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Bernardo Arévalo ha sido juramentado. Ahora viene lo más difícil

El mayor riesgo para la presidencia de Arévalo será la intrascendencia y la decepción. Para evitarlas necesitará mucho mayor capital político del que posee ahora que comienza este complicado periodo.
Carlos Barrera
Carlos Barrera

Martes, 16 de enero de 2024
El Faro

Un día antes del traspaso de mando en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad rechazó tres amparos contra la investidura de Bernardo Arévalo. El mismo 14 de enero recibió otro amparo, que también desestimó. Parecían los últimos actos de una conspiración orquestada por el Pacto de Corruptos –un grupo compuesto por agentes poderosos y sus operadores, que necesitan controlar el aparato de estado para actuar impunemente y que incluye a ex militares, grandes empresarios, políticos, fiscales, jueces–.  Este grupo maniobró sin tregua desde la primera vuelta de la elección presidencial, utilizó recursos e instituciones, incluyendo el Ministerio Público y juzgados a su servicio, para evitar que Arévalo asumiera la presidencia.

Ni siquiera la presencia de jefes de estado y de gobierno, representantes de organismos internacionales y funcionarios invitados a la toma de posesión frenó sus últimos intentos por retener el poder. El domingo 14 el Congreso saliente retrasó por horas la juramentación de los nuevos diputados y el viejo orden político se atrincheró calculando que, si la nueva legislatura no asumía oficialmente, el presidente electo no podría ser juramentado. 

Fue una maniobra tan desesperada y absurda que nunca tuvo posibilidades de éxito. Es difícil imaginar qué les hizo creer que, en el último minuto, aún podían evitar la toma de posesión de Arévalo. Por el contrario, si a alguien de la comunidad internacional aún le quedaban dudas o no estaba familiarizado con la crisis política desatada desde que se conocieron los resultados electorales, el domingo vio en primera fila la retorcida, antidemocrática y corrupta maquinación de quienes han declarado a Arévalo su enemigo antes siquiera de que llegara a la presidencia.

Esa impresión debe haber contrastado con su encuentro con Arévalo, que podrá o no simpatizar a alguno pero que ha sido, hasta hoy, un político correcto y una persona decente.

El nuevo presidente de Guatemala está ya advertido: el Pacto de Corruptos hará todo lo posible por no dejarlo gobernar. Y entre ellos hay personas muy poderosas. Es un dilema inmenso para Arévalo, que necesitará crecerse mucho políticamente para cumplir, en estas circunstancias, con las enormes expectativas que ha despertado entre la población indígena, históricamente abandonada (y cuya resistencia, en buena medida, evitó que las elecciones fueran declaradas nulas); entre la sociedad civil comprometida con la democracia y sobre todo entre las energizadas juventudes urbanas cansadas de la corrupción y el crimen organizado.

En el mapa del poder guatemalteco, Arévalo cuenta hoy a su favor con la presidencia de la República, con esa población que lo ha respaldado con firmeza en estos duros meses y con el apoyo manifiesto de la comunidad internacional. Pero mantenerlos depende de sus primeros pasos en el cargo.

El nuevo partido oficial, el Movimiento Semilla, sorprendió este domingo al conseguir una mayoría de votos para obtener la dirigencia de la Junta Directiva del Congreso. Pero la solidez de sus alianzas legislativas es incierta, y sin mayoría garantizada a futuro, Arévalo tendrá que buscar pactos duraderos con otras fuerzas o con el sector empresarial, a cuya cabeza se encuentran grandes empresarios que ven a Arévalo (y Arévalo a ellos) con mucha desconfianza. Tienen visiones opuestas del país y su convivencia parece muy complicada.

Tendrá además que dar respuestas a la plaza, a la que prometió –lo reiteró en su discurso inaugural– terminar con la corrupción, algo tan enquistado en Guatemala que requiere de mucho más que una declaración presidencial y buenas intenciones.

Su primera prueba de fuego vendrá esta misma semana, cuando solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, principal operadora del pacto de Corruptos y administradora de una red de fiscales y jueces que han demostrado estar al servicio de la impunidad. Arévalo no puede destituirlos pero tampoco tendrá margen de maniobra mientras ellos continúen allí. La salida de Porras y sus cómplices parece requerir de una negociación con quienes la han sostenido —incluido el Congreso— y probablemente de presiones internacionales.

El mayor riesgo para la presidencia de Arévalo será la intrascendencia y la decepción. Para evitarlas necesitará mucho mayor capital político del que posee ahora que comienza este complicado periodo. Por el bien de Centroamérica, tan necesitada de demócratas, le auguramos éxitos.  

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