—Nos rebuscamos para juntar estos papeles y demostrar que Francisco era inocente, pero no lo dejaron salir. No nos dijeron ni siquiera que estaba enfermo y, cuando nos lo entregaron, ya estaba muerto. Solo ellos saben por qué no lo dejaron salir, así que no nos interesa hablar del caso.
El que cortó la conversación se llama Daniel, un señor que pasa de los sesenta años, y tiene el pelo muy canoso y prolijo. Daniel es uno de los tíos de Francisco, un muchacho de 30 años, exempleado de una empresa, padre de una niña, capturado en enero de 2023 por el régimen de excepción y que, más de un año después, regresó a su casa dentro de un ataúd.
Francisco fue capturado a unas cuadras de su casa en una ciudad de la zona paracentral. La casa es una construcción mixta, con una puerta metálica blanca, cubierta al frente por la sombra de unos árboles plantados en la acera. La casa está a la orilla de una calle asfaltada, en plena zona urbana. Unas cuadras abajo, en el lugar donde fue capturado Francisco y otros jóvenes que siguen detenidos por el régimen de excepción, la calle es un atolladero de motos, buses, carros y ventas ambulantes de ropa, zapatos, verduras y baratijas.
—Él era mi sobrino, pero no le puedo dar ninguna información porque así lo ha decidido su mamá. Yo tengo que respetar lo que mi hermana ha decidido. Ella ha decidido dejar esa muerte así porque tiene miedo. Y yo la comprendo porque ella trabaja, anda en bus y la pueden seguir, le pueden hacer algo, acusarla de algo —dijo Daniel, desde el umbral de la puerta metálica.
Guardé la libreta y el lapicero. Dije a Daniel que comprendía su miedo, que ya no preguntaría detalles sobre el caso de Francisco, pero que me interesaba tener pistas para responder esta pregunta: ¿Quién estaría interesado en perseguir a una obrera a su lugar de trabajo por hablar sobre la muerte de su hijo?
—El Gobierno, ahorita estamos como en los ochenta —me respondió.
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La ruptura de la negociación entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha-13 provocó el asesinato de 87 salvadoreños, entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. En respuesta al fin de semana más violento del siglo, el Ejecutivo pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el régimen de excepción durante un mes. Al siguiente mes pidió una prórroga; y, al siguiente, otra. Así han pasado 25 meses.
El régimen de excepción y otros 15 decretos legislativos limitan el derecho de defensa, ignoran la prohibición constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y, sobre todo, extiende los plazos procesales. Hay miles de expedientes estancados en los despachos de jueces, fiscales y procuradores. “A mi hijo lo agarraron hace más de un año en Ahuachapán, cuando veníamos para la casa. He ido varias veces a la Procuraduría y me han dicho que regrese hasta enero de 2025”, cuenta Lilian, la madre de César, un campesino de 20 años.
El 9 de mayo de 2024, durante la última prórroga aprobada del régimen, la Asamblea Legislativa informó que el total de detenidos era de 79,947. Por su parte, la organización de derechos humanos Cristosal registra hasta el 22 de mayo de este año la muerte de 261 detenidos por el régimen. Cristosal reveló esta cifra en un informe de organizaciones civiles al Procedimiento de Seguimiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El Faro también ha publicado testimonios de liberados del régimen que detallan cómo algunos de sus compañeros de celda murieron por torturas o maltratos sistemáticos.
A Francisco lo capturaron después de la novena prórroga al régimen de excepción. Era enero de 2023, el mes en que el Ministerio de Seguridad informó sobre la captura de 62,975 “terroristas”. Esa cifra supera los 60,000 estudiantes que alberga la Universidad de El Salvador (UES), la única universidad pública del país. Francisco estaba en la cifra de capturados por “terroristas” y en el grupo de salvadoreños que no tienen una carrera universitaria. Él fue procesado por agrupaciones ilícitas y todo sucedió rápido, como en todo proceso secreto y exprés del régimen de excepción. Los familiares aún indagaban en una bartolina policial sobre el por qué de su captura cuando les informaron que la audiencia ya se había realizado y que lo habían enviado al penal de Mariona.
Es decir, la familia de Francisco no pudo presentar ni una prueba de descargo en la audiencia donde el juez decidió recluirlo en un penal. Esta violación al derecho de defensa es una constante desde los primeros meses del régimen de excepción: primero encarcelan y luego investigan.
