—¡El camión del CAM!
Gritó Estela. De inmediato, tomó el enorme fardo de ropa con el que se gana la vida y huyó. Tres vendedoras más, con sus carretillas repletas de frutas, corrieron con ella por la calle Delgado y la 6a Avenida Sur del Centro de San Salvador. Era casi el mediodía del 17 de abril. “Le palpita el corazón a mil por hora a uno, porque no quiere que le quiten la venta”, me dijo, jadeando, cuando logré alcanzarla tras salvarse de que, al menos esa vez, la policía municipal decomisara su venta.
Estela, de 43 años, vende ropa sobre esa misma calle desde que tenía 15 años. Lo sigue haciendo, pero, desde febrero de 2023, hacerlo implica correr de vez en cuando.
Antes, se despertaba a las cinco de la mañana, preparaba el desayuno a sus tres hijas para que fueran a la escuela, y se iba a trabajar. Vendía desde las seis de la mañana. Ordenaba la ropa y anunciaba a gritos el precio. Así, hasta que dieran las ocho de la noche. En sus mejores días, vendía $100. Hoy calcula que vende $6 y, cuando tiene suerte, $15. Desayuna en casa para no gastar. A veces, deja de almorzar porque debe ahorrar los $3.50 de un plato de comida. No importa cuánto gane Estela al día, tiene que pagar $25 semanales de un préstamo de $1,000 que hizo para invertir en su venta. Y, claro, mantener a sus hijas y pagar $90 mensuales de una pieza de mesón.
Estela no se llama Estela. Pidió anonimato, al igual que todas las vendedoras que aparecen en este artículo. Ninguna de ellas se llama como las nombraré. Tienen temor de ir presas por denunciar las correrías que viven. Ese miedo es comprensible. El Centro de San Salvador ha sido zona predilecta de una de las acciones icónicas del Gobierno de Nayib Bukele: el régimen de excepción. Una medida que dejó a la población sin derechos fundamentales como ser informado del motivo de la captura o tener acceso a un abogado. La medida ya perdió excepcionalidad tras ser prorrogada 26 veces para “combatir a las pandillas”.
Bajo el régimen de excepción, hasta la fecha, se contabilizan más de 79,000 detenciones. Solo gracias a una declaración televisiva del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se conoce que solo 7,000 personas han sido liberadas por falta de pruebas. Organizaciones civiles y múltiples publicaciones periodísticas han dado cuenta de que más de 230 personas han muerto en las cárceles. Algunas no habían sido presentadas ante ningún juzgado y tenían signos de tortura. Ahora el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) utiliza el régimen de excepción para reorganizar, bajo la amenaza de ser llevados a prisión, a los vendedores que deambulan en el Centro de San Salvador.
Estela regresó a su punto de venta. Puso sobre la acera el paquete de ropa. Tomó aire y buscó ubicarse de forma estratégica para hablar conmigo sin dejar de vigilar si asomaba el camión del CAM. Me dijo que desde hace un año trabaja menos tiempo y eso, como es obvio, significa menos ingresos. Llega a las nueve de la mañana y se va a las cuatro de la tarde porque se sabe perseguida: “Nos tratan como que fuéramos peor que un delincuente”.
Huir del CAM para vender se ha vuelto la regla de las personas que se dedican a la venta informal en el Centro de la capital. A quienes no logran escapar les decomisan sus productos. Según una fuente que pidió no ser identificada, las multas rondan entre $18 a $25 por vender en zonas libres de comercio, dependiendo del tamaño del carretón, canasto o lo que anden en sus manos. Algunos de los vendedores con los que hablé recuerdan multas de hasta $50. Solo si pagan esa multa a la Alcaldía, les dan una constancia para retirar su mercancía en unas 72 horas. La recogen en las oficinas centrales del CAM. A veces, la mercancía regresa intacta. Otras veces, les devuelven menos producto. Quienes venden frutas, verduras o pan corren el riesgo de perder su venta completa. Tras 72 horas sin refrigerar, la fruta es podredumbre.
