“Al menos cuatro bloqueos nos separan”, escribió por mensajería encriptada el cardenal Álvaro Ramazzini al aceptar esta entrevista. “Por videollamada es mejor. No se exponga”. Son días convulsos en Guatemala, con un centenar de bloqueos de calles por todo el país en protesta contra los abusos de poder de la Fiscal General Consuelo Porras, y la diócesis de Álvaro Ramazzini está en Huehuetenango, a unas seis horas de carretera de la capital. A la hora de esta conversación decenas de antimotines se habían desplegado en el Anillo Periférico, una de las salidas de Ciudad de Guatemala hacia el occidente.
Ramazzini está del lado de los manifestantes. Todos los obispos de Guatemala, según dice, lo están. En nombre de la Conferencia Episcopal guatemalteca, ha condenado en repetidas ocasiones los obstáculos del Ministerio Público (MP) al proceso electoral y la transición que debe terminar con Bernardo Arévalo asumiendo la presidencia el 14 de enero. Hace cinco días se plantó frente a la sede del MP en la capital y, bajo escolta de los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá, arengó a los cientos de manifestantes: “No puedo dejar de oír los clamores de un pueblo que desde hace siglos exige que su voz sea escuchada”.
Reconocido defensor de los migrantes —fue uno de los fundadores en 1999 de las Casas del Migrante que jalonan la ruta a través de Guatemala, administradas por misioneros scalabrinianos—, y vocal en las causas campesinas y la defensa de los recursos naturales, el obispo no siempre criticó tan abiertamente al Gobierno de Alejandro Giammattei. Dice que antes de la pandemia buscó sin éxito mediar entre comunidades de Huehuetenango y el Gobierno, en un pulso por una hidroeléctrica, hasta que Giammattei, dice, le “hizo ver que él era el presidente y actuaba según quería”. Ahora, con más benevolencia que la que muchos otros conceden a Giammattei, le acusa de ser tibio en la actual crisis.
Con el país en su décimo día de paro nacional, ofrece de nuevo al gobierno su mediación. En esta conversación toma distancia tanto de la Fundación Contra el Terrorismo, a quienes acusa de defender “una Guatemala racista y excluyente”, como de CODECA, a quien critica su radicalidad, y presume de haber forjado con los años amistad con algunos líderes empresariales, pese a sus diferencias. “No tengo elementos para decir si son culpables o no de la crisis actual”, dice del sector privado, “pero de todo el proceso histórico de discriminación y marginación de los sectores más empobrecidos de Guatemala, sí, tiene mucha responsabilidad”.
¿Guatemala se enfrenta a un intento de golpe de Estado?
Es una hipótesis, porque en este país no se sabe qué puede pasar. Me recuerda a la novela Cien años de soledad, que habla de realidades fantásticas pero que pueden darse. La intención de hablar de ‘golpe de Estado’ es enviar un aviso: no lo vayan a hacer. Si los militares están pensando hacerlo, no lo hagan. Sería un desastre para el país.
Guatemala es Macondo.
Sí, es increíble lo que está sucediendo.
Se cumplen diez días de paro nacional y bloqueos. ¿Cómo estima la fuerza de las manifestaciones en este momento?
La Corte de Constitucionalidad (CC) ha aceptado el amparo que presentó la alcaldesa indígena de Palín, pidiendo respeto al derecho a la movilización. Pero la corte también recuerda que las vías deben permanecer libres, sin bloqueos en las carreteras. Mantener el bloqueo es un derecho reconocido bajo la figura de la manifestación pacífica. Los que han violentado las manifestaciones no han sido la gente que las organizó, sino otra gente que se ha infiltrado. El pensamiento de los que iniciaron este bloqueo siempre fue pacífico y esperaría que los que estamos en esta protesta —yo no estoy en los bloqueos— mantengamos ese espíritu.
Anoche visité aquí en Huehuetenango a un grupo que bloquea una carretera hacia la frontera con México. Eran conscientes de la necesidad de no castigar a gente enferma que necesita pasar o a los camiones que traen gas, porque ahorita en Huehue no hay combustible en las gasolineras. Han de tener un sentido mínimo de razón para no llegar a extremos rígidos que pongan en peligro vidas. Ahora, con la normativa de la CC, las autoridades tienen un argumento para decir: “Ustedes no la cumplen, nosotros actuamos”. A veces a los líderes les falta astucia: en el evangelio, Jesús dice que hay que ser sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes.
¿Qué espera que logren los bloqueos?
