Antes de que el 1 de junio Nayib Bukele asumiera un segundo periodo inconstitucional, ya decenas de personas habían experimentado el peso de un regimen autoritario ante el que no quedan instituciones a las que acudir. La maquinaria del poder, con su régimen de excepción como arma principal, ha arremetido contra aquellas personas que, con o sin pruebas, han sido capturadas como 'pandilleros' o 'terroristas'. Pero no son los únicos: madres que buscan a sus hijos desaparecidos sin ninguna ayuda del Estado; desplazados de sus tierras por promesas que siguen en el aire, como el aeropuerto del Pacífico; estudiantes de la única universidad pública que no reciben clases presenciales desde 2020 debido a la deuda estatal de $51 millones; defensores del agua capturados bajo las reglas del régimen; madres y esposas de capturados que deambulan de cárcel en cárcel intentando saber algo de sus familiares; vendedores informales desalojados de las calles del Centro capitalino que ahora deben huir de la policía municipal para vender; exiliados que huyen del régimen. Si el 1 de junio, con la violación de seis artículos de la Constitución, Bukele inauguró una dictadura exigiendo lealtad absoluta a los salvadoreños, estas son historias de aquellas vidas donde el poder absoluto ya hizo estragos.
Desde enero del 2022, cada vez que Eneida Abarca sale de su casa lleva un paquete de fotografías. En la cabecera de cada foto se lee: '¿Dónde está Carlos?' . La fotografía es la de su hijo Carlos Santos, que desapareció el 1 de enero de 2022. El día de la desaparición, Carlos salió de su casa en la colonia Monserrat, en la capital, hacia el parque Lito Barrientos, ubicado a un costado de la delegación de la Policía Nacional Civil. Eneida inició una búsqueda que la ha llevado a recorrer gran parte de El Salvador. En febrero de 2022 fundó, junto a otras madres, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La iniciativa nació a falta de ayuda de la Fiscalía y la Policía, que meses después puso bajo reserva por siete años la información sobre víctimas e incidencia delictiva en El Salvador. Un informe sobre desapariciones forzadas elaborada por organizaciones de la sociedad civil afirma que la PNC se negó a entregar información sobre desapariciones, alegando que se encuentra bajo reserva. La FGR declaró la información sobre desaparecidos como inexistente desde el 2022. En un país que se presenta como el más segudo del continente, Eneida dice haber agotado todas las instancias: 'Pedimos a la Policía que revisará las cámaras que enfocan al parque y se negaron. Dijeron que mi hijo va a regresar, que se fue a la playa o con la novia. La Fiscalía ya no me atiende. El Gobierno no hace nada por las víctimas. Yo, en 2019 voté por Bukele, pero para las últimas elecciones no', dijo previo a las elecciones ilegítimas de 2024. El 19 de mayo del 2024, Eneida organizó la primera brigada de búsqueda ciudadana. Recibió el apoyo de personas particulares, miembros de Comandos de Salvamento y Cruz Azul. Recorrieron los pasajes de la colonia Dina y la quebrada Arenal Monserrat. Eneida, sin el apoyo del Estado, sigue buscando a su hijo. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
La construcción del Aeropuerto del Pacífico fue una de las promesas emblemáticas cuando Nayib Bukele competía para las elecciones presidenciales de 2019. Cinco años después, aunque no haya ningún avance en la infraestructura, habitantes de las comunidades Condadillo, Flor de Mangle, El Embarcadero y Loma Larga, en el departamento de La Unión, han sido desplazados y obligados a vender sus terrenos para un proyecto que no tiene certezas a corto plazo, pero que se viene anunciando desde abril de 2022, cuando empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y del Ministerio de Obras Públicas tuvieron sus primeros acercamientos a estas poblaciones. Durante los últimos dos años, el Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, ha denunciado que empleados del Estado y de empresas privadas han hecho incursiones en terrenos que aún no han comprado. En las últimas semanas, habitantes de la zona de la playa El Icacal, denunciaron las amenzas de desalojo y la tala de más de 100 árboles del bosque de mangle que afecta a unas 75 familias de la zona. En la imagen, una de las viviendas de la comunidad Condadillo que ya ha sido desalojada, después de que la familia de Carlos Reyes fue obligada a vender su terreno para la construcción del aeropuerto. Las autoridades de CEPA prohibieron a la familia seguir retirando los techos y materiales de la vivienda. Foto de El Faro: Víctor Peña.
