La victoria de Bernardo Arévalo llegó con esperanza para el futuro de Guatemala, pero las acciones de los poderes fácticos en las semanas siguientes hacen pensar que la situación no ha cambiado demasiado y que llegar a la toma de posesión en enero de 2024 será posible solamente con mucho apoyo frente a la oleada de ataques. Hoy, más que nunca, la presión internacional, específicamente de organismos como la OEA es más importante que nunca. Toda la atención que recibimos previo a la segunda vuelta debe no solo mantenerse, sino acrecentarse para garantizar la transición pacífica del poder.
La fiscal general Consuelo Porras ya activó sin amagues la criminalización relacionada a entorpecer el proceso electoral. El Ministerio Público, por su parte, presentó un antejuicio contra Ramiro Muñoz, registrador del Tribunal Supremo Electoral y contra los magistrados del Tribunal, anunció órdenes de captura contra miembros del partido Semilla y planteó un amparo (que fue rechazado pero manda un mensaje) en el cual le pedía a la Corte de Constitucionalidad que restringiera derechos civiles, la libertad de expresión, derecho a manifestarse y criminaliza a activistas, usuarios en redes sociales y periodistas que han pedido la renuncia de la fiscal general.
Asimismo, el Estado pareció minimizar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Arévalo debido al conocimiento de dos atentados planeados en su contra. Además, en un hecho aparentemente desconectado de las elecciones, la fiscalía capturó a la abogada Claudia González, quien trabajó en la CICIG y es la principal representante legal de fiscales perseguidos, pues dirige más de 100 procesos legales; este parece un intento por mostrar fuerza y decir que la lucha en contra de operadores de justicia sigue viva.
Todo esto demuestra que el Estado de Guatemala se resiste a cambiar, ya que persiste la intención de mantener la criminalización, crear trabas en contra de Arévalo, del tribunal electoral y del proceso. Hay ahora mismo una nube de dudas en donde no hay certeza de que el 14 de enero de 2014 haya un traspaso de mando, por más que Giammattei haya estado de acuerdo en que exista una comisión de transición respaldada por la OEA. Además, el partido UNE no acepta la derrota y, en cambio, apeló al sistema de justicia corrupto y denunció a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por una supuesta irregularidad en el sistema informático.
Estas acciones deberían motivar una nueva discusión en la OEA sobre una resolución contra Guatemala para que los países del hemisferio llamen la atención sobre el tono antidemocrático de las autoridades guatemaltecas, incluyendo al presidente Giammattei, quien ha dado declaraciones ambiguas sobre el traspaso de mando. También se podría aplicar los artículos 18 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, que consisten en hacer visitas al país y realizar una apreciación colectiva de la situación, respectivamente. Para esto ya dio la pauta el Secretario General Luis Almagro, quien publicó un comunicado el 28 de agosto mostrando preocupación por una reciente acción contra Semilla, en donde el registrador del TSE, presionado por el antejuicio en su contra, decidió suspender al partido político. A pesar de estas presiones, el Tribunal Supremo Electoral, confirmó la victoria de Arévalo, y esto podría, a su vez, generar más repercusiones en su contra.
El pasado 10 de agosto, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, los países de las Américas enviaron un mensaje muy claro respecto a cómo el Ministerio Público de Guatemala ha realizado acciones arbitrarias que han puesto en peligro las elecciones y, por lo tanto, la democracia. Este tipo de peligros no se daban en el país desde el “Serranazo” en 1993, cuando el expresidente Jorge Serrano disolvió el Congreso y la Corte Suprema, y trató de permanecer en el poder aupado por un contexto regional donde Alberto Fujimori había intentado algo similar en Perú. Los resultados de esa movida todavía son un capítulo oscuro.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro participó en la sesión y había viajado antes a Washington D.C. para tratar de contener las críticas hacia Guatemala. Con el ánimo de mostrar apertura y conciliación, Búcaro invitó a Almagro para intentar bajar la espuma que crecía respecto a la necesidad de emitir una condena internacional desde la OEA por la criminalización dentro del proceso electoral.
El informe de la visita de Almagro a Guatemala entre el 1 el 4 de agosto arrasó con las expectativas de las autoridades, ya que las dejó muy mal paradas. El documento externa intranquilidad por la criminalización al Tribunal Supremo Electoral y al partido Semilla: señaló 13 casos de ataques judiciales contra Semilla, menciona las amenazas que sufrió Arévalo y el ofrecimiento del presidente de Guatemala de asegurar el cambio de mando. Esto no es menor, porque si el mismo mandatario se vio obligado a comprometerse a entregar el puesto es porque existían dudas que nunca debieron haberse despertado. Inicialmente el partido de gobierno fue parte de los grupos que presentaron amparos cuestionando la elección y, a partir de entonces, se les abrió la puerta a las falsas aseveraciones de fraude.
El Estado de Guatemala ha tratado de normalizar la situación haciendo como que nada pasa. Sin embargo, el solo hecho de realizar esa sesión, de que Almagro haya visitado el país y que los Estados del hemisferio se sientan motivados a promover una veeduría minuciosa es un hecho bastante inusual, producto de las acciones inoportunas del Ministerio Público. El gobierno de Guatemala en privado trata de separarse de las acciones del Ministerio Público, lo cual no es creíble, pues las mismas voces oficiales han mostrado un irrestricto respaldo a la labor de Consuelo Porras, pese a que les afecta públicamente la vinculación.
Los representantes de las misiones diplomáticas de al menos 10 países también han externado sus preocupaciones sobre la situación actual. Los embajadores de Colombia y de Argentina, por ejemplo, señalaron puntualmente el rol de la fiscalía como carente de objetividad y acusaron a las figuras principales de actuar “como un partido político más”. El embajador de Estados Unidos, por su parte, apuntó que la gravedad de la situación tiene en alerta incluso al sector privado, sumándose a la sociedad civil para expresar “su preocupación de que el Ministerio Público viola la ley electoral y el derecho constitucional”.
Por eso es importante que la OEA no quite los ojos de Guatemala y convoque a una nueva sesión del Consejo Permanente, pues al expediente deben incluirse las acusaciones contra miembros de Semilla, la suspensión del partido (que ya ocurrió, pero aún es apelable) y los nuevos casos contra personal del Tribunal Electoral. La conciencia de que de agosto de 2023 a la toma posesión en enero de 2024 hay un trecho largo y empedrado existe, toca esperar y aspirar a que la comunidad internacional siga de cerca el proceso de transición para evitar cualquier intento de ruptura con apariencia de legalidad.
*Álvaro Montenegro es periodista, licenciado en Ciencias jurídicas y sociales. Ha cofundado plataformas de sociedad civil en Guatemala vinculadas a la lucha contra la impunidad. Ha escrito libros de ficción. Actualmente cursa una maestría en Derecho (LL.M) en la American University en Washington D.C., Estados Unidos.
