Vivimos en una región habitada por más de mil millones de personas con problemas muy serios en materia de derechos humanos, inequidad e impacto de la crisis climática. Una región que, en distintos momentos históricos, ha padecido dictaduras militares, graves conflictos armados internos, y la deriva hacia regímenes autoritarios –en ocasiones partiendo de legitimidad de origen–, en la mayor parte de los casos con consecuencias gravísimas para la vigencia de los derechos humanos. En ese contexto históricamente complejo, la región ha logrado construir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus instituciones regionales de derechos humanos para intentar desterrar estas rémoras del pasado.
No obstante, luego de 40 años de construcción de democracia y un robusto marco jurídico para la protección de los derechos humanos, parece que asistimos al retorno de esa visión autoritaria y violenta en el continente. La mayoría de los países de nuestra región experimenta, en mayor o menor medida, la expansión de la criminalidad organizada y la criminalidad violenta, se implementan distintas formas de excepción al estado de derecho, y asistimos a respuestas erráticas por parte de los Estados a los desafíos del presente.
En esta coyuntura, en pocos días asistiremos a la elección de tres asientos en el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la Asamblea General de la OEA que se desarrollará en Asunción. El tribunal interamericano es la última instancia internacional en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados. Dicho de otra manera, esta elección es crucial para tener una Corte garantista que no retroceda en la protección de los derechos ni en los estándares que se han ido consolidando.
Por supuesto, también es una aspiración de muchas personas, particularmente las más vulneradas, que este tribunal tenga una visión evolutiva de la ampliación y aplicación de los derechos frente a realidades diversas, con apego a los instrumentos internacionales y a un procedimiento de justicia internacional justo. De acuerdo a los instrumentos interamericanos, la Comisión y la Corte IDH son los dos órganos autorizados a interpretar el contenido y alcance de los derechos fundamentales.
A nadie escapa que los órganos de protección del sistema también han sido objeto de críticas por parte de los mismos usuarios del sistema, sobre todo debido a los tiempos que insume el acceso de importantes casos al tribunal internacional y a la falta de protección de las personas defensoras de los derechos humanos frente a los discursos populistas y a la violencia estatal o promovida por la impunidad de estos crímenes.
Por otro lado, se ha señalado como un déficit estructural que los pueblos del continente no terminan de comprender qué significan exactamente los derechos humanos y qué beneficios acarrea el sistema para la vida cotidiana de las personas, más allá de que son evidentes las buenas prácticas que se han ido moldeando a largo plazo, pese a retrocesos coyunturales.
No obstante, este sistema de derechos humanos, imperfecto todavía, es el mejor que hemos podido construir colectivamente en esta castigada región, y en un momento de crisis de los derechos humanos exige elegir a las mejores personas, dado que deberán hacer frente al discurso contrario al reconocimiento de diversos derechos, la renovada incursión de regímenes que defienden posturas autoritarias en la región, y a los nuevos desafíos en materia de derechos humanos.
Un panel que observa al Sistema Interamericano
El Panel Independiente para evaluar las Candidaturas a los Órganos del SIDH, en el que participo junto a Juan Pablo Albán, Ariela Peralta, Mariclaire Acosta, Sergia Galván, Juan Méndez, tiene como objetivos revisar los procesos de nominación y elección de candidaturas; evaluar las calificaciones de las personas candidatas, y realizar recomendaciones sobre cómo mejorar las futuras nominaciones y elecciones.
En su séptima edición, los Paneles han desarrollado sólidos criterios de evaluación a partir de los requisitos exigidos por los instrumentos del sistema interamericano. Estos han sido sistematizados de la siguiente forma:
-Alta autoridad moral
-Calificado/a para ejercer la más elevada función judicial
-Reconocida competencia en derechos humanos
-Independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés.
-Aporte a la integración representativa y balanceada del organismo.
-Procesos de nominación a nivel nacional.
Al evaluar la alta autoridad moral de las personas que aspiran a ocupar una posición en estos órganos, se revisan los antecedentes de los candidatos vinculados a su trayectoria profesional y académica, sino también en cuanto a su comportamiento externo frente al ejercicio profesional, su desempeño como docente y el ejercicio de la función pública en organismos nacionales o multilaterales, si fuera el caso. Al ingresar en aspectos de la competencia en materia de derechos humanos, el panel es exhaustivo en cuanto a revisar la producción especializada de las candidaturas, su actividad relacionada con los derechos humanos y las posiciones públicas.
Otro aspecto que siempre forma parte de las preocupaciones del Panel tiene que ver con los procesos de selección a nivel nacional. El Panel considera que es un imperativo derivado de los propios estándares de derechos humanos que los Estados construyan un procedimiento para la selección de candidaturas que sea transparente, participativo y abierto a la sociedad civil a nivel nacional. Esto a su vez permitiría llegar a la etapa de elección ante la OEA con los mejores perfiles posibles para estos cargos.
En los últimos informes, el Panel también ha abordado una práctica histórica que apunta a mitigar: el denominado intercambio de votos entre los Estados. Todos sabemos que los Estados intercambian votos para diferentes y múltiples asientos en organismos internacionales, muchas veces estas decisiones no tienen que ver con la capacidad, la experiencia, la rigurosidad y el compromiso en materia de derechos humanos de la persona candidata.