Algo similar ocurrió al comerciante Francisco Huezo López, de 64 años, conocido como Don Paco, enviado a Mariona el 11 de julio de 2022, sin que su familia se diera cuenta. La Procuraduría citó a un hijo de Don Paco el 29 de agosto de 2022 para explicarle qué documentos podía presentar para documentar las enfermedades que padecía su padre, presentar pruebas de descargo y justificar la libertad condicional. Para la fecha de esa reunión, Don Paco ya tenía cinco días de muerto. El cadáver tenía signos evidentes de violencia.
Tras la captura de Francisco, Daniel dice que se dedicaron a documentar la inocencia de su sobrino “punto por punto”. Asegura que tiene una carpeta con documentos donde consta que no tiene antecedentes con pandillas, que no tenía tatuajes alusivos a esos grupos. Dice que, producto de esas gestiones, consiguieron una carta de libertad a la que las autoridades penitenciarias no dieron cumplimiento. Daniel no quiso compartir ninguno de esos documentos.
—Yo entiendo que ustedes son periodistas y tienen cierta libertad para preguntar estas cosas… o quizás no tanto, imagínese que ustedes son periodistas y se han tenido que ir para Costa Rica. Y yo, de civil, ¿para dónde agarro? ¿A dónde nos metemos si hay problemas por andar hablando de esto?
Daniel, ante quien me presenté como reportero de El Faro, hacía referencia a la mudanza de El Faro a Costa Rica. La estructura administrativa y legal del periódico opera en ese país centroamericano desde el primero de abril de 2024, por las campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus ; y las múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda. El presidente Bukele incluso usó una cadena nacional de radio y televisión para acusar al periódico de lavado de dinero. La personería jurídica del medio es costarricense ahora, pero sus periodistas siguen en El Salvador.
El Faro buscó en los Guacamayas Leaks algún antecedente de Francisco. La filtración Guacamaya Leaks comprende 10 millones de correos electrónicos de la Policía Nacional Civil (PNC) y 250,000 de la Fuerza Armada. En esa base de datos, este periódico sólo encontró un correo en el que se menciona a Francisco. El correo electrónico data del 3 de abril de 2018, cuatro años antes de que el régimen iniciara, y consigna una falta de Francisco. El correo fue enviado desde una oficina de la División de Tránsito Terrestre hacia una delegación de la zona Paracentral, con dos archivos Excel adjuntos. Uno de estos archivos detalla que cuando Francisco conducía un microbús por el kilómetro 39 de la carretera Panamericana se le sancionó por una “falta 085 TTO”. Según el manual de normas y procedimientos de la Policía, esa falta consiste en “no portar o no poseer licencia de conducir”. Ante el secreto absoluto de los procedimientos del régimen, ese es el único antecedente que este medio pudo encontrar de Francisco: manejar sin licencia.
Los pocos documentos que El Faro pudo conseguir sobre el caso de Francisco consignan que estuvo detenido en el penal de Mariona, que enfermó de algo no especificado y que falleció en el hospital Zacamil unos meses después. Conozco el año y el mes en que falleció Francisco, también tengo los nombres de otras tres personas que fallecieron ese mes, pero no daré más detalles para resguardar su identidad. Pregunté a Daniel si su sobrino padecía de alguna enfermedad al momento de su captura.
—N’ombre, ninguna. Era un muchacho cholotón, más alto que usted —dijo, mientras sonreía con sus dientes grandes y relucientes.
Los documentos oficiales relacionados con la muerte de Francisco no detallan cuándo enfermó o qué padeció. Tampoco aclaran si recibió algún tratamiento hospitalario o simplemente fue llevado en ambulancia al parqueo de ese hospital. En el apartado donde el forense de Medicina Legal debía detalllar la asistencia médica que recibió el fallecido, el empleado de esa institución se limitó a consignar que esa era una información “no precisada”. A Daniel, que a cada frase decía que era lo último que diría, no le sorprende la desidia para investigar esa y otras muertes en las cárceles.
—Antes, yo me fijaba que cuando había algo que no les parecía, los abogados y los jueces salían a dar su postura. Ahora hasta ellos tienen miedo. Y, si un juez o un abogado tiene miedo, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo veo la televisión, veo que ahí sale la muchacha esta de Socorro Jurídico (Ingrid Escobar) y la abogada Lucrecia Landaverde. ¡Ellas tienen los ovarios bien puestos!
