar es ahora, ya que los derechos humanos están en inminente peligro.
*Carolina Jiménez Sandoval es la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés)
