La madrugada del 1 de agosto de 2023, 7,000 soldados y 1,000 policías acordonaron el departamento de Cabañas. El presidente Nayib Bukele ordenó un cerco militar para “evitar la salida de pandilleros del departamento” y para “cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”. El cerco militar, levantado en medio de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que ha capturado a alrededor de 73,000 personas en El Salvador, fue instalado en una zona que vuelve a reaparecer en el lente mediático no solo por los recientes pronunciamientos contra el Estado y el sistema de justicia ante la captura de cinco líderes comunitarios de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), ocurrida en enero pasado en Victoria, sino también por las denuncias que han hecho ante la sospecha de una posible reactivación de la minería.
Vidalina Morales tiene 55 años, es madre, campesina y una de las principales voces de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Desde 2006, es parte de la Asociación de Desarrollo Económico (ADES), una organización que la llevó a convertirse en una figura emblemática en la defensa del territorio y del medioambiente en Santa Marta, una pequeña comunidad -de muchas en Cabañas- fuertemente golpeada por operativos militares durante el conflicto armado y que se convirtió en símbolo de resistencia por la defensa ambiental. En esta organización, que nace en 1993 tras los Acuerdos de Paz, ella se formó y se especializó en minería. Hoy en día, Vidalina preside ADES, es la vocera, la que pone su rostro y toma el micrófono cuando tienen que plantarse en contra de proyectos mineros.
Su voz tímida, suave, contrasta con la seguridad con la que argumenta por qué la causa que defienden es “una lucha legítima”. No vacila al denunciar que, por la defensa del territorio, han sido víctimas de crímenes y asesinatos de los que aún reclaman justicia.
Aunque en El Salvador existe la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 2017, el movimiento antiminero asegura que el Gobierno quiere revertir la ley, y que hay señales claras de ello. Esto pese al trabajo que la Mesa Nacional Contra la Minería impulsó durante siete años de litigio y que llevó a que el Estado salvadoreño ganara en octubre de 2016 una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la empresa canadiense Pacific Rim (adquirida en 2013 por la australiana Oceana Gold), que reclamaba una millonaria indemnización debido a que El Salvador se negó a emitir permisos de explotación minera. Para Vidalina, no es opción permitir la minería metálica ya que ocasionará un fuerte daño ambiental, por la contaminación de las aguas y de los territorios. “Es una muerte lenta, pero segura”, reafirma en esta entrevista.
Para el movimiento que abandera, hay fuertes indicios de las intenciones estatales de que vuelva la minería al país. Vidalina se basa en tres indicios para tener las antenas alertas. Tres indicios que desembocan en una pregunta: “¿Por qué hay que crear una Dirección de Hidrocarburos y Minas si hay una ley que prohibió la minería?”.
Ante esas dudas, han reactivado el movimiento antiminero en estas comunidades de Cabañas, donde la misma Pacific Rim determinó que sólo en el proyecto El Dorado, mina que fue explorada mas no explotada y que está ubicada en San Isidro y Sensuntepeque, podría existir un total de 1.4 millones de onzas de oro.
“Hemos hablado con las comunidades de esta situación que estamos enfrentando. Estábamos en eso de lanzar de nuevo toda esta lucha ambiental a nivel de país cuando nos capturan a nuestros compañeros”, comenta. Los compañeros a los que se refiere son Antonio Pacheco, Agustín Rivas, quienes son directivos de ADES, así como de Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, de la comunidad Santa Marta, quienes fueron capturados el pasado 11 de enero, acusados de la desaparición y asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido en agosto de 1989, durante la Guerra Civil.
Luego de fuertes presiones de la misma comunidad y de la comunidad internacional, lograron que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque ordenara detención domiciliaria. Vidalina denuncia que “han desconfiado de este proceso desde su origen”, ante una serie de ilegalidades y vacíos detectados, como el hecho de que estén siendo procesados bajo el régimen de excepción, que ha sido una medida lanzada por el Gobierno de Nayib Bukele como combate a las pandillas. Instancias como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas han solicitado al Gobierno “proporcionar información sobre la base legal para la detención y los procedimientos judiciales emprendidos” en su contra. Para el 2 de febrero de 2024 se espera la vista pública del proceso.
