En años recientes miles de centroamericanos y centroamericanas han abandonado sus países debido al crecimiento del autoritarismo. Un informe del Estado de la Región documentó que más de setecientas mil personas solicitaron asilo en un país distinto al que residían en 2022. Para octubre de ese año, la Agencia Ocote realizó una contabilidad de la cantidad de jueces, fiscales, periodistas, estudiantes y defensores de derechos humanos que se habían exiliado de Guatemala en los últimos siete años (2015-2022). La cifra ascendía a 86 personas.
Hay que tomar en cuenta que para octubre 2022, cuando se publicaron esos datos, todavía no había calentado la campaña política de 2023 y Bernardo Arévalo era apenas un candidato menor, de un partido menor en el escenario electoral. Aun así, la violencia del llamado “pacto de corruptos” ya había expulsado del país a casi 100 personas. El desarrollo posterior de los acontecimientos hace evidente que la cifra de personas exiliadas creció exponencialmente.
La realidad del exilio que afecta a esta población es implacable (marcada por el desarraigo, la violencia institucional y la ausencia de los seres queridos). Entre las personas exiliadas predominan operadoras de justicia y periodistas, así como estudiantes, docentes universitarios y defensores de derechos humanos. En algunos casos su estadía fuera de su país se ha prolongado por varios años.
Quienes trabajaban en el ámbito de la justicia fueron obligados a abandonar Guatemala por una abierta e ilegal persecución orquestada por el Ministerio Público (MP) liderado por Consuelo Porras y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con Rafael Curruchiche como representante, para ejercer una estrategia de presión y venganza política contra personal de la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Poder Judicial. El objetivo de esta persecución fue subvertir el estado de derecho, instrumentalizándolo políticamente para castigar a quienes investigaron y enjuiciaron a políticos y empresarios coludidos en el “pacto de corruptos”.
Contra este extenso grupo de profesionales del derecho y de periodistas, el MP abrió una serie de causas penales caprichosas y peripatéticas que buscan denigrar el trabajo de profesionales que se encontraban en ejercicio de sus funciones, como por ejemplo acusaciones de lavado de dinero, conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad por realizar sus procesos ordinarios de investigación y otras. En algunos casos estas personas fueron detenidas y encarceladas por períodos prolongados sin acceso a sus expedientes.
En muchas ocasiones las y los abogados que les defendías fueron también perseguidos y judicializados. Destaca que, en la mayoría de las imputaciones, el querellante es la Fundación contra el Terrorismo, cuyas acciones han sido determinantes para este masivo lawfare que ha intentado por todos los medios profundizar los retrocesos del estado de derecho y los derechos humanos que habían conseguido gracias a la acción diligente del Poder Judicial y la CICIG años atrás. Las denuncias presentan todo tipo de errores legales y de manipulación de pruebas para forzar los tipos penales. Las personas que hoy lideran las instancias estatales querellantes (MP y FECI) en su mayoría han sido sancionadas por corrupción por parte de Estados Unidos, Canadá y países miembros de la Unión Europea, lo que denota que su accionar en contra de operadores de justicia y periodistas es parte de su afán de cooptación del estado.
El gobierno de Guatemala ha expresado y demandado la ayuda de la comunidad internacional para llevar a cabo un proceso de renovación de cargos del poder judicial, que sea acorde con los principios de legalidad. De este planteamiento se espera que pueda haber una nueva configuración de actores que recuperen el estado de derecho y devuelvan el principio de legalidad a los procesos judiciales. No obstante, ese proceso es insuficiente para atender la urgente situación del exilio, por varias razones.
Una de las principales es que las personas perseguidas cuentan con requerimientos judiciales arbitrarios, causas abiertas y penas por cumplir. Además, el problema no es solo la imperiosa necesidad de cesar a la fiscal Porras, es también la ausencia de una respuesta que incluya a todas las instancias pertinentes del estado.
Debe haber una convocatoria que reúna a instituciones como la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Gobernación (para analizar y depurar los expedientes) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (para revisar los pronunciamientos, las alertas, las medidas cautelares y declaratorias internacionales, así como el procedimiento de retorno o indemnización de las personas obligadas al exilio).
El gobierno de Bernardo Arévalo, un presidente que creció en el exilio y conoce la marginalización y vulneración que ello implica, tiene en este momento una oportunidad de oro, para llamar a una mesa amplia de actores que garanticen una justicia pronta y cumplida que haga prevalecer el principio de legalidad para las víctimas de la corrupción estatal. Cualquier otra vía que se intente, como atender los procesos de oficio o insinuar amnistías, lo único que conseguirá es revictimizar a profesionales decentes que han sido cruelmente apartados de sus cargos, familias, bienes y seguridad personal.
*Ilka Treminio Sánchez es directora de FLACSO- Costa Rica y coordinadora de Cátedra Centroamérica en la Universidad de Costa Rica
*Mario Zúñiga Núñez es coordinador de Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la Universidad de Costa Rica.
