La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, dijo este martes 6 de febrero, durante una reunión privada con los líderes de los partidos políticos, que sospecha que el fracaso en la transmisión de resultados y conteo preliminar de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero pudo haber sido provocado, y asegura que hará una denuncia a la Fiscalía General de la República. El Faro consiguió audios de esa reunión, donde también se escucha a Martínez asegurar que le parece “tendencioso” que “la mitad de esos (paquetes electorales) sí llevaba papel de seguridad y la otra mitad, no”. Las explicaciones dadas por Martínez no fueron más específicas y abren más dudas sobre el proceso.
“No descartamos, posiblemente, que hayan intervenido para que las cosas sucedieran como sucedieron”, se escucha decir a Martínez en una parte de la reunión ocurrida en un salón del hotel Hilton (antes Crown Plaza) de San Salvador donde ella e Ignacio Villagrán, jefe de informática del TSE, explican las fallas técnicas y logísticas del domingo. Tras decir esa frase, no mencionó quién pudo haberlas provocado y se refirió a otros aspectos concretos: la falla en la conectividad a internet de algunos centros de votación que impidió la transmisión, la escasa capacitación del personal en las mesas para reaccionar a cuando el internet fallara, y la ausencia de material electoral clave para levantar las actas donde se registran los votos.
Una fuente que estuvo en esa reunión entregó a El Faro cuatro archivos de audio que en total suman casi dos horas, en las que hablan no solo jefaturas del TSE sino también delegados de los partidos contendientes, incluyendo Nuevas Ideas, que nombró a Carolina Recinos, comisionada presidencial para coordinar el gabinete de gobierno, como su representante. Al entregar los audios, la fuente indicó a El Faro que en ellos se escucharía a la presidenta Martínez hablar de un aparente boicot, “una mano amañada desde adentro”, dijo. Otra fuente de uno de los partidos políticos que asistió a la reunión confirmó que escuchó lo mencionado por Martínez.
La reunión ocurrió al mediodía del 6 de febrero. Ahí, Martínez y su equipo rindieron cuentas. “El Tribunal asume lo que pasó, no nos estamos excluyendo de responsabilidad”, dijo, y en seguida agregó que tenía sospechas de que hubo un intento de boicot en el proceso que su institución dirigió. “Obviamente, habrá denuncia a la Fiscalía para que investigue esa parte, porque cada jefe tenía su función, los subjefes tenían su dirección, y ahí hay cosas que hay que aclarar. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie, ni responsabilizados por la función de los jefes que estaban obligados a hacerla y que no la hicieron en ese sentido (sic)', se escucha decir en el audio.
Las palabras de la presidenta del TSE en esa reunión no aclaran del todo lo ocurrido, pero caminan en el sentido de las quejas y dudas de candidatos y partidos políticos sobre la fiabilidad del proceso electoral. Los reclamos, de hecho, surgieron en las primeras horas del mismo 4 de febrero y cuestionaban el desbalance en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos. Decían, por ejemplo, que los integrantes de las mesas electorales, en su mayoría, eran de Nuevas Ideas, el partido oficial, y que estos habían ocupado puestos destinados a representantes de otros partidos o ciudadanos apartidarios que habían salido sorteados para trabajar en las mesas.
A lo largo del día se sumaron quejas sobre campaña en los centros de votación, irregularidades en el voto de los salvadoreños en el extranjero y, una vez cerradas las urnas, poca transparencia sobre las razones detrás del fracaso del sistema informático que iba a servir para la transmisión de datos preliminares. Además, el lunes 5 de febrero, se comenzaron a viralizar fotografías en redes sociales de paquetes electorales en mal estado, con apariencia de haber sido abiertos, o en bolsas de plástico negro que no son las bolsas oficiales que se debían usar.
En la reunión privada, Martínez asumió con mayor claridad la responsabilidad del TSE sobre el fracaso de la transmisión de resultados preliminares: 'Nosotros no nos estamos excluyendo de responsabilidad, porque también el Tribunal asume lo que pasa, pero también les quiero decir algo: nosotros vamos a deducir responsabilidades porque esos paquetes pasan por un control de calidad, y me parece tendencioso que la mitad de eso sí llevaban papel de seguridad y la otra mitad no. O sea, aquí no estamos hablando… ustedes saben cómo el tribunal se ha manejado y todo eso”, dijo Martínez.
Se pidió una reacción al jefe de prensa del TSE en la mañana del 7 de febrero, para comprender más sobre las sospechas que tiene la presidenta Martínez. Aunque el jefe de prensa leyó los mensajes, no hubo respuesta después de la 1 de la tarde.
El lunes 5, en una corta cadena nacional de 10 minutos, Martínez solo había admitido que el sistema falló y que “para garantizar la transparencia de los resultados” ordenaban que se volviera a contar el 30 % de las papeletas de la elección presidencial y el 100% de las legislativas, que no se habían logrado procesar. A partir de entonces, las denuncias de personas que trabajaron en JRV se multiplicaron en redes sociales y hasta se llegó a rumorar que las actas y las papeletas habían sido alteradas porque se había roto la cadena de custodia de ese material electoral.
La reunión entre el TSE y los partidos no fue pública y ocurrió después del mediodía en el hotel Crown Plaza de San Salvador, donde el TSE ha instalado sus oficinas temporales y donde el proceso electoral seguirá su curso estos días, con la revisión final de las actas de la votación presidencial que sí se lograron transmitir. Solo el 70 % de las actas se logró transmitir desde los centros de votación hasta el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE) ubicado en la Cooperativa de la Fuerza Armada.