De revertirse la ley, la presidenta de ADES está segura de una cosa: “Se agudizará la criminalización en nuestros territorios”. Aunque no acusa al cerco militar de acoso en su contra, tiene miedo de lo que pueda ocurrir a futuro.
Hay, en medio de este contexto, una fibra sensible capaz de quebrantar la voz: cuando habla de Manuel Gámez Morales, su hijo, detenido el 18 de mayo bajo el régimen de excepción, pero liberado 24 horas más tarde. “Ya me probaron… Ahí sí me han tocado donde más me duele”, acepta.
¿Qué siente cuando ve su comunidad militarizada?
A mí me revive el conflicto armado, por un lado. Cerca de las oficinas donde trabajamos, estamos viendo a cada rato los tanques, unos carros feos con ametralladoras. Hay dos, tres tanquetas. En Ilobasco, hacia la zona fronteriza, hay mucha presencia militar. No quisiera pensarlo de esta manera, pero hay algo sospechoso, algo raro. La militarización está en los alrededores donde está la mina El Dorado, porque fue la que se exploró y la que estaba del todo lista para explotarse. Si bien, hay que decirlo, en el pasado cercano esa zona se ha puesto bastante conflictiva por el tema pandilleril, a estas alturas con la cantidad de capturas que se han hecho, los mismos policías dicen que han “limpiado”. Entonces, nos preguntamos cuál es la razón principal para que sigan existiendo militares, policías y tanquetas en esta zona donde se pretendía explotar la minería. Nos causa un poco de sospecha qué hay detrás de todo esto.
Hábleme un poco más de qué les despierta sospechas.
Son indicios que se han venido viendo desde 2020 sobre la apuesta desde esferas gubernamentales de explotar la minería metálica. Hay tres grandes indicios que nos hacen sospechar de esa intención del Gobierno. Cabañas es un lugar donde ha habido resistencia al extractivismo minero y, capturando a nuestros compañeros, lo que buscan es callar lo que ha sido y lo que es hasta este momento toda esa lucha de resistencia de las comunidades de Cabañas y de El Salvador, porque la lucha ha trascendido el departamento. Lo que se está viviendo es la reapertura de la minería metálica.
¿Cuáles son esos indicios que les llevan a sostener esta denuncia?
Los indicios hoy los vemos más claros. Cuando hay una incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), cuando hay una ley paralela a la Ley de Minería, por ejemplo, esta Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, y cuando hay un presupuesto elevadísimo para revisar y actualizar esta ley. O sea, son tres claros indicios que nosotros hemos venido denunciando desde el año 2022. Hemos hablado con las comunidades de esta situación que estamos enfrentando. Estábamos en eso de lanzar de nuevo toda esta lucha ambiental a nivel de país cuando nos capturan a nuestros compañeros. ¿Por qué nosotros sostenemos esto? Porque hemos venido insistiendo en la necesidad de no revertir esa ley (que prohíbe la minería), pero los indicios que encontramos paralelamente son contrarios. O sea, ¿por qué hay que crear una Dirección de Hidrocarburos y Minas si hay una ley que prohibió la minería?
¿Creen que el trasfondo del cerco militar es ponerle freno a su lucha ambiental?
Para serle sincera, no hemos recibido ningún tipo de represalia por nuestra presencia en las calles. Por lo menos hasta hoy. Eso no quita que mañana las cosas puedan cambiar. Nosotros hemos hecho las acciones en medio de este cerco militar. De vez en cuando nos han parado, nos han preguntado para dónde hemos viajado, especialmente cuando viajamos a San Salvador, porque la mayoría de acciones las hemos hecho allá. Pero, no nos han reprimido. En las pocas veces que nos han parado, hemos dicho para dónde vamos y no ha pasado a más. De hecho, en agosto, en Cabañas hicimos una caminata ambiental en medio del cerco militar. Ellos (los soldados) estaban a un lado y nosotros íbamos de manera pacífica, por supuesto. Lo que sí hemos visto en todas estas acciones que hemos hecho, cuando vamos a la Fiscalía, frente a Centros Penales o a las audiencias (de los líderes comunitarios detenidos), es que llega gente, al parecer detectives, y toma fotos. Eso sí, nos han fotografiado. Lo tenemos bien evidenciado. Gente que no es de la nuestra y anda ahí.