María Maradiaga, de 45 años, vive en el cantón El Botoncillal, del distrito de Colón. En 2019, ella y su hijo Manuel, que por aquellos días tenía 25 años, votaron por el candidato presidencial de Gana, Nayib Bukele. El 18 de abril de 2022, María estaba en casa junto a sus hijos cuando una patrulla se estacionó al frente y los policías pidieron que los hombres salieran. Ese día, el régimen de excepción se llevó a sus hijos. El menor de los dos hijos, Christian, fue liberado pocas horas después, porque otros policías lo reconocieron, sabían que padecía de una discapacidad intelectual. Manuel fue enviado a Mariona, donde pasó 20 días y fue liberado después de que se determinó que no tenía antecedentes penales y que no era miembro de pandillas. El 5 de abril de 2023, un empresario de buses fue asesinado en El Botoncillal. La Policía volvió a la zona y recapturó a las personas que ya habían sido capturadas y liberadas por el régimen. Ese día se llevaron otra vez a Manuel. Después de 13 meses, Manuel sigue en Mariona. La ya empobrecida economía de María fue impactada. Quedó a cargo de su hijo menor, sus dos nietos y su nuera. Desde entonces en su casa no se come carne ni pollo. Con su trabajo de cuidar a dos ancianas de lunes a viernes y ganando 5 dólares diarios compra lo básico: frijoles, arroz y a veces huevos. 'En las últimas elecciones (2024) ya no voté por Bukele. A nosotros nos dejó sin la persona que traía el alimento a la casa, nos hace pasar hambre, porque dejamos de comprar comida para armar un paquete de $80 cada dos meses para mi hijo. Bukele nos sumió en la pobreza', dice María. Desde que Bukele llegó al poder por primera vez, más de 210,000 personas han caído en pobreza extrema y casi un millón de habitantes del país están al borde de la hambruna. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
En noviembre del 2018, Nayib Bukele asistió a la Universidad Nacional como parte de su campaña presidencial. Durante el discurso, el entonces candidato de Gana, dijo que convertiría a la UES en la mejor universidad de Centroamérica. Más de cinco años después de esa promesa, la realidad es diferente para la única universidad pública del país. En su interior ahora se habla de miedo. 'El miedo se ha apoderado de toda la gente aquí', decía en voz baja uno de los asistentes a una marcha, el 27 de mayo de 2024, en rechazo al uso de las instalaciones de la UES para fines no académicos. La marcha fue convocada por la comisión especial 'La UES se Niega a Morir' y asistió apenas una docena de personas, entre estudiantes y catedráticos. el mismo rector de la UES admite que 'hay miedo de expresarse'. La comisión fue creada en febrero del 2024 para exigir la autonomía de la universidad y denunciar la crisis por la deuda acumulada del Gobierno, que ya asciende a 51.3 millones de dólares. También exigieron la recuperación completa de los edificios del campus central en los que cuatro facultades tienen sus aulas y los estudiantes no asisten a clases presenciales desde 2020. Mientras tanto, en febrero de 2024, La Villa Olímpica de la Universidad de El Salvador albergó a militantes del partido Nuevas Ideas para trabajar en el escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas. En febrero de 2024, a pesar de la deuda, el Gobierno volvió a utilizar las instalaciones para hospedar a 'periodistas' que cubrirían la toma de posesión inconstitucional de Bukele. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
En enero de 2022, los habitantes de la Hacienda La Labor, en el departamento de Ahuachapán, se organizaron para protestar contra Fénix, una inmobiliaria que iniciaba un proyecto de construcción de 1,764 casas llamado Eco Terra Hacienda. La empresa también perforó un pozo para abastecer el proyecto, pese a no tener los permisos ambientales. La perforación amenazaba el acceso al agua de la comunidad y afectaba a más de 500 familias que residen en ese sector. Los habitantes protestaron para detener la perforación, pero tres de sus líderes fueron capturados por invadir la propiedad privada. Estos líderes fueron los primeros encarcelados durante la gestión Bukele por defender su agua. Dos años después, casi todo sigue igual, dicen algunos habitantes. La construcción ha avanzado, como se ve al fondo en la imagen, y ya nadie protesta por el pozo. Y, aunque todos los miembros de la comunidad fueron absueltos de los cargos, Fénix continúa con el litigio judicial. Foto de El Faro: Víctor Peña.