También es relevante tener en cuenta los criterios de paridad de género, de representación geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos, lo que ha hecho el Panel es valorarlos y sopesarlos con una visión de conjunto, no compartimentada.
En este contexto, lo que el Panel Independiente ha aspirado a hacer es ofrecer un medio para transparentar cómo han sido los procesos nacionales y cuál es el cumplimiento de esos requisitos formales y otros criterios por parte de cada candidatura, ofreciendo a la vez espacio a quienes se presentan, a la sociedad civil y a los propios Estados.
Información clave para tomar decisiones
A la luz de estos criterios, el Panel desarrolló en la presente edición un exhaustivo trabajo de evaluación de las candidaturas. Es importante resaltar que en la actual edición las personas candidatas respondieron en su totalidad un detallado cuestionario que les hizo llegar la Secretaría del Panel, donde pudieron explayarse sobre su trayectoria, su propuesta de ser electas, y presentar propuestas para los principales desafíos identificados en el sistema. Junto con los aportes de la sociedad civil, se realizaron entrevistas individualizadas de las personas candidatas con varios miembros del panel.
A continuación, el resumen de las evaluaciones emitidas:
Alberto Borea Odría (Perú) cumple con los criterios de evaluación. Se considera que tiene un conocimiento suficiente del sistema y su funcionamiento, así como una experiencia relevante. Sin embargo, el Panel expresó en el informe su preocupación por posturas anteriores que el candidato ha tomado en temas sensibles y respecto a los cuales ya ha habido desarrollos en el Sistema Interamericano, como derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la protesta.
Carlos Rodríguez Mejía (Colombia) cumple con los criterios de evaluación. El Panel expresó una preocupación puntual que tiene que ver con las funciones que actualmente desempeña el candidato como embajador de la República de Colombia ante el gobierno de la República de Costa Rica, una función que es incompatible con el cargo al que aspira, por imperio del Estatuto de la Corte y las mejores prácticas. El candidato anunció que renunciaría de ser electo, pero el Panel entiende que este tipo de incompatibilidades debería ser despejada al anunciarse la candidatura.
Diego Moreno Rodríguez (Paraguay) cumple con los criterios de evaluación. El Panel expresó una preocupación puntual por nexos familiares que el candidato tiene con funcionarios del Poder Ejecutivo actualmente en funciones en Paraguay y cómo ello pudiera eventualmente comprometer su independencia o imparcialidad. Asimismo, expresó que sus antecedentes refieren a su versación en materia de derecho internacional público, no siendo tan específica su formación en materia de derechos humanos.
Leticia Bonifaz Alfonso (México) cumple con los criterios de evaluación. Destacó que tiene un conocimiento importante y una experiencia relevante en el derecho internacional de los derechos humanos que le permitiría adaptarse al trabajo de la Corte. Se destaca el posible aporte de su eventual selección a la diversidad basada en género.
Ricardo Pérez Manrique (Uruguay) cumple con los criterios de evaluación. Por su experiencia anterior como juez de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay y el desempeño como actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el panel encuentra que tiene una amplia experiencia y versación en la materia y que demuestra conocimiento sobre cuáles son los principales desafíos y problemas que enfrenta el Sistema Interamericano de derechos humanos
Una vista al futuro
El Panel realiza por primera vez una recomendación para avanzar en forma decidida en la transparencia y la participación de los Estados y la sociedad civil hacia los próximos períodos de elección de personas comisionadas y jueces. En ese sentido, se recomienda que sea la propia OEA la que inicie el camino para dejar atrás esta práctica de adelantarse en los intercambios de votos, muchas veces sin esperar ni siquiera la evaluación del Panel. Esto es una práctica que los estados deberían respetar y esperar.
Alentamos entonces a la OEA a que, por primera vez, establezca un comité consultivo de expertos independientes, sin representación de los estados, que sea responsable de asegurar el rol de alguna manera que está cumpliendo el Panel, es decir, hacer una evaluación independiente de la idoneidad de las personas nominadas para ser comisionados de la Comisión Interamericana o jueces de la Corte.
Otro aspecto importante de las recomendaciones del Panel es que los estados consideren solicitar al Secretario General de la OEA que abra el proceso de nominación de las personas candidatas con nueve meses de anticipación a la Asamblea General y que requiera a los estados presentar las candidaturas seis meses antes de esa fecha, porque ahora el período es muy corto y cuando el Panel hace su evaluación, tememos que los intercambios de votos ya estén acordados.
Por supuesto, se reiteran recomendaciones anteriores, vinculadas a la importancia de haber despejado cualquier conflicto de interés de las candidaturas presentadas con anterioridad a la presentación del candidato o candidata y no transitar el proceso de selección con alguna incompatibilidad.
* Esta columna fue escrita a partir de un diálogo público entre Juan Pablo Albán, Ariela Peralta y Edison Lanza, integrantes del Panel SIDH 2024. El Panel también lo integran Juan Méndez, Sergia Galván y Mariclaire Acosta
