El suelo político de Bernardo Arévalo es frágil. Su visita a Washington esta semana fue por invitación de la Casa Blanca, pero encaja en la ofensiva diplomática del presidente guatemalteco para cosechar financiamiento e inversión que le permitan dar resultados rápidos. En casa no solo enfrenta nuevas zancadillas de los grupos de poder que trataron de impedir su toma de posesión, sino también la impaciencia de parte de sus propios votantes. Hay quienes, sin que haya cumplido aún 100 días en el cargo, le reclaman falta de agresividad contra los actores corruptos, torpeza comunicativa, y le acusan de sentirse más cómodo en las giras internacionales que en la gestión de la crisis permanente nacional.
De un reciente viaje a Europa regresó con la suspensión temporal de la sanción que el Comité Olímpico Internacional impuso hace dos años a su país. El lunes, tras sus reuniones con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, se anunciaron 170 millones más de ayuda estadounidense a sus proyectos de desarrollo. La administración Biden espera haber encontrado, por fin, un aliado fiable en el norte de Centroamérica tras su fracaso con Alejandro Giammattei y el debilitamiento de la relación con Xiomara Castro. Pero para ello el nuevo gobierno de Guatemala tiene que dejar de tambalearse.
En una breve entrevista concedida a El Faro la noche del martes, casi al cierre de su visita oficial, Arévalo niega que su gobierno esté en riesgo —hay en su gabinete quien aún teme un intento de golpe— y argumenta que tiene “un nivel de respaldo y entendimiento notable” con los sectores sociales y económicos clave. Pero reconoce que “redes corruptas” controlan del Ministerio Público y tienen “tentáculos que se extienden dentro del Congreso y las cortes judiciales”. Para garantizar un cambio democrático ve “necesaria” la destitución de la Fiscal General Consuelo Porras, pero admite que eso requiere un consenso político amplio que en este momento no existe.
El mismo martes, Arévalo pidió en un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una misión observadora del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones de Guatemala, previsto para mitad de año y vital para que el sistema de justicia recupere la independencia. La OEA ya respondió afirmativamente.
Su apuesta, mientras, es consolidar su visión política —y el favor popular— concentrando inversión pública en las zonas más abandonadas del país. Se lo exigen los movimientos campesinos e indígenas que respaldaron su elección, pero es también de justicia. Antes de empezar la entrevista Arévalo ha tenido con un funcionario de la OEA un breve cruce de palabras sobre derechos económicos y sociales, y el presidente de Guatemala ha ironizado: “En eso solo llevamos quinientos años de retraso”.
¿De que habló en sus reuniones con Biden y Harris, más allá del agradecimiento público que usted ya les expresó por su apoyo a la transición presidencial en Guatemala el año pasado?
Con el presidente Biden abordamos, en rasgos generales, el tono de la relación que estamos construyendo y la voluntad y decisión de colaboración entre nuestros dos países. Con la vicepresidenta Harris tuvimos reuniones de trabajo, con equipos en ambos lados, para identificar los distintos temas en que tenemos vías de colaboración, programas. Y habíamos tendido una preparación previa. La semana pasada celebramos dos reuniones en Guatemala: el diálogo económico de alto nivel —que Estados Unidos solo tiene con algunos países— en el que participaron 12 o 13 agencias norteamericanas distintas que acompañaron al Subsecretario [de Estado Jose W.] Fernández y en el que ya se hizo una revisión completa de la agenda de nuestra visión desarrollo y los espacios donde podría haber cooperación; y un par de días después vino el secretario [de Seguridad Nacional Alejandro] Mayorkas para hacer una revisión de temas alrededor de cuestiones de seguridad y migración...
¿Habrá cambios en el abordaje de la migración, respecto al gobierno de Giammattei?
Con la administración Biden compartimos la comprensión fundamental de que el fenómeno de la migración ha de ser entendido en su dimensión estructural, y no solo con atención a los flujos actuales. Eso nos permitirá colaborar en temas de desarrollo, que es lo que estamos discutiendo en buena medida.
En cuanto a las agendas de migración, estamos convencidos de que el tema requiere un abordaje regional. Lo hemos manifestado y ya hubo reuniones trilaterales en las que el canciller trabajó con la canciller mexicana, [Alicia] Bárcenas, y el Secretario [Antony] Blinken. Vamos a seguir con la reunión ministerial sobre seguridad y migración en mayo [en Guatemala] en el marco de la Cumbre de Los Ángeles.
La administración Biden, a pesar de su discurso sobre las “causas raíz” de la migración, sigue priorizando con sus acciones el cierre fronterizo.
Los dos gobiernos entendemos que es necesario empezar a ordenar y regularizar los flujos de migración que existen, y tenemos que encontrar formas para avanzar hacia ese objetivo, que van desde abordar el problema del coyotaje, de las redes criminales que están fomentando este tipo de migraciones [indocumentadas], de altísimo riesgo para quienes las siguen, hasta otras medidas como la ampliación de las visas laborales. Hemos discutido la posibilidad de identificar brechas de demanda laboral que puedan ser atendidas por contingentes de trabajadores guatemaltecos, e incluso mecanismos que capaciten a personas para llenar esas brechas. Estamos tratando de abordar el fenómeno en sus distintas dimensiones.
Tras su reunión con Harris se anunció un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Guatemala. ¿Hay proyectos específicos a los que su gobierno destinará esos fondos?