Como ya es habitual, ni la Alcaldía ni las oficinas centrales del CAM quisieron aclarar cómo se establece el valor que debe dar como castigo un comerciante. El intento por obtener la información fue un viaje inútil: fui a las oficinas centrales del CAM. No me dejaron ni bajarme. Me pidieron esperar dentro del vehículo. Una agente del CAM habló por teléfono. Se acercó al carro y dijo que el gerente de prensa de la Alcaldía, Julio Rosales, me recibiría en sus oficinas, porque ella no tenía autorización para hablar con la prensa. Fui a la Alcaldía, pero ahí dijeron que las oficinas de prensa se trasladaron a otra sede: el Distrito 4, en la calle San Francisco. Fui a la otra sede, pero ahí dijeron que la sección de prensa aún no se había trasladado. “No sabemos a dónde están ahora”, dijo una encargada de relaciones públicas. Ella intentó ayudar y llamó al gerente de prensa, otra vez Julio Rosales, a quien nadie sabe ubicar. Él dijo que atendería mi llamada. Solo pasó un minuto. Llamé dos veces, pero no hubo respuesta. Una escena cantinflesca.
Con Bukele como alcalde, la Alcaldía de San Salvador inició en 2015 el “Plan de Revitalización del Centro Histórico'. Cuando en 2019 Mario Durán sustituyó a Bukele, que se lanzó por la Presidencia del país, retomó el plan y desde entonces más de 200 cuadras y miles de vendedores informales fueron desalojados.
Desde hace décadas, el Centro de San Salvador ha sido el área de confluencia de la clase obrera salvadoreña, por ahí circulan 1.2 millones de personas diariamente. Al menos en 2015, había casi 20,000 vendedores informales ocupando las 250 cuadras que lo conforman. El Centro ha sido también el dolor de cabeza de varios alcaldes que no tuvieron éxito en los desalojos: El demócrata Héctor Silva (2000-2003) creó una comisión para rescatar el Centro, pero los vendedores respondieron con protestas y demandas. Al exefemelenista Carlos Rivas Zamora (2003-2006) le arrancaron el portón de la Alcaldía en varias ocasiones cuando intentó desalojar a los vendedores organizados. En uno de los intentos del exalcalde arenero Norman Quijano (2009-2015) por desalojar a 16,000 vendedores, hubo piedras, fuego y vidrios. Por eso, cuando Bukele llegó a la Alcaldía, con la mira puesta en la Presidencia, el Centro era su mayor reto a vencer.
El Salvador tiene una tasa de empleo informal del 69 %, una de las más altas en América Latina, según datos de 2021 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Eso significa no tener un salario ni vacaciones ni aguinaldo ni prestaciones como seguro social. Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022 revelan que el 74.3 % de salvadoreños no tiene seguro médico.
Mujeres como Estela no son la excepción en un país como este. Son algo más parecido a la regla. Si Estela vende, tendrá para cenar; si no, no. Si vende, sus hijas desayunan antes de ir a la escuela; si no, no. Es informal: a veces, sí; a veces, no.
“Revitalización”, ese concepto excluyente
Hay una palabra que los políticos llevan usando por años, casi de forma automática, para referirse al reordenamiento en una ciudad: revitalización. De tanto que la han repetido para hablar de construcciones y remodelaciones, se perdió de vista que la esencia de la palabra, en realidad, es dar vida y mejorar las condiciones de un área principalmente para quienes ya la habitan. Sofia Rivera, arquitecta y doctoranda en Desarrollo Urbano y Regional del Politécnico de Torino, estudió el apego emocional al espacio urbano en las Cooperativas de Vivienda del Centro y explicó a El Faro que una revitalización consiste en poner al centro a las personas que han habitado ese espacio desde hace décadas. Lo que ha pasado en el Centro es lo contrario.
El Centro Histórico de San Salvador nunca estuvo muerto ni abandonado, miles de familias crecieron allí y se sostienen de esas coloridas ventas de frutas, verduras, ropa, chatarra, cervezas o cuerpos. Hasta 2009, había 328 mesones en el Centro Ampliado de San Salvador y más de 6,000 personas los habitaban, según datos de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal).
Rivera explicó que las formas en que se desarrolló el plan dejan entrever que “es un proceso autoritario y la forma en la que se ha gestionado deja entre líneas que los vendedores, para ellos (los funcionarios públicos), eran algo que había que sacar de ahí. A nivel de diseño urbano y gestión del espacio público son acciones que no se hacen y no se recomiendan”.