¿Han confrontado a esas personas?
En algunos momentos sí. Cuando fuimos a Centros Penales, le preguntamos a un señor y él nos dijo que era de un medio. Intentó decir el nombre, pero al final el hombre se puso bien nervioso y se terminó retirando, pero ya había sacado muchas fotos. Nuestra mayor preocupación es que a partir de estos movimientos que hemos hecho, en torno a la lucha por la defensa de nuestros compañeros, pueda haber represalias en un futuro cercano, porque esto no parece acabar. Hoy son ellos y mañana quién sabe quiénes serán.
¿Por qué no debe verse como un capricho antojadizo de un grupo de habitantes de Cabañas oponerse a la minería?
Yo creo que la lucha antiminera ha sido una lucha legítima, que ha estado presente desde el año 2004 hasta la actualidad. Como lo hemos dicho: nuestro país es un país densamente poblado. Es claro que la industria minera es la más contaminante a nuestra agua, a nuestro suelo, a nuestra forma de vida. Hay tantas afectaciones. ¿Cómo no evidenciar la alta contaminación en un país donde ya tenemos contaminación en nuestras aguas? Hay estudios que evidencian la contaminación con metales pesados, con cianuro, el químico principal que se utiliza para separar el oro de la roca. Es una situación de contaminación que durará por toda una eternidad. Y no vayamos tan lejos, en San Sebastián (La Unión), ese río está altamente contaminado con drenaje ácido de minas, porque no hay forma de cómo tratarlo. Hace muchos años, el oriente del país fue explotado con minería artesanal. Imagínese cuántos años han pasado y ese drenaje está ahí, vivo. Ese es un río muerto. Si no nos concientizamos de este impacto que puede ocasionar la minería metálica, lo que podemos esperar es una muerte lenta, pero segura. Estamos ante una catástrofe ambiental si se revierte la ley que prohíbe la minería. No nos podemos dar el lujo de permitir que vuelva la minería a este país. Nosotros siempre soñamos con esta lucha de que el tema suba a un rango constitucional para ponerle candados a esta nociva industria, pero ahora, con esta Asamblea Legislativa, con este Gobierno y este sistema de justicia hay tantas cosas en contra nuestra. Es por eso que la conciencia de cada persona es clave para detener los proyectos mineros.
¿No cree que existe parte de la población que sí quiere que haya minería? Gente que, quizás, cree que esta podría ser una manera de resolver sus problemas económicos…
Pues, claro, siempre hay gente que ve en ello una oportunidad porque las mineras venden muy bien el extractivismo. Y, recuerde, que la gente tiene necesidad de trabajo y empleo. Y ahí está la trampa de las mineras, que se aprovechan de la necesidad de la gente. Por eso es importante concientizar a la población.
¿En Cabañas qué tanta es la población que apoyaría la reactivación minera?
En el pasado reciente era muy poca la gente que estaba a favor. Principalmente, era aquella que la empresa tenía con alguna remuneración; era gente cercana al proyecto El Dorado y políticos de la zona, de todos los colores (partidarios).
¿Qué escenario visualizan si se llega a revertir la ley?
Se agudizará la criminalización en nuestros territorios. Yo he escuchado personas que viven en los territorios donde están los distritos mineros en Cabañas, en donde no se dan por vencidos y dicen: “Pasarán encima de nuestros cadáveres, pero aquí la minería no pasará”. Eso lo dicen con la certeza y la seguridad de que ellos van a cerrar filas en sus comunidades. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A más criminalización y a más muerte. Si vuelve la minería, eso nos espera. Aquí esto nos lleva, prácticamente, a una guerra entre empresas mineras y comunidades que se ven trastocadas por la contaminación de sus aguas, la destrucción de sus territorios. Esa es la dura realidad y pareciera ser que no va en otro rumbo este país, pareciera ser que ese es el camino que ha encontrado, ya ahora con la criminalización de nuestros compañeros, con todos esos argumentos que les mencionaba.
