Luego de la segunda visita de Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el contexto de la elección presidencial de Guatemala, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, decidió abandonar su ostracismo mediático y ofreció una “conferencia de prensa” para rechazar que el MP sea parte del golpe de Estado –denunciado categóricamente por diversos sectores del país y la comunidad internacional– que busca impedir el ascenso de Bernardo Arévalo al poder el próximo 14 de enero. A estas alturas de su gestión, Porras no tiene mayores logros y una de las características de su gestión es la incoherencia: lo que dice no coincide con lo que hace. Niega ser parte del golpe de Estado, pero una semana después, junto a un séquito de guardias con armas de gruesos calibres, ordena allanar las bodegas que resguardan las papeletas electorales, violando la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Nadie en su sano juicio podría creerle algo a una funcionaria como Porras, quien bajo su mandato ha admitido que la institución que dirige pida a un juez cuestionado, como Fredy Orellana, suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla y que dicte órdenes de captura contra exintegrantes del partido ganador de las Elecciones Generales.
Imposible creer que respeta el voto ciudadano cuando, en su afán de “castigar” hasta el más remoto “responsable” del resultado electoral, indaga en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos y solicita el retiro de la inmunidad contra ocho magistrados (cinco titulares y tres suplentes) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por las supuestas anomalías en la adquisición del programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), pese a que este solo tiene una función informativa.
Nadie apostaría por la veracidad de su discurso luego de que la FECI ejecutara dos allanamientos en el Registro de Ciudadanos del TSE y en el lugar que resguarda las actas electorales con los votos de la ciudadanía, violando el artículo 243 de la Ley Electoral, que dice que el TSE es el único órgano competente para verificar y calificar la documentación electoral. Aunque el fiscal Rafael Curruchiche, henchido en patrio ardimiento, negara que las diligencias se enmarcaran en el caso contra Semilla, los allanamientos fueron ordenados por el mismo juez Orellana y bajo el mismo expediente con el que intentaron cancelar la personería legal del partido político. La acción de la FECI fue recibida con un contundente rechazo nacional e internacional, como el del Parlamento Europeo, que dijo que el MP “intenta revertir el resultado” de las elecciones del pasado 20 de agosto.
Estas acciones generaron que el binomio exigiera la renuncia de Porras, Rafael Curruchiche y el juez Orellana –artífices del golpe de Estado, según el mandatario electo– y presentara un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que detengan las acciones de la fiscalía contra los resultados electorales. Esta acción fue acuerpada por miles de ciudadanos de distintas organizaciones.
Nadie pondría las manos al fuego por una institución que, para frenar el descontento ciudadano contra Consuelo Porras, solicita a la Corte de Constitucionalidad un amparo para protegerla a ella, a Curruchiche y Cinthia Monterroso, todos designados por Estados Unidos como actores corruptos. En este amparo, Porras incluyó como pruebas de las “amenazas” publicaciones de periodistas y ciudadanos que expresaban en redes sociales la desaprobación a su mandato, el cual deja más preguntas que respuestas. La Corte, que durante estas elecciones ha sido como una “moneda al aire”, le negó el amparo.
Cuando Porras haga un balance de su gestión (y de su conciencia) debe tener presente que es imposible creerle a una persona que habla de avances en materia anticorrupción, pero lo único que ha hecho es perseguir a jueces –como Carlos Ruano, un operador de justicia más que tuvo que optar por el exilio–, fiscales y defensores de derechos humanos que, en otro momento político, apoyaron una lucha contra la corrupción encabezada por la CICIG, entre ellos la abogada Claudia González, hoy presa por haber investigado a la magistrada Blanca Stalling y defender a fiscales perseguidos por Porras.
Porras también tiene que entender, inevitablemente, que nadie creerá su discurso de transparencia cuando se niega a responder las preguntas de los medios, niega a los sindicados acceso a los expedientes con los que les investiga o procura mantener los casos “bajo reserva” para impedir que los periodistas, o los propios sindicados (que a veces son los periodistas) accedan a las investigaciones.
No puede omitir el hecho de que armar en 72 horas un caso contra José Rubén Zamora –el periodista más prominente de Guatemala–, perseguir a sus abogados y obligarlos a aceptar cargos para hinchar sus estadísticas de efectividad no es una política criminal basada en el “tecnicismo” que tanto defiende. Su insistencia en procesar a periodistas y medios de comunicación independientes hace que esa persecución sea cualquier cosa menos técnica, y la sentencia contra Zamora es una muestra de ello, pues la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fue incapaz de sostener la acusación de dos de los tres delitos por los que lo acusó.
La Plaza, como se le llama en Guatemala a un movimiento ciudadano de protestas que se reactivó cuando el partido Movimiento Semilla alcanzó el segundo lugar en la primera vuelta electoral, sigue en las calles exigiendo la renuncia de Porras y de otros funcionarios ligados a actos de corrupción. Además, se ha lanzado en redes sociales una campaña denominada “Adiós, Consuelo”, que busca evidenciar su falta de idoneidad en el cargo. También se presentaron más de 100,000 firmas para exigir su renuncia.
Hoy pareciera que Porras se ha quedado sola contra el mundo: el presidente Alejandro Giammattei se ha comprometido públicamente a entregar el cargo a Arévalo, la CC –una más de las instituciones cooptadas por el Pacto de corruptos– ha sido sensata y le ha negado el amparo que solicitó contra la ciudadanía y contra periodistas, el TSE se ha plantado en el respeto de los resultados electorales y el Cacif (la patronal de Guatemala) le ha solicitado al MP que actúe conforme la Constitución y haciendo prevalecer la voluntad popular. Pero la fiscal General ha decidido ser –o ha sido obligada a serlo– la cara visible del golpe antidemocrático que erosiona a Guatemala desde el 26 de junio –día en que se supo que los partidos aliados al oficialismo habían perdido las elecciones y que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, se alzaron como finalistas– y que se intensificó con la victoria del binomio el pasado 20 de agosto.
El actuar de Porras no es compatible con la democracia. El único camino para sanear este aire irrespirable que asfixia a Guatemala es que ella abandone ese derrotero apunto de hundirse. Qué insensatez y que maniqueo ejercicio de poder es insistir en apagar el clamor de cambio que la población manifestó en las urnas.
Sin importar a quién o a qué intereses esté sirviendo Porras, este golpe antidemocrático solo le asegura pasar a la historia como la peor fiscal general que ha tenido el país. Una que con ciega locura ha manchado la voluntad ciudadana, misma que hoy exige que renuncie para desatar este nudo ciego que no nos deja vivir la paz que merecemos como país.
*Gerson Ortiz es periodista, escritor y comunicólogo. Laboró como reportero y columnista en La Hora y como reportero, editor y jefe de Redacción en elPeriódico. Ha publicado en medios internacionales como Cinco Días (España), CNN (Estados Unidos) y Exandas (Grecia) autor de Soñarás jamás (Linotipo Editorial, 2018) y La lengua de los gatos (Edición de autor, 2020)