En marzo de 2023, la Asamblea Legislativa oficialista aprobó, por iniciativa del presidente Bukele, la Ley de Creación de Autoridad del Centro Histórico de San Salvador y en ella se ordenó la creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), que regula todo lo relacionado a la utilización del espacio en esa área.
Con ello, la Alcaldía perdió autoridad y ahora es el Ejecutivo, por medio de la APLAN, quien decide qué se hace y no en el Centro Histórico de San Salvador. En diciembre de 2023, la APLAN definió el Reglamento de Administración y Uso de Espacios Públicos en Área Delimitada del Centro Histórico de San Salvador, y es claro en prohibir que los vendedores ambulantes hagan uso del espacio público.
La recuperación del Centro fue el proyecto insignia de la gestión municipal de Bukele, y mantenerlo se convirtió con el tiempo en un emblema de su Presidencia.
Las intervenciones de las principales plazas y cuadras, que fueron hechas tras establecer un trato con las principales pandillas para que aceptaran el proyecto de revitalización, le valieron como uno de sus logros más importantes hacia la candidatura presidencial de 2019. El Centro es ahora el espacio predilecto de Bukele para celebrar sus triunfos. Frente al Palacio Nacional, ante una Plaza Gerardo Barrios repleta de sus seguidores, celebró su toma de posesión en 2019. El 4 de febrero de 2024, desde el balcón del Palacio, se proclamó ganador de las elecciones presidenciales con su candidatura inconstitucional.
En el Centro comenzaron a establecerse bares o restaurantes de comida italiana como Basilico, con platillos de más de $10 y cafeterías como Starbucks donde un café cuesta más de $4. Antes apenas y destacaba el antiguo Club La Dalia. Las cuadras del Centro Histórico cambiaron las sombrillas, carretas y canastos gastados que por años repletaron las aceras por zonas peatonales con cuidados jardines. Luego llegaron las remodelaciones como la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), remozada con fondos provenientes de China, y una estética que desentona con la que ya existía en el lugar. Quizá después de Surfcity, el corazón del Centro es la zona turística que el bukelismo más explota en sus redes sociales.
Esas cuadras y aceras limpias han recibido a misses del certámen de belleza más importante o youtubers que promocionan un Centro ordenado e iluminado sin vendedores en las calles. Para los vendedores ambulantes no hay espacio. Incluso para aquellos que tienen ingresos suficientes para alquilar un local es difícil permanecer en el segundo lugar más visitado por los turistas en El Salvador. La revitalización del Centro dejó fuera a cientos de personas que desde hace décadas lo poblaban.
Entre el 25 y 26 de abril hubo nuevos desalojos de locales a los alrededores de la BINAES. La Prensa Gráfica constató que aunque algunas personas tenían los permisos, el tipo de negocio no hace parte del nuevo plan de reordenamiento que “presuntamente, sólo permitirá restaurantes y tiendas de souvenir”. Como el hecho se volvió viral en redes sociales, Bukele, envió a su ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez, a disculparse y dar una compensación monetaria a los comerciantes, sin aclarar para cuántas personas era ese beneficio ni cuánto dinero del Estado se utilizó.
Expulsar a los locales para recibir turistas
Cuando una zona pasa por un proceso de renovación, personas con mayor poder adquisitivo comienzan a ver con mejores ojos un lugar en el que no estaban interesadas antes o que rara vez visitaban. Deciden que es una buena idea invertir allí y poco a poco aparecen restaurantes costosos, edificios y apartamentos lujosos que imponen dinámicas de consumo y de uso de espacio público diferentes a las que existían. Esto hace que personas que habitaron por décadas esos sitios deban desplazarse a las periferias por no tener los ingresos suficientes. A eso se le llama gentrificación.
Sandra Gutiérrez, arquitecta y urbanista especialista en espacios públicos, agregó que es posible proponer un plan de revitalización que tome en cuenta a los habitantes del Centro, incluidos los vendedores que han hecho uso del espacio por décadas. “Cuando eso no sucede se inicia un proceso de gentrificación que va a lograr expulsar a esas personas, porque el mercado se vuelve inaccesible”, destacó.
