En marzo de 2024 se celebraron las novenas Elecciones Regionales en la Costa Caribe de Nicaragua. Decir que en el país hubo otras elecciones ilegítimas posiblemente no sea sorpresa para nadie. Sin embargo, decir que hasta hace muy poco todavía en la Costa Caribe, habitada por población indígena y afrodescendiente, el Frente Sandinista (FSLN) tenía disputa política y electoral, quizás sí sea algo de lo que no se tenga tanto conocimiento.
¿Qué es la Costa Caribe nicaragüense? En 1987 se aprobó la “Ley 28, Estatuto de Autonomía”, gracias a la histórica lucha de los pueblos de la Costa Caribe, la cual permitió el reconocimiento de un avanzado modelo autonómico donde los costeños podrían administrar recursos, programas y proyectos, y autogobernarse, sin injerencia del gobierno central. Esta zona del país concentra el 46% del territorio nacional, más del 80% del área forestal, 70% de la producción pesquera y 60% de los recursos mineros. Esta riqueza natural ha motivado a que las élites políticas y económicas del país desplieguen un modelo económico neoextractivo (es decir, una sobreexplotación de recursos naturales mediante el acaparamiento de tierras) basado principalmente en la minería, la ganadería y el monocultivo. Solo en 2021 Nicaragua llegó a una cifra récord de exportación de oro de más de 560 mil onzas, con un valor de 868 millones de dólares, según el Oakland Institute.
Desde el retorno de FSLN al poder en 2007, estas políticas se han profundizado. En la actualidad se calcula que el 15% de la superficie terrestre de Nicaragua se encuentra en las manos de 153 concesiones de minería metálica. La empresa canadiense Calibre Mining Corp controla el 63% de la superficie concesionada. Las organizaciones sociales de la Costa Caribe han venido señalando que esta empresa violenta los procesos de consulta previa e informada.
El avance de los negocios neoextractivos también ha propiciado la invasión violenta e ilegal por parte de terceros armados a los territorios indígenas y ancestrales con el interés principal, aunque no exclusivo, de extraer oro y venderlo a las empresas trasnacionales que tienen bajo su control las concesiones mineras. Desde 2009 se calcula que más de 70 indígenas han sido asesinados, 3 mil familias desplazadas y tres comunidades arrasadas debido a la violencia de los invasores. Ante esta realidad, el gobierno de Nicaragua no ha dado una respuesta para proteger a los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad comunal de sus tierras.
Es bajo este contexto de violencia y desposesión que el oficialismo organizó las novenas Elecciones Regionales, con el interés de hacerse del control absoluto de los recursos naturales de la Costa Caribe y así continuar financiando su maquinaria autoritaria.
Elecciones sin democracia
El Estatuto de Autonomía de 1987 creó a las Regiones Autónomas y sus órganos de administración. En esta regulación se estableció que el Consejo Regional es la autoridad superior en cada región. Los consejos deben garantizar la representación multiétnica y están formados por 45 miembros propietarios y 45 suplentes cada uno.
Una serie de irregularidades e ilegalidades marcaron este proceso administrado por un Consejo Supremo Electoral (CSE) cooptado en su totalidad por el oficialismo. El CSE convocó a los comicios el 12 de diciembre de 2023, lo que dejó menos de tres meses para la organización de unas elecciones para elegir 90 cargos en 15 municipios, 30 circunscripciones plurinominales, con 900 candidaturas y 464 mil electores. Este período ha sido el tiempo más bajo registrado en todas las elecciones de la región para desarrollar el proceso.
Las elecciones regionales se han realizado en el país desde 1990 con la participación de partidos políticos nacionales no costeños y regionales costeños. No obstante, este fue el primer proceso donde ningún partido indígena encabezó una casilla en la boleta electoral.
