El segundo considerando de la Ley de Comisiones de Postulación en Guatemala se refiere directamente a la probidad como un valor que debe caracterizar a las autoridades que conforman dichas comisiones. Nuestra historia reciente ha demostrado que la forma en que fue diseñada la integración de la comisión de postulación para magistrados en las cortes de Guatemala ha sido un fracaso, pues únicamente ha servido para politizar las universidades del país y al colegio de abogados, mediante las negociaciones de cuotas de poder en las cortes entre estos actores y otros, como el Ministerio Público y miembros del congreso nacional. Estas negociaciones han mostrado estar dirigidas por actores corruptos que se han arrogado la función de ser operadores políticos del sistema de cooptación institucional en Guatemala. En este viciado proceso se encuentra la génesis del pacto de corruptos y se explica mediante algunos ejemplos que en su momento fueron debidamente denunciados. Vale la pena iniciar señalando la gravedad que implica el que la comisión de postulación sea presidida por Walter Mazariegos, rector conocido por haber sido impuesto desde el anterior gobierno en un proceso viciado en la Universidad de San Carlos, precisamente para influir en este proceso que ha abandonado la búsqueda de integrantes probos como dicta la ley.
En 2018 fue revelado por la FECI-CICIG el caso denominado “Comisiones Paralelas 2014” por el que capturaron a Sergio Roberto López Villatoro, un operador político popularmente conocido como “El Rey del Tenis”, quien es ex esposo de Zury Ríos. López Villatoro fue señalado por haber regalado un lujoso departamento al entonces integrante de la Comisión de Postulación, Giovanni Orellana Donis, con el objetivo de influir en esa elección. Desde el 2009 el Comisionado de CICIG, Carlos Castresana había señalado a López Villatoro de regalar becas para maestrías a abogados que quisieran colaborar con su causa, ofreciéndoles un puesto como magistrados, para posteriormente emitir resoluciones favorables a quienes pagaban por ellas.
Hace aproximadamente un lustro, se hizo público el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020”, investigado por la FECI. En esta ocasión el operador fue Gustavo Alejos Cambara, quien pasó de ser un prominente empresario farmacéutico a ser el secretario privado del presidente Álvaro Colom durante su gobierno. Bajo la lógica conocida como puertas giratorias, continuó con sus negocios en la industria farmacéutica, obteniendo millonarios contratos con entidades públicas, como fue el caso del Instituto de Seguridad Social (IGSS), en el que la investigación realizada en 2016 por FECI-CICIG reveló cómo más de cuarenta pacientes fallecieron por el deficiente servicio contratado a una de sus empresas para la realización de hemodiálisis peritoneal. Esa investigación se conoció como “Negociantes de la Salud” y a ella le siguieron otras cuatro investigaciones más, por las que para el 2019 Alejos Cambara, se encontraba guardando prisión preventiva.
Diligentemente, como buen operador, logró que una jueza aliada al pacto de corruptos durante las vacaciones de la jueza titular, le autorizara ser trasladado nada menos que a un sanatorio especializado en ginecología y obstetricia ubicado en la zona dos de la ciudad capital, para que guardara “prisión” en ese lugar por supuestos quebrantos de salud. El mismo Alejos Cambara contó durante el interrogatorio que solicitó a sus abogados que le llevaran la Ley de Comisiones de Postulación para analizar la ruta legal que tomarían las resoluciones emitidas en sus casos y, con base en ella, construir una estrategia para controlar la designación de los miembros de las cortes y así obtener resoluciones favorables. Alejos Cambara estudió meticulosamente cómo manipular la designación de quienes conformarían las cortes para procurar que los nombramientos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de apelaciones tuviera un balance afín a sí mismo y a sus aliados políticos. Fue así como un sanatorio de la zona dos se volvió el centro de mando del nuevo operador de los nombramientos judiciales.