¿A qué se refiere específicamente cuando habla de guerra?
Quizás no es la palabra correcta “guerra”; mejor decir, conflictos, como lo vivido ahí por el 2007, 2009 y 2012. Para defender nuestros derechos y nuestros territorios, al final no queda otro camino. La gente dice que no permitirán que entren las empresas a explotar las minas. Y hablo en primer lugar de una defensa o resistencia pacífica. Como el de La Puya, en Guatemala, una comunidad que lleva años en una resistencia pacífica contra la explotación minera.
Pero durante ese pasado conflictivo, los crímenes que vivieron en su comunidad fueron vinculados a pandillas. Las autoridades nunca lo relacionaron a su labor por defensa del territorio. ¿Qué les dice esto a ustedes?
En ese sentido el Estado salvadoreño tiene una deuda con los crímenes de nuestros compañeros en 2009. Para empezar, desde el 2007, toda esa criminalización que se vivió en las comunidades de Cabañas y luego con los asesinatos. Sólo el caso de Marcelo (Rivera) llevó a la cárcel a cuatro o cinco personas, pero los asesinatos cometidos contra Ramiro (Rivera) y Dora (Recinos) ni siquiera se judicializaron. Esos casos quedaron en total impunidad. En el caso de Marcelo, al final lo que decía la Fiscalía era eso: que había una relación con pandillas desde el principio. Empezaron a decir que por su orientación sexual lo habían desaparecido y desde ese momento ni la Fiscalía ni la Policía Nacional Civil pusieron manos en la búsqueda de Marcelo. En este caso hubo fuertes sospechas que había un involucramiento desde las empresas mismas que operaban, digamos, desde la empresa Pacific Rim.
¿Hubo manera de comprobar esta hipótesis?
Había testigos que podían haber dado información sobre la verdadera razón del crimen de Marcelo. Resulta que había un menor de edad que, como a los dos días de haber sido trasladado al penal de menores de Ilobasco, es asesinado. Cosas que fueron ocurriendo, que daban a pensar qué hay detrás de todo esto, qué se esconde. Los casos no pasaron a más de encarcelar a esas personas y allí terminó el proceso de Marcelo, pero los otros casos siguen en total impunidad.
Para entonces, el actual fiscal Rodolfo Delgado era el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado. ¿Qué piensa de que esté hoy al frente de la Fiscalía General de la República?
Es preocupante. Claro, nosotros sabemos que debajo hay otras personas más.
¿Qué personas?
Unos señores de apellido Mena. Imagínense, para ponerle un caso que conocemos, cuando los compañeros que le decía anteriormente fueron criminalizados, un hijo de este (Fidel) Chávez Mena entraba a las audiencias, entraba como que fuera abogado, como que él era parte del proceso. Entonces, nosotros decíamos: “¿Por qué una persona que no es ni parte del proceso, no es abogado, entra a casi todas las audiencias?”. Empezamos a sospechar, que es válido, ¿verdad?, qué relación tenía este señor (Rodrigo) Chávez con la empresa Pacific Rim. Después lo acusaron por descuartizador y nosotros también vinimos en algún momento a hacer una concentración, a movilizarnos por este caso, que también podía haber un involucramiento de parte de él en el caso de los asesinatos en el departamento de Cabañas. Bueno, totalmente hicieron caso omiso de esta petición. Más bien le dieron libertad al señor. Entonces, una piensa que este sistema de justicia está como amañadito, ¿no? Como con algún sesgo mero sospechoso en cuanto a la exigencia de una verdadera investigación y de llevar a los responsables de los crímenes cometidos en Cabañas a la verdadera justicia que este país necesita.
