Amparados bajo el manto de propaganda que envuelve las arbitrariedades del régimen de excepción, el Gobierno ha infundido miedo a algunas voces disidentes y fuentes de información. Para quienes insisten en denunciar las violaciones a derechos humanos ha habido palos y capturas arbitrarias. Los más vulnerables son quienes no tiene un micrófono o los reflectores que le sobran al Gobierno, esas personas que desde el territorio defienden tierras del Estado. Entre ellos está Benjamín Amaya, mi padre, una de las más de 70,000 personas que han sido capturadas en los más de 16 meses que tiene de vigencia la medida represiva favorita del oficialismo.
Mi padre fue capturado el 28 de febrero de 2023. Ahora, tras cinco meses investigando el caso a fondo, he decidido romper el silencio sobre su captura para exponer los patrones de persecución que la empresa privada ejecuta de la mano con el Estado para criminalizar a líderes campesinos que intentan frenar el despojo de tierras disfrazado de energías renovables.
Mi padre es agricultor y durante la Guerra Civil sirvió al Estado en las Fuerzas Armadas; también sirvió, años después, como bombero. Don Benja, como le decimos de cariño, ha creído siempre en el estado de derecho, el Gobierno y la justicia salvadoreña. De él heredé el amor a la naturaleza y el sentido de resistencia ante las injusticias. Aunque la vida nos ha puesto en caminos distintos, lo admiro por la firmeza con la que defiende en lo que cree. Don Benja es un campesino que defiende con tesón la tierra de la que come, no un pandillero o colaborador de pandillas como lo presenta el Gobierno y su fiscal impuesto en redes sociales y, peor, como lo criminaliza el cooptado sistema judicial.
Tristemente, ese mismo aparato de Estado en el que cree lo mantiene preso bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Bukele. Cuando me enteré de la captura de mi padre lo primero que pensé fue que era una represalia contra mi ejercicio periodístico. La misma noche en que lo capturaron, el medio que dirijo publicó una investigación periodística sobre la urbanización de un cerro protegido del lago de Coatepeque, proyecto que la suegra del presidente Bukele publicita en las redes sociales de su empresa.
A medida que me dediqué a investigar su caso, me di cuenta de que la manera en que lo han criminalizado es la misma que han ocupado los Estados y la empresa privada — sobre todo extractivistas— en contra de otros líderes campesinos y ambientalistas en el norte de Centroamérica. Sobre esos temas he escrito en los últimos cinco años como periodista ambiental.
En este caso se repiten los patrones que utiliza la empresa privada para desarticular la organización campesina que defiende la tierra: haciendo uso de la fuerza del Estado para iniciar procesos penales largos, desgastantes e injustos. Lo mismo que vemos con los colonos de Isla Tasajera, en La Paz; en La Labor, Ahuachapán, con los defensores absueltos de cargos, pero sin agua para sus familias; y, más recientemente, con el líder ambiental de La Unión, que es parte de la resistencia que se opone a la construcción del Aeropuerto del Pacífico.
Como estos líderes campesinos y ambientales, mi padre es víctima de un sistema corrupto que protege a los grandes capitales y poderes fácticos que nos gobiernan desde hace décadas en El Salvador. Mi padre está preso por interferir con los planes de una empresa que financió al partido Nuevas Ideas, el mismo que creó Bukele para pasar del bipartidismo al totalitarismo. El Estado, además, ocupó el régimen de excepción para capturar, exponer y procesar a mi padre como un pandillero. Y ahora lo cuento públicamente para que sepan lo que pasa a la gente pobre que vive en tierras estatales. Y lo que vivimos los periodistas afectados directa o indirectamente por el régimen de excepción.
No saber nada de papá durante estos cinco meses ha sido angustiante. Al igual que lo será para el resto de familias que tienen a alguien capturado por el régimen. El proceso ha afectado mi vida y la de mi familia en lo psicoemocional, físico, espiritual y laboral. Las familias afectadas pasamos por una profunda crisis económica y emocional. Desde mi lado, ser periodista liderando un medio independiente e incipiente ha significado que los ingresos que recibo sean para gastos de abogados y el paquete de alimentos que mensualmente le llevamos a la cárcel con la fe de que podrá nutrirse un poco mejor, aunque no haya certeza de que lo reciba.
