Las autoridades indígenas que el año pasado salvaron el intento de revertir la victoria electoral de Bernardo Arévalo siguen en el proceso de construir su relación con el nuevo gobierno. Líderes mayas y xinkas han viajado cada mes al Palacio Nacional para discutir la agenda del país y han recibido al presidente en sus territorios, algo sin precedente en Guatemala. Y hay acuerdos de cooperación firmados con las tres alcaldías ixiles del Quiché, el Parlamento Xinka o influyentes organizaciones campesinas para impulsar desarrollo, proteger el derecho a la consulta previa y combatir la discriminación.
Aun así, José Santos Sapón, abogado de la Alcaldía Ixil de Nebaj y participante en aquellas extensas negociaciones, reclama que el Gobierno “ha nombrado a personas poco capaces” en puestos clave, sobre todo en el área de hidroeléctricas y minas, y lo acusa de “negociar con empresas hidroeléctricas sin tomar en cuenta al pueblo ixil”, pese al acuerdo firmado por el presidente y la Alcaldesa Ixil de Nebaj, Feliciana Herrera Ceto, a mediados de marzo. “Bernardo no tiene de dónde echar mano y hay presión de muchos sectores, incluyendo de quienes participaron en el movimiento [indígena], para ponerle condiciones”, explica. “Eso limita su capacidad para limpiar la corrupción”.
Pero el lamento más agudo de Sapón, que desde su primera respuesta exhibe su afición por el sarcasmo, apunta al propio movimiento indígena. Conoce a la mayoría de actores desde hace más de una década —fue cofundador en 2015 de la Autoridad Ancestral Iximulew, una mesa que nació para incidir en las propuestas de reforma constitucional de aquel año— y asegura que en meses recientes han aflorado debates internos sobre la legitimidad de ciertos portavoces: “Hay personas que incluso ya están dentro del gobierno que se presentaron como autoridad o como asesoras de pueblos indígenas [sin serlo]”, critica.
Antes de ser autoridad ixil, Sapón además fue presidente en 2013 de los 48 Cantones de Totonicapán, el municipio k’iche’ donde nació. Desde esa peculiar suma de cercanías, reflexiona sobre la distancia que 48 Cantones, motor clave del paro del año pasado, marca ahora de otras autoridades cuyos pronunciamientos ha dejado de acompañar. “Cada año cambian nuestras autoridades y sus prioridades”, dice. “Habiendo salvado la democracia, respetada la voluntad popular, la Asamblea de Alcaldes está priorizando otros problemas”.
De fondo, apunta a la complejidad de lograr acuerdos tanto con el gobierno de Arévalo como entre las mismas filas de movimientos tan amplios como diversos: “no es cuestión de cuántos indígenas van a conformar el Gobierno, sino de cómo responde [éste] a nuestras necesidades. Ni ellos se han preparado para entendernos a nosotros, ni nosotros nos hemos preparado para hacer gobierno con ellos”, dice.
De octubre del año pasado a enero hubo movilizaciones durante 106 días…
(Interrumpe con ironía) Ese famoso término de los 106 días…
…lideradas por autoridades indígenas. La madrugada de la toma de posesión, la Alcaldesa Ixil de Nebaj, Feliciana Herrera Ceto, dijo a Bernardo Arévalo que ponía en sus manos defender la democracia. ¿Ha dado fruto esa confianza?
Al Gobierno se le ha reclamado cierta tibieza. No soy su defensor de oficio, pero hay que tomar en cuenta que por cuestiones legales el presidente no ha podido destituir a la fiscal general, una de las aspiraciones principales de los pueblos indígenas. Y en Guatemala no tenemos una tradición democrática, sino de mediocridad y corrupción. Pocos espacios exigen capacidad profesional y menos aun para cargos públicos. No tenemos carrera administrativa. Bernardo no tiene de dónde echar mano y hay presión de muchos sectores, incluyendo de quienes participaron en el movimiento [indígena], para ponerle condiciones. Eso limita su capacidad para limpiar la corrupción. Pero, además, ha nombrado a personas poco capaces.
¿Está afirmando que el nuevo gobierno no tiene la capacidad necesaria?
Le faltan piezas dentro del Gobierno, sobre todo los puestos decisivos para enfrentar la corrupción. Muchos de los que él tiene ahí han servido en gobiernos anteriores y mantienen sus puestos, sea porque no consigue [a alguien más] o porque está siendo condicionado. No sabría cuál de los dos es el caso, pero estoy convencido de que la mayor parte de gente en el Gobierno se quedan ahí porque no tienen capacidad de sobrevivir en la calle como profesionales o hacedores de riqueza y van de un partido político a otro para mantener el status quo. En Guatemala no nos preparamos para gobernar. Siempre buscamos un puesto aunque no tengamos la capacidad. Desde la primaria, las tareas las hacen los papás y en la universidad nos las saca San Google.