El 30 de junio del 2022, los esposos Claudia Tejada y Dionisio Ramírez estaban lavando una piscina de un rancho ubicado en el estero de Jaltepeque, La Paz. En ese momento, seis policías entraron al rancho que los padres de Dionisio cuidaban. Revisaron el sistema y no encontraron antecedentes de capturas de Dionisio. Les dio igual, le dijeron que no se resistiera, que solo iban a hacer una investigación. Esos policías acusaron a Dionisio de asociaciones ilícitas y lo enviaron a Mariona. Para Claudia, el régimen de excepción ha sido una serie de tragedias. Cuando capturaron a su esposo, ella tenía 20 semanas de embarazo. Tres días después, debido a una emergencia obstétrica, perdió su embarazo de gemelos. El 25 de agosto del 2022, casi dos meses después de la captura de Dionisio, los suegros de Claudia recibieron una llamada telefónica del servicio social del hospital Zacamil. Dijeron a don José Ramírez que debía presentarse a la morgue del hospital para reconocer el cuerpo de Dionisio Ramírez, su hijo. Medicina legal dijo que Dionisio murió a causa de un edema pulmonar. La familia de Dionisio tiene dudas sobre la causa de muerte debido a una fotografía en la que se ve un agujero con el diámetro de un centavo ubicado entre la clavícula y el cuello. Para Claudia y sus suegros, Dionisio fue asesinado. Un año y diez meses después de la muerte de su esposo, Claudia reflexiona sobre el régimen de excepción: 'Mi esposo votó por Bukele en 2019 y recibimos muerte. En febrero pasado, mis suegros y yo anulamos el voto presidencial. El daño que nos hicieron es irreparable. Mi hija de seis años hasta este día pregunta cuándo va a volver su papá. El régimen de excepción me quitó parte de mi vida. ¿Y eso cómo se repone?'. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
El sábado 4 de mayo de 2024, muchas cuentas en redes sociales denunciaron la destrucción de las baldosas hidráulicas del interior del Palacio Nacional, que habían sido desechadas en el río Las Cañas desde el jueves 2 de mayo. La destrucción de las baldosas de más de 113 años de antigüedad se realizó en secreto, sin que los ministerios de Cultura y Obras Publicas transparentaran su ejecución, que arremete contra las leyes que protegen el patrimonio. Desde el mes de abril, empleados del Ministerio de Obras Públicas trabajaron en una nueva decoración de los pasillos principales. Desde una perspectiva aérea podía verse la destrucción de los pisos originales que se hizo previo a que Bukele ocupara el Palacio para celebrar su segunda toma de posesión el 1 de junio de 2024. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Cinco soldados llegaron a la casa de Silvia Carolina Martínez la noche del domingo 3 de julio de 2022, en la isla Espíritu Santo, en el departamento de Usulután. Cuatro meses después de que entró en vigencia el régimen de excepción. Llamaron a su puerta. Cristian Doneli Ruiz, su esposo, salió para atenderlos. Pidieron sus documentos, lo obligaron a salir a la calle y lo capturaron bajo acusación de pertenecer a grupos criminales. Unas horas después lo trasladaron a Puerto El Triunfo, la ciudad más cercana a la isla. Cristian era jornalero de la cooperativa El Jobal, la procesadora de aceite de coco, que es fuente de ingresos para unas 350 familias en esta isla donde nunca, ni antes del Gobierno de Bukele, hubo pandillas. Algunas veces, Cristian reparaba zapatos para ganar dinero extra salía a pescar. Después de la captura, la hija mayor abandonó sus estudios y buscó un trabajo para ayudar con los gastos de la casa y el costo del paquete que deben de llevar cada quince días a la cárcel. La tarde del miércoles 29 de mayo de 2024, Silvia regresaba de entregar uno de esos paquetes en el penal de Mariona, en San Salvador. Una vez más, sólo le contaron que su esposo sigue en la celda 8 del sector 6, pero ella no lo ha visto ni escuchado desde aquella noche en que se lo arrebataron de su casa. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Tres agentes del CAM lo despojaron de su venta, rompieron las bolsas y lastimaron su dedo medio de la mano izquierda mientras algunos dulces cayeron al suelo de la plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador. “Estos son traidores”, dice Mario René Castro, de 40 años, quien vende dulces desde hace un año cuando perdió su empleo. 