Mi padre es un señor hipertenso de 62 años. A diario me pregunto si está vivo, si tiene un colchón donde dormir o medicamentos adecuados. Todo eso estalla mi cabeza cada noche. No puedo ver los titulares sobre hombres torturados, violados y asesinados en las cárceles sin pensar en él. Lo único que sé de él es que pasó de las bartolinas de San Juan Opico al Penalito, y de ahí a la excárcel de mujeres para finalmente guardar prisión en Mariona.
Desde el 28 de febrero no escucho su voz contándome cómo están los animales que cuidaba con amor o cómo la edad le afecta para mantener sus cultivos. El miedo de no volver a verlo con vida incrementa con el tiempo. Y el tiempo parece un loop.
Mi padre defiende tierras estatales ubicadas en la finca Argentina, en San Juan Opico, La Libertad, en donde cultiva maíz y frijol desde 2021, junto a un grupo de veteranos de guerra y agricultores. La finca Argentina fue uno de los territorios ganados por el Estado en 1986 con la Reforma Agraria impulsada desde marzo de 1980. El Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), recuperó 806 hectáreas que le pertenecían, hasta ese momento, a Rafael Enrique y Carlos José Ávila Guirola. A los terratenientes les quedaron 100 hectáreas como parte del Derecho de Reserva, como se llamó a las tierras que mantuvieron bajo su dominio, según se detalla en la escritura original del ISTA.
Esas 806 hectáreas recuperadas por el Estado actualmente se han reducido a un poco más de 7,333 metros, según el Registro de Propiedades. Además, información de la Presidencia de la República, registra que esas tierras estatales están ocupadas desde 1989 y que tienen potencial de ser área protegida, pero sobre las cuales las instituciones no han logrado hacer la declaratoria.
En ese contexto de pérdida de tierras estatales en la finca, el ISTA dijo a los veteranos y agricultores que se podían ubicar ahí en marzo de 2021, sin darles ningún documento de respaldo a ese “beneficio” que recibían. Así fue como mi padre llegó al lugar. Sin saber que la necesidad de tener un terreno donde cultivar granos básicos sería la causa por la que hoy lleva cinco meses preso.
En septiembre de 2021, seis meses después de que el Estado les autorizara vivir ahí, apareció la Droguería Farmavida, S.A. de C.V. reclamando suyas las tierras de los agricultores. Farmavida es una de las seis empresas registradas por el Ministerio de Hacienda como financista de Nuevas Ideas. En 2019, la empresa donó $30,000 al partido creado por Bukele. Años antes, en 2014, la droguería donó fondos a los partidos GANA y Democracia Salvadoreña, según informes de la organización Acción Ciudadana.
En 2018, Farmavida S.A. de C.V. compró por $250,000 un terreno de 226, 911.6 metros cuadrados que era parte de un Derecho de Reserva de la familia Ávila Guirola. Pero fue hasta 2021 que, sin mediar con los ocupantes, la empresa los denunció por usurpación. Entre los demandados estuvo mi padre. Esa vez, cuando aún no existía el régimen de excepción, pasó una semana en el Penalito. Quedó libre tras conciliar con la empresa la salida de los agricultores de la finca Argentina.
Mi padre y la gran mayoría de agricultores han mantenido que esas son tierras del Estado. Por eso, una vez que recuperó su libertad, interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional, porque en el proceso previo el Juzgado de Paz de San Juan Opico no tomó en cuenta la voz de la comunidad, que asegura que esas tierras son del Estado. El proceso sigue vigente.
Dos meses después de procesar a mi padre por usurpación, en noviembre de 2021, Farmavida vendió por $500,000 sus tierras a la empresa Solar Capital S.A. de C.V., dedicada a desarrollar proyectos de energía renovable. Solar Capital está constituida por: Technology Group, S.A. de C.V. (75 % acciones), Enersys Solar, S.A. de C.V. (20 % acciones), y Carlos Enrique Araujo Eserki (5 % acciones). El último es el presidente de Banco Azul, S.A. Mientras que la sociedad mayoritaria Technology Group es dirigida por Fernando Alfredo de la Cruz Pacas Díaz, también vicepresidente de Banco Azul.
El fundador, presidente y representante legal de Enersys Solar, con el 20 % de acciones de Solar Capital, es Diego Salcedo Moore, gerente comercial de la división de soluciones de AES El Salvador— corporación estadounidense que opera en el país desde hace más de 40 años–, y cuyas distribuidoras abastecen de energía a 1.4 millones de salvadoreños. Los intereses que se están protegiendo no son, evidentemente, los del Estado y sus tierras, sino los de privados con mucho dinero que buscan lucrarse a partir de la falsa idea de desarrollo.