(Rodrigo Chávez Palacios fue vicepresidente de Pacific Rim. ADES denunció que Chávez Palacios fue el máximo representante de la empresa canadiense durante los años de mayor violencia en Cabañas, por lo que pidieron a la Fiscalía que investigara su participación en los crímenes contra ambientalistas. En 2015, Chávez Palacios fue condenado a 11 años de prisión por homicidio y falsedad material tras haber confesado el asesinato de Franklin Mendoza, cuyo cuerpo apareció desmembrado en San Salvador. En diciembre de 2020, recuperó la libertad cuando sólo había cumplido la mitad de su condena. Chávez Palacios es hijo del excanciller y político de la Democracia Cristiana, Fidel Chávez Mena, quien ha sido notario de la familia del presidente Bukele, tal y como consta en el acta de inscripción de la Fundación Bukele Kattán, publicada en el Diario Oficial del 21 de abril de 2020.)
¿Desconfían de cualquier proceso que la Fiscalía de Rodolfo Delgado pueda abrir en su contra, como lo que ocurre hoy con el proceso que enfrentan los miembros de ADES?
Es que nosotros hemos desconfiado de este proceso desde su origen. A ver, hay testimonios de pobladores de Santa Marta en que la Fiscalía en 2022, entre abril y junio, llegó y reunió a algunas personas de la comunidad, empezó a sacar información y a decir que estaban muy interesados en darle seguimiento a las masacres que ocurrieron (durante los años de la Guerra Civil) en los alrededores de Santa Marta. Santa Marta es una de las comunidades donde hubo muchas masacres, entre ellas la del río Lempa, la de Santa Cruz. Entonces, la gente comenzó a contarles la historia. A contarles quiénes eran los líderes, los jefes y esa información es la que ha utilizado la Fiscalía para elaborar los crímenes contra los compañeros. De ahí depende la creación del caso, es un caso meramente construido por la Fiscalía.
¿En qué se basan cuando hablan de que es un caso montado?
Los acusan de un crimen. Este crimen, al parecer, ocurrió en 1989, en pleno conflicto armado. Lo que no se entiende es cómo la Fiscalía arma este caso porque no han encontrado un cadáver hasta hoy. También hay otras cosas que nos llaman poderosamente la atención en este caso y es que tienen un testigo llamado Soriano que, en el escrito que tiene la Fiscalía, asegura haber visto el asesinato, pero que a la hora de la audiencia se contradijo. Entonces, ¡¿cómo es posible que la jueza misma no anula el caso solamente con la contradicción que tuvo?! No creo yo que sea un error sencillo.
Entiendo que el testigo se contradice porque al principio afirmó que vio el crimen, pero luego dice que sólo escuchó, ¿esta es la irregularidad a la que se refieren?
Sí, dice que a él le contaron. Pero, el proceso tiene tantas irregularidades, entre ellas, el trasladar las audiencias hacia San Salvador. Con el informe que ha dado, la respuesta que ha dado el Estado, termina criminalizando a la comunidad Santa Marta, porque pone a la comunidad como una amenaza al orden público; que si las audiencias se daban en Victoria, la comunidad se iba a movilizar e iba a hacer a saber qué desórdenes en el juzgado y por ese miedo lo trasladan. Somos gente que no usa la violencia en ningún momento, nos movilizamos legítimamente como sabemos hacerlo, de manera pacífica.
¿Cómo sería un proceso legítimo y apegado a la ley para ustedes?
Primero, que hubieran encontrado ese cadáver, que hubiese habido una exhumación. Que en realidad esos ADN coincidan con el de la familia. Empezando por ahí, pero que hubiera habido todo ese proceso que permitiera ver una orden de captura, que nunca la hubo, si no fue que ya hasta el momento de los acontecimientos, el 11 de enero, entran como un ladrón entra una casa y asaltan y sacan a los compañeros sin dar ninguna explicación. Ahí fue la misma comunidad la que obligó a que por lo menos nos dijeran por qué se los llevaban. O sea, ¡¿cómo es posible que cuando somos una comunidad víctima de todo un sufrimiento, de todas esas grandes masacres, ahora nos convirtamos en victimarios con la captura de los compañeros?! Es como contradictorio, ¿no? El Gobierno aquí no está interesado en apostarle a buscar la verdadera justicia, sino son otros intereses, que es lo que hemos venido denunciando.