Los siete vendedores desalojados que entrevisté comparten la idea de que cada pedacito cubierto de pavimento gris y limpio del Centro, la luminosa BINAES, los restaurantes y bares, no son para ellos. “Él (Bukele) prefiere más a la gente rica que a la pobre. Los extranjeros ni turistas no me van a venir a comprar a mí, nosotros vivimos del mismo pueblo salvadoreño”, me dijo Guadalupe, una vendedora de 53 años que en 2022 fue desalojada de la 1° Avenida Sur y la Calle Ruben Darío. Lleva más de 20 años trabajando en el Centro Histórico, vendió diferentes productos, pero ese 18 de abril, sobre su cabeza, cargaba un guacal repleto de jocotes. “60 jocotes por el dólar, amor”, ofrecía.
Guadalupe vende en los alrededores de la 6a Calle Poniente, donde está la Iglesia El Calvario, el mercado Sagrado Corazón y el centro comercial Unión, que colindan con la 7a Avenida Sur, donde se encuentra el mercado Central. En esa calle deambulan ancianos, hombres y, en su mayoría, madres solteras con sus niños, vendedores que perdieron sus puestos por los desalojos recientes.
El mercado Sagrado Corazón, el Central y el centro comercial son los lugares a donde los vendedores huyen a esconderse con sus pesadas carretillas, canastos o lo que anden en sus manos cuando aparece el camión del CAM. Aún así, no están a salvo, porque no pueden ocultarse dentro de los locales de los vendedores formales. Si la policía municipal ingresa a los establecimientos, quienes huyen son fáciles de reconocer.
Durante cinco días, caminé por el Centro Histórico con Estela, Guadalupe y cinco vendedores más. Con ninguna de estas personas pude detenerme por más de cinco minutos para conversar. Mientras hablaba con Guadalupe, un agente del CAM le exigió que se retirara de una de las aceras del Central.
Guadalupe, con su canasto a cuestas, rodeó el Sagrado Corazón para no correr riesgo de que le decomisaran la venta. Además de anunciar sus jocotes, avisaba a los demás comerciantes en el camino sobre la presencia del agente, para que se movieran de lugar. “Ahí viene aquel”, les decía. Miraba a todas partes para ver dónde iba a esconderse en caso de que apareciera el temido camión.
La escena es recurrente: en esos días vi al menos cinco correrías de vendedores que huían al escuchar el grito “¡el camión!”. Porque además de los agentes que recorren el Centro a pie, está el camión. Aproximadamente cada 20 a 45 minutos pasa el camión del CAM con alrededor de nueve “umitos”. Así llaman los vendedores a los oficiales del Cuerpo Metropolitano que visten un chaleco negro, en referencia a los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), el grupo policial antidisturbios. “Son ellos los que le pegan y le quitan la venta a la gente”, me dijo Guadalupe mientras seguía vigilando.
La rutina entre los vendedores y el CAM es así: agentes deambulan todo el día en las aceras. Intentan cruzar miradas con los vendedores que, temerosos, a veces fingen no enterarse de que los policías municipales están ahí. Quizá tengan suerte y no les pidan irse. Los umitos, cuando parecen despreocupados, sólo hacen sonar su silbato para alertar al vendedor y moverlo del lugar. Otras veces no dicen nada: su mirada furiosa alerta a los comerciantes que es hora de irse. Guadalupe dijo que en ocasiones alzan la voz y se negó a repetir “las palabrotas” que escuchó decir a los agentes del CAM. Cuando las aceras están llenas de carretones y comerciantes, los agentes sacan sus celulares y toman fotografías. Minutos después… el camión.
Guadalupe hace una pausa después de rodear el mercado. “¿Cree que no nos cuesta ganarnos el pan?”, me cuestionó resoplando y con la cara granulada de sudor. Al igual que pasó a Estela, desde que desalojaron a Guadalupe, todo se puso más cuesta arriba. Antes vendía hasta $60 diarios. Ahora, entre $10 y $12; $30, cuando le va muy bien. Cuando gana $12, Guadalupe apenas puede pagar la cuota diarios del préstamo de $200 que cada 20 días debe hacer a una usurera para comprar lo que vende.
