Aunque el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dice que el Gobierno está cerca de conseguir $1,300 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), voceros del organismo financiero internacional respondieron a El Faro que las pláticas con el Gobierno salvadoreño continúan y mencionan, entre otros, dos elementos que desde hace tres años han entrampado la suscripción del acuerdo: los riesgos del Bitcoin y la necesidad de un programa de transparencia fiscal.
Este martes 11 de junio, El Faro envió un cuestionario con cuatro preguntas a la oficina de prensa del organismo internacional en la que principalmente se pregunta si había habido algún giro o cambio notable en las discusiones con vísperas a cerrar un acuerdo. También se consulta si el Gobierno salvadoreño había aceptado cumplir con eliminar el reconocimiento del Bitcoin como moneda de curso legal; si había aceptado la implementación de un programa de transparencia y si el FMI había renunciado a estas dos peticiones. La oficina de prensa del FMI responde que estos dos elementos siguen formando parte de las discusiones con el Gobierno.
“Las discusiones en curso se centran en políticas para fortalecer las finanzas públicas, mejorar las reservas/colchones de liquidez e impulsar la productividad y la gobernanza económica”, dice en su primera respuesta el correo del FMI, que es enfático en que mantienen sus observaciones a la Ley Bitcoin. “Abordar los riesgos que surgen del proyecto Bitcoin es un elemento clave de nuestras discusiones. Cuando las discusiones avancen, les mantendremos informados”, dice la respuesta de la oficina de prensa del FMI.
La respuesta oficial de esta instancia con sede en Nueva York , Estados Unidos, tiene como colofón las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Bukele publicadas este lunes 10 de junio: “Estamos por cerrar un acuerdo con el FMI”, dijo el vicepresidente Félix Ulloa a la cadena de noticias RT News.
El funcionario incluso afirma que ya se zanjaron los puntos que han entrampado la negociación: “Superamos algunas observaciones que nos habían hecho, sobre todo con el tema del Bitcoin. Eso ya está superado”, aseguró.
El FMI, sin embargo, no fue tan concluyente como Ulloa a la hora de hablar de este acuerdo. “El staff del FMI sigue teniendo conversaciones con el Gobierno para arribar a un acuerdo para apoyar el ajuste macroeconómico y las reformas estructurales”, respondió el organismo el 11 de junio.
En enero de 2022, el FMI había hecho dos observaciones al Gobierno de El Salvador. Una misión técnica veía con preocupación un artículo de la Ley Bitcoin, que reconoce a este activo digital como una moneda de curso legal, debido a los riesgos asociados a su alta volatilidad (que su valor fluctúa demasiado) y los riesgos para el sistema de prevención del lavado de dinero. 'Instamos a las autoridades a reducir el alcance de la Ley Bitcoin, removiendo su estatus de moneda de curso legal', dice una de las recomendaciones de ese informe anterior.
La segunda observación estaba relacionada a una petición del FMI al Gobierno de El Salvador: la implementación de un programa de transparencia fiscal, que facilite la rendición de cuentas de cómo se está usando el dinero. El Organismo describió algunos componentes de este programa de transparencia que solicitaba al Gobierno de El Salvador: 'mejorar los procedimientos de compras incluyendo información de los beneficiarios finales de los contratos adjudicados'; 'mejorar la rendición de cuentas de fondos Fopromid'; 'fortalecer la transparencia fiscal, incluido el uso de los fondos destinados para atender la emergencia del Covid-19'; 'definir parámetros para auditar a Chivo y Fidebitcoin'.
El 20 de marzo de 2023, un equipo de técnicos del FMI terminó su visita a El Salvador para la elaboración del Informe del Artículo IV , que suele incluir un diagnóstico de cómo están las finanzas públicas y una sugerencia de medidas. “Las autoridades no autorizaron la publicación del reporte elaborado por el staff ni los comunicados de prensa”, dice un escueto comunicado del FMI, del 20 de marzo, que explica que el Gobierno de El Salvador se opuso a transparentar la información recogida por esa misión técnica.
El Gobierno actualmente urge de acuerdo con el FMI para mejorar su perfil financiero y poder colocar bonos en el mercado internacional a tasas menores de interés. Actualmente, el Gobierno ha salido a buscar acreedores que cobran tasas de interés de usura, por arriba del 10%. Previo a la toma de posesión para el segundo periodo de Bukele, la Asamblea bajo control bukelista aprobó salir a los mercados a colocar $2,500 millones en nueva deuda a una tasa del 12% de interés.
A falta de un acuerdo con el FMI y sin una reforma fiscal, que recorte gastos innecesarios y que genere ingresos extraordinarios, en su segundo quinquenio Bukele necesitará seguir este estilo de gestión financiera: dejar de pagar compromisos (como los $2000 millones que no pagará al fondo de pensiones) y buscar créditos con tasas de interés más caras para poder mantenerse a flote. Es por eso que en su discurso de toma de posesión, Bukele adelantó que tocará 'tomar medicina amarga'.