¿Siente algún miedo al hacer estas aseveraciones?
Ya me probaron. Una como humana tiene miedo. A mí me han tocado recientemente con la captura de mi hijo. Ahí sí me han tocado donde más me duele. Lo decíamos ahí por el 2012: es difícil asimilar que nos pase algo a nosotros, igual nuestra familia va a sufrir, pero se acaba todo. Pero, que nos toquen a nuestros hijos… Para mí ha sido duro, estoy tratando de superarlo. Pero eso también me ha llenado de rabia, pero es una digna rabia, quiero que me lo entiendan así, porque no es una rabia que nazca porque sí, porque me cae mal, sino porque yo considero que esta lucha por la defensa de nuestros territorios tiene una gran legitimidad. Si nuestros antepasados se opusieron también a intereses españoles cuando vinieron a extraer nuestros minerales, esa misma sangre traemos nosotros. Somos de esos orígenes, de esa sangre, de esos pueblos, de esos indígenas que lucharon contra estos poderes que hace 500 años se apoderaron de nuestros territorios y eso lo seguimos trayendo en nuestras venas.
Eso es lo que hemos hecho en estos años: si las comunidades de Cabañas y Chalatenango no hubiéramos impulsado esta lucha antimineras, aquí hubiera ya minería. Bueno, construyeron la carretera Longitudinal del Norte con esos intereses, porque toda la zona norte de nuestro país está llena de minerales, ahí no estaban pensando en las comunidades. ¿Para qué la construyeron? Para los intereses mineros que hasta hoy han sido truncados. Pero eso todavía está en la balanza, porque las políticas de este Gobierno van encaminadas a la apuesta por sacar de nuestro subsuelo todos los minerales. Al final, es lo que le puede generar un poco de dinero para pagar la semejante deuda que este país tiene y que cada día se profundiza más.
La detención de su hijo bajo el Régimen de Excepción, ¿fue un claro mensaje hacia usted?
Yo pienso que sí, que no lo pudieron lograr fue otra cosa. Ahí sí creo que vale la pena el esfuerzo de lucha, porque yo creo que la respuesta que tuve, desde el acuerpamiento de muchas organizaciones, fue grande. Para mí fue un logro que en 24 horas pudiera mi hijo recuperar su libertad. Yo sigo sintiendo temor de que lo recapturen, como ha pasado en muchos lugares que los vuelven a capturar y se los llevan, porque con la ficha que les crean, les dejan la huella.
¿Cómo se logra defender una causa cuando hay un régimen de excepción que usted misma reconoce que les atemoriza?
En el caso de la gente que hemos salido (a las movilizaciones), que han sido familiares (de líderes detenidos), gente muy cercana, lo hemos hecho resignadas a que, si se nos captura, ¿qué más? No hay más qué hacer más que seguir participando en esta lucha. Con esa convicción es que hemos participado en este proceso. Claro, yo tengo temor, pero ese temor tampoco me paraliza. En nuestro caso, la lucha es por la defensa del territorio, pero eso le puede importar poco o nada a este Régimen o este Gobierno, si su interés sigue siendo tan descarado de implementar la minería.
Pero sí ha afectado, especialmente a los jóvenes. Hoy vemos miedo en la gente mayor que vivió el conflicto armado y estoy hablando de nuevo de Santa Marta, que es la zona más movilizadora contra la minería. Para ellos es bien difícil ver tanta militarización. Eso ha reducido la participación de la población. Sin embargo, digo yo, si al final tienen que hacer algo, lo harán de una u otra manera. Lo que sí es cierto, que si nosotros no hubiéramos alzado las voces, nuestros compañeros hubieran muerto en la cárcel, porque el tema de salud de nuestros compañeros, cuando salen, es una situación crítica. Alzar la voz nos está sirviendo para visibilizar las luchas. Si quieren o intentan hacer algo contra el movimiento antiminero, se materializa lo que tanto hemos denunciado. Hasta hoy el Gobierno no ha dicho nada, no ha dicho “no, no tengo ningún interés”, y ha guardado silencio. Y como decimos: el que calla, otorga.