'Nunca me advirtieron, me cayeron de sorpresa y me robaron mis $50 de venta', dijo Mario mientras se frotaba el dedo lesionado. Mario es habitante del barrio San Jacinto, en San Salvador. Todos los días vende dulces en las paradas de autobuses, en los municipios de Zacatecoluca y San Marcos, cerca de los hospitales, en el mirador de Los Planes de Renderos y en algunos espacios turísticos. El domingo 14 de febrero de 2024 decidió bajar al centro de la capital, cuyas cuadras principales son emblema turístico de la administración Bukele. Cientos de vendedores han sido desalojados de esas calles sin tener opcion alguna. Muchos intentan aún vender de forma ambulante, en carretones o cargando la venta, y huyendo del CAM que los persigue para mantener la imagen de un Centro ordenado, limpio y sin venta alguna. Todo esto ocurre en un país donde, desde 2019 que Bukele llegó al poder, más de 210,000 personas han caído en la categoría de pobreza extrema. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Blanca despertó por el ruido que escuchó alrededor de su casa. Eran las 2:00 de la madrugada del 29 de noviembre de 2023. Abrió las puertas y vio a muchos policías asomarse en medio de la oscuridad. Entraron a la sala y la obligaron a despertar a sus tres hijos y a uno de sus nietos. Los perros no paraban de ladrar. Salió a espantarlos para que se callaran. No tardó un minuto en volver cuando los cuatros jóvenes ya estaban boca abajo y esposados. Entre los capturados había tres menores de edad. “Traían una orden de captura. Me la enseñaron, pero yo no puedo leer. Nunca supe qué decía”, cuenta Blanca. Esta familia numerosa ya había sido víctima de extorsión y acoso por parte del Barrio 18, la pandilla que controlaba el cantón Las Marías, en las faldas del volcán de Izalco, en el departamento de Sonsonate. “Este es un caso extraño. Aquí siempre hubo operativos y nunca tuvimos problemas con la Policía. Fuimos víctimas de la pandilla y hoy somos víctimas de las autoridades”, dice Francisco Arévalo, padre de los detenidos y único sostén económico para una familia de seis integrantes que sobreviven con los $140 que gana al mes siendo jornalero. Esos ingresos también deben ocuparse para abastecer con comida y productos de higiene personal que entregan cada cuatro días en las bartolinas de la Policía Nacional Civil de Sonsonate, donde están sus detenidos. Foto de El Faro: Víctor Peña.
El 18 de septiembre de 2021, los hijos de Ivette, Karen y Eduardo Guerrero, fueron secuestrados en la colonia Quezaltepec, en el municipio de Santa Tecla. Ella emprendió una búsqueda exhaustiva de 98 días, hasta que sus cuerpos fueron encontrados el 23 de diciembre en un cementerio clandestino, en el municipio de Nuevo Cuscatlán. El caso tuvo alcances mediáticos altos, que diferían de la campaña gubernamental del 'Plan Control Territorial' y el descenso de la violencia. 'Todavía sufro esas consecuencias, aunque ya no esté en el país. Los funcionarios no calculan el daño que ocasionan. Para muchos, mis hijos murieron por ser pandilleros y narcotraficantes, porque ese es el mensaje que dio el gobierno y el ministro Gustavo Villatoro”, dice. Ivett también asegura que la involucraron en una coyuntura política por el impacto de su caso. Por esa razón se negó a seguir con un abogado defensor. Su proceso judicial ahora depende de lo que la Fiscalía le informe, que muchas veces es poco o nada, debido a la reserva total del caso. “Desde que encontré a mis hijos el Gobierno me acorraló a partir de las declaraciones de Gustavo Villatoro. Yo no estaba segura en ningún lugar. Sentí que algo me podía pasar, y no desde el lado de los pandilleros que controlaban mi colonia, sino de ataques desde el gobierno por ensuciar su imagen. Ahora, al menos ya no estoy en zozobra. Venirme para acá no me arregla la vida porque aquí también es complicado sobrevivir'. Ivette Toledo huyó de El Salvador hace algunos meses y prefiere no revelar el lugar donde se encuentra. Ahora trabaja en el área de cocina de un hospital público, en el país que le ha ofrecido un refugio humanitario. En la imagen, Ivette permanece en la habitación que pertenecía a sus hijos, donde ella colocó un altar para recordarlos. Foto de El Faro: Víctor Peña.
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