Esta trama quedó demostrada, pues la fiscalía tenía a Alejos Cambara bajo vigilancia en el sanatorio tras la alerta de que se evadía de su custodia. Con la investigación se estableció que recibía frecuentes visitas de altas figuras políticas y judiciales. La investigación aportó una serie de fotografías de sus visitantes, entre las que se observa al actual presidente del Organismo Judicial, Oscar Ruperto Cruz Oliva en febrero de 2020, dos días antes que se realizara la votación en la comisión de postulación. Otro personaje que destaca en las visitas es Dennis Billy Herrera Arita, quien en ese momento se desempeñaba como representante del Colegio de Abogados ante la comisión de postulación y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez, entonces juez tercero de instancia penal y quien actualmente funge como magistrado de Sala de Apelaciones, otras personas fueron también consignadas en la investigación por acudir a reunirse con él durante su detención y quienes también obtuvieron puestos como magistrados. Entre las pruebas de las negociaciones halladas durante el allanamiento de su habitación en el sanatorio, se encontraron las listas de postulaciones y de los legisladores que votarían por ellos.
Ante esta evidencia de cómo se ha instrumentalizado políticamente a la comisión de postulación, no queda duda de que para obtener un resultado que tienda a garantizar la independencia del poder judicial en Guatemala, el procedimiento debe ser reformado. Para ser magistrado un profesional del derecho debe necesariamente haber seguido la carrera judicial. Además, se debe preservar que el voto tanto de la Universidad de San Carlos (USAC), como el de las facultades de derecho de todas las universidades que participan de la comisión, se haga eminentemente con criterios apegados al quehacer académico y que el Colegio de Abogados sea un garante del respeto a la investidura y equilibrio de poderes en las cortes. El impacto de la abierta politización en la conformación de las comisiones de postulación ha sido tal, que ha menoscabado la autonomía universitaria, lo que hoy resulta evidente en el caso de la USAC, precisamente por mantener como representante en las comisiones a un rector impuesto por el pacto de corruptos.
En el caso del Colegio de Abogados su deterioro se hace incuestionable en el silencio cómplice del Tribunal de Honor, que no ha sido capaz de pronunciarse por el conjunto de profesionales del derecho que hemos sido injustamente criminalizados por estas mismas cortes. En su lugar, el Colegio celebra ostentosos banquetes para hacer propaganda a sus candidatos y reproduce complacientemente los mecanismos de debilitamiento del ejercicio del derecho y promueve la derrota de la comunidad jurídica callando frente al proceso que ha convertido en legal las prácticas ilegales y corruptas en Guatemala y garantizar la impunidad de los poderosos para contentar al poder político. El Colegio ha abandonado la probidad y se ha convertido en un eufemismo de la profesión. Yo me pregunto ¿qué legado les tocará a los jóvenes abogados que se agremien?
Es una contrariedad al mandato de probidad de la ley que la coordinación de la comisión de postulación en este 2024 la ejerciera el “Rey del Tenis” y en la misma participa también su hermana Clara Guadalupe López Villatoro, quien también fue acusada en el caso “Comisiones Paralelas 2014”, pero convenientemente ambos fueron absueltos en enero de este año. Clara fue nombrada, nada menos, que en la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, nombramiento que se realiza por elección del Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública, el Instituto de la Defensa a la Víctima y el Ministerio de Gobernación.
Este escenario presagia la continuidad de la cooptación y vulneración del poder judicial, con sus nefastas consecuencias en la persecución de actores democráticos y todos los favores políticos que los magistrados y jueces electos terminan pagando a los políticos que los designen y que tiene un elevadísimo costo para la sociedad. Frente a la persistencia de los actores coludidos, es urgente el control social y el acompañamiento internacional en la vigilancia del proceso. Para quienes somos víctimas del lawfare que ocurre en Guatemala es nula la esperanza que tenemos en la autonomía de los funcionarios que integrarán la Comisión de Postulación para este 2024. Aun en estas circunstancias me atrevo a hacer un llamado a la probidad a los nuevos comisionados, que actúen en virtud de ser capaces de ver a sus hijos a los ojos y afirmar que han sabido defender el estado de derecho y que no se vendieron por un puesto amañado que incluso cuesta la vida a muchos guatemaltecos, que mueren a consecuencia de la corrupción de la cual los magistrados de las cortes son cómplices o partícipes.
*Eva Siomara Sosa Pérez es abogada guatemalteca con más de 20 años de ejercicio, ex fiscal de la FECI y catedrática universitaria, actualmente en el exilio.