Yo esperaría que la fiscal general renuncie. Es lo que deseo. Pero no sé hasta qué punto ella tenga la sensibilidad humana para darse cuenta de que las grandes mayorías ya no queremos que siga en el cargo. Ella siempre ha sostenido que actúa de acuerdo a la ley, pero hay actos que no han sido legales y dieron origen a la oposición contra ella, como el secuestro de las cajas de votos. Antes la población no había reaccionado contra ella, a pesar de que tomó disposiciones muy drásticas contra gente de la misma fiscalía, que tuvieron que salir al exilio. Pero cuando tocó la elección, los votos, el conteo, la gente reaccionó. Yo no lo esperaba, pero qué bueno que el pueblo reaccione.
¿Qué papel está desempeñando el presidente Giammattei?
Se ha echado para atrás. Durante semanas no había intervenido públicamente, y en ninguna de sus dos intervenciones recientes mencionó el origen del problema. Ni siquiera ha dicho “Yo no estoy de acuerdo en que me pidan pedirla renuncia de la Fiscal General’.
Yo le digo: “señor presidente, usted tiene que asumir su responsabilidad”. Eso fue lo que le dijimos los obispos en nuestra carta abierta ayer. Tiene la obligación de mantener el bien común, el orden público y garantizar la paz. Lo mínimo que esperaría del presidente Giammattei es que diga, “Señora fiscal, de acuerdo a mis obligaciones le pido que renuncie”. Eso hasta daría puntos al presidente.
Hay rumores —el presidente lo niega— de que se está evaluando declarar el Estado de Excepción.
Si lo están evaluando, eso no ayudará en nada. El nivel de protesta ya ha crecido demasiado y la inconformidad de la población es grande. Al presidente ya solo le quedan tres meses en el cargo y sería una tontería tomar esa decisión, sobre todo viendo la decisión de la Corte de Constitucionalidad.
¿No le parece que la CC ha querido contentar a todos con sus fallos?
Al menos ahora está dando respuestas. Pero no creo que éstas vayan a lograr que todo esto disminuya o desaparezca.
Usted se ha pronunciado a favor del paro, pero hace dos días un sacerdote con sotana arrolló con su vehículo a manifestantes en Cayalá. ¿Hay dos iglesias católicas en Guatemala?
No, es una sola. Dentro de la Iglesia hay órdenes con sus propias normas internas, pero todo aquello que tenga que ver con la vida pública queda bajo la autoridad del obispo. No he platicado con el arzobispo, que tiene jurisdicción allá en Ciudad de Guatemala, pero imagino que alguna palabra dirá sobre esto. Y también me imagino que a los superiores de este sacerdote, que pertenece al Opus Dei, ya les habrá llamado la atención.
¿No es evidente que entre líderes de la misma iglesia hay lecturas muy distintas sobre la coyuntura nacional?
A nivel de obispado, no. Lo que dijimos en el comunicado es lo que todos pensamos. A nivel de los sacerdotes, seguramente. Tenemos libertad en temas que no son de fe. Respetamos el libre pensamiento. En esta diócesis, algún sacerdote que no esté de acuerdo con una declaración mía tiene el derecho a decirme y dialogar. Y si no logro convencerlo, no afecta para nada la vida pastoral.
¿Qué papel debe jugar la Iglesia Católica en esta crisis política?
El que hemos estado jugando: conciliar, sí, pero también ayudar a que se eliminen las causas que han provocado esta situación. Por eso hemos sido consistentes en decir: señora fiscal, renuncie. Usted que se considera católica, renuncie. Señor fiscal Curruchiche, renuncie. Háganlo por el bien del pueblo y no solo porque hayan cometido delitos. Si es que realmente tienen una conciencia cristiana y ciudadana.
El de Giammattei se presenta como un gobierno conservador y religioso. ¿Le escucha a usted el presidente?
Al inicio tuve una relación de cercanía con él, por problemas en San Mateo Ixtatán. Pero después él me hizo ver que era el presidente y actuaba según quería. De ahí en adelante, nada. Ese proceso de mediación en San Mateo Ixtatán lo iniciamos tanto el Gobierno como la diócesis, pero vino la pandemia y todo se detuvo. Ya corté la relación de cercanía de aquellos días y ahora, como ciudadano, me siento con la obligación de decirle dónde está fallando. Por eso hacemos un llamado directo a él y a la fiscal general.
¿La Iglesia aún tiene capacidad para mediar ante el Gobierno?
Si nos piden mediar, estamos dispuestos. Aunque tenemos un Estado laico, siempre hemos estado dispuestos a ayudar a resolver problemas que ponen en peligro la estabilidad social de los guatemaltecos.
¿Qué opina del papel de otras iglesias cristianas en la política guatemalteca?
Hay un sector de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala que está bastante comprometido en lo social. Pero hay otro sector envangélico del que sí echo de menos una posición clara en temas políticos y sociales. Ni modo, es su manera de pensar y tienen derecho, como cualquier creyente.