La Fiscalía General de la República nombra un fiscal electoral, que es la autoridad responsable de perseguir cualquier infracción en el proceso. Hasta el momento, ni el fiscal general Rodolfo Delgado ni Alma Campos, la fiscal electoral, se han pronunciado sobre las anomalías suscitadas en la votación. Delgado escribió en su cuenta de X durante la tarde del domingo 4: “Se nos ha reportado que, por disposición de INDRA (empresa informática encargada de transmisión y procesamiento de datos), no se está permitiendo que votantes en el exterior, ejerzan su derecho. Quiero ser enfático en reiterar que la Fiscalía procesará a quien cometa delito. A todos los votantes que estaban esperando y que llegaron antes de la hora de cierre, se les debe permitir votar. Los errores cometidos por esta empresa y por el TSE no los deben pagar los salvadoreños”, fue lo único que dijo.
Delgado estuvo en el hotel el martes 6, pero no brindó nuevas declaraciones a la prensa. Las anomalías que él denunció en su cuenta de X sobre el voto en el extranjero provocó que la elección en tres centros de votación en Estados Unidos tuviera que repetirse, según un acuerdo tomado por el TSE el lunes 5. Sin embargo, al día siguiente, el TSE echó para atrás ese acuerdo, aduciendo que partidos contendientes habían criticado la medida. Todo indica que cientos de salvadoreños que se quedaron sin poder votar en Estados Unidos, a pesar de haber hecho fila a tiempo, no podrán votar.
En la reunión a puerta cerrada, el jefe de informática, Ignacio Villagrán, explicó que parte del problema fue que en los paquetes electorales que el TSE distribuyó a las JRV no iba suficiente papel de seguridad para elaborar las actas con el conteo de votos. El papel de seguridad tiene un número de folio y otros elementos que dan certeza de la procedencia del papel, que es utilizado al cierre de las votación y se usa para imprimir en él, el consolidado de votos una vez se han procesado en la laptop. Ese papel se escanea y se transmite al CNPRE para que se divulgan los resultados preliminares.
Villagrán dijo que “lamentablemente, el papel que llevaba muchas cajas era bien escaso y en algunas no iba, entonces, prueba de ello es que la transmisión para Presidente de la República sí alcanzó, en la mayoría, el papel y pudieron hacer la transmisión que representó eso que llegamos a tener: 6,015 actas procesadas con resultados. Y, de la Asamblea Legislativa, como ya definitivamente no había insumos, sólo logramos procesar alrededor de 400 papeletas”.
Una fuente ejecutiva del TSE y con larga trayectoria en la institución aseguró a El Faro que parte de la explicación de por qué no iba papel de seguridad es la logística de la entrega de los paquetes electorales en los centros de votación estuvo a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticos (USI); es decir, la unidad que dirige Ignacio Villagrán. La fuente agregó que en esta ocasión el TSE decidió que la USI entregara los paquetes electorales sin coordinar con la Dirección de Organización Electoral (DOE), que suele encargarse de procesos logísticos.
Después de esas y otras explicaciones, algunos representantes de partidos políticos tomaron la palabra en la reunión y mencionaron otras anomalías que habían detectado: desde que el TSE no entregó credenciales a sus delegados para que estuvieran en los centros de votación, hasta las fallas tecnológicas y la falta de papel de seguridad.
Este miércoles 7, el TSE comenzó el escrutinio definitivo, que consiste en la revisión de las actas que las JRV de todo el país lograron levantar y transmitir. Normalmente, este proceso llega después de que el TSE ya ha anunciado resultados preliminares, pero el domingo quedó claro que estos no iban a poder ser presentados a la población. El TSE informó que solo el 70 % de las actas de la elección presidencial se había logrado transmitir y que por eso habían decidido pasar directamente al escrutinio final.
El restante 30 % de los votos que no pudo ser transmitido será contado nuevamente de manera manual a partir del próximo jueves 8 de febrero en otro lugar que no será el hotel Crown Plaza. En la reunión con los partidos, el ingeniero Roberto Mora, jefe de planeación estratégica y gestión de calidad del TSE, adelantó que posiblemente el lugar a usar sería el estadio nacional de fútbol Jorge Mágico González y que ahí se iban a colocar entre 300 y 400 mesas para contar los votos, papeleta por papeleta.
También la elección legislativa será procesada de esa manera, contando voto por voto, según lo dicho por las autoridades. El magistrado Guillermo Wellman aseguró el martes 7 que el escrutinio final y el recuento voto por voto podría durar dos semanas.
Después de la reunión, las dudas entre los políticos de oposición se mantuvieron vigentes y algunos partidos, como Arena, pidieron que la elección del 4 fuera anulada. Carlos García Saade, presidente arenero, explicó su postura, y dijo que la elección debía anularse si se tomaba la decisión de que la votación en Estados Unidos se repitiera. A juicio de Garçia, parece que el TSE —cuya independencia ha sido cuestionada por publicaciones periodísticas— intentaba manipular la votación para que más gente fuera a votar. “Como no les dan los votos, quieren meter más votos desde el exterior, que van para San Salvador”, dijo García. La Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó la ley de voto en el exterior que determinó que el sufragio de los votantes con residencia en el extranjero, en las legislativas, se contabilice como parte de la jurisdicción de San Salvador.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos y candidata a la reelección por San Salvador, dijo por la tarde del martes 6 que si el TSE no podía dar garantías de que la cadena de custodia de los paquetes electorales y las actas se respetó, que valía la pena considerar la nulidad de las elecciones.
