No le queda mucho tiempo al presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, para evitar una catástrofe. La crisis desatada por los descarados intentos del Ministerio Público por evitar la investidura del presidente electo Bernardo Arévalo, avanzan peligrosamente hacia un escenario de confrontación social y aislamiento internacional grave.
La renuncia del ministro de Gobernación, en la que manifiesta que se niega a aceptar órdenes ilegales que atenten contra la vida de los guatemaltecos, aunada a violentos choques en la zona de San Marcos que han dejado ya un muerto, enrarecen aún más la tensa situación que atraviesa ese país.
Tras dos semanas de protestas, con miles de personas exigiendo la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y su ejecutor, Rafael Curruchiche, el presidente Giammatei ha optado por la parálisis argumentando su incapacidad para resolver la crisis.
Una fiscal con sentido de responsabilidad nacional, y de dignidad, ya habría renunciado. Un acto tan sencillo como ese –su renuncia, seguida de la del señor Curruchiche– daría paso a la normalización de la vida nacional y a una transición de mando democrática, que es lo que necesita Guatemala. Pero sus intentos por deslegitimar el proceso electoral han confirmado para quien aún tenía dudas que la señora Porras y su ejecutor carecen de ambas cosas: responsabilidad y dignidad.
Las opciones para salir de la crisis son cada vez menores. Ni el presidente ni el Congreso tienen potestad para destituir a los titulares del Ministerio Público. Legalmente las únicas opciones para forzar su salida pasan ahora por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Ninguna de ellas parece tener hoy la voluntad política para proceder contra Porras; y aunque la tuvieran, el proceso sería largo (o una destitución por desacato, o un antejuicio, o la declaración de inconstitucionalidad de la reforma legal que quitó al presidente la facultad de destituir a la fiscal). La salida, por tanto, debe ser política.
A solo tres meses de terminar su presidencia, Giammatei tiene en sus manos la decisión de liderar esta solución, exigiendo la renuncia de las cabezas de la fiscalía y el respeto a los resultados electorales. Pero sus aliados políticos, grandes empresarios y otras personas cercanas a él, presionan para descalificar la elección y evitar que el presidente electo se ponga la banda presidencial, porque no quieren perder control del aparato judicial y con ello sus privilegios y su impunidad.
Giammatei ha presidido un gobierno manchado por escándalos de corrupción y él mismo ha comandado el desmantelamiento del poder judicial que tanto (tantos años, tantos recursos, tantos traumas, tanto hartazgo popular y tantos pulsos conta el poder) costó a Guatemala poner en orden para ofrecer garantías de justicia.
Pero si su mal gobierno ya le auguraba un lugar poco afortunado en la historia de ese país, la decisión que tome ahora marcará más que ninguna otra su gobierno.
La experiencia hondureña tras el golpe de estado de 2009 puede servirle de espejo para advertir las consecuencias del rompimiento democrático. El aislamiento internacional de Honduras provocó una crisis económica mayúscula, sin acceso a créditos internacionales y con recorte de sus exportaciones. Ello hizo crecer los negocios ilegales al punto en que Honduras se convirtió en un narcoestado. Guatemala corre hoy los mismos peligros y sus empresarios podrían terminar siendo parias internacionales.
Aunado a ello, el aumento previsible de las protestas ciudadanas llevará irremediablemente o a la caída de quienes hoy ostentan el poder o a la represión masiva. La crisis será mayúscula.
Giammatei es el presidente de la República y por tanto el principal responsable de la actual crisis política. De la decisión que tome estos días dependerá también el porvenir de Guatemala, y por tanto su lugar en la historia de ese país. Le queda cada vez menos tiempo.