Una influyente coalición de pastores evangélicos ha respaldado plenamente a Giammattei y sus aliados.
Desgraciadamente. Ese apoyo no ha ayudado. Nos ha llevado a esta crisis. Apoyar debería significar señalar al presidente sus errores. Ya si él no escucha, es otra cosa.
Este viernes usted hizo un llamado a que los manifestantes se cuiden de las “agendas extremistas”. ¿A qué se refiere?
A los infiltrados. Son gente del Gobierno, pero en traje burgués, estando ahí como orejas. Hemos de tener mucho cuidado con los infiltrados del Gobierno. Porque he escuchado rumores de que algunos actos vandálicos han sido cometidos por grupos manejados por personas afines al Gobierno. Habrá que demostrarlo, pero me parece posible.
Hay quienes también consideran al colectivo campesino CODECA, muchos de cuyos miembros se han sumado a estas manifestaciones, como un grupo extremista.
Totalmente de acuerdo. Hace años, recién llegado aquí a Huehuetenango, ellos me invitaron a participar en un encuentro y fui. Les hice ver que algunas de sus actitudes y acciones no ayudaban, pero no quisieron entender. La dinámica de ellos ha sido siempre de choque y eso no ha ayudado al país. Yo se lo he dicho.
Hablando de choques, la Fundación Contra el Terrorismo ha anunciado una denuncia contra el presidente de los 48 Cantones, por su protagonismo en las manifestaciones. ¿Cómo lee esta posible maniobra?
No me extrañaría que lo hagan. Ellos, sobre todo el señor Ricardo Méndez Ruiz, siempre han sostenido posiciones recalcitrantes que no ayudan a responder a los graves problemas del país. Uno dice, “¿cómo es posible que él siga diciendo estas cosas?” Y siempre han utilizado lo legal, entre comillas, como instrumento. Es gente con una posición ideológica extremista.
Dicen defender la Guatemala conservadora.
¿Qué se entiende por la Guatemala conservadora? Una Guatemala racista, excluyente, una en la que siempre se privilegia al sector con más poder económico, e ideológico a través del uso de medios de comunicación. Representan la Guatemala claramente expuesta por Severo Martínez en su libro La patria del criollo. Eso son: defensores de la patria del criollo.
¿Qué significa que una coalición de autoridades indígenas esté en el centro de este movimiento de defensa democrática?
Es un signo de esperanza, y de una verdad que muchos sectores de Guatemala no quieren reconocer: los pueblos indígenas no son los niños que nosotros los ladinos siempre pensamos, aquellos que vivían todavía como esclavos. No, no. Ha habido una evolución en el pensamiento de muchos líderes indígenas, fruto del acceso a una educación formal, fruto de una sensibilización, pero también fruto de una expresión que antes no se les permitía.
Usted ha lamentado que más capitalinos no se hayan sumado a las protestas. ¿A quiénes se refiere?
A toda la población de Ciudad de Guatemala. ¡Son más de tres millones y apenas hay gente delante de las oficinas del Ministerio Público! Yo crecí de niño en ese barrio, Gerona. Ahorita salen personas diciendo, ¡nosotros sí somos de Gerona! Los felicito, pero ¿cuánta gente de otras zonas de la ciudad vino a acuerpar? Un número mínimo. Hace falta que todos sintamos los problemas como propios.
¿Cómo han sido las movilizaciones en su diócesis de Huehue?
Aquí mucha gente está participando o llevando víveres a los que están en los bloqueos. En los pueblos hay una conciencia mayor. Los municipios de Aguacatán y San Pedro Soloma organizaron una recolección de dinero, lo pusieron en camiones y fueron a dárselo a la gente allá en Quetzaltenango. En la cabecera de Huehuetenango quisiera que la solidaridad fuera mayor, pero hay una gran diferencia en términos de solidaridad entre la ciudad y los pueblos.
También sigo lamentando la falta de un compromiso social mayor en nuestras comunidades católicas. Y de los empleadores, para que comprendan que si la gente no acude a su trabajo es por el contexto en el que estamos.
¿Cómo están sus relaciones con el sector privado?
Con algunos de ellos son buenas. Hemos dialogado. En una reunión ellos dijeron que había cambiado su mentalidad sobre mí, porque antes pensaban que yo era un comunista, un extremista. Diría que con algunos he desarrollado hasta una amistad en estos años.
¿Culpa al sector privado organizado por esta crisis, como lo hacen parte del partido Semilla o de los manifestantes?