Sí, hemos presentado solicitudes concretas, como el apoyo a la ampliación del seguro agrícola, que es un proyecto que ya existe, lo que hace todo más fácil. El programa cubre a 100 mil agricultores y queremos llevarlo a un millón: esto permitiría que un millón de familias, cinco millones de guatemaltecos, estén cubiertos ante la posibilidad de variaciones en la cosecha a causa del cambio climático e inclusive ampliar la cobertura a fenómenos como la sequía, heladas, inundaciones. También el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos tienen interés en el tema, pero es un ejemplo de lo que estamos discutiendo con la administración Biden.
¿Priorizará el agro?
Nuestra intención es, durante los próximos cuatro años, concentrar la inversión pública en infraestructura para en desarrollo en las zonas del país más abandonadas del país: el altiplano occidental, las verapaces y el corredor seco. Hemos llamado al proyecto “Avenidas para el desarrollo”. Queremos que la construcción de caminos secundarios y caminos rurales sea un vector para la entrada de todo tipo de cooperación estructurada desde los distintos ministerios. A la construcción de esas redes que conectarán poblaciones le seguirá el trabajo en salud, educación, electrificación, y apoyo a la producción agrícola con programas de riego, de crédito y microcrédito... Todo con la intención de que en esas zonas, donde gran parte de la población vive de la agricultura de subsistencia, cultivando maíz y frijol porque es lo único posible, puedan pasar a ser pequeños productores agrícolas y encadenarse a cadenas de valor. En esta gran visión de desarrollo queremos integrar no solo la ayuda de Estados Unidos sino la de todos los cooperantes.
Hace pocos días realizó también una gira por países europeos. ¿Está buscando fuera de Guatemala el apoyo económico y político que aún no ha logrado articular dentro del país?
Estamos aprovechando el interés y el apoyo manifiesto que nuestro gobierno ha despertado a nivel internacional para poner sobre la mesa el hecho de que, así como agradecemos el apoyo político que se nos dio en la lucha por rescatar las instituciones y llegar hasta la investidura, queremos ayuda en el proceso de construcción del desarrollo, que es como la gente sentirá los beneficios de estar apoyando la democracia.
Sabemos que Guatemala necesita fuentes de inversión, y estamos haciendo mucho trabajo para que nuestros socios abran flujos de apoyo a la inversión pública, pero también a la de actores privados. Por eso hemos tenido reuniones en Francia o España con el sector privado, igual que las tenemos en casa. Y lo hacemos porque creemos que en Guatemala el nivel de respaldo y entendimiento que tenemos con distintos actores del país es notable.
¿Cree que la moratoria en la minería que usted prometió puede afectar a la inversión estadounidense?
No lo creo. Seguramente si hay alguien en el sector minero lo va a pensar, pero es un sector que atrae cantidades minoritarias de inversión. En cambio, las posibilidades en sectores como la producción textil, la agricultura, la energía, la electrificación, incluso en los hidrocarburos, es muy amplia.
¿La promesa de la moratoria minera se mantiene entonces?
Se mantiene, totalmente.
Acaba de decir que en Guatemala tiene con los distintos sectores del país un entendimiento “notable”, pero las tensiones con el sector privado, el Congreso, incluso movimientos indígenas, siguen siendo evidentes.
Estamos trabajando juntos. Durante la visita de los delegados estadounidenses para el diálogo de alto nivel tuvimos una cena en la que participaron representantes del sector privado, del liderazgo indígena, liderazgo social, todos sentados con el Gobierno alrededor de esta agenda de trabajo.
Eso no quiere decir que no haya problemas en las instituciones que siguen cooptadas por parte de redes corruptas, como el Ministerio Público, o los tentáculos que se extienden dentro del Congreso y dentro de las cortes judiciales. Ahí desde luego vamos a tener problemas. Pero no vamos a permitir que los problemas que tenemos en el frente de la gobernabilidad a causa de la persistencia de esas redes nos distraiga de la tarea de generar desarrollo en el país.
En su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA dijo que los golpistas “no cesan”, y pidió una misión de observación para el proceso de elección de la nueva Corte Suprema y las Cortes de Apelación. ¿Significa eso que aún necesita apoyo internacional para garantizar que su gobierno continúe?
No. Pero creemos, en general, que la defensa de la democracia es un trabajo que requiere la integración de esfuerzos nacionales e internacionales. Nosotros somos el mejor ejemplo, pero creemos que es un principio que tiene que ser desarrollado a nivel internacional. De hecho ya estamos haciendo llamados para que se empiecen a desarrollar nuevos mecanismos de trabajo entre países democráticos que permitan, sobre la base del caso de Guatemala y otros ejemplos, generar apoyos y entender cómo se puede acompañar mejor el fortalecimiento de la democracia en otros países.
¿Por qué decidió destituir a 17 gobernadores departamentales antes de tener seleccionadas a las personas que los van a sustituir?
Porque eran actores que respondían al interés de esa lógica corrupta que venía operando y no era recomendable que siguieran en una posición desde la que estaban intentando, de alguna manera, utilizar el cargo.
¿Esas redes siguen operando también dentro de los ministerios? ¿Está enfrentando resistencia, oposición, también dentro del Ejecutivo?
En los ministerios hemos encontrado un poco de todo: lugares en los que efectivamente hay presencia de redes de corrupción y estamos trabajando en la identificación y en la acción, pero también otros en los que encontramos funcionarios que empiezan a manifestar su satisfacción porque ya no tienen que vivir bajo la coacción de esas redes de corrupción.
¿Cree que lograrán la destitución de la Fiscal General por la vía legal?
Creemos que es necesaria y vamos a seguir trabajando para ello.
La clave, al final, será el grado de apoyo político que tenga ese proceso legal, ¿no?
Tiene que existir una salida en el marco de lo que la legislación guatemalteca establece, pero sí, requiere un apoyo general.