La ausencia de partidos locales no fue fortuita. El 3 de octubre, la autoridad electoral canceló de la personería jurídica del partido indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, que significa “Organización de hijos de la Madre Tierra”, en miskito), en violación a sus garantías procesales y como parte de las acciones represivas del Estado. Días antes de esta medida, el líder del partido, Brooklyn Rivera, y la diputada Nancy Henríquez fueron detenidos arbitrariamente. Desde entonces, Rivera se encuentra en condición de desaparición forzada por ocultamiento de paradero.
Hasta 2024, YATAMA era el único partido indígena que de manera consistente había encabezado una casilla electoral en todas las elecciones regionales, convirtiéndolo en un legítimo competidor de los partidos nacionales FSLN y PLC (Partido Liberal Constitucionalista), quienes siempre apostaron por el control de los órganos administrativos en la Costa Caribe, sin permitir que los costeños construyeran un proyecto político propio basado en su autonomía regional y sin la injerencia de actores nacionales. Aunque el partido ha tenido una historia compleja de alianzas y rupturas con el FSLN, ciertamente un importante sector de la población mestiza, indígena y afrodescendiente del Caribe veía sus demandas e intereses representados en YATAMA.
Además del clima generalizado de persecución política que se vive en toda Nicaragua, las elecciones estuvieron marcadas por una agresiva estrategia del oficialismo para coaccionar el voto sin respetar la preferencia de las y los votantes. Esta estrategia estuvo compuesta por dos elementos. El primero fue el uso de la amenaza y el clientelismo; y, el segundo, el uso ilegal y abusivo de recursos públicos con fines electorales.
La red de observadores ciudadanos de Urnas Abiertas verificó denuncias que señalaban que los operadores políticos del FSLN amenazaron y chantajearon a funcionarios públicos de perder sus trabajos si no asistían a las urnas -especialmente a maestros, médicos y enfermeras-, también a estudiantes universitarios, adultos mayores pensionados y a beneficiarios de programas sociales, a quienes se les prometió la entrega de material de construcción, viviendas y semillas a cambio de su voto, como parte de programas financiados con recursos públicos.
La misma red documentó que al menos 15 instituciones, entes y organismos públicos movilizaron sus vehículos para apoyar el traslado de votantes que la estructura del sandinismo organizó. Asimismo, se registró que 14 de las 15 alcaldías de las regiones autónomas también pusieron a disposición camionetas y lanchas para trasladar a votantes.
Para garantizar que toda la estrategia funcionó, los operadores políticos entregaron códigos a las personas, los cuales debían de escribir detrás de la boleta electoral. Se les advirtió que los códigos permitirían verificar tanto que el elector asistió a un recinto de votación, como si emitió un voto favorable al FSLN. Esto, además de coaccionar al votante, viola el derecho al voto secreto consagrado en la legislación nacional.
El CSE informó, 24 horas después de cerrados los centros de votación, que el FSLN alcanzó el 89% de los votos totales con una participación del 48% del padrón electoral. Sin embargo, el cálculo estadístico de Urnas Abiertas señala que apenas un 13% de la población acudió a votar.
Lo que sucedió el 3 de marzo fue la instalación del modelo de control absoluto del régimen autoritario de Ortega y Murillo sobre todos los cargos de elección popular y todo el territorio nacional. Aunque la democracia y la autonomía regional pasan por su momento más difícil de la historia reciente de Nicaragua, la ciudadanía -observando y denunciando- demuestra que la vocación democrática no muere aunque los gobiernos autoritarios limiten su desarrollo. El 87% de abstención no solo explica el rechazo por medio del no voto, también habla de los miles de nicaragüenses que continúan dispuestos a organizarse, a participar y fiscalizar aún en medio de las condiciones más adversas. La observación ciudadana electoral en Nicaragua habla de esperanza y de resistencia aunque la dictadura siga organizando elecciones sin poder elegir.
Olga Valle López es investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, directora de Urnas Abiertas en Nicaragua y maestranda en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Puedes seguirla en X como @olgavallel y en @ReformasLATAM
