México ha celebrado elecciones el pasado 2 de junio. Su resultado inicial ha sido el triunfo de la coalición oficialista encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, además de llevarse dos de las nueve gubernaturas en juego y hacerse del control de las dos cámaras legislativas del Congreso. En el sentido clásico de la Ciencia Política, y siguiendo a un autor prominente de la misma, como lo es Giovanni Sartori, el sistema de competencia ha pasado a uno de corte pluralista limitado, en donde existe el predominio numérico y la hegemonía ideológica de una fuerza gobernante.
El partido MORENA, el de la presidenta electa, contará con dos aliados: los partidos Verde y del Trabajo. Y tendrá una oposición formal muy disminuida en los partidos tradicionales: el Partido Acción Nacional o el otrora partido pivote del sistema, el Revolucionario Institucional, los cuales ejercieron la presidencia antes de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. El partido Movimiento Ciudadano, que intentó presentarse como alternativa frente a las dos candidatas de coalición, sólo logró un crecimiento marginal, mientras que el Partido de la Revolución Democrática, que había sido el punto de referencia de la izquierda, no ha obtenido el porcentaje mínimo marcado por la ley (3%) para siquiera conservar su registro.
Los efectos de este resultado son claros: la ratificación otorgada al partido gobernante por la estrategia empleada era correcta, en el sentido de mantener los flujos de apoyos sociales hacia la población, a pesar de que los resultados en materia de derechos humanos, militarización de la vida pública y ascenso del crimen organizado sigan sin modificarse. Es muy claro que no hubo tampoco por parte de la oposición una línea argumentativa convincente para que pudiera valorarse que su triunfo no significase un “regreso al pasado neoliberal”, tal y como hábilmente lo manejaron desde la campaña oficialista y el propio presidente de la República, quien abiertamente desafió a las autoridades electorales mediante su intervención constante en el proceso a través de sus espacios de comunicación, bajo el argumento de que ejercía su derecho constitucional a la libertad de expresión.
La jornada electoral tuvo varias situaciones que no permiten valorarla como impoluta. Hubo retraso en la apertura de los centros de votación y ello retrasó considerablemente la emisión del sufragio para muchas personas, lo que dio como resultado un nivel de participación menor a lo esperado. Los medios de comunicación y los dirigentes partidarios, sin estar autorizados a ellos, se dieron a la tarea de autoproclamarse como ganadores aduciendo tener encuestas propias que avalaban sus afirmaciones, horas antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzara con la apertura de su propio sistema de difusión de los resultados. El propio INE retrasó de manera inexplicable la difusión de un reporte de conteo rápido en el cual se daría información básica sobre las tendencias registradas en las votaciones federales y así proyectar ganadores tanto en la contienda presidencial como en las dos cámaras legislativas.
Conforme a lo estipulado en la ley, se deberán confirmar los resultados a partir de los recuentos que se deben hacer en los consejos distritales, para así emitir las llamadas constancias de mayoría a las personas que resulten ganadoras. La excepción es la elección presidencial, que va directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Allí la oposición tendrá como opciones solicitar que se revise la contabilidad de los votos para anular casillas por irregularidades (con la expectativa de que hubieras un resultado que los favorezca); o bien buscar directamente la anulación total del proceso, ya sea por acreditar que hubo un rebase en más del 5% con respecto a los gastos generales de la campaña, o bien a partir de la demostración que se dio la intervención ilegal de instancias diversas como el propio gobierno y el crimen organizado a través de la compra o la coacción del voto, en una escala tal, que se consideren como determinantes en la orientación del resultado.
En los hechos, el impacto de la elección ya ha comenzado a surtir efectos, por cuanto la reacción de los mercados ha obligado al gobierno a tener que manifestar que no habrá radicalización alguna en materia de su política económica, pero al mismo tiempo se anuncia que se retomará la aprobación de un paquete de iniciativas presidenciales una vez instalada la nueva legislatura en el mes de septiembre, entre las cuales se destaca la pretensión de disminuir el tamaño de las cámaras a niveles previos a 1975 con la eliminación de la representación proporcional, así como la afectación de la Suprema Corte de Justicia, al orientar su disolución anticipada y transitar a un esquema de elección directa de sus integrantes, pero a partir de nominaciones avaladas desde el Congreso y la Presidencia, lo cual es indicativo del plegamiento que estas personas tendrían con relación al régimen.
Como puede verse, al igual que lo observado en otros países de la región latinoamericana en el tiempo reciente, lo que se avizora en el panorama es un signo ominoso de que conceder todo el poder a una sola fuerza puede ser un factor que pueda alejarnos, más que acercarnos, a la idea de tener un sistema democrático funcional. Adaptando el clásico refrán: a los gobernantes no hay que darles ni todo el poder ni todo el dinero
*Victor Alarcón Olguín es politólogo, profesor-investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana (México) y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes escribirle al correo [email protected] y por X en @ReformasLATAM