No tengo elementos para decir si son culpables o no de la crisis actual, pero de todo el proceso histórico de discriminación y marginación de los sectores más empobrecidos de Guatemala, de la falta de crear lo que se estableció en los Acuerdos de Paz —un Estado plurinacional, pluricultural, etcétera—, sí, el sector económico tiene mucha responsabilidad.
¿El conflicto armado es aún una sombra sobre la política de hoy?
Absolutamente. Y desgraciadamente los Acuerdos de Paz, que iban encaminados a sanar heridas y reconstruir el Estado no se han cumplido. Los acuerdos no fueron perfectos, pero habrían ayudado a disminuir la conflictividad social. Desafortunadamente, quedaron en el olvido.
El Congreso está discutiendo una posible ley de amnistía. ¿Cómo lo valora?
Si una amnistía ayuda a que las personas acusadas de delitos realizados durante el conflicto armado a realizar una reinserción en la vida social, y que ellos también reconozcan sus desmanes, muy bien. Pero hace años publicamos una carta pastoral en donde dijimos: si queremos realmente vivir en paz, lo primero que tienen que hacer los que cometieron estos delitos es reconocerlos y pedir perdón. La verdadera reconciliación no radica en una ley, sino que procede de un cambio dentro de la persona.
Usted ha hablado también en público sobre el narcotráfico. Desde Huehue ha de ver su efecto desde la primera fila.
Indudablemente. Una persona que vive en la frontera me dice, “Me están pidiendo los de tal cártel diez mil quetzales para sostenerse en su lucha contra los cárteles mexicanos”, o “Ya no puedo ir a mi terreno porque ahí está la frontera y temo que los cárteles mexicanos entren y, como están peleados con los de aquí, pueda pasar algo”. La gente que vive en la zona fronteriza tiene miedo. Ya no digamos los que están en los pueblecitos en la frontera, donde hay un control total de los narcotraficantes. Es lamentable bajo todo punto de vista.
¿Cree que el narco participó y perdió estas elecciones?
Esos son los rumores, pero mientras uno no tenga los pelos de la mula en la mano, no se puede decir si es verdad o no.
¿Arévalo llegará a tomar posesión en enero?
Yo espero que sí. Tengo la esperanza de que sí.
¿Qué opina de él?
No lo conocía, pero de lo que he visto, y por el apoyo que ha tenido, tengo una opinión positiva. Creo que es un hombre recto, un hombre coherente que tiene una fuerte intención de que el país salga de las crisis en las que estamos. Las posiciones de su partido en el Congreso han sido positivas para Guatemala y tengo plena confianza en que pueda hacer un excelente Gobierno.
Pero ya le dije en un encuentro en Ciudad de Guatemala: “No confíe en esos círculos cerrados que se forman alrededor del presidente, que le endulzan las orejas”. Tiene siempre que dejarse cuestionar y criticar, porque eso es lo que puede ayudarle a ver las cosas desde otro ángulo.
¿Qué espera en concreto del nuevo Gobierno?
Cambios fundamentales: enfrentar la pobreza con seriedad y que no se olvide de las grandes masas de campesinos, que son siempre los más abandonados. Que se haga defensor de los migrantes que viven en Estados Unidos. Que fortalezca los programas de asistencia contra la desnutrición crónica infantil. Y que haya una reforma profunda y urgente al sistema penitenciario: mucha gente debería estar fuera de la cárcel pero por multas que tienen que pagar están ahí.
También que haga funcionar los servicios de salud, tanto los hospitales nacionales como los dispensarios en las pequeñas aldeas, y que ventile y reforme los problemas del sistema de seguridad social. Que contribuya a una profunda reforma educativa para que los Acuerdos de Paz sean aplicados. Y siempre he soñado con una reforma agraria. Muchos dicen, “Ah, nos van a quitar las tierras”, pero no, no es eso.
Hay quienes dicen que la falta de interés por parte del presidente electo en impulsar cambios a la legislación de aborto o de matrimonio igualitario debilita su promesa de cambio inclusivo.
No coincido, claro. No estoy de acuerdo en que se apruebe el aborto ni la pena de muerte ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es lógico; soy obispo. Pero de lo que veo aquí en las comunidades de Huehuetenango, la gente no se plantea estos temas. Al contrario: hablar aquí en una comunidad indígena de que un hombre vive con otro hombre, o una mujer con otra mujer, genera reacciones muy fuertes.
¿La Iglesia tratará de incidir en el nuevo Gobierno?
Como iglesia jerárquica, como obispos y sacerdotes, no. Sí esperaríamos que laicos bien formados, con valores, puedan ayudar a que el Gobierno cumpla. Y hay cristianos convencidos, personas preparadas, que pueden tener cargos de influencia pública. Pero para nosotros es clarísima la separación entre Iglesia y Estado.