Oficialmente, la causa de muerte de Francisco fue un edema pulmonar. Esa conclusión forense constituye un patrón durante el régimen de excepción para matizar graves violaciones a los derechos humanos. El 10 de agosto de 2022, La Prensa Gráfica documentó que Medicina Legal encontró signos de tortura y asesinato en al menos 35 de los 69 muertos en cárceles hasta esa fecha, pero en los expedientes de muerte reportó “edema pulmonar” o “muerte en estudio”. La información forense era distinta a la conclusión oficial. Alguien podría pensar que incluso los forenses se autocensuran a la hora de escribir sus actas.
—Hay muchas cosas que aclarar, pero, como le repito, mi hermana ha decidido dejar esto así. Tenemos miedo que la puedan seguir. Yo ya sufrí esto durante la guerra, sé cómo funciona la Inteligencia del Estado porque me anduvieron buscando los de la Policía Nacional, sin deber nada. Lo que le pido es que me deje su número porque yo no sé si a usted le han dado seguimiento hasta aquí. Yo me enteré en las noticias que a ustedes les han intervenido los teléfonos. Cualquier cosa, mejor yo le llamo. Cuídese y siga haciendo su trabajo.
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Casi al mediodía del nueve de mayo de 2024, después de despedirme de Daniel, conduje durante media hora hasta la zona rural de una ciudad clavada en el área costera. El sol sofocaba. Buscaba a Carlos en unas calles polvosas salpicadas por casas de lámina y dispersas. Una vecina me contó que, después de la captura de Carlos, en una fecha que no supo precisar, la familia migró a la zona urbana de la ciudad, así que seguí la búsqueda en un barrio con cierta actividad comercial: había un restaurante de comida rápida, un carwash, un taller, una sastrería.
“No he escuchado nada sobre ese muerto, pero siga hasta el fondo de esta calle, ahí está una comunidad donde vive gente problemática, tal vez ahí saben algo”, me dijo el hombre sin camisa de la sastrería.
Entré a esa calle amplia y encementada. Al final encontré una pared de ladrillo rojo que alguna vez estuvo manchada con un “placazo” del Barrio 18 Sureños, la pandilla que controlaba esa comunidad. Con el régimen de excepción, la Policía borró con pintura negra ese símbolo pandilleril y escribió en letras amarillas: “Tu Policía amiga. Pandilleros fuera de esta comunidad. Denuncialos”. Al lado de este mensaje están tres números telefónicos donde la gente puede llamar de manera anónima para denunciar a alguien.
Varios vecinos negaron conocer a Carlos y me miraron con extrañeza cuando agregaba el dato que había fallecido en un penal. Luego de varios fracasos, una señora que se dirigía a una tienda me preguntó para qué necesitaba esa información. Le mostré mi credencial de prensa y, tras una breve conversación, me señaló uno de los tres callejones de la comunidad para llegar a la casa del fallecido.
Carlos tenía 29 años cuando fue capturado en marzo de 2022, al inicio del régimen de excepción. Carlos esperó por más de dos años un juicio que nunca llegó. Enfermó en el penal de Mariona. Pude ver un documento oficial que consigna que recibió tratamiento médico, pero, una vez más, Medicina Legal no detalló de qué tipo. Oficialmente, la causa de la muerte fue: “edema pulmonar (preliminar)”.
“Ese muchacho no se metía con nadie. Mire, ya estaba bien grande, cuando iba a noveno grado (en 2008), la mamá lo iba a dejar y traer todos los días a la escuela. Después, cuando comenzó a estudiar su bachillerato, se quedaba en el instituto después de sus clases, porque su papá es maestro”, dijo una vendedora de la comunidad.
Llegué a la casa de Carlos después del mediodía del nueve de mayo de 2024. Hay unas gradas que llevan a una puerta metálica de color verde desteñido, y a un lado un timbre. Al frente, la casa vecina es de ladrillo rojo y aún tiene un maltrecho “placazo” del Barrio 18 Sureños. Toqué el timbre y, tras unos minutos de espera, una mujer asomó por el muro. “Busco a la mamá de Carlos”, dije. Le di el nombre completo de la madre de Carlos que aparece en los registros oficiales.