¿Se refiere a los cargos altos?
En los ministerios habrá gente capaz, pero en los viceministerios sí hay dificultades. El viceministro de desarrollo sostenible en el Ministerio de Energía y Minas [Edvin Danilo Mazariegos Can, destituido a finales de abril], por ejemplo, tengo entendido que fue recomendado, pero les salió mal. Es de Totonicapán pero es un tipo mañoso, corrupto. Supongo que el presidente ha recibido varias recomendaciones y traiciones.
¿No será que el presidente está buscando equilibrios entre muchos sectores?
Así es. Él está tratando de mantener a flote la nave para que ningún sector se rebele y genere otro conflicto mayor al que tenemos. Incluso pienso que algunas cosas están siendo planificadas para generar críticas en contra del gobierno, como la muerte de Farruko [Pop, influencer y cantante maya q’eqchi’ estrangulado en la Colonia Limón de Zona 18, en la capital] o el atentado contra la fiscal [Miriam Aída Reguero en abril]. Es cierto, él busca equilibrios y, aun así, aparece esta gente maleada que trata de crear desestabilidad.
En el caso de Farruko Pop, ¿usted está diciendo que se buscaba generar una percepción de que el Gobierno no llegaba al fondo de su asesinato?
Por ahí. Los índices de criminalidad han estado bajando, pero hay una intención de señalar que el Gobierno no controla la seguridad, para desbordar el vaso. Como país somos sensacionalistas, así que temas sensibles como estos pueden generar tendencias en las redes sociales en contra del Gobierno. Pero lo han estado manejando bien.
El Gobierno ha prometido sostener un diálogo con las autoridades indígenas que se movilizaron. ¿Ha mantenido sus puertas abiertas?
Sí. El presidente ha abierto un espacio una vez al mes para escuchar a dirigentes indígenas. En los gobiernos que vienen desde 1524 esto es inédito. Ningún gobierno nos había recibido en el Palacio Nacional, aunque no me gusta ese término; remite a un reino medieval. Ahora, la calidad y la profundidad de la conversación dependen de nosotros, pero nuestros representantes están desaprovechando esta oportunidad. No necesariamente tienen que ocupar esos espacios gente indígena, sino personas con la preparación y la calidad. Yo puedo llegar como indígena pero ser más racista que los ladinos. Lo que necesitamos es gente con la visión de un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, gente como el filósofo mexicano Pablo González Casanova, que desde el mundo ladino han visto la necesidad multicultural. Porque aquí no estamos hablando de capitalismo ni de marxismo, sino de diversidad étnica y cultural.
¿Qué buscan las alcaldías ixiles en esos foros mensuales con el presidente?
En el caso ixil, este 13 de marzo se suscribió con el gobierno una agenda de trabajo con temas de urgencia como la fiscalización de la inversión pública o la corrupción en los tres municipios ixiles, pero también de largo plazo: pedimos que todo representante del Estado en Guatemala comprenda la diversidad cultural de este país, y que entienda que hay autoridades indígenas no solamente municipales con las que se deben coordinar los proyectos de cooperación. Cada vez que se haga algún proyecto en territorios indígenas, se debe consultar.
De octubre a enero hubo numerosas reuniones entre líderes indígenas y miembros del sector empresarial organizado. ¿Mantienen el diálogo?
Después de enero no he sabido de reuniones con el sector privado. Creo que ese espacio ya no existe. Uno de los planteamientos que hicimos los ixiles en aquellas reuniones es que el sector privado debe entender que este país está integrado por pueblos indígenas cuyos legítimos representantes ya estaban aquí antes de que los abuelos de estos señores del sector privado llegaran a Guatemala. Tienen que entender, para el desarrollo y la armonía de nuestro país, que no solo existen sus empresas. No creo que ese mensaje haya tenido mucho eco.
Desde la toma de posesión, el presidente ha destituido a dos ministras —las de Medioambiente y Comunicaciones— que antes trabajaban en el sector empresarial conservador. ¿Qué piden ustedes a los nuevos ministros?
Que sean transparentes y que incluyan a los pueblos indígenas. Energía y Minas ya ha tratado de negociar con empresas hidroeléctricas sin tomar en cuenta al pueblo ixil. El ministro debe recordar que existe una agenda de trabajo suscrita. El pueblo ixil no se opone al desarrollo, pero sí a las arbitrariedades.
Desde finales de enero los 48 Cantones de Totonicapán no aparecen en las declaraciones firmadas por más de una decena de autoridades indígenas. Usted fue presidente de 48 Cantones. ¿Qué está sucediendo en la alianza de octubre?
En 48 Cantones tenemos un problema: cada año se cambian nuestras autoridades y sus prioridades. Habiendo salvado la democracia, respetada la voluntad popular, la Asamblea de Alcaldes está priorizando otros problemas.
¿No existe aún una amenaza latente contra el resultado electoral?
