Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los principales líderes de la pandilla MS-13, compareció este jueves 11 de enero al mediodía en una audiencia en Long Island, Nueva York, en el comienzo de su periplo judicial en Estados Unidos, donde está acusado de conspiración para proveer y ocultar apoyo a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo transnacional, conspiración para financiar terrorismo y conspiración para actos de narco-terrorismo. La MS-13 está considerada por Estados Unidos como un grupo criminal transnacional desde 2012.
La audiencia del jueves fue breve: duró apenas 15 minutos según una minuta de la corte de Distrito Este de Nueva York y la transcripción oficial, a las que El Faro tuvo acceso. En ella el pandillero salvadoreño, que estaba acompañado por una abogada defensora nombrada por la corte, Elizabeth Macedonio, renunció a su derecho a un juicio rápido, según ambos documentos.
La ley estadounidense reconoce el derecho a lo que se conoce como “speedy trial”, que implica enfrentar juicio en un plazo de pocas semanas o meses después de haber sido formalmente acusado, con el fin de evitar un largo periodo de prisión preventiva. Pero según Manuel Leiva, un penalista estadounidense que ha defendido a numerosos miembros de la MS-13 en casos criminales en el Estado de Virginia, “en casos complejos no hay forma de que la defensa pueda estar lista en 70 días, así que renuncian al derecho a tener un juicio rápido porque necesitan más tiempo para prepararse.”
“Usualmente, cuando el gobierno federal te acusa, los fiscales ya están listos porque saben que tienen que ir a juicio en 70 días”, dijo Leiva a El Faro. “El imputado tiene derecho a decir ‘no, necesito más tiempo’”, añadió.
Según consta en la transcripción de la audiencia, la jueza Joan M. Azrack, a cargo del caso que el Departamento de Justicia impulsa desde finales de 2020 contra toda la cúpula de la Mara Salvatrucha en El Salvador -o ranfla nacional-, recordó este jueves a Canales su derecho a ser juzgado en un plazo de 70 días. A continuación le preguntó directamente si había tenido oportunidad de discutir el tema con su abogada. Él se limitó a responder “sí”. La jueza preguntó entonces al líder de la MS-13 si estaba de acuerdo con la propuesta de renunciar al juicio rápido y él volvió a responder con un escueto “sí”.
Antes el fiscal del caso, John Durham, había explicado a la jueza que el de Crook “es un caso muy complejo”y que “involucra cargos relacionados con la seguridad nacional”. Durham, que es también el jefe de la Fuerza Conjunta de Tarea Vulcan, una unidad que coordina a distintas agencias gubernamentales en la lucha contra la MS-13, detalló que el expediente contra Crook incluye “documentos muy voluminosos, que incluye grabaciones telefónicas y archivos de sendas investigaciones en Estados Unidos y el El Salvador”. Por ello explicó que tras hablar con la defensa consideraban apropiado un plazo de 90 días hasta la siguiente audiencia. La jueza Azrack programó la próxima audiencia contra Canales Rivera para el 17 de abril.
Los documentos judiciales revelan que Élmer Canales Rivera se encuentra recluido en la celda de aislamiento en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, adonde fue trasladado el pasado diciembre desde Houston, Texas. Durhan informó ayer en la audiencia que el Departamento de Justicia ha tramitado una orden de protección para Crook, lo que implica tomar medidas especiales para garantizar su seguridad mientras se encuentra en prisión.
Un caso de alto impacto
Élmer Canales Rivera fue detenido el 7 de noviembre pasado en México, desde donde fue trasladado a Estados Unidos sin un proceso formal de deportación o extradición. A mediados de 2021 Estados Unidos pidió su extradición al gobierno de El Salvador, donde Canales cumplía en aquel momento una condena de 40 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas. Sin embargo, fue liberado en secreto el 18 de noviembre de ese mismo año por funcionarios de la administración de Nayib Bukele, sin proceso legal alguno, sin notificación al juez de vigilancia penitenciaria y en medio de un repentino repunte de homicidios.
Su liberación ilegal, de la que existen numerosas evidencias, formó parte de la negociación que en ese momento sostenía la administración Bukele con la cúpula de la Mara Salvatrucha y las dos facciones de la pandilla Barrio 18. En los documentos de acusación del gobierno estadounidense contra Canales se afirma de forma explícita que él condujo las negociaciones con el gobierno de Bukele junto con otros dos líderes de la MS-13.
El hecho de que Canales Rivera vaya a ser juzgado en Estados Unidos abre la posibilidad de que el Departamento de Justicia le ofrezca algún tipo de acuerdo de reducción de pena a cambio de su testimonio. Por su trayectoria, el pandillero podría aportar evidencia o detalles que incriminen a otros miembros de la ranfla o incluso a los funcionarios del gobierno de Bukele implicados en su negociación con las pandillas, contra los que fiscales estadounidenses mantienen abierta una investigación.
En documentos de acusación contra otros líderes de la Mara Salvatrucha difundidos el año pasado, se afirma que a inicios de la presidencia de Nayib Bukele “la Ranfla Nacional demandó que el Gobierno de El Salvador se negara a extraditar a líderes de la MS-13, incluyendo a miembros de la Ranfla Nacional, a Estados Unidos para ser juzgados”. A cambio, según Estados Unidos, “los líderes de la MS-13 aceptaron reducir la cifra pública de homicidios en El Salvador, lo que benefició políticamente al Gobierno de El Salvador, creando la percepción de que el Gobierno había reducido la tasa de homicidios”.
Manuel Leiva, que el año pasado defendió en una corte federal a la narcotraficante hondureña Herlinda Bobadilla, para quien la Fiscalía pedía 30 años de cárcel y que fue finalmente sentenciada a 20 años, aclara que el Departamento de Justicia puede ofrecer a un acusado un acuerdo de colaboración en cualquier momento del proceso o incluso con el juicio ya iniciado. “Pero suele hacerlo mucho antes de que el juicio formal arranque”, dice, algo que en un caso de la complejidad del de Canales estima que puede suceder “en un plazo de unos dos años”.
Canales Rivera está acusado de terrorismo junto a otros trece miembros de la cúpula de la MS-13 en El Salvador, por las actividades de la pandilla “en Estados Unidos, El Salvador, México, y otros lugares” durante las últimas dos décadas, según los documentos de persecución penal de diciembre de 2020 hechos públicos por el Departamento de Justicia a inicios de 2021.
*Este artículo fue actualizado el 12 de enero de 2024 a las 3:45 pm, para incorporar nuevos detalles recogidos en la transcripción oficial de la audiencia.
