Tres años después de haber puesto en marcha la maquinaria, Nayib Bukele ha consumado un fraude. Tuvo que dar un golpe de estado a la Corte Suprema de Justicia, colocar a su propio fiscal y a sus magistrados, conseguir que tanto la Asamblea como la Corte validaran una reelección inconstitucional, que los magistrados del Supremo Electoral enfrentaran penas de prisión si se oponían a su candidatura, abrir un voto en el exterior sin mayores controles y asfixiar ilegalmente a la oposición.
En la recta final hacia las urnas, Bukele, su candidato a la vicepresidencia, candidatos a diputados y alcaldes de Nuevas Ideas han utilizado fondos estatales para hacer campaña. Desde la distribución de paquetes alimenticios hasta utilización de instalaciones estatales y canales de comunicación institucionales al servicio del partido de gobierno. Negó ilegalmente el pago de la deuda política a la oposición y advirtió a empresarios de no apoyar a otro partido.
No era necesario que hiciera casi nada de esto último. Su popularidad es tan alta, y la oposición está tan escasa de recursos como de credibilidad, que nadie dudaba de que su candidatura, por inconstitucional que fuera, ganaría el voto mayoritario. Aún así activó todos los mecanismos del fraude, porque esa es la naturaleza del clan Bukele. No conceder ni un solo espacio para otra expresión política que no sea la suya, aunque para ello tuvieran que violar la Constitución, las leyes y la ley electoral. Al fin y al cabo su control de todo el aparato de estado les garantiza impunidad.
Tres investigaciones periodísticas publicadas en la última semana (que prueban las negociaciones del gobierno con el crimen organizado; la corrupción detectada por la extinta Cicíes; y la repartición de créditos de un banco estatal entre diputados y funcionarios de este gobierno) dan cuenta cabal de la negligencia del fiscal general de la República, y confirma su llegada a ese puesto para proteger a mafiosos, corruptos y ladrones en el servicio público salvadoreño y perseguir a quienes representen un obstáculo para la concentración del poder y la impunidad del clan Bukele. Estamos ya en el escenario de un partido único al servicio de una dictadura.
Técnicamente, El Salvador entrará en una dictadura a partir del 1 de junio de 2024, cuando Bukele asuma un segundo mandato que es inconstitucional y cuando ya no queda ninguna institución que le impida hacerlo. En la práctica, los elementos necesarios para constituir su dictadura fueron colocados el 1 de mayo de 2021, cuando su Asamblea dio un golpe de Estado al poder judicial y Bukele se hizo con el control de todo el aparato del Estado.
Los salvadoreños hemos perdido nuestros derechos constitucionales. Primero mediante los decretos de emergencia por la pandemia y después con los regímenes de excepción que terminaron con toda apariencia de estado de derecho. No podemos pasar por alto el hecho de que hemos tenido elecciones bajo un régimen de excepción.
La breve, muy breve era democrática en la historia salvadoreña ha terminado ya. Nayib Bukele ha inscrito su nombre en una de las peores tradiciones políticas centroamericanas: la del dictador.
Pero es necesario ponderar el hecho de que, a pesar del autoritarismo, la represión y la corrupción de su gobierno, Bukele goza de la más alta popularidad para un jefe de Estado en América Latina y la gran mayoría de salvadoreños le quiere ver más años en el poder. Su discurso de combate a las pandillas, y la desarticulación de sus estructuras, han surtido efecto y han transformado las vidas de muchos ciudadanos que vivían aterrorizados bajo el control de las maras. Y tanto que los salvadoreños ya no consideran la seguridad como su principal preocupación.
Esta popularidad no durará para siempre. Sobre todo porque ahora, según las encuestas de opinión, la principal preocupación de los salvadoreños es la economía, que este gobierno ha dejado en peores condiciones.
Los años que vienen solo prometen intensificar la concentración de poder, la utilización patrimonial y personal del Estado, opacidad, represión y castigo. Pero esto también ha pasado antes en nuestra historia, aunque la memoria nacional haya marginado a los héroes demócratas. Y las democracias requieren de demócratas, un bien cada vez más escaso en el país. Solo un sistema democrático garantiza igualdad de derechos para todos, justicia y límites al ejercicio del poder.
Los ciudadanos con vocación democrática, los que aún son capaces de indignarse ante el saqueo criminal del estado o ante los miles de inocentes presos y torturados en las cárceles del bukelismo, deberán encontrar la manera de encauzar esas vocaciones, esa indignación y esa sed de justicia. Y de despertar las conciencias de los demás. Se nos viene una dictadura. Estamos llamados a resistir.