El 17 de agosto de 2022, Solar Capital solicitó al mismo juzgado que desoyó a los líderes campesinos el “lanzamiento de invasores”, un proceso civil utilizado para sacar a personas que viven en tierras ajenas. Mi padre entonces llevó el caso a la Cámara Ambiental de San Salvador para que interviniera en el proceso y detuviera las violaciones de derechos humanos que ejecutaba el Juzgado de Paz de San Juan Opico al ordenar la expulsión de las y los agricultores de la finca Argentina.
El 6 de diciembre de 2022, la Cámara resolvió que la jueza de Paz de Opico “incurrió en una infracción procedimental” al calificar a los agricultores como “reincidentes” en dos procesos judiciales diferentes: uno penal y otro civil, y con “víctimas” diferentes. Además, la Cámara determinó que la jueza había vulnerado el derecho de defensa de mi padre y las demás personas que viven y cultivan en la finca, por lo que la Cámara anuló la resolución del 19 de agosto de 2022 del Juzgado de Paz, donde se ordenaba la expulsión de los “invasores”.
El 1 de febrero de 2023, 27 días antes de la captura de mi padre, la Cámara Ambiental declaró en firme su resolución del 6 de diciembre de 2022, obligando al Juzgado de Paz de San Juan Opico a hacer una nueva resolución. En ella, el juzgado daba 15 días a los representantes legales de la sociedad Solar Capital para “proporcionar un perito topógrafo” y constatar el tamaño y titularidad del terreno en disputa. La resolución fue emitida el 24 de febrero y, cuatro días después de esa orden judicial, mi padre y cuatro líderes campesinos de la finca Argentina fueron capturados. Para entonces, el régimen de excepción ya tenía diez meses de vigencia.
El operativo estuvo lleno de irregularidades. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía acusaron a mi padre, junto a otras 35 personas, de agrupaciones ilícitas y limitación de libertad de circulación, dos delitos atribuidos a pandilleros. Fue evidente que querían poner un estigma sobre ellos: los únicos rostros en ser enfocados por las cámaras fueron los de los veteranos y líderes de la finca Argentina. En Twitter, el fiscal impuesto por el presidente Bukele, Rodolfo Delgado, retomó las imágenes de las capturas y dijo sobre ellos que “aún quedan criminales en las calles. Estamos utilizando herramientas tecnológicas en las investigaciones para encerrarlos y que no provoquen más daño”. Toda la propaganda bukelista replicó las fotos y tuits.
Ni mi papá ni los otros veteranos tienen ningún vínculo con pandillas. Lo sé porque él me contó desde 2021 cómo las empresas se han querido adueñar de esas tierras para hacer la planta solar. Lo sé porque he entrevistado a las y los agricultores desalojados de la finca Argentina y ellos me confirman la organización campesina que se gestaba. Lo sé porque vivo en El Salvador, país donde desde hace 16 meses estar organizado es motivo para terminar preso.
Sin embargo, los procesaron y expusieron como pandilleros, cuando lo único que han hecho durante más de dos años es defender las tierras estatales en donde viven y cultivan autorizados por el ISTA. El caso, como el de muchos otros durante el régimen, fue clasificado como reservado, y si no hubiese sido por la información de los abogados que me acompañan en el proceso legal, no sabría nada.
La captura arbitraria del 28 de febrero fue solo el inicio de un proceso viciado. En la primera audiencia, celebrada el 14 de marzo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador B4 quitó la reserva al caso y sobreseyó definitivamente el delito de agrupaciones ilícitas al establecer que los veteranos nada tenían que ver con una estructura de la Mara Salvatrucha-13, contrario a lo que decían la Fiscalía y la Policía. Respecto al delito de limitación de libertad de circulación, el juez se declaró incompetente, transfirió el proceso al Juzgado de Instrucción de San Juan Opico y decretó la detención durante seis meses para él y otras cuatro personas, mientras continúa la investigación.
En esa espera estábamos cuando la Fiscalía apareció el 3 de mayo con una nueva acusación por estafa agravada. Este tipo de delitos son conciliables, porque precisamente las víctimas quieren recuperar lo que perdieron. Sin embargo, la Fiscalía pidió régimen de protección para las supuestas víctimas y ningún abogado pudo conciliar.