—Ella no está. ¿Para qué la busca? —dijo la mujer.
Tras escuchar mi explicación, la mujer cambió el semblante de ameno a serio. Preguntó cómo sabía del caso de Carlos y quién me había dado su dirección. Luego, con una mirada fría, de desinterés, cerró la plática con una frase y regresó al interior de su casa. Atrás del muro de ladrillo rojo y la puerta verde desteñida ya solo se miraba los frutos de un frondoso árbol de mango.
—No, ella no vive aquí. ¿Quién le ha dicho que vive aquí? Se ha equivocado —fue lo último que escuché decir a la mujer.
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Mientras buscaba información sobre Carlos, los vecinos me mencionaron con insistencia el caso de Jesús, un joven que trabajaba en Aeroman, en el aeropuerto de Comalapa, padre de una menor y supuestamente arrestado por tener antecedentes penales. El antecedente, dicen sus vecinos, es que en su época escolar fue sorprendido fumando marihuana. Desde hace siete meses tiene carta de libertad, pero Centros Penales se niega a cumplir la orden.
Para llegar a la casa de lámina de la mamá de Jesús hay que pasar por una ciénaga jabonosa, donde deambulan unos patos. Luego, hay un cerco de alambre y un lavadero donde estaba la mamá de Jesús, quien confirmó que su hijo fue capturado y que tiene una carta de libertad que nadie atiende. Le pedí una entrevista.
—Déjeme su teléfono porque tengo que consultarlo con mis hijos. Mi hijo es trabajador, era el sostén de la niña, pero así como está el tiempo no puedo decirle nada. Yo tengo más hijos y no sabemos qué puede pasar.
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Regresé a mi oficina con la duda de tener datos erróneos sobre la mamá de Carlos. Volví a revisar documentos y descubrí un dato que había pasado por alto: la persona que realizó uno de los trámites después de su muerte fue su padre. Regresé a esa zona costera el 16 de mayo de 2024. Primero, busqué la tumba de Carlos en el cementerio de esa localidad. La encontré.
Sobre la tierra reseca de la tumba de Carlos hay una cruz de cemento, pintada de blanco. Al centro, la cruz tiene amarrado un globo desinflado. Estirando aquel hule triste que un día fue blanco y que hoy está manchado de tierra se puede leer esta frase: “Te amo, papito”.
Después de visitar la tumba, seguí en busca del padre de Carlos. Llegué a la misma dirección, a la casa que está frente al placazo derruido del Barrio 18 Sureños. Toqué el timbre y, detrás del muro de ladrillo rojo y la puerta verde descolorida, asomó la misma mujer.
—No entiendo la insistencia —dijo.
Respondí que ahora no buscaba a la mamá de Carlos, sino a su papá. Le pedí disculpas por la insistencia. Me dijo que el papá regresaba noche. Pregunté si lo podía esperar. La mujer me miró unos instantes, se le quebró la voz. Y comenzó a llorar.
—Le voy a ser sincera. Yo soy la mamá, pero entienda mi dolor. Yo lo único que quiero es que mi hijo ya descanse en paz. Él está muerto.¿Para qué hablar del pasado? Usted sabe cómo está la situación con el Gobierno. El Gobierno hace lo que quiere y no hay nada que podamos hacer. Así como están las cosas, uno no puede andar hablando nada del Gobierno.
Carlos era un muchacho respetado en su comunidad. Entre la decena de personas con las que hablé la primera vez que llegué a ese lugar, Franklin me dijo que conoció a “Carlitos” desde que era niño y que era “un buen vecino y una gran persona”. Teresa me contó que le había 'dolido mucho” la muerte de Carlos. Paty lo describió como “honesto y dedicado”. Xiomara me contó que al terminar el bachillerato Carlos trabajó reparando celulares en el mercado. “Cuando era niño jugaba con mis hijos, era una linda persona”.
Aquella tarde, tras ver la tumba de Carlos, vi a una madre que, por miedo, decidió días atrás negar a su hijo hasta que el llanto la rebasó días después. Aquella tarde vi a una mujer que ha entendido que, ante la muerte de su hijo, lo mejor es el silencio. Aquella tarde vi a una mujer que, con la muerte de su hijo, ha asimilado un violento mensaje político: “El Gobierno hace lo que quiere”.