Por supuesto. Y la Junta, se reunió con el presidente Arévalo en Totonicapán. Pero no he tenido acceso a sus peticiones, que no han sido públicas.
La Alcaldía Ixil sí ha de estar al tanto de la razón por la que 48 Cantones no quiere firmar los comunicados conjuntos.
Lo que pasa es que algunos de los siete pueblos que iniciaron el movimiento de octubre del 2023 se consideran salvadores de la democracia y, a partir de enero, pusieron condiciones al gobierno. Pero en nuestros pueblos una de las consignas es que no tenemos que aspirar a puestos de gobierno.
¿Qué impide ahora tener una agenda conjunta?
Creo que es por la influencia externa del sector privado o partidos políticos tradicionales. Compañeros de San Cristóbal Verapaz se preguntan “¿por qué se organiza nuestra Alcaldía Indígena allá en Quetzaltenango?” Es por la participación de personas vinculadas a empresas de telefonía, que buscan licencias que deben ser avaladas por la población indígena. Si esa Alcaldía Indígena se presenta para discusiones con el presidente Arévalo, él los tiene que escuchar también, y ahí es donde se pone difusa la agenda.
Y los intereses no solamente son del sector privado, sino del crimen organizado o de militares que cometieron violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Y también de la comunidad internacional: hay oenegés que están organizando a comunidades indígenas en territorio ixil. Y también está el Consejo del Pueblo Ixil, que dicen ser autoridades indígenas, o autoridades como 48, Sololá o los xinkas que le exigen al presidente “expulse a fulano” y cuando no lo hace se molestan con él.
¿Está diciendo que hay quienes se presentan en la capital como autoridades indígenas sin tener legitimidad o representatividad?
Así es. Tengo ejemplos, pero no quiero hacer más enemigos. Hay personas que incluso ya están dentro del gobierno que se presentaron como autoridad o como asesoras de pueblos indígenas. El Gobierno no puede llevar ese control, pero puede terminar excluyendo a las verdaderas autoridades o aceptando a las que no son. En ese dilema se encuentra Bernardo.
En su territorio, el de usted, ¿qué significa tener legitimidad?
En los 48 Cantones de Totonicapán tener legitimidad es haber sido nombrado por mi comunidad a la Asamblea de Alcaldes; y que el pueblo de Totonicapán, a través de esa Asamblea, elija a su presidente. Cada territorio tiene su propia lógica de representación pero una autoridad es respaldada por su pueblo. La misma gente de 48 los critica, pero eso no quiere decir que no respete a mi presidente, con sus aciertos y desaciertos. De igual manera mucha gente no está de acuerdo con Feliciana [Herrera Ceto, primera alcaldesa coordinadora de la Alcaldía Ixil de Nebaj] porque es joven o porque es mujer, pero la tenemos que respetar porque son las comunidades quienes la designaron.
Al inicio del presente juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, afuera de la Torre de Tribunales se colocaron letreros diciendo “Somos el verdadero pueblo ixil, no hubo genocidio”.
Efectivamente. En todos los pueblos ocurre eso. Siempre hay alguien que se opone, incluso en nuestras propias familias. Por ejemplo, yo soy de una cuna bastante pequeña, con cerca de 110 o 115 familias. Por lo menos 80 o 90 estamos de acuerdo con la autoridad; el resto no.
Al mismo tiempo que el país debate lo que significa vivir en democracia, ¿los pueblos indígenas están teniendo discusiones paralelas, dentro de sus propias comunidades?
Exacto. Hoy me levanté a las seis de la mañana y pasó un vehículo con bocina: “Por favor, vecinos, se les convoca a una asamblea urgente hoy a las siete de la noche”. Pero ¿es válida la convocatoria por bocina? ¿Y la convocatoria por WhatsApp, sí o no? Y ahí solo estamos abordando una convocatoria. Los pueblos indígenas estamos teniendo estos mismos debates.
Valoramos mucho el esfuerzo del presidente. Antes todo mundo había utilizado a los pueblos indígenas como un voto más para legitimar su poder, pero nunca nos escucharon. Pero no es cuestión de cuántos indígenas van a conformar el Gobierno, sino de cómo responde a nuestras necesidades. Ni ellos se han preparado para entendernos a nosotros, ni nosotros nos hemos preparado para hacer gobierno con ellos.
¿Qué perspectivas ve para que se cambie esa dinámica?
Debe haber mayor apertura de parte del pueblo ladino y de los indígenas. Lamentablemente, la corrupción ha sido un cáncer desde la llegada de los españoles, como también lo son las interpretaciones equivocadas que se hacen de nuestra vida como pueblos indígenas: por ejemplo, que todo lo agradecemos o tratamos de recompensar. Esto, a su vez, se ha tomado como sumisión para fortalecer la corrupción del español, luego del criollo y ahora del ladino. Hay que hacer el esfuerzo por entendernos.