Guadalupe dijo una frase difícil de asimilar, capaz de incomodar a cualquiera que no esté en su condición. Hace más de dos años, las pandillas tenían un control férreo en el Centro de San Salvador. Había cinco clicas de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) y una cancha del Barrio 18 Revolucionarios. Ella era víctima de extorsión, pagaba $20 semanales a la MS-13. Ahora, entre caminar y huir del CAM, al menos nueve horas diarias con un guacal sobre su cabeza, expresó: “Con ellos (pandilleros), no nos escondíamos, porque les pagábamos, nos dejaban trabajar. Ahora nos están robando, porque media vez se llevan la venta, hay que pagar. Si me quitaran esto - señala su guacal con jocotes- tengo que pagar $20 y, si no los tengo aquí, me toca perderlo”, dijo con resignación.
El alcalde Durán anunció el 13 de abril en su cuenta de X: 'Hemos iniciado la Fase 4 de la Revitalización del #CentroHistóricoSS con una nueva movilización voluntaria de más de 250 comerciantes por cuenta propia…”. En contraste con la versión de Guadalupe, y lo que me contaron los otros comerciantes con quienes hablé, los desalojos no fueron una movilización voluntaria y tampoco les dieron alternativa. “Dicen que la gente se va voluntariamente, eso es mentira. La gente se va porque la amenazan, porque no podemos exponernos (al régimen de excepción)”, dijo la comerciante.
La alternativa para los comerciantes que los funcionarios difunden en sus redes sociales y a medios oficialistas a los que sí dan entrevistas es reubicar a los vendedores en los 23 mercados que hay en el distrito de San Salvador y que, en el futuro, se sumarán el mercado Escalón, San Miguelito y el predio Exbiblioteca. A quienes accedieron mover su mercadería al Mercado Hula Hula, ubicado en la Calle Ruben Darío y la 3 Avenida Sur, les ofrecieron pagar $200 hasta dentro de seis meses, pero medios documentaron que los vendedores no tienen éxito en sus ventas.
Irving Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público de la Alcaldía de San Salvador, dijo en una entrevista televisiva del 16 de abril que hay un “fenómeno curioso” porque “la gente quiere seguir siendo ambulante (antes) que estar en un mercado o un espacio fijo”. En realidad no es un fenómeno ni es curioso. La respuesta es fácil: los vendedores prefieren salir a la calle porque dentro de los mercados venden menos y pagan más por el espacio.
El Faro intentó contactar con Irving Rodríguez y la APLAN, para profundizar sobre las alternativas brindadas a los comerciantes, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Al finalizar el recorrido con Guadalupe, me encontré con Sandra, de 39 años. Lleva la mitad de su vida vendiendo en el Centro. Revende aquello que pueda comprar cada día. A veces, latas de leche condensada; otras veces, trastos que hacen burbujas de jabón para que jueguen los niños, pero esa vez, tenía una carretilla con verduras. Mientras intentaba conversar con ella, Sandra enviaba un audio preguntando a otros vendedores si habían visto pasar el camión del CAM.
Sandra y otras 50 vendedoras han creado un grupo en una red social para ganar tiempo ante el camión del CAM y correr a camuflarse dentro del centro comercial Unión, el mercado Sagrado Corazón o el Central. Hace unos días, le quitaron su carretilla con plátanos. Los perdió porque no tenía $20 que debía pagar a la Alcaldía.
Ella fue desalojada en marzo del 2023. A raíz de eso, su esposo decidió irse como indocumentado a Estados Unidos. Estaba convencido de que la situación económica empeoraría para ellos. Se quedó sola con sus cuatro hijos. “A la semana de habernos quitado de aquí, él quiso volar para allá, solo fue a buscar la muerte”, dijo llorando. La pareja de Sandra en realidad no voló. Ella se refería a que él decidió irse repentinamente, migró como hacen miles de migrantes cada día a través de México: a pie, en buses y en tren.
El esposo de Sandra falleció a las puertas de Estados Unidos, ahí por Texas, buscando una alternativa para llevar sustento a su familia, porque los desalojos en el Centro Histórico ya no se lo permitían. Explicar la forma tan particular en que murió haría que Sandra y sus niños sean fácilmente identificados. Ella accedió a denunciar anónimamente porque teme que, de dar su nombre, su vida, que ya es difícil, pueda ser peor. “La hemos pasado bien duro y ellos (Alcaldía) molestándonos, quitándonos el pan, la venta, y de aquí es que subsistimos”, dijo.
Sandra suspiró. No había tiempo. Tenía que aprovechar que no había agentes del CAM. Tomó su carretilla y dijo: “me voy a seguir vendiendo”.