En este proceso, a mi padre le atribuyen haber recibido 150 dólares en la supuesta venta de terrenos. Todas las personas de la finca Argentina con las que he hablado, sostienen que no han pagado ni un solo centavo por los terrenos donde cultivaban. Y que cada cierto tiempo recolectaban colaboraciones que iban entre uno a cinco dólares para pagar abogados o hacer actividades colectivas. Para los abogados que representan a mi padre, este caso no se sostiene y solo refleja la intención de mantenerlo preso.
La detención arbitraria de mi padre no solo me afecta a mí. Su captura y la de los líderes campesinos sirvió para empeorar la situación de las y los agricultores de la finca Argentina. Las amenazas de sujetos armados que los agricultores reconocen como parte de la seguridad de la empresa, incrementaron entre diciembre de 2022 y marzo de este año. La empresa, además, ha continuado la construcción de un muro y, paulatinamente, fue sacando a quienes vivían ahí. El 15 de junio llegaron, otra vez, con personal de seguridad y maquinaria pesada a destruir los cultivos para abrir el camino del proyecto energético.
Pese a que ya tomaron el “100 % de sus tierras”, Solar Capital no presentó ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico la información legal de su terreno. Así que en el contexto de la captura de los líderes, el 17 de marzo, ese tribunal declaró improcedente el desalojo y archivó el caso.
La empresa ya no vio necesario continuar con el proceso porque “los instigadores” del grupo ya estaban presos por otros delitos. El abogado de Solar Capital, Jorge Meléndez, afirmó que: “en ese momento, estos señores ya estaban capturados por otros delitos. Ya no estaban en el terreno, por eso ya no continuamos, porque ellos ya no se encontraban en el terreno”.
Al archivarse este proceso, se acabó la esperanza de la comunidad por dilucidar de quién son los terrenos en disputa. Ya que, según aparece en el Centro Nacional de Registros, en la finca Argentina hay terrenos del ISTA y de Solar Capital.
La intención de la empresa por quitar del camino a los líderes de la finca Argentina tiene cola. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, según el relato de los habitantes de la finca, la empresa intentó sobornar a mi padre. Tengo los videos donde, con una hielera cargada con gaseosas y una bolsa de chucherías, Meléndez, el abogado de Solar Capital, ofreció a don Benja las escrituras de otro terreno sobre el que no dio más detalles. Le ofreció incluso llevarlo a una parte de las tierras del Estado para que se las “tome todas”. Mi padre fue consecuente con los procesos legales que inició y rechazó las ofertas.
El abogado de Solar Capital confirmó que se reunió con mi padre y otros líderes. “Yo fui en más de una ocasión a hablar con ellos y a decirles que había que salirse. Tal vez les podíamos ayudar a conseguirles un terrenito en otro lugar o algo, si ellos se retiraban. Pero nos salían con machete, encapuchados, quemando llantas”, aseguró Meléndez.
Tanto el abogado como el gerente de operaciones de Solar Capital, Juan Carlos Flamenco, rechazan que la captura de los cinco líderes campesinos tenga algo que ver con las acciones de la empresa para recuperar “sus tierras”. “No fue cosa nuestra. Esa fue una investigación de la Fiscalía que se los llevó presos, independientemente de lo que nosotros decimos”, sostiene Flamenco. Como si no entendiera el poder que tienen los accionistas de Solar Capital en la economía salvadoreña.
Según el video, el abogado Meléndez dijo a mi padre que lo que harán en la finca Argentina es un proyecto con el Estado; pero el gerente de operaciones lo desdijo al afirmar que es un proyecto privado de energía. Eso solo hace su captura más arbitraria, ya que significa que el Estado decidió criminalizar a mi padre en nombre de la defensa de un proyecto de grandes empresarios.
Quiero cerrar esta columna con tres mensajes: el primero, para los soldados que hoy sirven al régimen, para que se vean en el espejo de mi padre. Que no se olviden de que el sistema los usa y desecha y no se preocupará por ustedes una vez estén viejos y pobres. El segundo es para la comunidad desalojada de la finca Argentina: no están solos. Yo sigo trabajando para que se divulgue y se evidencie periodísticamente cómo han sido despojados de las tierras de donde comían, dejándolos sin un techo y a la deriva; y también para que finalmente el mensaje que envían al presidente Bukele sea escuchado.
Y el tercero es para mi padre: viejo, resistí. Acá afuera te espero, vivo y luchador como siempre. Te amo, papá.
*Carolina Amaya es periodista y se ha especializado en crisis climática y conflictos socioambientales. Es parte de la Red de Investigadores Ambientales de El Salvador. En 2022 creó el proyecto periodístico regional MalaYerba, especializado en temas ambientales.
