Ya está. La licencia que la Asamblea Legislativa le ha otorgado a Nayib Bukele para que se ausente de la presidencia durante seis meses ha terminado de consumar el fraude a la Constitución para poder reelegirse.
Pero ni eso pudieron hacer sin cometer otro fraude, porque después de todos los artículos constitucionales que violaron para presentarse a la reelección aún les faltaba otro, que ellos mismos utilizaron para justificarse: el 152, que dice que no podrá ser candidato a la presidencia quien haya desempeñado el cargo en los seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Ese, que era su presunto argumento, también lo violaron.
Bukele no ha renunciado a la presidencia de la República. Ha pedido licencia. Por tanto sigue desempeñando el cargo aunque tenga permiso temporal para ausentarse de sus funciones. Por eso mantiene el fuero presidencial, la seguridad y las prerrogativas del cargo. Porque sigue siendo presidente. La Asamblea le ha autorizado a abandonar temporalmente las funciones, no el cargo. Es decir, han cometido fraude tras fraude.
Consultado por el procedimiento legislativo para otorgar licencia al presidente, el diputado Guillermo Gallegos dijo que no existe ese procedimiento, que es necesario crear ese procedimiento, porque (desde que entró en vigor la Constitución, en 1983) ningún presidente había solicitado licencia para hacer campaña con miras a la reelección. Por extraño que sea, el diputado Gallegos tiene razón. No existe tal procedimiento.
No existe porque la reelección está prohibida literalmente, claramente, reiteradamente en nuestra Constitución. O dicho de otra manera: al otorgar a Nayib Bukele una licencia para que abandone sus funciones como presidente de la República y busque su reelección, la Asamblea Legislativa ha contravenido y recontravenido la Constitución de El Salvador. Esa misma que, de hecho, le ordena a la Asamblea “desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo” y que ha dicho claramente que el periodo constitucional dura solamente cinco años.
En otras palabras, los puyabotones del presidente, encabezados por Ernesto Castro, han violado la Constitución y aprobado que Bukele la viole una vez más, desconociendo sus propias obligaciones establecidas en ella.
Muy podrido está el entorno de Bukele si Guillermo Gallegos parece el sensato del grupo. Fue él quien aclaró también, para quienes no leyeron el texto de la licencia, que Bukele no ha renunciado a la presidencia.
La persona designada para llevar las labores administrativas del Ejecutivo, Claudia Juana Rodríguez, no es la presidenta interina sino la designada presidencial, que asume algunas funciones ante la ausencia formal de Bukele y el vicepresidente, Félix Ulloa. No es presidenta interina ni delegada, sino designada presidencial, confirmada por la Asamblea sin cumplir ninguno de los requisitos constitucionales para su nombramiento.
Bukele sigue siendo el presidente. Ni siquiera la licencia es real. Solo ha delegado algunas funciones en apariencia, probablemente como una deferencia especial a su vicepresidente, Félix Ulloa, que lleva año y medio de gira por todos los países que aparecen en su mapa, asegurando que hay un artículo oculto en la Constitución que permite la reelección. Todo es mentira. Bukele sigue siendo el presidente.
Por eso nombró designada a su asistente (ni siquiera se molestó en enviar una terna, como establece la Constitución), leal hasta la complicidad, quien le ha manejado el dinero por allí por donde va necesitando ocultar ingresos.
Claudia Juana Rodríguez, ex Secretaria de Finanzas del partido de Bukele, hasta la semana pasada estaba a cargo de la Dirección de Obras Municipales, la institución creada por este gobierno para centralizar todos los fondos municipales sin necesidad de rendir cuentas de su uso.
Esta semana, el medio Gato Encerrado publicó una investigación según la cual Rodríguez recibió en secreto y sin justificación más de un millón de dólares de la alcaldía de San Salvador, cuando era gobernada por Bukele. Esta es la mujer que Bukele ha designado para asumir funciones en el Ejecutivo mientras él finge estar de licencia.
Todo ha sido una charada, una burla de los hermanos Bukele a la Constitución, a las leyes de la República, a la división de poderes, a la independencia judicial. Un descaro en su proceso de acumulación de poder y enriquecimiento ilícito, con la complicidad del vicepresidente Ulloa, de sus asesores jurídicos, de su gabinete, de sus diputados, de su Corte Suprema impuesta y de su fiscal impuesto.
Por ahora no importa cuántos artículos de la Constitución ha violado Bukele en el camino a su reelección o qué expresiones de cinismo y descaro ejercitan Castro y Ulloa para justificar lo inconstitucional. No importa, porque los Bukele controlan el sistema judicial, desde la fiscalía y los jueces de primera instancia hasta los magistrados de la Corte Suprema y por tanto no hay, en la práctica, manera de aplicarles las leyes y castigar su afrenta a nuestro estado de derecho ni su escandaloso saqueo de las arcas públicas. Estamos, pues, sometidos a la voluntad de un grupo criminal.
Esto significa que todos los ciudadanos salvadoreños dependemos ahora no de un cuerpo de leyes, sino de los caprichos del grupo familiar que gobierna El Salvador que, de la misma manera en que decide quién recibe contratos del estado y qué información es de carácter público, decide también quién puede ser juez y quién no. Quién puede ir a la cárcel y quién no. Quién tiene derechos y quién no.
Bukele sigue siendo el presidente y sus hermanos siguen tomando las decisiones que funcionarios y diputados simplemente acatan. La designada, Claudia Juana Rodríguez, ha sido siempre su subordinada y operadora financiera. En sus empresas, en sus administraciones municipales, en su administración presidencial. Ha sido su cómplice.
La acumulación de poder garantiza impunidad. Y la impunidad permite violar leyes y constituciones sin castigo. Quien hoy pretende reelegirse como jefe del Estado dijo recientemente en cadena nacional que no quiere ser recordado como el presidente que se rodeó de ladrones; y pidió al fiscal investigar a sus funcionarios. Es gratis decirlo cuando el fiscal le sirve a él. Es su fiscal y solo procederá contra quienes Bukele considere sacrificables. Si fuera independiente, la fiscalía tendría abiertas decenas de investigaciones contra los actuales funcionarios, incluyendo a Nayib Bukele y a la flamante designada presidencial, Claudia Juana Rodríguez.
